Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – El proceso para auditar el uso del dinero público en Querétaro ha chocado con un muro institucional. La diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia, denunció que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) se negó a entregar información indispensable para revisar las cuentas públicas del ejercicio 2024.

Durante la sesión de trabajo, la legisladora entregó formalmente 52 proyectos de dictamen (uno por cada entidad fiscalizada) para su análisis, pero lanzó una dura advertencia: los informes de la ESFE no cumplen con la normatividad aplicable, pues carecen de “auditorías de desempeño”, la única herramienta que permite saber si los recursos públicos realmente generaron beneficios para la gente.

“La ESFE no atendió el requerimiento de información formulado, lo cual impidió contar con los elementos técnicos, documentales y metodológicos necesarios para el ejercicio pleno de las facultades de la comisión”, acusó Díaz Gayou.

Fricciones legislativas y receso

La sesión también dejó ver fisuras metodológicas y políticas entre los integrantes de la comisión. El diputado Ulises Gómez de la Rosa discrepó de la estrategia de emitir 52 dictámenes individuales. “La cuenta pública es única y el dictamen debe recaer sobre la cuenta completa para tomar una decisión técnica y política”, argumentó, entregando su propio documento de trabajo.

Por su parte, el legislador panista Luis Antonio Zapata cuestionó el acelerado ritmo de la presidencia, asegurando que un receso de solo dos días (para reanudar el 15 de abril) es insuficiente para revisar a fondo y preparar los dictámenes finales.

Ante la falta de acuerdos y la urgencia de empatar visiones, Díaz Gayou optó por declarar un receso, abriendo un compás de espera que definirá si el Congreso de Querétaro avala o reprueba el manejo financiero del estado.

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SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La falta de un papel legal no puede estar por encima del derecho a la educación. Bajo esta premisa, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso local aprobó una reforma crucial para evitar que la burocracia administrativa siga frenando la inversión de millones de pesos en infraestructura educativa.

El problema era tan absurdo como alarmante: en Querétaro existen cerca de 1,300 planteles educativos que, al haber sido construidos sobre terrenos donados por ejidos o mediante actas de asamblea antiguas, carecen de escrituras formales. Esta falta de “certeza jurídica” provocaba que la Auditoría Superior impidiera invertir recursos públicos para remodelar o ampliar dichas escuelas, obligando al Estado a regresar el dinero no ejercido.

Solución práctica: “Posesión” por encima del título

Para romper este nudo legal, la comisión presidida por la diputada Andrea Tovar Saavedra aprobó la iniciativa impulsada por el legislador Antonio Zapata Guerrero, la cual adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado.

La reforma establece una simplificación administrativa clave: ahora, el gobierno podrá arrancar la ejecución de obras educativas con el simple hecho de que la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq) garantice documentalmente la posesión del inmueble, sin tener que esperar a que concluya el lento proceso de regularización de la tierra y titulación.

“Lo que buscamos es evitar que el proceso legal y burocrático retrase algo tan importante como mejorar las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y adolescentes”, destacó la diputada Andrea Tovar, enfatizando que se pone el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones.

Por su parte, el arquitecto Fernando Orozco Vega, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IFEQ), celebró la iniciativa, reconociendo que facilitará radicalmente la operatividad de la dependencia para dignificar los espacios educativos que llevan años rezagados por culpa del papeleo.

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