La legisladora reporta 503 actividades en territorio y 5 mil gestiones ante un Teatro Metropolitano lleno

Por: Redacción de LYPmultimedios

Santiago de Querétaro, Qro., 8 de agosto de 2026.— Ante más de un millar de asistentes en el Teatro Metropolitano, la diputada local Juliana Hernández Quintanar, del Grupo Legislativo del PAN, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en el que afirmó que su trabajo ha estado guiado por la cercanía, el humanismo político y la defensa de la dignidad humana. “Estoy lista para seguir cuidando a Querétaro”, expresó.

Entre los resultados que presentó destaca uno con recorrido nacional: la Ley Valeria.

La ley queretana que llegó al Congreso federal

La Ley Valeria incorporó el delito de acecho al Código Penal del Estado de Querétaro. Sanciona conductas reiteradas de vigilancia, persecución o contacto no deseado que alteran la tranquilidad y la vida cotidiana de una persona, con penas de seis meses a dos años de prisión, multa de 500 UMAs y reparación del daño de entre mil y dos mil UMAs.

Su construcción tiene una particularidad que vale la pena consignar: la iniciativa fue impulsada de manera conjunta por Hernández Quintanar y por la diputada Andrea Tovar Saavedra, de Morena, con el acompañamiento de las organizaciones Nosotras para Ellas y ColecFem y de las activistas que la promovieron a nivel nacional. Se convirtió en la primera iniciativa de esta Legislatura firmada por los 25 diputados de todas las bancadas, y el Pleno la aprobó por unanimidad el 28 de agosto de 2025.

“Cuando se trata de proteger a las personas no hay colores partidistas”, señaló Tovar Saavedra en aquella sesión, al agradecer el trabajo conjunto.

El alcance de esa norma se amplió este año: el 18 de febrero, la Cámara de Diputados federal aprobó por unanimidad una reforma homóloga al Código Penal Federal, que actualmente se encuentra en el Senado de la República. De aprobarse, el delito de acecho quedaría tipificado en todo el país, tomando como referencia el modelo que Querétaro adoptó primero.

Trabajo territorial: los números del informe

Hernández Quintanar sostuvo que la labor legislativa no puede limitarse al recinto, sino que debe desarrollarse en calles, colonias, escuelas, mercados y espacios comunitarios. Bajo ese criterio reportó:

• 503 actividades en territorio
• 21 mil 617 personas alcanzadas
• Seguimiento a problemáticas en 80 colonias
• Un estimado de 5 mil gestiones directas
• 60 ayudas sociales a personas en situación económica, social o de salud complicada
• 31 actividades con grupos de personas adultas mayores

La legisladora subrayó que detrás de cada gestión hay una persona, una familia y una historia concreta, y planteó el papel del legislador como puente entre la ciudadanía y las instituciones. Reconoció a las personas adultas mayores como “memoria viva, pilares de las familias y ejemplo de fortaleza para Querétaro”.

Educación y fomento a la lectura

En materia educativa informó 33 acciones con escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Entre los proyectos destacó la instalación de una biblioteca y ludoteca en la escuela primaria “Nicolás Campa”, así como la entrega de más de 400 libros en talleres legislativos, conferencias, campamentos y actividades juveniles.

“Leer nos hace más libres; por eso la educación y la formación de jóvenes seguirán ocupando un lugar permanente en mi agenda”, expresó.

Las líneas de su agenda legislativa

Además de la Ley Valeria, la diputada enumeró los ejes que ha impulsado durante el periodo: legislar con perspectiva de familia, prevenir la discriminación laboral por embarazo y maternidad, reconocer el valor social de los cuidados, defender la vida humana desde su inicio hasta su muerte natural, fortalecer la identidad comunitaria y promover el deporte como espacio de encuentro social.

Cerró definiendo tres principios que, dijo, sostienen su labor pública: Patria, Familia y Libertad. “Soy Juliana Hernández Quintanar, su diputada local, orgullosamente mujer, orgullosamente panista y orgullosamente queretana; y esta historia apenas está comenzando”, concluyó.

El acecho, en contexto

Para dimensionar el alcance práctico de la norma que la legisladora destacó: el acecho se distingue de otras formas de acoso porque no requiere contacto físico, amenazas explícitas ni connotación sexual. Consiste en un patrón sostenido —seguir a una persona, vigilarla, insistir en contactarla pese a su negativa, aparecer repetidamente en sus espacios—, incluido el que ocurre por medios digitales.

Antes de la reforma queretana, ese patrón no tenía figura penal propia en el estado, lo que dificultaba denunciarlo y obtener medidas de protección oportunas. Actualmente el delito está tipificado en al menos once entidades del país, entre ellas Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lo que sigue

La reforma federal en materia de acecho continúa su proceso legislativo en el Senado de la República. De concretarse, homologaría la figura penal en todo el territorio nacional y facilitaría su persecución cuando las conductas trascienden fronteras estatales o se cometen por medios digitales.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 4 de julio de 2026.— La venta de predios municipales en Querétaro ya dejó de ser un trámite administrativo y se convirtió en una pregunta política de fondo: ¿puede un gobierno vender patrimonio público sin mostrarle primero a la ciudadanía el expediente completo?

La diputada Andrea Tovar hizo un llamado público al alcalde Felipe Fernando Macías para pausar cualquier avance en la subasta de predios propiedad del municipio de Querétaro, hasta que se transparente de manera completa la justificación financiera, técnica y patrimonial de la operación.

La legisladora sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se pretende vender, cuánto vale, por qué se vende y en qué se utilizará cada peso obtenido.

El punto central no es menor: los predios municipales no son terrenos cualquiera. Son patrimonio público. Pertenecen a la ciudad, no al gobierno en turno.

Tovar cuestionó que el municipio justifique la enajenación de bienes públicos con referencias generales a presuntos recortes o disminuciones federales, sin explicar con precisión a qué recursos se refiere, de qué monto habla y cuál sería el impacto real en las finanzas municipales.

“El municipio no puede hablar de recortes federales en abstracto, debe decir específicamente a qué convenios o subsidios se refiere; si hubo una disminución real, que publique el monto estimado, el monto recibido, el calendario de ministraciones, los ajustes aplicados y el impacto presupuestal concreto”, señaló.

Vender patrimonio no puede ser la primera salida

La diputada advirtió que la venta de predios municipales no debe tomarse como una decisión ordinaria ni ejecutarse sin análisis público suficiente.

Algunos de esos terrenos, sostuvo, podrían representar reservas para áreas verdes, equipamiento urbano, infraestructura comunitaria o proyectos futuros.

Ahí está el corazón del debate urbano: una ciudad que crece todos los días no puede tratar sus reservas territoriales como caja chica.

Un predio municipal puede parecer baldío hoy, pero mañana puede ser un parque, una clínica, una cancha, una biblioteca, una estancia comunitaria, un centro de atención o un espacio para resolver necesidades que todavía no han sido atendidas.

Venderlo puede dar liquidez inmediata. Pero también puede cerrar una posibilidad pública durante décadas.

Una subasta puede durar unas horas. La pérdida de un terreno público puede sentirse por generaciones.

Andrea Tovar enfatizó que la discusión no debe reducirse a si el Ayuntamiento tiene facultades legales para administrar sus bienes. La pregunta, dijo, es si vender patrimonio municipal ante presiones económicas se convertirá en una práctica constante.

“Una cosa es administrar el patrimonio municipal y otra muy distinta es vender nuestra ciudad sin que la ciudadanía conozca el expediente completo”, afirmó.

La exigencia: avalúos, dictámenes y destino del dinero

La legisladora pidió que antes de cualquier subasta se publiquen los avalúos, dictámenes técnicos, uso actual o potencial de cada inmueble y destino puntual de los recursos.

Su planteamiento introduce una ruta mínima de transparencia: no basta con decir que un predio se va a vender; se debe explicar por qué ya no es necesario para el interés público, cuánto vale realmente, quién lo valoró, bajo qué criterios y qué beneficio concreto recibirá la población.

Si todo está bien, la transparencia no debería ser obstáculo. Debería ser la primera prueba de confianza.

Tovar también solicitó que se haga público el contenido íntegro del Oficio SF/0051/2026, referido como parte de la justificación financiera de la operación, junto con sus anexos, cálculos, estimaciones y documentos soporte.

Según la legisladora, ese oficio no puede quedarse como una referencia administrativa interna si fue utilizado para sustentar una decisión patrimonial de alto impacto.

El señalamiento es relevante porque una operación de esta naturaleza no solo involucra finanzas municipales. También toca planeación urbana, uso de suelo, patrimonio público, transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana.

La pregunta incómoda: ¿qué se recortó antes de vender?

Andrea Tovar también planteó otro punto sensible: si el municipio enfrenta una presión financiera, primero debe explicar qué medidas de ajuste al gasto aplicó antes de considerar la venta de patrimonio.

La diputada sostuvo que la disciplina financiera obliga a los gobiernos a actuar con racionalidad, austeridad, transparencia y responsabilidad.

“Si bajaron los ingresos, la primera respuesta debe ser revisar el gasto, no vender patrimonio público”, puntualizó.

En ese sentido, pidió conocer si antes de avanzar en la subasta se revisaron rubros como comunicación social, gasto corriente no prioritario, combustibles de vehículos oficiales o percepciones extraordinarias.

La pregunta puede incomodar al gobierno municipal, pero es legítima: antes de vender un terreno público, ¿ya se revisó todo lo demás?

Para la ciudadanía, el tema no se agota en una discusión contable. Si un gobierno vende predios argumentando falta de recursos, debe explicar por qué esa falta existe, qué partidas se ajustaron, qué prioridades se protegieron y por qué la venta de patrimonio es la mejor opción.

De lo contrario, la operación puede verse como una salida fácil: vender ciudad para resolver presión presupuestal.

No es rechazo automático, dice Tovar

La diputada aclaró que su postura no parte de una oposición automática a cualquier operación patrimonial. Su exigencia, señaló, es de transparencia.

“No estamos diciendo que ningún predio pueda venderse nunca, estamos pidiendo algo mucho más básico: primero transparentar, después decidir. Si todo está bien, el municipio no debería tener ningún problema en publicar todo antes de vender”, expresó.

Esa frase resume el eje político de su posicionamiento: la ciudadanía no puede enterarse del destino del patrimonio público cuando la decisión ya está prácticamente tomada.

El llamado de Tovar se suma a una discusión más amplia sobre el uso de predios municipales en Querétaro, especialmente cuando existe presión urbana por más áreas verdes, equipamiento público y reservas para servicios comunitarios.

En una ciudad donde el suelo se encarece y el crecimiento inmobiliario avanza con rapidez, cada terreno público tiene un valor que no siempre se puede medir solo en pesos.

El precio de mercado no siempre refleja el valor social de un predio.

Transparencia antes de subasta

Andrea Tovar pidió directamente al alcalde Felipe Fernando Macías pausar cualquier avance en la subasta hasta que la ciudadanía conozca la información completa.

El llamado coloca al gobierno municipal ante una decisión política: avanzar con la venta bajo sus propios tiempos o abrir primero los expedientes para que la ciudadanía, especialistas y representantes públicos puedan revisar los argumentos.

Porque vender patrimonio municipal sin explicación suficiente puede profundizar la desconfianza.

Y la desconfianza, en asuntos urbanos, suele crecer rápido: hoy es un predio; mañana puede ser una reserva pública, un área que la colonia esperaba recuperar o un terreno que pudo servir para un proyecto comunitario.

La transparencia no debe llegar después del martillazo de la subasta. Debe llegar antes.

La pregunta que queda abierta es simple, pero poderosa: si el municipio tiene razones sólidas para vender, ¿por qué no publicar todo el expediente antes de hacerlo?

En una ciudad que presume crecimiento, modernidad y orden, el patrimonio público no debería tratarse como mercancía silenciosa.

Antes de vender, el gobierno municipal debe explicar. Antes de subastar, debe demostrar. Antes de convertir un predio público en dinero, debe probar que la ciudad gana más de lo que pierde.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – En un abierto desafío a la actual política hídrica del estado, legisladores del grupo parlamentario de Morena, respaldados por 14 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, presentaron formalmente la Iniciativa de Ley Estatal de Aguas para Querétaro. La propuesta busca desmantelar el modelo privatizador, prohibir tajantemente el uso de agua tratada para consumo humano y frenar en seco los intereses del cártel inmobiliario.

Tras dos años de mesas de trabajo conjunto con ambientalistas, el diputado Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, y la diputada Andrea Tovar Saavedra, entregaron el documento en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

“Esta ley no puede ni debe formularse detrás de un escritorio… nunca más otra Ley Kuri que privatice el agua a puerta cerrada y a espaldas de la gente”, sentenció Silva Hernández, dejando clara la postura de la bancada guinda y de los activistas que exigen que el agua deje de ser vista como un negocio desarrollista para ser tratada como un derecho humano inalienable.

No a “El Batán” y sí a 100 litros mínimos diarios

La iniciativa ciudadana y legislativa plantea candados sumamente estrictos contra el mercantilismo hídrico. Entre sus puntos nodales destacan la prohibición absoluta de nuevas concesiones privadas para uso doméstico, la eliminación de los cortes de servicio y tandeos injustos, y el tope al costo del agua para que no rebase el 3% del salario mínimo mensual de las familias.

En un revés directo a los megaproyectos de la actual administración estatal, la ley propone un rotundo “No” al proyecto “El Batán”, prohibiendo explícitamente que el agua de reúso sea destinada al consumo humano. En contraparte, la iniciativa obliga al Estado a duplicar el mínimo vital garantizado, pasando de los 50 litros que marca la ley actual a 100 litros diarios por persona.

Un freno al “Cártel Inmobiliario”

El diputado Eric Silva fue contundente al señalar que el gobierno y la CEA deben proteger las zonas de recarga de los acuíferos para ponerle “un alto al cártel inmobiliario”. Además, advirtió sobre la urgencia de combatir el “huachicol del agua” y las ineficiencias de la red que provocan la pérdida de casi la mitad del recurso en el área metropolitana.

Para garantizar la transparencia, la iniciativa contempla la creación de un Consejo Ciudadano del Agua, de carácter autónomo y democrático, y el anuncio de un inminente Parlamento Abierto para que la sociedad queretana participe activamente en la dictaminación de la ley.

“Hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión importante: seguir viendo el agua como un negocio o empezar a verla como lo que siempre debió ser: un derecho de todas y todos”, concluyó la diputada Andrea Tovar.

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El evento, realizado en el salón Ezequiel Montes del Poder Legislativo, contó con la participación de ONU Mujeres en México, el Centro Interdisciplinario de Derechos Infancia y Parentalidad A.C. (CIDIP) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), además de legisladoras, representantes de la sociedad civil y especialistas en equidad de género.

“Nadie mejor que una mujer sabe lo que vive otra mujer. La participación política femenina tiene como objetivo mejorar la vida de otras mujeres, abrir camino para quienes vienen atrás y honrar el esfuerzo de quienes nos precedieron”, expresó la diputada Andrea Tovar en su mensaje de apertura.

Falta de representación de mujeres con discapacidad y LGBTIQ+

Durante el seminario, Yereli Rolander, directora de CIDIP, enfatizó la falta de representación de mujeres con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ en la política queretana. Señaló que en las elecciones de 2024 en el estado no hubo ninguna candidata registrada de estos sectores, lo que calificó como una deuda histórica.

“Si estas mujeres no llegan a espacios públicos, no podrán hablar por otras. Hoy es el momento de tomar acción para que en las próximas elecciones logremos una representación más justa y equitativa”, subrayó Rolander.

Desde ONU Mujeres, Cecilia Toledo destacó que este seminario es parte de un proyecto financiado para promover la participación política de grupos históricamente excluidos. Subrayó la importancia de alianzas estratégicas entre sociedad civil, mujeres líderes y autoridades para garantizar igualdad de oportunidades en la toma de decisiones.

Compromiso institucional con la equidad de género

La consejera electoral del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, abordó la falta de registros de mujeres con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ en el reciente proceso electoral y llamó a implementar acciones afirmativas para corregir esta exclusión.

“Históricamente, se nos ha intentado excluir de los espacios de toma de decisión porque incomodamos. Pero no podemos permitir que esto siga ocurriendo”, afirmó Muñiz.

Por su parte, la consejera electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez, presentó la ponencia “Avances y desafíos en las elecciones federales 2023-2024 respecto de la cuota de género desde una mirada interseccional”, en la que destacó la importancia de garantizar cuotas de representación incluyentes para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Hacia una reforma electoral con perspectiva de género

Como parte del seminario, se llevaron a cabo diversos paneles de discusión con la participación de diputadas y representantes de la sociedad civil, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma electoral en Querétaro que garantice la representación paritaria, interseccional e inclusiva en futuros procesos electorales.

“Hoy somos 13 diputadas en la Legislatura y tenemos una gran oportunidad de impulsar una reforma electoral que abra más espacios de representación para todas, todos y todes”, concluyó Andrea Tovar.

El seminario dejó en claro que la paridad de género en Querétaro aún enfrenta retos, pero también marcó el inicio de una agenda conjunta para garantizar una representación política más diversa, justa e incluyente.

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