Por Redacción LYPmultimedios | Política y Medio Ambiente

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (8 de junio de 2026). – El modelo de gestión hídrica en Querétaro está bajo el escrutinio público y la exigencia ciudadana es clara: el agua no debe ser un negocio.

Durante la presentación del Informe de Resultados del Parlamento Abierto sobre la nueva Ley de Agua del Estado, encabezado por el diputado Eric Silva Hernández (Morena), colectivos, activistas, académicos y representantes de la ONU pusieron sobre la mesa las directrices que exigirán se incluyan en el dictamen final. El mensaje más contundente surgió de las encuestas ciudadanas de las mesas de trabajo: el 83.9% de los participantes está a favor de terminar definitivamente con la privatización de los servicios de agua potable.

“Estamos aquí para acompañar a la ciudadanía, que decidió organizarse, dialogar y trabajar de la mano de expertos… Lo hacemos porque existe una profunda preocupación ciudadana frente a una realidad marcada por la falta de apertura, los problemas de gestión, el desabasto y los cobros excesivos”, afirmó Eric Silva, comprometiéndose a defender estas exigencias en las Comisiones Unidas.

Auditar a la CEA y frenar a la gran industria

El análisis ciudadano no se limitó a rechazar la privatización. En la mesa sobre “Costos y tarifas”, los especialistas y ciudadanos delinearon un pliego de exigencias que impacta directamente en las finanzas estatales:

1. Auditoría financiera: Revisar los excedentes presupuestales y el destino de los recursos dentro de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
2. Fin a los subsidios industriales: Exigen que no haya subsidios para el alto consumo y que se limite la instalación de nuevas industrias con alto requerimiento hídrico hasta que las cuencas recuperen su capacidad.
3. Costo ecológico: Que el recibo deje de cobrar “tarifas” para cobrar “derechos”, añadiendo el costo ecológico del servicio.

La bomba demográfica del Tren México-Querétaro

El debate sobre el agua adquiere un sentido de urgencia máxima de cara al futuro a corto plazo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sinuhé Piedragil, advirtió que la política hídrica debe visualizar el inminente “boom” demográfico.

El legislador recordó que en 10 años la población se duplicó de 1.1 a casi 2 millones de habitantes, pero advirtió que después de 2027 el crecimiento será exponencial debido a la entrada en operación del tren México-Querétaro. Si el estado no regula hoy sus fuentes de abastecimiento y prohíbe el cambio de uso de suelo en zonas de recarga, el colapso hídrico será inevitable.

En este sentido, la diputada Andrea Tovar Saavedra garantizó que las voces del parlamento se convertirán en el insumo fundamental para las Comisiones Unidas. “Queremos una ley que garantice el derecho humano al agua, que proteja nuestros recursos naturales y que responda a las necesidades presentes y futuras”, concluyó.

El balón legislativo está en el aire, y la sociedad civil ha dejado claro que no aceptará una ley que favorezca el modelo de concesiones privadas por encima del derecho humano al agua.

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SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO, QRO. (21 de mayo de 2026). – Las comunidades indígenas de Querétaro han alzado la voz para exigir que el acceso al agua deje de ser un privilegio comercial y se reconozca plenamente como un derecho humano. En un ríspido pero nutrido encuentro, la diputada indígena María Eugenia Margarito Vázquez y el legislador Eric Silva Hernández encabezaron el quinto Foro Regional por la Iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento de Querétaro.

La asamblea, celebrada en la delegación de San Ildefonso Tultepec, congregó a cerca de doscientas personas originarias de localidades con alto rezago hídrico como Santiago Mexquititlán, Yospí, El Tepozán, Tenasdá, Xajay, Loma Linda, San Martín, El Apartadero, El Bothé, El Lindero, Chitejé de la Cruz y Chitejé de Garabato.

El costo de la sed: Tarifas desproporcionadas y despojo

Durante el foro, los representantes de las comunidades hñäñho expusieron la cruda realidad del desabasto y denunciaron lo que consideran prácticas sistemáticas de exclusión por parte de las autoridades del agua en el estado.

El principal punto de conflicto se centró en los requisitos y cobros que impone la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para la instalación de tomas de uso doméstico. Los comuneros calificaron estas cuotas de conexión como exorbitantes e impagables, señalando que representan cantidades de dinero imposibles de cubrir para familias de economía de subsistencia, lo que de facto las condena a no contar con servicio formal en sus hogares.

A esto se suman acusaciones graves sobre el despojo de manantiales y fuentes naturales de agua en la región serrana del municipio, el abandono de infraestructura básica por parte de los gobiernos locales y un desabasto crónico que obliga a los habitantes a caminar largas distancias o a comprar camiones cisterna (pipas) a sobreprecio.

“Nos quitan nuestros manantiales y luego nos quieren cobrar por conectarnos a una red que no tiene agua. La falta de voluntad para darnos tarifas justas es una forma de discriminación”, manifestaron los asistentes durante el debate abierto.

Desperdicio en la red y el siguiente paso en la Legislatura

Los comuneros también evidenciaron la ineficiencia técnica de la red de distribución actual, donde se desperdician grandes volúmenes de agua debido a fugas constantes que no son atendidas por la paraestatal, contrastando con la nula flexibilidad para regularizar las tomas comunitarias de carácter social.

Ante este panorama de inconformidad, los diputados organizadores se comprometieron a llevar estas voces directamente al recinto legislativo.

En ese sentido, se informó que la ruta de análisis de la Nueva Ley de Aguas continuará bajo el esquema de Parlamento Abierto. La próxima cita está programada para este sábado 23 de mayo a las 10:00 horas en la sede de la Legislatura del Estado, donde se instalará la mesa de trabajo enfocada en “Protección ambiental, tecnologías ecológicas y cultura del agua”, espacio clave para integrar las propuestas de las comunidades originarias al dictamen final.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. – Bajo el escrutinio de organizaciones civiles, académicos y comunidades indígenas, continuó la discusión de la Iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Querétaro en el marco del Parlamento Abierto. En esta segunda mesa temática, centrada en “Salud, saneamiento y contaminación del agua”, el consenso ciudadano fue claro: la ley no puede avanzar sin garantías reales de protección ambiental y justicia social.

El foro, moderado por Francisco Landa del colectivo Awita Vida y Territorio, reunió a 18 organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Bajo Tierra Museo del Agua, Escazú Ahora México y el Frente por las 40 horas Querétaro, quienes fungieron como convocantes de un diálogo que busca incidir directamente en el dictamen final.

Contraste de asistencias: Ciencia presente, autoridades ausentes

La mesa contó con un panel de lujo integrado por diez especialistas de instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el CIDETEQ. Figuras como la Dra. Teresa García Gasca y la Dra. Izarelly Rosillo Pantoja aportaron una visión técnica sobre la crisis de contaminación que enfrentan las cuencas del estado. Asimismo, la participación de María de Luz García Santiago, de la comunidad indígena de San Ildefonso Tultepec, Amealco, puso de relieve la deuda histórica con los pueblos originarios en el acceso al recurso.

Sin embargo, el evento estuvo marcado por el vacío de las autoridades operativas del agua en el estado. Pese a haber sido formalmente invitados, no asistieron el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) ni la Presidenta de su Consejo Consultivo, una ausencia que fue notada por los colectivos y los legisladores presentes.

Compromiso legislativo con el dictamen

Los diputados Laura Andrea Tovar Saavedra y Eric Silva Hernández, presidenta y secretario de las Comisiones Unidas responsables del dictamen, refrendaron ante los asistentes que el Parlamento Abierto no será un ejercicio de simulación. Aseguraron que todas las perspectivas ciudadanas y las recomendaciones de los expertos académicos serán reflejadas en el texto legal definitivo.

Al foro también asistieron los diputados Ulises Gómez de la Rosa y Arturo Maximiliano García Pérez, así como el delegado de la CONAGUA, Gerardo Sinecio Ríos, y el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, reforzando la relevancia política de un tema que mantiene a la ciudadanía queretana en vigilancia permanente sobre el manejo de su recurso más vital.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. – En un ejercicio inédito de rendición de cuentas, la diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia de la Legislatura del Estado, encabezó la Asamblea Informativa “¿En qué se gastó el dinero de los queretanos?”. Ante regidores, líderes sociales y ciudadanos, la legisladora del PT denunció que el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2024 careció de rigor, metodología y transparencia.

Díaz Gayou fue contundente al señalar que, tras un análisis profundo, la Comisión Especial determinó declarar como “no revisada” la Cuenta Pública 2024. Según la legisladora, no existen elementos suficientes para validar de manera integral y confiable los resultados presentados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).

Auditorías “a discreción” y falta de método

Durante su exposición, la diputada detalló seis fallas críticas en el proceso de fiscalización que, según sus palabras, “se habían ocultado por más de 10 años”. Entre los hallazgos más alarmantes destacan:

• Baja cobertura: De 97 entidades que reciben recursos públicos, solo 56 fueron fiscalizadas.
• Recursos sin vigilancia: Solo se auditó el 64% del presupuesto total del estado; el resto quedó fuera de revisión sin una justificación clara.
• Discrecionalidad: Se detectó una falta de metodología para elegir qué dependencias revisar. Un caso específico fue la CEA (Comisión Estatal de Aguas), a la cual no se le auditó el uso de recursos públicos.
• Sin pruebas de desempeño: La ESFE no realizó auditorías de desempeño, por lo que actualmente se desconoce si el dinero gastado tuvo un impacto real en la mejora de la calidad de vida de las familias queretanas.

Denuncia de intimidación y respaldo político

Acompañada por los diputados Eric Silva y Rosalba Vázquez, así como por la dirigencia estatal de Morena, Claudia Díaz reveló que ha sido objeto de actos de intimidación por transparentar estos datos. “Hagan lo que tengan que hacer… no tenemos miedo. Si este es el costo por mostrarle a la ciudadanía el actuar del gobierno, lo vamos a seguir haciendo”, sentenció.

Por su parte, el diputado Eric Silva aplaudió la valentía de Díaz Gayou, señalando que es la primera vez en una década que alguien vigila realmente al órgano encargado de auditar. Los legisladores de la “Cuarta Transformación” anunciaron que estas asambleas informativas se replicarán en todos los municipios y colonias de Querétaro para que la ciudadanía conozca el destino final de sus impuestos.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO. – En un abierto desafío a la actual política hídrica del estado, legisladores del grupo parlamentario de Morena, respaldados por 14 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, presentaron formalmente la Iniciativa de Ley Estatal de Aguas para Querétaro. La propuesta busca desmantelar el modelo privatizador, prohibir tajantemente el uso de agua tratada para consumo humano y frenar en seco los intereses del cártel inmobiliario.

Tras dos años de mesas de trabajo conjunto con ambientalistas, el diputado Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, y la diputada Andrea Tovar Saavedra, entregaron el documento en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

“Esta ley no puede ni debe formularse detrás de un escritorio… nunca más otra Ley Kuri que privatice el agua a puerta cerrada y a espaldas de la gente”, sentenció Silva Hernández, dejando clara la postura de la bancada guinda y de los activistas que exigen que el agua deje de ser vista como un negocio desarrollista para ser tratada como un derecho humano inalienable.

No a “El Batán” y sí a 100 litros mínimos diarios

La iniciativa ciudadana y legislativa plantea candados sumamente estrictos contra el mercantilismo hídrico. Entre sus puntos nodales destacan la prohibición absoluta de nuevas concesiones privadas para uso doméstico, la eliminación de los cortes de servicio y tandeos injustos, y el tope al costo del agua para que no rebase el 3% del salario mínimo mensual de las familias.

En un revés directo a los megaproyectos de la actual administración estatal, la ley propone un rotundo “No” al proyecto “El Batán”, prohibiendo explícitamente que el agua de reúso sea destinada al consumo humano. En contraparte, la iniciativa obliga al Estado a duplicar el mínimo vital garantizado, pasando de los 50 litros que marca la ley actual a 100 litros diarios por persona.

Un freno al “Cártel Inmobiliario”

El diputado Eric Silva fue contundente al señalar que el gobierno y la CEA deben proteger las zonas de recarga de los acuíferos para ponerle “un alto al cártel inmobiliario”. Además, advirtió sobre la urgencia de combatir el “huachicol del agua” y las ineficiencias de la red que provocan la pérdida de casi la mitad del recurso en el área metropolitana.

Para garantizar la transparencia, la iniciativa contempla la creación de un Consejo Ciudadano del Agua, de carácter autónomo y democrático, y el anuncio de un inminente Parlamento Abierto para que la sociedad queretana participe activamente en la dictaminación de la ley.

“Hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión importante: seguir viendo el agua como un negocio o empezar a verla como lo que siempre debió ser: un derecho de todas y todos”, concluyó la diputada Andrea Tovar.

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La Comisión Estatal de Aguas (CEA) fue nuevamente evaluada por las agencias calificadoras internacionales Fitch Ratings y Standard & Poor’s, las cuales reconocieron al organismo operador como una entidad con finanzas sólidas y perspectiva estable, derivado de su desempeño durante el ejercicio 2025.

Fitch Ratings otorgó a la CEA la calificación ‘AAA(mex)’, el nivel más alto en escala nacional, que refleja una fuerte capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y una operación estable. En su acción de calificación, la agencia destacó que el organismo cuenta con una planeación de inversión sólida, enfocada en la modernización de infraestructura, la incorporación de tecnología y un crecimiento sostenido acorde con el desarrollo económico del estado.

Como resultado de la evaluación, la puntuación de la Comisión aumentó a 30 puntos, lo que confirma una administración eficiente y un historial de soporte considerado como “fuerte”. Entre los factores evaluados sobresale la coordinación estratégica con el Gobierno del Estado de Querétaro, así como una estructura organizacional que respalda los programas de inversión y planes financieros, reflejando un adecuado control administrativo.

Por su parte, Standard & Poor’s National Ratings confirmó la calificación ‘mxAA-’ para la CEA, también con perspectiva estable, al reconocer la mejora continua de sus indicadores financieros. La calificadora subrayó la fortaleza del organismo para cumplir con sus obligaciones y el respaldo oportuno y suficiente que recibe por parte del gobierno estatal.

S&P destacó además que la evaluación financiera del organismo es suficiente, sustentada en fuentes de liquidez robustas que le permiten hacer frente a sus requerimientos operativos y financieros.

La validación de ambas agencias ratifica la estabilidad financiera de la Comisión Estatal de Aguas, el orden en su administración y la solidez de su vinculación institucional con el Gobierno del Estado, elementos que fortalecen la ejecución de proyectos estratégicos en materia hídrica para Querétaro.

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Con un llamado enérgico a dejar atrás la improvisación y asumir responsabilidades, la senadora Bety Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Senado dos proposiciones con punto de acuerdo para atender los riesgos de inundaciones y deslaves que afectan cada año a miles de familias queretanas durante la temporada de lluvias.

Desde la tribuna, Robles exigió al gobernador Mauricio Kuri, a los presidentes municipales de la zona metropolitana, así como a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), actuar de inmediato con un plan hídrico integral, protocolos de prevención y simulacros periódicos que verdaderamente protejan a la ciudadanía.

“No se pueden seguir ignorando las necesidades de infraestructura que hoy han llevado a tantas familias queretanas a perder su patrimonio entero. Es tiempo de escuchar a la ciudadanía que demanda soluciones efectivas con visión a futuro”, expresó la legisladora.

Colonias históricamente olvidadas

La senadora subrayó que las colonias Santa María Magdalena y Carrillo Puerto son ejemplo de comunidades que año tras año resultan severamente afectadas por las lluvias, sin recibir respuestas estructurales por parte de las autoridades.

Durante sus recorridos por diversas zonas afectadas, Robles recogió testimonios ciudadanos que dan cuenta de una percepción generalizada de abandono institucional.

“En Querétaro no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todas y todos merecen vivir con seguridad, con infraestructura digna y con un gobierno que los respalde cuando más lo necesitan”, puntualizó.

Disposición al trabajo conjunto

Pese a la crítica firme, Bety Robles reiteró su disposición al diálogo y a trabajar coordinadamente con los gobiernos estatal y municipales, siempre que la prioridad sea proteger el bienestar de las familias.

La senadora recalcó que la prevención debe dejar de ser una promesa postergada:

“El pueblo de Querétaro ya no puede esperar más soluciones improvisadas. Lo que está en juego es la vida, la salud y el patrimonio de miles de hogares.”

Con estas acciones, Robles reafirma su compromiso con un enfoque legislativo que no sólo denuncia, sino que también impulsa propuestas concretas para un Querétaro más justo, resiliente y preparado frente al cambio climático.

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Durante una rueda de prensa, Aguado expresó su preocupación respecto a la legitimidad de las obras priorizadas, al señalar que el documento base se derivó de una encuesta digital llamada “Tú Decides la Obra”, lanzada por medio de la aplicación móvil del municipio. Según informó, únicamente el 1.8 % de la población participó en este ejercicio, lo que limita su validez como mecanismo real de participación ciudadana.

“Mucha gente no se enteró de la consulta, y ahora se están anunciando obras que en varios casos no fueron solicitadas por la comunidad o no responden a necesidades urgentes,” declaró.

Durante el encuentro, se escucharon también testimonios ciudadanos que reflejan el descontento en diversas colonias. Karina Céspedes, vecina de San Pablo, denunció la falta de servicios básicos como drenaje y alcantarillado, problema que ha sido evadido por diversas autoridades, entre ellas la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Por su parte, Antonio Morales, también residente de San Pablo, denunció un brote de dengue entre los vecinos, consecuencia directa del colapso del drenaje y la presencia de aguas negras en las calles. “Este problema de insalubridad ha tenido consecuencias fatales”, aseveró.

Otro caso expuesto fue el de la colonia Lomas del Marqués, donde Rosa Martínez, líder vecinal, expresó su rechazo a una obra impuesta por el municipio. “Quieren construir un salón de usos múltiples donde está el parque principal que hemos cuidado por más de 40 años. Nadie lo pidió, y nadie votó por él”, señaló.

Aguado destacó además que de las 100 obras proyectadas, sólo dos son nuevas; el resto corresponde a remodelaciones, adecuaciones o rehabilitación de espacios ya existentes. Este enfoque, dijo, carece de innovación y de visión estratégica para el desarrollo urbano integral.

La regidora enfatizó la necesidad de una auditoría ciudadana efectiva y propositiva. “La auditoría ciudadana no es confrontación, es participación. Es una forma legítima de vigilar que los recursos se usen bien y que los proyectos respondan a las verdaderas necesidades de nuestra gente”, puntualizó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar el POA 2025 completo —disponible en sus redes sociales— y reiteró su compromiso por fomentar una cultura de participación ciudadana, basada en el derecho a decidir y exigir obras útiles, equitativas y consensuadas.

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Los legisladores explicaron que de acuerdo a la ciudadanía, por instalarles una toma de agua en sus viviendas, la CEA, les quiere cobrar hasta treinta mil pesos, lo cual es impagable para muchas familias, que aún teniendo dos salarios mínimos (alrededor de 16 mil pesos), tendrían que destinar cuatro salarios completos por dos meses, sin ningún otro gasto.

Por ello, “proponemos un programa especial para las y los vecinos de Santa Rosa Jáuregui, el cual dependerá de la voluntad política y empatía de la CEA.

“Esto podría ser legal, con fundamento en la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, que en su Artículo 40, Fracción XXII señala:

El Vocal Ejecutivo de la Comisión ejercerá las atribuciones de Director General en los términos que señala la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, teniendo las facultades siguientes:
XXII. Decretar de manera provisional, en los casos de emergencia derivados de caso fortuito o fuerza mayor, las medidas pertinentes para asegurar la continuidad y suficiencia de la prestación de los servicios, así como autorizar descuentos, exenciones, cancelaciones, reducciones y beneficios, en el pago de los servicios que presta la Comisión, debiendo informar al Consejo Directivo.

“Nuestra propuesta consiste en que las familias que acrediten un ingreso mensual, menor a dos salarios mínimos, puedan tener el derecho a la instalación de toma de agua gratuita”.

Tanto Luis Humberto Fernández como Ulises Gómez de la Rosa dijeron esperar a que los directivos de la CEA escuchen al pueblo y tengan un poco de empatía para ayudar a los vecinos y vecinas de Santa Rosa Jáuregui, que requieren de este servicio indispensable para subsistir.

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