Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO. – La falta de un papel legal no puede estar por encima del derecho a la educación. Bajo esta premisa, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso local aprobó una reforma crucial para evitar que la burocracia administrativa siga frenando la inversión de millones de pesos en infraestructura educativa.

El problema era tan absurdo como alarmante: en Querétaro existen cerca de 1,300 planteles educativos que, al haber sido construidos sobre terrenos donados por ejidos o mediante actas de asamblea antiguas, carecen de escrituras formales. Esta falta de “certeza jurídica” provocaba que la Auditoría Superior impidiera invertir recursos públicos para remodelar o ampliar dichas escuelas, obligando al Estado a regresar el dinero no ejercido.

Solución práctica: “Posesión” por encima del título

Para romper este nudo legal, la comisión presidida por la diputada Andrea Tovar Saavedra aprobó la iniciativa impulsada por el legislador Antonio Zapata Guerrero, la cual adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado.

La reforma establece una simplificación administrativa clave: ahora, el gobierno podrá arrancar la ejecución de obras educativas con el simple hecho de que la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq) garantice documentalmente la posesión del inmueble, sin tener que esperar a que concluya el lento proceso de regularización de la tierra y titulación.

“Lo que buscamos es evitar que el proceso legal y burocrático retrase algo tan importante como mejorar las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y adolescentes”, destacó la diputada Andrea Tovar, enfatizando que se pone el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones.

Por su parte, el arquitecto Fernando Orozco Vega, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado (IFEQ), celebró la iniciativa, reconociendo que facilitará radicalmente la operatividad de la dependencia para dignificar los espacios educativos que llevan años rezagados por culpa del papeleo.

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Santiago de Querétaro, Qro., 7 de enero de 2026. — Con el objetivo de acompañar el desarrollo tecnológico de manera ordenada, segura y con enfoque en el interés público, la diputada Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LXI Legislatura, informó sobre un análisis integral del marco normativo y operativo que regula el uso de drones en México y su impacto directo en el estado de Querétaro.

La legisladora explicó que este ejercicio tuvo como finalidad identificar con claridad las atribuciones federales vigentes, las competencias locales existentes y las áreas de oportunidad para que el Poder Legislativo estatal pueda actuar de forma responsable, sin invadir facultades exclusivas de la Federación.

Tovar Saavedra detalló que la regulación de los Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) es una atribución federal, encabezada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a través de la NOM-107-SCT3-2019, la cual establece requisitos técnicos, operativos y legales para su uso en el país. Entre las obligaciones se encuentran el registro de drones ante el Registro Aeronáutico Mexicano, la certificación de pilotos remotos para operaciones comerciales, la contratación de seguros de responsabilidad civil, así como la identificación obligatoria y un esquema de sanciones más estricto.

No obstante, señaló que aunque Querétaro no cuenta con legislación estatal específica sobre drones, sí existen disposiciones locales que inciden de manera indirecta en su operación, como la Ley de Gobierno Digital, la Ley de Protección Civil y la Ley de Protección de Datos Personales, esta última particularmente relevante en lo relativo a la captación de imágenes, audio y datos sensibles.

La diputada subrayó la necesidad de identificar acciones estratégicas para garantizar operaciones seguras y socialmente aceptables, como la definición de centros seguros de entrega —hospitales, edificios públicos o comercios—, la verificación de certificaciones de pilotos remotos y la exigencia de pólizas de seguro adecuadas.

Finalmente, Andrea Tovar reiteró que desde una visión proactiva, la Legislatura puede acompañar la incorporación de esta tecnología emergente mediante procesos complementarios en materia de seguridad, protección civil, protección de datos personales y seguros mínimos, contribuyendo así a un desarrollo tecnológico responsable en Querétaro.

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