Ciudad de México.— El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 víctimas, según cifras preliminares presentadas por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los resultados demuestran el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que el objetivo de su administración es garantizar que la población pueda vivir en paz. La reducción equivale a aproximadamente 44 homicidios menos cada día respecto del mes utilizado como punto de partida.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, aseguró que julio de 2026 registró el promedio más bajo para ese mes desde 2015. Al ampliar la comparación a los primeros siete meses de cada año, el promedio diario de 2026 se ubicó en 48.6 homicidios, también el menor desde hace once años.

La comparación requiere distinguir sus bases estadísticas. El descenso de 51 por ciento resulta de confrontar dos meses específicos: septiembre de 2024 y julio de 2026. No representa una reducción acumulada de 51 por ciento en todos los homicidios ocurridos durante el periodo. Las cifras, además, son preliminares y proceden de la información remitida por las fiscalías y procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo.

La tendencia descendente ya aparecía en reportes anteriores. En mayo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había informado una reducción preliminar de 49 por ciento, al pasar de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 44.3. El nuevo reporte prolonga esa trayectoria hasta julio, de acuerdo con los datos difundidos por la SSPC.

Pese al descenso nacional, la violencia letal continúa concentrada territorialmente. Entre enero y julio de 2026, siete entidades reunieron 49 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato, con 8.6 por ciento; Baja California, 8.2; Chihuahua, 8.1; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6; Guerrero, 5.6; y Morelos, 5.5 por ciento.

El Gobierno informó que 30 estados redujeron su promedio diario frente al mismo periodo de 2025. Las caídas porcentuales más pronunciadas se registraron en San Luis Potosí, con 80.5 por ciento; Nayarit, 63.2; Quintana Roo, 60.4; y Zacatecas, 53.2 por ciento.

Figueroa Franco también reportó una disminución de 33 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto, de 636.6 en octubre de 2024 a 424.4 en julio de 2026. La categoría agrupa conductas distintas, por lo que el dato agregado no permite conocer por sí solo la evolución particular de cada delito.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego, 518 toneladas de drogas y más de cinco millones de pastillas de fentanilo. Las autoridades reportaron además el desmantelamiento de dos mil 725 laboratorios clandestinos y zonas destinadas a la producción de metanfetamina.

En materia de extorsión, el Gobierno contabilizó mil 847 personas detenidas entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026. El comunicado, sin embargo, no indicó cuántas de las detenciones anunciadas derivaron en vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias o absoluciones.

Esa ausencia resulta relevante frente a la afirmación oficial de que “la seguridad y la justicia funcionan”. Los arrestos, decomisos y operativos permiten medir actividad institucional, pero no son equivalentes a resultados judiciales definitivos. Para evaluar el desempeño de la justicia también se requieren datos sobre esclarecimiento de casos, judicialización, sentencias, reparación del daño e impunidad.

La percepción ciudadana muestra una mejoría, aunque todavía revela una brecha entre los indicadores delictivos y la experiencia cotidiana. En junio de 2026, 59.8 por ciento de la población adulta de 91 ciudades consideró inseguro vivir en su localidad. El porcentaje disminuyó de manera estadísticamente significativa frente al 61.5 por ciento de marzo de 2026 y al 63.2 por ciento de junio de 2025.

La percepción de inseguridad alcanzó 65.6 por ciento entre las mujeres y 52.6 por ciento entre los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. La reducción es relevante, pero seis de cada diez habitantes de las principales zonas urbanas todavía consideran insegura su ciudad.

En seguridad carretera, la Guardia Nacional reportó que los robos al autotransporte pasaron de 13 mil 68 en 2018 a seis mil 263 en 2025, una reducción de 52.07 por ciento. Debido a que la comparación comienza seis años antes del actual gobierno, el resultado abarca acciones desarrolladas durante administraciones distintas.

La Estrategia Balam, aplicada en 12 estados, registró una disminución de 37.19 por ciento en el robo al transporte de carga entre 2024 y 2025, mientras que la recuperación de unidades aumentó 26.09 por ciento.

Como parte del despliegue tecnológico, el Gobierno anunció que el C4 carretero comenzará a operar el 1 de septiembre. El sistema contará con 88 estaciones, más de mil puntos de monitoreo, tres mil 15 cámaras y 120 arcos para la lectura automática de placas, además de herramientas de geolocalización y coordinación con la Guardia Nacional y los gobiernos estatales.

El comunicado no detalló los protocolos de conservación de imágenes, protección de datos personales, auditoría tecnológica o acceso a la información recopilada por esta red de vigilancia.

La reducción preliminar de homicidios representa un cambio favorable en uno de los indicadores más graves de la violencia. Su consolidación deberá observarse en las cifras definitivas y acompañarse de avances verificables en investigación criminal, sentencias, extorsión, desapariciones, atención a víctimas y percepción de seguridad.

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Cae el señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 31 de julio de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado por las autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y atribuyó el resultado a la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

“Las detenciones que se han llevado a cabo tienen sustento científico y documental”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina, y subrayó que el proceso apenas comienza: “Ahora viene el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal, y cualquier tema se va a seguir informando”.

Quién es el detenido, según las autoridades

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ramón Ángel “N” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco. Las autoridades relacionan a ese grupo con extorsión, homicidios y tráfico de droga, y señalan que sus operaciones han afectado directamente a productores, empresarios y familias de la región.

García Harfuch informó además que el detenido ha sido vinculado con el suministro de armas y municiones, el cobro de piso, y que —según la autoridad— participó en el homicidio de Valeria Márquez, ocurrido en Jalisco. Junto con él fue detenido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Conviene precisar, con la misma claridad con la que se informa la captura: todos estos señalamientos corresponden a la etapa de investigación. Ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidad penal, y los detenidos conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

La operación fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia realizados por la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Los 31 detenidos: la parte del expediente que explica el caso

Con esta captura suman 31 personas detenidas en relación con el homicidio de Manzo. Lo que hace particularmente revelador ese número no es su magnitud, sino su composición. Entre los detenidos figuran otros dos señalados como presuntos autores intelectuales —Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y Alejandro Baruc “N”, alias “El K-OZ”—, además de mensajeros, reclutadores y operadores locales.

Pero el expediente también alcanzó al entorno inmediato del alcalde: entre los detenidos está Samuel “N”, quien se desempeñaba como su director de Relaciones Públicas y a quien la investigación atribuye haber filtrado la agenda del edil. Siete integrantes de su escolta personal han sido investigados por presuntas omisiones durante la agresión.

Es decir: según la reconstrucción de las autoridades, la operación que terminó con la vida del alcalde no solo requirió sicarios, sino acceso a información interna sobre sus movimientos.

El crimen que sacudió a Michoacán

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras encabezaba actos del Festival de las Velas en Uruapan, en pleno desarrollo de las festividades del Día de Muertos y rodeado de asistentes al evento. De acuerdo con las investigaciones, los agresores coordinaron el ataque mediante grupos de mensajería para ejecutarlo entre la multitud.

Sheinbaum enmarcó el resultado en el trabajo del Gabinete de Seguridad: “El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, y el Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz, la seguridad y la cero impunidad”. Las autoridades federales ubicaron la detención dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y como parte de la estrategia contra la extorsión en la entidad.

Lo que sigue

La detención abre, no cierra, la etapa que determinará si estos señalamientos se sostienen: la judicial. Corresponderá ahora a la FGR y a la Fiscalía de Michoacán acreditar ante un juez los elementos que atribuyen a cada uno de los detenidos, en procesos que se desarrollarán en ambos fueros. La cifra de 31 personas capturadas habla del tamaño de la red que las autoridades reconstruyeron; el resultado de esos procesos dirá cuánto de esa reconstrucción resiste el escrutinio de un tribunal.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2026.— El Comité Ejecutivo Nacional de Morena reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras la detención en Jalisco de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por las autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

La captura fue realizada en Atotonilco, Jalisco, como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia desarrollados por instituciones federales. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Álvarez Ayala encabezaba una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación y relacionada con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en distintos municipios de Michoacán.

Con esta aprehensión suman 31 personas detenidas por su presunta participación en la planeación, coordinación y ejecución del homicidio de Manzo.

Morena respalda las investigaciones

En un comunicado, la dirigencia nacional de Morena expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la SSPC y reconoció la coordinación institucional que permitió localizar al presunto dirigente criminal.

El partido también sostuvo que Ramón Álvarez Ayala no pertenece ni ha pertenecido a Morena y que tampoco ha ocupado cargos dentro de su estructura política. Por ello, solicitó que la información relacionada con el caso sea tratada con rigor y responsabilidad, especialmente ante versiones que pretendan atribuir al detenido una militancia partidista.

“En Morena no protegemos ni encubrimos a nadie, no tenemos contubernio con la delincuencia”, manifestó el Comité Ejecutivo Nacional.

La organización política afirmó que los gobiernos emanados de su movimiento han actuado conforme a la ley y puso como ejemplo las investigaciones emprendidas contra servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Una investigación que alcanzó la estructura de mando

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración pública por el Día de Muertos en el centro de Uruapan. El ataque ocurrió pese al dispositivo de seguridad dispuesto para proteger al presidente municipal.

Las investigaciones permitieron identificar a personas relacionadas con distintas etapas del crimen: desde el reclutamiento y vigilancia de la víctima hasta la coordinación logística y transmisión de instrucciones.

Uno de los detenidos clave fue Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como el intermediario entre los autores materiales y el nivel superior de la organización. Los análisis de comunicaciones y otros indicios condujeron hacia Ramón Álvarez Ayala, identificado por las autoridades como la persona que presuntamente ordenó el asesinato.

La reciente captura coloca bajo custodia a quien, según la investigación oficial, ocupaba uno de los niveles más altos dentro de la cadena de mando responsable del atentado.

El proceso deberá continuar ante los tribunales

Aunque Morena calificó al detenido como autor intelectual, jurídicamente Álvarez Ayala conserva la calidad de presunto responsable mientras un tribunal no emita una sentencia definitiva.

Su detención abre una nueva etapa dentro del proceso penal. Corresponderá al Ministerio Público presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditar la intervención que le atribuye en el asesinato.

El avance también permitirá profundizar en el móvil del crimen, las operaciones de la célula delictiva en Michoacán y la posible participación de otras personas.

El asesinato de Carlos Manzo provocó una amplia exigencia de justicia en Uruapan y en distintas regiones del país. La captura del “R1” constituye un paso relevante para esclarecer el caso, aunque la investigación deberá continuar hasta determinar todas las responsabilidades y llevar ante los tribunales a la totalidad de los implicados.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.— La acusación lanzada por Ariadna Montiel Reyes contra el antiguo Poder Judicial no surge únicamente de la retórica partidista. Detrás existe un rastro documental perturbador: Ingemar, empresa en la que participa el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, obtuvo amparos que obligaron a las autoridades energéticas a restituir o mantener permisos para importar cientos de millones de litros de combustibles.

Aquellas resoluciones judiciales permitieron que la compañía preservara su capacidad operativa durante años. Hoy, la Fiscalía General de la República la sitúa dentro de una investigación por una presunta red de contrabando ferroviario de hidrocarburos, evasión fiscal y delincuencia organizada.

El amparo, concebido para contener los abusos del Estado, terminó funcionando en este caso como un blindaje empresarial cuyas consecuencias deben ser investigadas. No porque defenderse frente a la autoridad constituya un delito, sino porque las decisiones judiciales mantuvieron abierto un negocio que después aparecería en el centro de una trama con un posible quebranto multimillonario para el erario.

Cuatro permisos y casi 499 millones de litros

Ingemar sostuvo durante cuatro años una batalla jurídica contra la cancelación de sus autorizaciones. De acuerdo con información pública de la Secretaría de Energía y una investigación de La Jornada, los amparos obligaron a las autoridades a permitir que la empresa continuara importando hidrocarburos.

Los cuatro permisos abarcaban gasolina regular, gasolina de alto octanaje, diésel de bajo azufre, turbosina y keroseno. En conjunto, representaban una capacidad autorizada de aproximadamente 498 millones 720 mil litros:

• 216 millones de litros de gasolina regular.
• 102 millones 240 mil litros de gasolina de mayor octanaje.
• 173 millones 280 mil litros de diésel y mezclas.
• 7 millones 200 mil litros de turbosina y keroseno.

El registro oficial de la Sener confirma que Ingemar figuraba como permisionaria y que algunas autorizaciones vencían originalmente el 26 de diciembre de 2024. Pese a ello, parte de esa capacidad permaneció bajo los efectos de la protección judicial.

Este es el núcleo material de la denuncia de Montiel: el viejo Poder Judicial no transportó los ferrotanques ni elaboró los pedimentos aduanales, pero sus resoluciones conservaron la llave jurídica que permitió a la empresa seguir importando.

El amparo convertido en escudo corporativo

Durante décadas, una parte del Poder Judicial mexicano operó bajo una lógica profundamente desigual. Para las comunidades despojadas, las víctimas de violencia, las mujeres que exigían justicia o las personas encarceladas sin recursos, el acceso efectivo a los tribunales fue lento, costoso y frecuentemente estéril.

Para las grandes empresas, en cambio, siempre hubo despachos especializados, suspensiones inmediatas y litigios capaces de paralizar regulaciones públicas durante años.

La corrupción judicial no se reduce necesariamente a un sobre con dinero. También puede expresarse mediante una arquitectura institucional que privilegia sistemáticamente la propiedad corporativa sobre el interés colectivo, que convierte cualquier regulación en una afrenta contra la libertad empresarial y que concede a los poderes económicos una capacidad de defensa inaccesible para la mayoría de la población.

En el caso de Ingemar, el resultado concreto fue inequívoco: el Estado canceló o intentó restringir permisos y una cadena de decisiones judiciales permitió recuperarlos. Mientras los litigios avanzaban, la empresa mantuvo su lugar en el mercado de importación.

Los tribunales que concedieron esos amparos deben explicar qué irregularidades encontraron en la actuación de la Sener, por qué consideraron procedente restituir las autorizaciones y qué medidas impusieron para evitar que la protección constitucional terminara facilitando operaciones ilegales.

No basta con refugiarse en el formalismo jurídico. Cuando una sentencia habilita la movilización de cientos de millones de litros de combustibles, sus repercusiones económicas y fiscales son un asunto de interés público.

La ruta del presunto contrabando

La FGR informó que la investigación comenzó con el hallazgo de ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente aseguró 170 unidades ferroviarias y documentó un perjuicio fiscal inicial superior a 100 millones de pesos.

El expediente contiene, según la Fiscalía, 96 datos de prueba: dictámenes químicos, análisis de la capacidad real de los ferrotanques, estudios criminalísticos, fotografías e identificación de los hidrocarburos asegurados.

El cruce de información del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de 2025. El daño patrimonial potencial podría rebasar los cuatro mil millones de pesos, aunque esa cantidad todavía deberá acreditarse durante la investigación complementaria.

Reportes sobre la investigación señalan un mecanismo elemental y lucrativo: los ferrotanques habrían sido declarados con cargas muy inferiores a su capacidad real, reduciendo artificialmente los impuestos pagados por el combustible que ingresaba al país.

Sin el permiso de importación, esa maquinaria empresarial no habría podido presentarse ante las aduanas con una apariencia inicial de legalidad. Los amparos no autorizaron la evasión fiscal, pero sí conservaron el instrumento administrativo indispensable para continuar las operaciones.

Ruffo no era un espectador ajeno

Ernesto Ruffo no constituyó originalmente Ingemar, pero se incorporó a su capital poco después de la creación de la compañía. Con el tiempo se convirtió en accionista y secretario de su consejo de administración, de acuerdo con la relación corporativa presentada por la Fiscalía.

La defensa sostiene que Ruffo posee una participación minoritaria, cercana a 30 por ciento, y que no existen documentos o testimonios que acrediten su intervención directa en las importaciones irregulares. Ese argumento deberá discutirse ante el tribunal, no resolverse mediante el prestigio histórico del acusado.

Haber sido el primer gobernador opositor que derrotó al PRI no concede inmunidad penal. Tampoco convierte automáticamente en culpable al exmandatario. Ruffo y otras siete personas están vinculadas a proceso por su probable participación en la red; aún no existe una sentencia condenatoria.

La presunción de inocencia obliga a no presentar la imputación como culpabilidad demostrada. Pero tampoco exige tratar a Ruffo como un accionista decorativo incapaz de conocer las actividades estratégicas de una empresa en cuyo consejo participaba.

Una herencia de la privatización energética

Montiel también colocó el caso dentro de las consecuencias de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. La relación merece atención.

La apertura del sector permitió que empresas privadas obtuvieran permisos para importar combustibles a gran escala. Desde enero de 2015, la Secretaría de Energía asumió la facultad de otorgar, modificar y revocar esas autorizaciones, según la regulación oficial.

El problema no fue sólo la entrada de capital privado, sino la construcción de un mercado opaco donde permisos, concesiones, intermediarios, ferrocarriles y agentes aduanales podían fragmentar la responsabilidad. La ganancia quedaba en manos privadas; las pérdidas fiscales, la contaminación, la violencia y el debilitamiento energético eran socializados.

El viejo Poder Judicial fue uno de los contrapesos empleados por las empresas para frenar la intervención estatal. Bajo el lenguaje de la libre competencia y la seguridad jurídica se protegieron permisos cuyo uso y beneficiarios finales rara vez fueron sometidos al mismo escrutinio que enfrentaban las autoridades reguladoras.

Investigar a los jueces, pero también a las aduanas

La acusación de Montiel no debe quedarse en consigna. Si Morena sostiene que determinados juzgadores protegieron el huachicol fiscal, debe transparentar los expedientes, identificar las resoluciones, explicar sus efectos y promover las investigaciones correspondientes.

También debe informar qué funcionarios de la Sener, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas están bajo investigación. Más de cuatro mil operaciones no atraviesan el país únicamente gracias a una sentencia de amparo. Requieren pedimentos, revisiones, cruces fronterizos, transporte ferroviario, instalaciones receptoras y comercialización.

La responsabilidad judicial no puede convertirse en coartada para encubrir la negligencia o complicidad administrativa.

El caso Ruffo exhibe una de las deformaciones más corrosivas del antiguo régimen: una justicia rápida para proteger negocios privados y desesperadamente lenta para reparar agravios sociales. Los amparos de Ingemar quizá fueron formalmente legales; sus consecuencias, sin embargo, ayudaron a mantener operativa una estructura empresarial que hoy enfrenta acusaciones de defraudar al país.

El nuevo Poder Judicial tendrá que demostrar que puede romper esa subordinación frente al dinero sin convertirse en subordinado del partido gobernante. La justicia que México necesita no debe proteger a los poderosos, pero tampoco fabricar culpables. Debe abrir los expedientes, seguir el dinero y llegar hasta el último empresario, funcionario o juzgador que haya convertido la ley en refugio de un negocio contra la nación.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Nueva York, Estados Unidos, 23 de julio de 2026.— Una persona migrante no necesita que su gobierno la recuerde únicamente durante una caravana, una crisis migratoria o cuando llegan las cifras de remesas. Necesita saber a quién llamar frente a una detención, dónde recibir asesoría laboral, cómo tramitar documentos y qué apoyo encontrará si regresa a Querétaro.

Con esa responsabilidad como telón de fondo, el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, se reunió con el cónsul general de México en Nueva York, Marcos Augusto Bucio Mújica, para abrir una agenda de colaboración alrededor de la protección de migrantes queretanos, la atención institucional, el comercio y la promoción turística.

En el encuentro participaron Luis Bernardo González Zepeda, coordinador de Atención Ciudadana; Juan Fernando Rocha Mier, presidente de Migrantes Unidos en Caravana, e integrantes de Fuerza Migrante.

La reunión representa un paso positivo: reconoce que la comunidad queretana en Estados Unidos no puede atenderse exclusivamente desde oficinas instaladas en territorio estatal.

Sin embargo, el anuncio todavía se mantiene en el terreno de las intenciones.

No se informó la firma de un convenio, la creación de una ventanilla especializada, un calendario de jornadas consulares, un protocolo de emergencias o un presupuesto para convertir la colaboración en atención directa.

La presencia internacional solo tendrá sentido si una persona migrante puede percibirla cuando enfrente un problema real.

La protección debe ser el punto de partida

El comunicado coloca la protección de las personas migrantes entre los principales temas abordados.

Es el eje correcto.

La labor consular no consiste únicamente en expedir pasaportes o matrículas. También implica asesorar a personas mexicanas que enfrentan abusos laborales, problemas con autoridades, detenciones, violencia, pérdida de documentos, accidentes, fallecimientos o procesos de repatriación.

El Departamento de Protección del Consulado General de México en Nueva York ofrece atención sin cita de lunes a viernes y mantiene líneas para emergencias. La representación también cuenta con servicios de asesoría jurídica y orientación para connacionales.

La coordinación con Querétaro podría permitir que estas atenciones no terminen en la frontera institucional.

Cuando una persona solicita ayuda en Nueva York, el Consulado debería tener una vía directa para contactar a familiares, autoridades municipales, registros civiles, instituciones educativas o programas sociales en Querétaro.

Del mismo modo, el Gobierno estatal tendría que contar con un canal para acompañar casos que requieren intervención consular.

Un acuerdo útil podría incluir:

• Un enlace permanente entre el Consulado y la Secretaría de Gobierno.
• Un directorio de atención disponible las 24 horas.
• Protocolos para detenciones y deportaciones.
• Asesoría laboral y migratoria.
• Apoyo para localizar familiares.
• Trámites de registro civil e identidad.
• Traslado de personas fallecidas.
• Orientación frente a violencia doméstica.
• Atención para niñas, niños y familias separadas.
• Seguimiento a personas repatriadas.

Nada de esto fue detallado en el boletín.

Una comunidad que no debe medirse solo por sus remesas

La reunión también ocurre en un contexto económico que no puede ignorarse.

Querétaro recibió 272 millones de dólares en remesas durante los primeros tres meses de 2026. En el mismo periodo de 2025 había recibido 280.5 millones, de acuerdo con cifras preliminares del Banco de México.

Los recursos enviados desde el extranjero sostienen gastos de alimentación, vivienda, salud, educación y pequeños negocios en numerosas comunidades.

Pero reducir la relación con la diáspora a cuánto dinero envía reproduce una mirada incompleta.

Las personas migrantes también generan:

• Redes empresariales.
• Conocimiento.
• Experiencia laboral.
• Inversión comunitaria.
• Vínculos culturales.
• Participación política.
• Proyectos familiares.
• Circulación turística.
• Organización social.

El Estado tiene que reconocer esa aportación sin convertirla en excusa para trasladar a los migrantes responsabilidades que corresponden a los gobiernos.

Las remesas ayudan a las familias. No deben sustituir inversión pública, empleo digno, infraestructura o servicios sociales.

Nueva York ofrece una plataforma mayor

La colaboración con el Consulado adquiere relevancia porque Nueva York es uno de los principales centros políticos, financieros y culturales del mundo.

Además, su comunidad migrante no ocupa una posición marginal.

Más de una tercera parte de la población de la ciudad nació fuera de Estados Unidos y las personas inmigrantes representan alrededor de 43% de su fuerza laboral. México aparece como el cuarto país de origen más numeroso entre la población extranjera de la ciudad, de acuerdo con el informe municipal The Newest New Yorkers 2026.

La representación consular mexicana también cuenta con un Departamento de Asuntos Económicos y Turismo que vincula empresas, actores financieros y comerciales, organiza misiones, identifica oportunidades de inversión y promueve destinos mexicanos.

Querétaro podría utilizar esa estructura para conectar a su comunidad migrante con proyectos más amplios.

No solo para promover viajes al estado, sino para:

• Vincular empresarios queretanos en ambos países.
• Facilitar la exportación de productos locales.
• Impulsar proyectos de inversión comunitaria.
• Promover emprendimientos migrantes.
• Organizar misiones comerciales.
• Presentar la oferta turística del estado.
• Conectar universidades y organizaciones.
• Generar capacitación financiera.

La pregunta será quién podrá participar.

Una política migrante no debería beneficiar únicamente a empresarios consolidados o asociaciones con acceso directo a funcionarios. También debe llegar a trabajadores, familias, mujeres, jóvenes y comunidades de origen.

Comercio y turismo necesitan una estrategia concreta

El comunicado señala que durante la reunión se habló de comercio y turismo, pero no identifica sectores, proyectos, fechas o mecanismos.

La promoción puede ser útil.

La población migrante suele funcionar como uno de los principales puentes para atraer visitantes, recomendar destinos, consumir productos de origen y construir relaciones comerciales.

Querétaro cuenta con una oferta que puede conectar con la diáspora: turismo cultural, comunidades rurales, gastronomía, vinos, quesos, artesanías, fiestas patronales y encuentros familiares.

Pero la política no debería tratar a las personas migrantes únicamente como clientes potenciales o promotoras gratuitas.

Antes de pedirles que inviertan o lleven turistas, el Estado debe demostrar que también las acompaña cuando necesitan protección, documentación o reinserción.

La relación debe ser recíproca.

El comercio y el turismo pueden formar parte del acuerdo, pero la defensa de derechos debe ocupar el centro.

Las organizaciones migrantes deben participar en las decisiones

La presencia de Migrantes Unidos en Caravana y Fuerza Migrante aporta una dimensión comunitaria al encuentro.

Migrantes Unidos en Caravana ha acompañado durante años los recorridos colectivos de familias que viajan desde Estados Unidos hacia Querétaro, una estrategia creada para reducir riesgos durante los trayectos carreteros.

Su experiencia puede ayudar a identificar problemas que no siempre aparecen en los informes gubernamentales:

• Extorsiones.
• Robos.
• Abusos de autoridad.
• Trámites fronterizos.
• Seguridad vial.
• Separación familiar.
• Retorno forzado.
• Falta de información.
• Dificultades para trasladar pertenencias.

Sin embargo, la participación social no debería reducirse a acompañar una reunión o respaldar su fotografía.

Las organizaciones necesitan capacidad para proponer, revisar compromisos y evaluar resultados.

El Gobierno estatal debería instalar una mesa permanente con asociaciones migrantes, clubes de oriundos, familias de personas migrantes y especialistas.

También tendría que explicar qué organizaciones fueron convocadas, cómo pueden incorporarse otras y cuáles serán los mecanismos de representación.

La comunidad migrante es diversa. Ninguna asociación puede hablar por todas las personas que viven fuera del estado.

El retorno también necesita acompañamiento

La política migratoria no termina cuando una persona vuelve a Querétaro.

El estado mantiene en 2026 un programa que ofrece hasta 30 mil pesos a personas deportadas o repatriadas durante 2025 o 2026 para iniciar o fortalecer una actividad productiva. La convocatoria publicada se encuentra cerrada.

El apoyo constituye un antecedente valioso, pero la reinserción requiere más que capital inicial.

Una persona que regresa puede necesitar:

• Documentos mexicanos.
• Reconocimiento de estudios.
• Atención médica.
• Vivienda temporal.
• Orientación laboral.
• Apoyo psicológico.
• Inscripción escolar para sus hijos.
• Capacitación.
• Seguridad social.
• Acompañamiento para emprender.

La coordinación con el Consulado podría permitir que esos procesos comiencen antes del retorno.

Una persona que ya sabe que será repatriada debería recibir información sobre los programas disponibles, requisitos y oficinas responsables antes de llegar a México.

Eso evitaría que el regreso se convierta en una nueva cadena de trámites y desorientación.

Estar presentes implica rendir cuentas

“Reforzar la presencia de Querétaro en Nueva York” es una intención amplia.

Para convertirla en política pública, el Gobierno estatal tendría que responder:

• ¿Cuántas personas queretanas viven en Nueva York?
• ¿En qué zonas se concentran?
• ¿Cuáles son sus principales necesidades?
• ¿Cuántos casos atiende actualmente el Consulado?
• ¿Qué dependencia estatal dará seguimiento?
• ¿Se abrirá una representación permanente?
• ¿Habrá jornadas móviles?
• ¿Qué presupuesto tendrá la colaboración?
• ¿Cuándo comenzarán las acciones?
• ¿Cómo se medirán los resultados?

Sin un diagnóstico, la atención puede depender de relaciones personales o de quienes ya pertenecen a organizaciones conocidas.

Una estrategia seria necesita datos y capacidad para llegar también a migrantes que no participan en asociaciones, no utilizan redes sociales o temen acercarse a instituciones.

Información útil para la comunidad

El Consulado General de México en Nueva York ofrece trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial para votar mediante cita previa por MiConsulado.

También mantiene atención para emergencias y protección consular.

Los datos oficiales disponibles incluyen:

• MiConsulado: +1 (424) 309-0009.
• Protección consular: +1 (917) 459-2143.
• Línea PAISANI: 1-800-724-7264.
• Atención de protección: de lunes a viernes, sin cita, en el Consulado.

Los horarios y requisitos deben verificarse antes de acudir, debido a que pueden actualizarse.

Una colaboración con Querétaro debería comenzar por difundir esta información de manera permanente en municipios y comunidades con presencia migrante.

El acceso a un número telefónico correcto puede ser más útil durante una emergencia que una declaración sobre cooperación internacional.

Los migrantes son parte del presente de Querétaro

Durante décadas, la política pública mexicana habló de los migrantes como personas que se fueron.

Esa idea ya no describe la realidad.

Quienes viven en Estados Unidos siguen participando en la vida económica, familiar, cultural y política de sus comunidades de origen.

Mantienen propiedades, sostienen hogares, regresan durante celebraciones, financian proyectos, votan desde el extranjero y toman decisiones que afectan al estado.

Por eso, la relación con ellos no debe limitarse a una temporada ni a una ceremonia.

La reunión encabezada por Eric Gudiño puede ser el inicio de una política más cercana y funcional.

Para conseguirlo, tendrá que producir algo que pueda utilizarse:

Una línea de atención.

Una jornada consular.

Un protocolo.

Una asesoría.

Un convenio.

Una ruta de regreso.

Un proyecto comercial.

Un resultado verificable.

La comunidad migrante queretana no necesita que el Gobierno simplemente tenga presencia en Nueva York.

Necesita sentir que Querétaro está presente cuando más lo requiere.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 22 de julio de 2026.— Ernesto Ruffo está en prisión preventiva y comparece ante una jueza. Marina del Pilar Ávila permanece al frente del Gobierno de Baja California y el Gabinete de Seguridad descartó investigar los audios atribuidos a su voz. Rubén Rocha Moya solicitó licencia en Sinaloa, pero sigue en México pese a una acusación formal y una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Los tres casos tienen pruebas, autoridades y etapas procesales diferentes.

No pueden colocarse en una misma categoría ni resolverse con una comparación automática.

Pero juntos construyen una pregunta que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no debería responder únicamente con consignas: ¿qué criterios utiliza el Estado mexicano para decidir cuándo una acusación amerita investigación, cuándo exige prudencia y cuándo justifica una operación penal de alto impacto?

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó desde el 19 de julio al Gobierno federal de medir con distinto rasero los casos que involucran a opositores y los que alcanzan a figuras de Morena.

Tres días después, su posicionamiento no ha perdido vigencia.

Al contrario: la audiencia contra Ruffo, las nuevas revelaciones sobre la posible dimensión del contrabando y la ausencia de una investigación anunciada contra Marina del Pilar fortalecieron la necesidad de discutir la consistencia institucional, aunque no necesariamente demuestren una persecución política.

El boletín envejeció; la pregunta se volvió más grande

Publicar ahora únicamente que Jorge Romero acusó una “cacería de brujas” sería llegar tarde a una confrontación partidista ya conocida.

La información adquirió valor porque los hechos siguieron avanzando.

Ruffo comparece junto con otras siete personas ante una jueza federal en el penal del Altiplano. La Fiscalía lo señala como presunto integrante de una red dedicada a introducir combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas sobre el volumen y tipo de hidrocarburo transportado. 

La audiencia se desarrolla de manera privada porque, de acuerdo con la información judicial disponible, podrían revelarse nombres de personas que todavía no han sido detenidas. La decisión definirá si los datos presentados permiten abrir formalmente un proceso penal, no si Ruffo es culpable. 

La prisión preventiva tampoco equivale a una condena.

Determina que el exgobernador permanezca encarcelado mientras avanza esta etapa del procedimiento, pero la Fiscalía todavía debe probar conocimiento, participación y responsabilidad personal.

La acusación contra Ruffo ganó peso, no una sentencia

La investigación dejó de estar limitada al decomiso de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible.

Un análisis periodístico publicado el 22 de julio, construido con registros públicos de comercio y aduanas, identificó casi 7 mil 200 operaciones ferroviarias y cerca de 5 mil movimientos por carretera. La estimación ubica el volumen total por encima de 800 millones de litros y calcula un perjuicio fiscal mínimo de 5 mil 400 millones de pesos. 

La investigación también documentó relaciones corporativas entre Ingemar —empresa vinculada con Ruffo— y Crismón Hidrocarburos y Derivados, una de las compañías relacionadas con la comercialización del combustible. Ruffo ha negado que su empresa conociera las irregularidades y sostiene que su responsabilidad se limitaba a la gestión de permisos y trámites aduanales.

Estos nuevos datos vuelven más difícil presentar el expediente como una acusación construida únicamente a partir de la identidad partidista del exgobernador.

Existe una red económica que debe investigarse.

Existe un volumen extraordinario de operaciones.

Existen relaciones empresariales que necesitan explicación.

Pero ninguna de esas circunstancias autoriza a Morena, al Gobierno o a los medios a declarar culpable a Ruffo antes de que un tribunal valore la evidencia.

El PAN puede exigir debido proceso sin decretar inocencia

Jorge Romero evita, en el comunicado, afirmar que Ruffo sea inocente. Reconoce que corresponde al exgobernador aclarar los señalamientos y que el proceso debe continuar conforme a derecho.

Ese matiz es importante.

El PAN tiene derecho a vigilar la actuación de la Fiscalía, cuestionar irregularidades y acompañar jurídicamente a una de sus figuras históricas.

Pero la defensa del debido proceso no puede convertirse en una descalificación anticipada de toda la investigación.

Ruffo no debe ser perseguido por haber pertenecido al PAN.

Tampoco debe ser protegido por haber sido el primer gobernador opositor que derrotó al PRI.

La trayectoria democrática de una persona no funciona como inmunidad frente a sus actividades empresariales posteriores.

Marina del Pilar: un audio auténtico y una respuesta insuficiente

La comparación más inmediata planteada por el PAN se encuentra en Baja California.

Marina del Pilar reconoció la autenticidad de una primera conversación difundida públicamente. Según su explicación, el diálogo formaba parte de gestiones legales para solicitar que Estados Unidos reconsiderara la cancelación de su visa. Posteriormente apareció una segunda grabación donde la voz atribuida a la mandataria habla de colaborar y compartir lo que conoce por las mesas de seguridad. 

Hasta ahora no existe una acusación penal pública del Departamento de Justicia o del FBI contra la gobernadora. Tampoco se ha demostrado que hubiera entregado información reservada.

Ese contexto diferencia su situación de la de Ruffo.

Pero la respuesta del Gobierno federal ha sido insuficiente.

Omar García Harfuch declaró que en las mesas estatales no se comparte información con el nivel de sensibilidad que pudiera comprometer operaciones y sostuvo que del audio no se desprende un delito. Con ese razonamiento descartó iniciar una investigación. 

La afirmación deja preguntas abiertas.

Para saber si una gobernadora ofreció información pública, reservada o inexistente sería necesario conocer con quién habló, qué pretendía entregar, qué datos poseía y si la conversación avanzó más allá de una oferta.

Investigar no significa declarar culpable.

También puede servir para cerrar fundadamente una acusación.

Cuando el Gobierno rechaza revisar un episodio que afecta a una figura de su partido, mientras sostiene que una investigación contra un opositor debe seguir hasta sus últimas consecuencias, alimenta la percepción que el PAN intenta explotar.

Los audios no equivalen al expediente de huachicol

El contraste tampoco debe deformarse.

Una grabación, incluso reconocida como auténtica, no tiene el mismo contenido probatorio que registros aduanales, transferencias financieras, documentos empresariales, permisos de importación y cargamentos decomisados.

La exigencia de aplicar la ley “igual para todos” no significa que todas las personas deban ser detenidas cuando aparecen en una controversia pública.

Significa que las autoridades deben utilizar criterios predecibles y explicar por qué consideran que en un caso existen elementos para investigar y en otro no.

El Gobierno podría sostener legítimamente que los audios de Marina del Pilar no acreditan delito.

Lo que no debería hacer es pedir que la ciudadanía acepte esa conclusión sin una revisión institucional transparente.

Rocha Moya es el contraste más delicado

El caso de Rubén Rocha Moya presenta una situación jurídicamente más grave que la controversia de los audios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de abril que un gran jurado federal acusó al entonces gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y conspiración relacionada con armas. La autoridad estadounidense sostiene que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, pero advierte expresamente que todos deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario. 

Rocha solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo.

Posteriormente, la Cancillería mexicana hizo públicos documentos relacionados con solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición. La FGR ha pedido información adicional para valorar el procedimiento y las autoridades mexicanas no han ejecutado la entrega solicitada. 

Aquí el reclamo del PAN tiene mayor sustento político.

Existe una acusación judicial formal en Estados Unidos.

Existen solicitudes diplomáticas.

Existe una persona identificada.

Existe una separación temporal del cargo.

Y, sin embargo, el Gobierno mexicano sostiene que antes de detener o extraditar necesita revisar la suficiencia de la documentación.

Ese estándar de prudencia es defendible.

El problema es que debe ser igualmente visible cuando la Fiscalía mexicana investiga a una figura opositora.

Sheinbaum no puede ordenar una extradición como acto político

Jorge Romero exige que Claudia Sheinbaum “extrade” a Rocha Moya.

La frase funciona para una conferencia partidista, pero simplifica un procedimiento legal.

Una extradición no depende únicamente de la voluntad presidencial.

Requiere una solicitud diplomática válida, documentación, análisis de la FGR, intervención judicial, garantías procesales y una decisión final conforme al tratado entre México y Estados Unidos.

El Ejecutivo no debería utilizar la extradición como castigo político ni bloquearla para proteger a un aliado.

Su obligación es permitir que el procedimiento avance, explicar su estado y evitar decisiones partidistas.

La rendición de cuentas debería incluir:

• Qué documentos recibió México.
• Qué pruebas adicionales solicitó.
• Qué información falta.
• En qué etapa se encuentra el análisis.
• Qué autoridad debe tomar la siguiente decisión.
• Qué plazos resultan aplicables.
• Qué recursos puede presentar la defensa.

La soberanía no consiste en ignorar solicitudes extranjeras.

Tampoco en obedecerlas sin revisión.

Consiste en procesarlas con reglas claras y sin privilegios.

El PAN también utiliza dos medidas

El comunicado acusa al Gobierno de juzgar con criterios partidistas, pero el propio PAN incurre en una tensión semejante.

Para Ruffo exige presunción de inocencia, revisión cuidadosa y respeto al debido proceso.

Para Marina del Pilar y Rocha Moya utiliza expresiones como “vínculos con el narcotráfico”, “pacto de impunidad”, “traición a la patria” y protección a grupos criminales, aunque ninguno cuenta con una sentencia firme. 

El mismo estándar debe aplicarse a todos.

Si el PAN exige que Ruffo no sea presentado como culpable antes de la resolución judicial, tampoco debería declarar culpables a gobernantes de Morena mediante un comunicado partidista.

Puede exigir investigación.

Puede pedir licencias.

Puede señalar contradicciones gubernamentales.

Puede denunciar falta de transparencia.

Pero debería atribuir las acusaciones y respetar las etapas procesales que reclama para uno de los suyos.

La presunción de inocencia no es un beneficio reservado para adversarios políticos cuando llegan a los tribunales.

Casos diferentes pueden recibir respuestas distintas

Ruffo, Marina del Pilar y Rocha Moya no se encuentran en la misma posición.

Ruffo enfrenta una carpeta de la FGR, una orden de aprehensión ejecutada, imputaciones formuladas y una audiencia judicial.

Marina enfrenta una controversia política basada en grabaciones, pero no una acusación penal pública confirmada por Estados Unidos o México.

Rocha enfrenta una acusación formal estadounidense y una solicitud de extradición, pero no una sentencia ni un proceso penal concluido en territorio mexicano.

Una política de justicia consistente no obliga a tratarlos de manera idéntica.

Obliga a explicar las diferencias.

El doble rasero no se demuestra porque una persona esté detenida y otra no.

Se demostraría si las autoridades exigen pruebas rigurosas para investigar a integrantes de Morena, pero aceptan inferencias débiles cuando se trata de opositores.

También se demostraría si el Gobierno acelera selectivamente expedientes, oculta resoluciones judiciales, bloquea solicitudes internacionales o utiliza públicamente las acusaciones para condenar antes de tiempo.

Determinarlo requiere documentos, no únicamente discursos.

Las órdenes contra Ruffo necesitan máxima transparencia

Jorge Romero retomó información atribuida al periódico Reforma sobre una primera solicitud de órdenes de aprehensión que habría sido rechazada y una segunda concedida por otra persona juzgadora. 

La versión alimenta sospechas sobre el funcionamiento del nuevo Poder Judicial y sobre una posible selección de tribunales.

Pero para convertir esa sospecha en evidencia se necesitan las resoluciones.

La FGR y el Poder Judicial deberían transparentar, dentro de los límites que permita la investigación:

• Qué contenía la primera solicitud.
• Por qué fue rechazada.
• Si se presentaron datos nuevos.
• Qué modificaciones incorporó la Fiscalía.
• Cómo fue asignado el segundo expediente.
• Qué argumentos justificaron las órdenes.
• Si las defensas impugnaron las decisiones.

Que una segunda persona juzgadora conceda lo que otra negó no prueba automáticamente manipulación.

La Fiscalía puede corregir deficiencias o presentar nueva evidencia.

Pero cuando el imputado es una figura opositora y la detención tiene efectos políticos nacionales, la opacidad solo aumenta la desconfianza.

El Gobierno debe responder con expedientes, no con Morena

Las respuestas partidistas de Morena no resuelven la acusación de justicia selectiva.

Señalar el pasado del PAN, recordar sus contradicciones o acusarlo de proteger a Ruffo puede ser parte de la disputa política.

No sustituye una explicación institucional.

La Presidencia, la FGR, la Secretaría de Seguridad y la Cancillería deberían publicar información suficiente para entender:

• Por qué Ruffo fue detenido.
• Por qué Marina del Pilar no será investigada.
• Qué falta para resolver la solicitud contra Rocha.
• Qué criterios determinan la apertura de carpetas.
• Qué garantías se han ofrecido a las defensas.
• Cómo se evita que las decisiones respondan a filiaciones políticas.

La mejor manera de desmontar la acusación de doble rasero no es acusar al PAN de hipocresía.

Es demostrar que el mismo procedimiento se aplicaría si los nombres y los partidos estuvieran invertidos.

Sí hay una nota, pero no es la que escribió el PAN

El boletín conserva interés porque conecta tres asuntos que siguen abiertos y coloca sobre la mesa una exigencia democrática: que la justicia no dependa de la cercanía con el poder.

La nota no debe afirmar que Ruffo es un perseguido político.

Tampoco debe concluir que Marina del Pilar o Rocha Moya son protegidos del Gobierno.

La evidencia disponible no permite sostener ninguna de esas afirmaciones como hecho definitivo.

Lo que sí permite decir es que las autoridades han respondido de manera distinta y que todavía no han explicado con suficiente claridad por qué.

El PAN tiene razón al exigir el mismo estándar.

Pierde parte de esa autoridad cuando utiliza como culpables a figuras de Morena mientras pide prudencia para Ruffo.

El Gobierno tiene razón al señalar que los casos poseen expedientes diferentes.

Pierde credibilidad cuando convierte esa diferencia en una excusa para no transparentar decisiones que afectan a integrantes de su propio movimiento.

La justicia selectiva no se demuestra con un comunicado opositor.

Pero tampoco desaparece porque el Gobierno la niegue.

Se comprueba —o se descarta— cuando las instituciones muestran sus pruebas, explican sus criterios y aplican las mismas garantías a quienes están frente al poder y a quienes forman parte de él.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Toluca, Estado de México, 22 de julio de 2026.— Veintiuna personas fueron asesinadas en México durante el 21 de julio.

En cualquier país que aspire a vivir en paz, la cifra seguiría siendo dolorosa. En el contexto mexicano, sin embargo, representa el registro diario más bajo reportado en años y confirma que la reducción de la violencia letal ya no puede explicarse únicamente como una variación aislada.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el dato durante su conferencia matutina en Toluca y lo vinculó con los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación entre instituciones.

La mandataria reconoció que detrás del indicador existen personas. Esa precisión es indispensable.

Los homicidios no son puntos descendiendo en una gráfica. Son vidas interrumpidas, familias que enfrentan pérdidas y comunidades afectadas por una violencia que México todavía no puede considerar superada.

Pero reconocer a las víctimas tampoco obliga a minimizar una reducción estadística que, de mantenerse, podría significar miles de vidas preservadas.

El registro más bajo supera otro mínimo reciente

El 7 de junio de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó 28 víctimas de homicidio doloso y presentó esa jornada como la menos violenta de la última década.

El 21 de julio, el registro bajó a 21 víctimas.

Esto significa que, en poco más de seis semanas, México rompió dos veces el mínimo diario reportado por las autoridades federales. citeturn105603view2

El dato por sí solo no permite declarar que la crisis de violencia terminó. Los homicidios pueden fluctuar considerablemente de un día a otro debido a enfrentamientos, ataques colectivos, conflictos territoriales o retrasos en la integración de los reportes.

Sin embargo, la jornada adquiere mayor relevancia porque coincide con una tendencia mensual descendente.

El promedio diario nacional pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026. La diferencia representa aproximadamente 41 asesinatos menos cada día y una disminución cercana a 48%. 

No es una reducción marginal.

Mantener una diferencia de esa magnitud durante un año completo equivaldría, en términos aritméticos, a miles de víctimas menos frente al nivel registrado al inicio del periodo.

Un día no demuestra una estrategia; una tendencia sí empieza a hacerlo

El Gobierno federal tiene razones para presentar el resultado como un avance.

La caída mensual se ha mantenido durante varios cortes estadísticos y junio de 2026 registró el promedio diario más bajo para ese mes desde que comienza la serie comparativa de 2015.

Además, el primer semestre de 2026 terminó con 49.7 víctimas diarias en promedio, el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2016. 

Esto no demuestra automáticamente que cada acción federal haya producido una proporción específica de la reducción.

La violencia homicida responde a múltiples factores: disputas criminales, detenciones, acuerdos locales, capacidades policiales, mercados ilegales, dinámicas económicas, actuación de fiscalías y condiciones particulares de cada entidad.

Atribuir toda variación a una sola política sería una simplificación.

Pero también sería incorrecto negar que la coordinación, la inteligencia, las investigaciones y la intervención territorial pueden influir en el comportamiento de los homicidios.

La pregunta ya no debe ser si la reducción existe.

Los datos muestran que existe.

La discusión responsable debe concentrarse en por qué está ocurriendo, dónde se concentra y qué necesita hacer el Estado para volverla sostenible.

Los datos diarios son preliminares

El registro de 21 homicidios debe leerse con una advertencia metodológica.

El informe diario es elaborado por un equipo interinstitucional con información de las fiscalías estatales y dependencias federales. Su propósito principal es proporcionar insumos rápidos para las decisiones del Gabinete de Seguridad.

Los propios reportes gubernamentales advierten que estas cifras son preliminares y pueden modificarse cuando las fiscalías actualicen la clasificación jurídica de las muertes investigadas.

Por ejemplo, una muerte inicialmente reportada como homicidio puede reclasificarse después, mientras que casos conocidos posteriormente pueden incorporarse al registro.

Esto no invalida el dato.

Significa que debe presentarse como lo que es: un conteo preliminar de víctimas reportadas durante una jornada, no una cifra definitiva e inamovible.

El indicador más sólido para evaluar el comportamiento de la violencia sigue siendo la serie mensual consolidada del SESNSP y, con mayor retraso, las estadísticas de defunciones por homicidio elaboradas por el INEGI.

Las comparaciones entre sexenios necesitan contexto

Sheinbaum contrastó los promedios diarios al cierre de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

La comparación busca mostrar el crecimiento de la violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico y la disminución observada durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La trayectoria histórica es clara: México pasó de niveles inferiores a 30 homicidios diarios al final del sexenio de Fox a cifras cercanas o superiores a cien durante los años más violentos posteriores.

Sin embargo, las comparaciones entre presidentes deben considerar población, periodos completos, fuentes estadísticas, metodologías y contextos criminales distintos.

No es lo mismo comparar el último año de un gobierno que el promedio completo de un sexenio. Tampoco es equivalente contrastar carpetas de investigación con defunciones registradas posteriormente por autoridades sanitarias.

La comparación política puede ayudar a dimensionar el problema.

La evaluación rigurosa debe utilizar la misma fuente, el mismo periodo y una tasa por cada cien mil habitantes.

La reducción debe sentirse en todos los territorios

El promedio nacional puede disminuir mientras algunas regiones continúan enfrentando niveles críticos de violencia.

Una reducción concentrada en determinadas entidades podría mejorar la cifra general sin modificar la vida cotidiana de comunidades atrapadas por disputas criminales, desapariciones, desplazamiento, extorsión o control territorial.

Por ello, la siguiente fase del análisis deberá mostrar:

• Qué estados explican la mayor parte de la reducción.
• Qué municipios mantienen aumentos.
• Cuántas regiones acumulan meses de descenso.
• Qué zonas presentan repuntes.
• Cuántos homicidios están relacionados con delincuencia organizada.
• Cuántas víctimas son mujeres, niñas, niños o adolescentes.
• Qué porcentaje de los casos llega ante un juez.
• Cuántas sentencias se obtienen.
• Qué estrategias locales pueden replicarse.

La seguridad no puede medirse únicamente desde Palacio Nacional.

Debe comprobarse en la colonia donde una persona vuelve a caminar de noche, en la carretera donde transportistas dejan de ser atacados y en la comunidad donde las familias ya no tienen que abandonar sus hogares.

Menos homicidios no significa ausencia de violencia

El homicidio doloso es uno de los indicadores más importantes para evaluar la seguridad porque existe una víctima identificable y suele presentar una cifra oculta menor que otros delitos.

Pero no describe por sí solo toda la violencia.

México también debe evaluar desapariciones, feminicidios, extorsiones, secuestros, reclutamiento criminal, trata, desplazamiento y violencia contra periodistas, defensores y comunidades.

Una estrategia puede reducir los asesinatos y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos en otros delitos.

Reconocer esta complejidad no disminuye el logro.

Evita que una buena cifra se convierta en una narrativa donde cualquier crítica sea presentada como negación de los avances.

El Gobierno tiene derecho a defender los resultados.

La ciudadanía conserva el derecho a exigir que esos resultados alcancen todas las formas de violencia que alteran su vida.

La atención a las causas debe producir evidencia

Uno de los cuatro ejes gubernamentales consiste en atender las causas que permiten a los grupos criminales reclutar principalmente a jóvenes.

El enfoque representa una diferencia frente a estrategias construidas casi exclusivamente alrededor del despliegue militar, la captura de dirigentes y los enfrentamientos.

Becas, educación, empleo, cultura, deporte y recuperación comunitaria pueden reducir factores de riesgo.

Pero para demostrar su efecto, el Gobierno necesita publicar evaluaciones que conecten las intervenciones sociales con los cambios territoriales.

No basta con afirmar que un programa previene la violencia porque beneficia a jóvenes.

Es necesario medir:

• Permanencia escolar.
• Acceso al empleo.
• Reducción del reclutamiento.
• Disminución de delitos juveniles.
• Recuperación del espacio público.
• Percepción de seguridad.
• Confianza comunitaria.
• Continuidad de los programas.

La atención a las causas puede ser una política transformadora.

Para sostenerla más allá del discurso necesita evidencia, seguimiento y presupuesto.

Inteligencia no debe significar vigilancia sin controles

El segundo eje privilegia la inteligencia y la investigación.

La apuesta busca identificar estructuras financieras, redes logísticas, mandos, operadores y vínculos institucionales, en lugar de depender únicamente de patrullajes o detenciones en flagrancia.

Una estrategia de inteligencia puede reducir la violencia cuando desarticula capacidades criminales sin provocar enfrentamientos indiscriminados.

Sin embargo, también requiere controles democráticos.

Las herramientas tecnológicas, las bases de datos y las intervenciones de comunicación deben utilizarse con autorización legal, supervisión y protección de derechos.

Combatir al crimen organizado no puede convertirse en justificación para vigilar masivamente a periodistas, activistas, opositores o población civil.

La eficacia y los derechos humanos no son objetivos opuestos.

Una institución que investiga mejor debería necesitar menos arbitrariedad, no más.

La coordinación debe evitar la impunidad local

El Gobierno federal ha presentado la coordinación como uno de los elementos centrales de su estrategia.

La colaboración entre fuerzas federales, gobiernos estatales, fiscalías y autoridades municipales puede permitir respuestas más rápidas y diagnósticos compartidos.

Pero la coordinación enfrenta un límite: gran parte de las investigaciones por homicidio corresponde a fiscalías locales con capacidades desiguales.

Reducir asesinatos es indispensable.

Investigar los que continúan ocurriendo también lo es.

Una baja en la incidencia acompañada por expedientes deficientes dejaría intacta una parte central del problema: la posibilidad de matar sin enfrentar consecuencias.

La estrategia necesita medir no solo cuántas personas fueron detenidas, sino cuántos casos fueron esclarecidos, judicializados y concluyeron con sentencias obtenidas mediante procesos legales sólidos.

La paz no es únicamente que ocurran menos crímenes.

También es que las víctimas encuentren verdad y justicia.

El resultado debe institucionalizarse

Una disminución dependiente exclusivamente de reuniones presidenciales, operativos especiales o funcionarios específicos podría revertirse cuando cambien las autoridades.

La reducción debe convertirse en capacidad permanente del Estado.

Eso implica fortalecer policías locales, servicios periciales, ministerios públicos, unidades de análisis, búsqueda de personas y mecanismos de prevención.

También requiere información abierta que permita a universidades, organizaciones y medios revisar los resultados.

El mejor dato para un gobierno no debería ser el que solo puede celebrarse.

Debería ser el que puede verificarse.

Veintiuna víctimas siguen siendo demasiadas

El Gobierno federal tiene derecho a señalar que el 21 de julio fue un día excepcionalmente bajo dentro de la historia reciente de violencia en México.

Negar el significado de la cifra sería ignorar una tendencia que ya aparece en los promedios mensuales.

Pero el reconocimiento no debe convertirse en festejo.

Veintiuna personas fueron asesinadas.

Veintiuna familias comenzaron un duelo.

El objetivo de una política de seguridad no puede ser producir un día que luzca bien en una presentación, sino hacer que las jornadas con menos homicidios sean cada vez menos excepcionales.

La reducción de 86.9 a 45.4 víctimas diarias muestra que el país puede cambiar de dirección.

Ahora debe demostrar que puede mantenerla, extenderla a los territorios más violentos y acompañarla con justicia, búsqueda, prevención y protección para las comunidades.

El 21 de julio puede ser una señal de avance.

La verdadera victoria llegará cuando una jornada así deje de ser noticia porque vivir sin violencia se haya convertido en la normalidad.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 20 de julio de 2026.— Hace cuatro días, Morena celebró la detención de Ernesto Ruffo Appel como una demostración de que ninguna trayectoria política, apellido o militancia partidista debía colocarse por encima de la ley.

La frase es correcta.

El problema comienza cuando la justicia se convierte en una consigna para castigar adversarios y en una petición de prudencia cuando los cuestionamientos alcanzan a integrantes del propio movimiento.

Ernesto Ruffo ya no se encuentra únicamente detenido. El exgobernador de Baja California permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, después de una audiencia que se prolongó alrededor de 40 horas y en la que la Fiscalía General de la República formuló imputaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Sin embargo, el proceso todavía no ha llegado a una sentencia. Tampoco se había resuelto, al cierre de esta edición, si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso.

Esa distinción debería ser el punto de partida de la conversación pública: la detención no demuestra culpabilidad, pero la trayectoria histórica tampoco concede inmunidad.

De la detención a la prisión preventiva

La Fiscalía detuvo a Ruffo el 16 de julio en Ensenada, Baja California, por su presunta relación con una estructura vinculada con la importación y comercialización irregular de combustible desde Estados Unidos.

Después de comparecer junto con otras siete personas, una jueza impuso prisión preventiva a Ruffo y a cuatro coimputados, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano.

Dos personas permanecerán en sus domicilios por motivos de salud y una mujer fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Las defensas solicitaron ampliar el plazo constitucional. La situación jurídica deberá definirse el martes 21 de julio, según la información atribuida a la propia Fiscalía.

Hasta entonces, publicar que Ruffo fue definitivamente vinculado o presentar su encarcelamiento como prueba de responsabilidad constituye una simplificación jurídicamente incorrecta.

La prisión preventiva determina dónde enfrentará la siguiente fase del procedimiento. No responde todavía si la acusación será capaz de sostenerse.

Lo que acusa la Fiscalía

La FGR afirma que la investigación comenzó en julio de 2025 y que durante las indagatorias fueron asegurados 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente introducido o declarado irregularmente.

De acuerdo con la acusación, el mecanismo consistía en ingresar hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas: reportar cantidades inferiores, modificar la naturaleza del producto o utilizar otras clasificaciones para disminuir o evadir impuestos.

La Fiscalía estima un daño superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública y relaciona las operaciones con Ingemar, empresa de la que identifica a Ruffo como accionista principal o mayoritario.

La dependencia informó que presentó cerca de cien datos de prueba durante la audiencia.

Es una acusación de enorme gravedad. Si se demuestra, no se trataría de un error administrativo ni de una irregularidad menor, sino de una estructura empresarial y logística capaz de mover millones de litros de combustible, evadir contribuciones y operar a través de un sistema que necesariamente habría requerido contactos, permisos, intermediarios y fallas institucionales.

Pero “cerca de cien datos de prueba” no significa cien pruebas concluyentes.

Los datos deberán acreditar no solamente que existió un esquema ilegal, sino qué conocimiento, participación, beneficio y capacidad de decisión tuvo cada una de las personas imputadas.

La defensa niega el control operativo

Ruffo ha sostenido que Ingemar realizaba fundamentalmente trámites aduanales y que la empresa no tenía la responsabilidad de verificar físicamente el contenido de cada embarque.

También ha rechazado ser el accionista mayoritario en los términos planteados por la acusación y ha negado ejercer el control operativo que la Fiscalía le atribuye.

Su abogado, Fernando Gómez Mont, declaró este lunes que no encontró elementos que, desde la perspectiva de la defensa, justifiquen una vinculación a proceso.

La afirmación no desmonta por sí misma el expediente. Proviene de quien tiene la responsabilidad profesional de defenderlo.

Pero tampoco puede ser ignorada únicamente porque Ruffo pertenece a la oposición.

La Fiscalía deberá demostrar que no está intentando trasladar automáticamente a un accionista la responsabilidad penal de toda una estructura empresarial. Deberá probar decisiones, conocimiento, instrucciones, beneficios o actos concretos.

Ser socio de una empresa puede producir responsabilidades corporativas, administrativas o patrimoniales. Para convertir esa relación en delincuencia organizada se requiere algo más que un vínculo mercantil.

Morena tiene razón en algo fundamental

En su posicionamiento, Morena sostuvo que la investigación no debía descalificarse automáticamente como persecución política y que correspondería a la autoridad judicial determinar las responsabilidades.

Ese principio es correcto.

La pertenencia al PAN no puede convertirse en un salvoconducto. Haber participado en la transición democrática tampoco coloca a una persona por encima del escrutinio penal.

Ruffo fue el primer gobernador de oposición que rompió la hegemonía del PRI en una entidad del país, después de ganar Baja California en 1989. Su victoria lo convirtió en una figura simbólica de la apertura política mexicana.

Pero la historia democrática no funciona como certificado de inocencia vitalicio.

Quien ayudó a abrir el sistema político puede, décadas después, ser investigado por decisiones empresariales. Ambas realidades pueden coexistir.

Morena también acierta al señalar que convertir cada investigación contra una figura opositora en “persecución política” debilita el Estado de derecho. Si toda actuación contra un adversario del Gobierno es descartada antes de revisar las pruebas, la oposición termina reclamando la impunidad que dice combatir.

El “PRIAN” borra una contradicción histórica

El posicionamiento de Morena se excede cuando reduce el caso a la supuesta doble moral del “PRIAN”.

La etiqueta sirve para la confrontación electoral, pero simplifica la historia.

El hombre al que hoy Morena agrupa retóricamente con el PRI fue precisamente quien derrotó por primera vez al partido que había dominado las gubernaturas mexicanas durante décadas.

Ruffo no representa una continuidad simple entre el PRI y el PAN. Representa uno de los momentos en que esa continuidad comenzó a romperse.

Esto no lo exonera.

Pero muestra cómo el lenguaje partidista puede convertir un expediente penal complejo en una narración de buenos y malos diseñada para movilizar simpatizantes.

El caso no necesita que Morena rehabilite al exgobernador. Necesita que deje trabajar a la Fiscalía sin escribir la sentencia desde el comité del partido.

Cuando un comunicado partidista afirma que Ruffo “encabezaba” la mayor red de contrabando del país, adopta como hecho lo que hasta ahora constituye una imputación del Ministerio Público.

Morena puede respaldar la investigación. No debería sustituir al tribunal.

El PAN tampoco puede decretar inocencia

Acción Nacional ha pedido respeto al debido proceso, presunción de inocencia y una aplicación imparcial de la ley.

También ha exigido que el mismo rigor se utilice ante señalamientos públicos contra figuras vinculadas con Morena, entre ellas los gobiernos de Baja California y Sinaloa.

La exigencia de igualdad es legítima.

Pero el PAN pierde fuerza cuando el reclamo de garantías parece transformarse en defensa automática de uno de sus referentes históricos.

El debido proceso no significa liberación inmediata, inexistencia de investigaciones o prohibición de imponer medidas cautelares. Significa que la Fiscalía debe probar, que la defensa debe conocer y controvertir los datos, y que una jueza debe resolver sin recibir instrucciones del Gobierno, de Morena o del PAN.

Acción Nacional puede cuestionar la actuación ministerial. También tendría que explicar qué sabía sobre las actividades empresariales de Ruffo, qué relación política mantenía con él y si realizó alguna revisión interna cuando Ingemar fue vinculada públicamente con los aseguramientos de 2025.

La presunción de inocencia protege personas. No obliga a los partidos a cerrar los ojos.

La FGR debe explicar el recorrido de la orden

La polémica no se limita al contenido de la acusación.

Medios nacionales y regionales han reportado que una primera solicitud de órdenes de aprehensión fue rechazada por un juez federal, quien habría considerado insuficientes algunos elementos o inferencias de la Fiscalía. Posteriormente, la petición fue presentada ante otra juzgadora, que concedió las capturas.

La existencia de resoluciones distintas no demuestra por sí misma una manipulación.

La Fiscalía puede ampliar una investigación, presentar nuevos datos o corregir deficiencias. Los jueces también pueden interpretar de manera diferente los estándares necesarios para conceder una orden.

Pero la FGR debería explicar públicamente, sin vulnerar la reserva del caso:

• Qué elementos nuevos incorporó.
• Por qué volvió a solicitar las órdenes.
• Si cambió sustancialmente la imputación.
• Qué diferencias existieron entre ambas peticiones.
• Por qué el caso terminó ante una juzgadora distinta.

La transparencia es indispensable precisamente porque el imputado es una figura opositora y porque la reforma judicial forma parte del discurso con el que Morena intenta presentar este proceso como evidencia de una nueva justicia.

Una institución que pide confianza debe estar dispuesta a explicar sus decisiones.

El caso es más grande que Ruffo

Convertir toda la investigación en “la caída de un exgobernador panista” puede ser políticamente rentable, pero periodísticamente insuficiente.

Mover 129 ferrotanques y millones de litros de combustible exige una estructura.

Alguien realiza los trámites. Alguien clasifica las mercancías. Alguien autoriza el ingreso. Alguien opera las vías, recibe las unidades, almacena el producto, emite documentos, distribuye el combustible y comercializa los cargamentos.

Si la hipótesis de la Fiscalía es correcta, el expediente no debería terminar en empresarios visibles.

Debe identificar:

• Agentes y agencias aduanales.
• Funcionarios responsables de inspección.
• Operadores ferroviarios y logísticos.
• Empresas compradoras.
• Almacenes y terminales.
• Distribuidores finales.
• Servidores públicos que facilitaron u omitieron controles.
• Destino del dinero obtenido.
• Posibles mecanismos de lavado.
• Beneficiarios políticos o financieros.

La propia investigación contempla a alrededor de 25 personas y nuevas detenciones, de acuerdo con la información difundida después de la captura.

Si Ruffo se convierte en la única cara del caso, la justicia habrá producido un gran titular, pero no necesariamente habrá desmantelado la red.

“No hay impunidad” también debe decirse hacia adentro

Morena utiliza el caso para marcar una diferencia moral frente al PAN y al PRI: antes existían privilegios; ahora nadie está por encima de la ley.

La afirmación solo será sostenible si funciona en ambas direcciones.

La legitimidad de la investigación contra Ruffo no depende de que Morena deje de ser cuestionada. Pero la credibilidad del discurso oficial sí depende de que los expedientes relacionados con personas cercanas al poder reciban el mismo impulso, publicidad institucional, recursos ministeriales y velocidad procesal.

No se trata de intercambiar detenidos como fichas partidistas.

Tampoco de sostener que Ruffo debe ser liberado porque existen otros casos pendientes.

La justicia selectiva no se corrige dejando de investigar a la oposición. Se corrige investigando también al oficialismo cuando existen denuncias, datos y facultades legales para hacerlo.

Morena puede utilizar el caso para demostrar que no protege adversarios. La prueba decisiva será demostrar que tampoco protege aliados.

El martes no se decidirá su culpabilidad

La resolución prevista para el 21 de julio determinará si los datos expuestos permiten que el proceso penal continúe formalmente contra Ruffo y los demás imputados.

Una vinculación a proceso no sería una condena.

Significaría que una jueza encontró indicios suficientes para abrir la siguiente etapa, permitir una investigación complementaria y mantener las medidas cautelares correspondientes.

Una no vinculación tampoco demostraría necesariamente que toda la operación comercial fue legal. Podría significar que la Fiscalía no acreditó correctamente la participación de determinadas personas o que formuló de manera deficiente sus imputaciones.

Por eso, la conversación no puede depender únicamente de si Morena celebra o el PAN denuncia.

La pregunta es si el expediente resiste una revisión judicial seria.

La justicia no necesita porras partidistas

Ernesto Ruffo debe responder ante los tribunales como cualquier otra persona. Su trayectoria no lo coloca por encima de la ley.

También debe conservar la presunción de inocencia. Su militancia no lo coloca por debajo de ella.

Morena tiene derecho a defender la estrategia contra el contrabando de combustibles, pero no a convertir una imputación en sentencia anticipada.

El PAN tiene derecho a denunciar un posible uso político de las instituciones, pero no a presentar la biografía de Ruffo como sustituto de una defensa jurídica.

La Fiscalía tiene derecho a investigar, solicitar órdenes y llevar sus pruebas ante una jueza. También tiene la obligación de explicar sus decisiones, revelar hasta donde la ley permita la estructura investigada y perseguir a todos los participantes, sin seleccionar únicamente al rostro que produzca mayor impacto político.

El caso Ruffo puede convertirse en una demostración de que una figura histórica también responde ante la justicia.

O puede terminar como otro episodio donde Gobierno y oposición utilizaron un expediente penal para alimentar sus respectivas narrativas.

La diferencia no la determinará el volumen de los comunicados.

La determinarán las pruebas, la independencia judicial y la capacidad de aplicar el mismo estándar cuando la investigación deje de apuntar hacia enfrente y comience a mirar hacia adentro.

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La SCJN también revisará recursos promovidos por comunidades mayas para proteger los cenotes de Yucatán y fortalecer el reconocimiento jurídico de la naturaleza.

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a uno de los debates jurídicos y ambientales más relevantes de los últimos años: determinar si las abejas, particularmente la abeja melipona, pueden ser reconocidas como sujetos de derechos dentro del orden constitucional mexicano.

El Pleno de la Corte acordó atraer el amparo en revisión 790/2025, un caso promovido por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, que buscan obtener un reconocimiento jurídico que permita a sus integrantes actuar como guardianes legales de esta especie y acudir a los tribunales para exigir medidas de protección frente a las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.

La propuesta fue presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa Betanzo, obteniendo ocho votos a favor y uno en contra.

Un nuevo paradigma para la protección de la naturaleza

El proyecto plantea una discusión que trasciende la protección de una sola especie. La Corte deberá analizar si la relación histórica y cultural que los pueblos indígenas mantienen con determinados elementos de la naturaleza puede generar nuevas formas de tutela jurídica.

Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa explicó que el asunto permitirá estudiar si las comunidades indígenas pueden ser reconocidas como guardianas de la naturaleza, con legitimidad para acudir ante los tribunales en representación de especies o ecosistemas cuya existencia resulta indispensable para su identidad cultural y para el equilibrio ambiental.

Asimismo, señaló que el análisis permitirá definir el estándar de actuación que corresponde al Estado mexicano frente a la actual crisis ecológica.

La abeja melipona: patrimonio biocultural del pueblo maya

Para las comunidades mayas, la abeja melipona representa mucho más que un insecto polinizador. Su crianza forma parte de una tradición ancestral vinculada con la alimentación, la medicina tradicional, la biodiversidad y la identidad cultural del territorio.

El ministro Arístides Guerrero García destacó que este caso ofrece la posibilidad de establecer un criterio constitucional que reconozca la importancia de la melipona como un elemento jurídico de especial protección, debido a la estrecha relación que mantiene con la vida económica, social y cultural de los pueblos originarios.

La discusión también podría fortalecer el reconocimiento de los llamados derechos bioculturales, una figura jurídica que entiende la protección del medio ambiente como parte inseparable de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La Corte también revisará la protección de los cenotes en Yucatán

En la misma sesión, la SCJN decidió atraer otros dos recursos promovidos por comunidades mayas de Homún, Yucatán, relacionados con la defensa de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, una de las zonas hidrológicas más importantes del sureste mexicano.

El primero corresponde al amparo en revisión 138/2025, impulsado por el colectivo Guardianes de los Cenotes, que solicita reconocer personalidad jurídica a la reserva natural y validar la custodia indígena como mecanismo de protección frente a actividades potencialmente contaminantes.

El objetivo es fortalecer la defensa del derecho a un medio ambiente sano, la conservación del acuífero y la preservación del patrimonio biocultural del pueblo maya.

El caso de la megagranja porcícola regresa a la Suprema Corte

El Pleno también revisará el amparo en revisión 195/2025, relacionado con uno de los conflictos ambientales más emblemáticos del país.

El litigio fue iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes del pueblo maya de Homún, quienes lograron suspender la operación de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola), argumentando el riesgo que representaba para los cenotes y los mantos acuíferos de la región.

Ahora, la Corte analizará si la autorización, instalación y funcionamiento del proyecto dentro del Anillo de Cenotes, área protegida y reconocida por la Convención Ramsar, vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, un medio ambiente sano, la salud, la protección de la infancia y la identidad cultural de las comunidades mayas.

Un precedente que podría redefinir la justicia ambiental en México

Los tres asuntos colocan a la Suprema Corte frente a una discusión que ha cobrado fuerza en distintos países: reconocer que ciertos elementos de la naturaleza poseen un valor jurídico propio y requieren mecanismos específicos para garantizar su protección.

Más allá del resultado de los casos, la decisión que adopte la SCJN podría convertirse en un precedente histórico para el desarrollo del derecho ambiental mexicano, al ampliar el alcance de la protección constitucional de la biodiversidad y fortalecer el papel de los pueblos indígenas como actores fundamentales en la conservación del patrimonio natural del país.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 9 de julio de 2026.— El Gobierno de México comenzó a preparar una respuesta nacional ante un posible episodio fuerte del fenómeno de El Niño, que podría traer lluvias más intensas, ciclones de mayor fuerza y, posteriormente, condiciones de sequía en el centro del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su administración trabaja para tener listo, en aproximadamente dos meses, un sistema de alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

“El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos”, puntualizó durante la conferencia matutina.

La apuesta del Gobierno federal es clara: pasar de reaccionar ante los desastres a advertir antes de que el agua, el viento o la sequía golpeen a la población.

El Niño: más lluvia, más ciclones y después sequía

Sheinbaum explicó que se espera que este año y el próximo el fenómeno de El Niño sea muy intenso.

El fenómeno consiste en el calentamiento anómalo del océano Pacífico, lo que altera patrones atmosféricos y puede modificar lluvias, temperaturas, ciclones y sequías en distintas regiones.

De acuerdo con la presidenta, para México los efectos probables serían lluvias más intensas, particularmente hacia finales del año en el norte del país; mayor posibilidad de ciclones, incluso más intensos; y probable sequía durante 2027 en el centro del país.

“Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes”, advirtió.

Esa frase resume uno de los mayores retos de la prevención climática: los fenómenos pueden anticiparse como tendencia, pero su impacto exacto se define casi en tiempo real.

Por eso el alertamiento telefónico puede convertirse en una herramienta clave, sobre todo para zonas costeras, comunidades en riberas, municipios con historial de inundaciones y regiones vulnerables a deslaves o crecientes súbitas.

63% de probabilidad de un evento muy fuerte

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que El Niño es un evento climático que surge de la interacción entre la atmósfera y el océano, y que suele repetirse cada dos a siete años.

Informó que actualmente existe un 63 por ciento de probabilidad de que se trate de un fenómeno muy fuerte.

De acuerdo con el SMN, el pico más alto podría registrarse en diciembre de 2026 y mantenerse hacia el siguiente año.

El pronóstico anticipa que para el verano de 2027 podría disminuir la lluvia en el centro y sur del país, mientras que el invierno sería más húmedo en el norte. Además, se prevén temperaturas altas en primavera.

El Niño no representa un solo riesgo. Es una cadena de riesgos: primero lluvias y ciclones; después, posible sequía y calor.

Esa secuencia obliga a pensar la prevención en varias etapas, no solo como respuesta inmediata a inundaciones.

Alertas al celular: la diferencia entre avisar y lamentar

El alertamiento telefónico que prepara el Gobierno federal busca enviar información directa a la población, especialmente en zonas de riesgo.

Sheinbaum señaló que se trabaja con compañías telefónicas para que los avisos puedan llegar de forma focalizada, dependiendo de la región y del fenómeno meteorológico.

Esto puede marcar una diferencia importante.

En emergencias, la velocidad de la información puede salvar vidas. Un aviso oportuno puede permitir a una familia salir de una zona inundable, evitar cruzar un río crecido, resguardar documentos, proteger a personas mayores, preparar una mochila de emergencia o atender instrucciones de Protección Civil.

Un mensaje a tiempo puede valer más que un operativo tardío.

Sin embargo, el reto será garantizar que el sistema funcione de manera confiable, clara y accesible. Las alertas deben llegar a tiempo, con lenguaje comprensible, sin generar pánico y con instrucciones concretas.

Una alerta mal redactada o enviada tarde puede causar confusión. Una alerta bien diseñada puede ordenar la respuesta social.

Puestos de comando en estados costeros

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se mantiene coordinación con los 32 estados de la República, los gabinetes legales y ampliados estatales, la Comisión Nacional del Agua y equipos de Protección Civil desplegados en territorio.

También explicó que se mantienen mapas actualizados, se vigilan refugios temporales y se preparan equipos para atender a población afectada.

Como parte de las acciones preventivas, se establecen puestos de comando en 17 estados costeros. Hasta el momento, hay 11 conformados y la siguiente semana se instalará el resto.

El foco inicial está en las costas porque ahí la amenaza puede llegar primero como ciclón, marejada, lluvia extrema o inundación.

Pero el gobierno también prevé avanzar hacia el centro del país, donde los riesgos pueden cambiar con el paso de los meses: menos lluvia, temperaturas más altas y presión sobre el agua.

Desazolve, ríos y barreras: prevención antes de la emergencia

Sheinbaum detalló que en los estados se realizan acciones como desazolve de ríos y presas, apertura del diámetro de ríos y colocación de barreras.

Estas medidas buscan reducir riesgos de inundación, liberar cauces, mejorar capacidad de conducción de agua y proteger zonas vulnerables.

Aunque pueden parecer acciones técnicas, tienen una importancia directa para la población.

Un río azolvado puede desbordarse más rápido.
Una presa sin mantenimiento puede elevar riesgos.
Una barrera colocada a tiempo puede proteger viviendas.
Un cauce liberado puede evitar que una lluvia intensa se convierta en desastre.

La prevención no siempre se ve. Pero cuando falta, el desastre sí se nota.

El desafío será que estas acciones no se queden en anuncios generales, sino que lleguen a los municipios con mayor riesgo y se ejecuten antes de la temporada más crítica.

El nuevo rostro de la Protección Civil

El anuncio muestra un cambio necesario en la política de protección civil: enfrentar fenómenos climáticos no solo con reacción, sino con anticipación tecnológica, coordinación territorial y comunicación directa.

México ya conoce el costo de no prevenir.

Huracanes, inundaciones, deslaves, sequías, incendios y olas de calor han demostrado que los desastres no son naturales en su totalidad. El fenómeno puede ser natural; la tragedia muchas veces se agrava por falta de planeación, infraestructura, información o respuesta temprana.

La lluvia no se puede detener. Pero sí se puede evitar que la desinformación, el abandono y la improvisación conviertan una tormenta en tragedia.

Por eso el alertamiento telefónico puede representar un avance importante si se integra a una estrategia más amplia: mapas de riesgo, refugios seguros, evacuaciones ordenadas, infraestructura limpia, coordinación municipal y comunicación constante.

El riesgo de que la alerta no llegue a todos

El sistema telefónico tiene potencial, pero también plantea preguntas.

¿Qué pasará con comunidades con mala señal?
¿Qué ocurrirá con personas sin celular?
¿Cómo se informará a adultos mayores que no usan tecnología?
¿Cómo se evitarán mensajes confusos?
¿Qué protocolos se seguirán después de la alerta?
¿Qué instituciones responderán en territorio?

Una alerta no salva por sí sola. Salva cuando está conectada con una comunidad preparada y una autoridad lista para actuar.

Por eso, el sistema deberá complementarse con radio comunitaria, perifoneo, brigadas locales, redes vecinales, escuelas, centros de salud, autoridades municipales y protocolos claros en refugios.

La tecnología ayuda. Pero la prevención real sigue dependiendo de organización comunitaria y capacidad institucional.

El clima extremo ya no es excepción

El anuncio ocurre en un contexto global donde los fenómenos climáticos son cada vez más intensos, frecuentes y costosos.

El Niño puede amplificar lluvias, modificar ciclos agrícolas, favorecer ciclones en ciertas regiones, alterar temperaturas y aumentar riesgos de sequía.

Para México, esto puede afectar no solo a familias en zonas de riesgo, sino también a la producción agrícola, el abasto de agua, carreteras, presas, escuelas, hospitales, comercios, turismo y cadenas logísticas.

El clima extremo ya no puede tratarse como una emergencia aislada. Debe entenderse como una condición permanente de gobierno.

Eso implica presupuestos, infraestructura, ciencia, datos, comunicación y políticas públicas coordinadas.

Norte húmedo, centro en riesgo de sequía

Uno de los datos más importantes del informe presentado es la posible diferencia regional de impactos.

El norte del país podría enfrentar un invierno más húmedo, mientras que el centro y sur podrían experimentar disminución de lluvias hacia el verano siguiente.

Esto significa que México deberá prepararse para dos realidades simultáneas: exceso de agua en algunas regiones y falta de agua en otras.

El mismo fenómeno puede inundar una zona y secar otra. Esa es la complejidad de El Niño.

Por eso, la prevención no puede ser uniforme. Cada estado necesita una estrategia propia, basada en su geografía, infraestructura, historial de riesgos y vulnerabilidad social.

No es lo mismo preparar a Baja California Sur que a Veracruz, Guerrero, Sonora, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro o la Ciudad de México.

La prevención también es justicia social

Los fenómenos climáticos no golpean igual a toda la población.

Una familia con vivienda sólida, seguro, automóvil y ahorros enfrenta una emergencia de manera distinta a una familia que vive junto a un río, en una ladera, en una colonia irregular o en una comunidad sin drenaje suficiente.

Por eso, hablar de prevención también es hablar de desigualdad.

El agua cae del cielo, pero el riesgo se distribuye según la pobreza, la infraestructura y el abandono.

Las alertas telefónicas, los refugios, las barreras y el desazolve deben priorizar a quienes tienen menos capacidad de protegerse por sí mismos.

La política de prevención será realmente fuerte si mira primero a los territorios más vulnerables.

La prueba para los gobiernos locales

Aunque el anuncio viene del Gobierno federal, buena parte de la ejecución dependerá de estados y municipios.

Son los gobiernos locales quienes conocen los cauces desbordables, colonias inundables, caminos que se cortan, presas de riesgo, zonas de deslave, refugios disponibles y comunidades con mala conectividad.

También son ellos quienes deben mantener alcantarillas limpias, revisar drenajes, ordenar asentamientos, evitar construcciones en zonas de riesgo y responder de manera inmediata cuando ocurre una emergencia.

La prevención federal puede marcar la ruta, pero el desastre se contiene o se agrava en el territorio.

Por eso la coordinación será determinante.

La alerta que México necesita escuchar

Sheinbaum presentó el plan bajo una frase política: “La prevención es nuestra fuerza”.

La frase funciona como lema, pero su valor dependerá de la ejecución.

Si el sistema de alertamiento telefónico llega a tiempo, si los puestos de comando funcionan, si los ríos se limpian, si los refugios están listos y si la población recibe información clara, México podrá enfrentar El Niño con mayor capacidad.

Si la prevención se queda en discurso, el país volverá a actuar cuando el agua ya esté dentro de las casas.

México no puede esperar a que el desastre toque la puerta para empezar a organizarse.

El fenómeno de El Niño no avisa con precisión absoluta, pero sí ofrece señales. Y esta vez, el gobierno dice estar leyendo esas señales antes de que se conviertan en emergencia.

La verdadera prueba vendrá en los próximos meses.

Cuando las lluvias sean más intensas.
Cuando los ciclones se acerquen.
Cuando los mensajes tengan que llegar al celular correcto.
Cuando los municipios deban actuar sin improvisar.
Cuando la prevención deje de ser palabra y se convierta en protección real.

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