La presidenta cuestionó la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticamente expuestas de México y sostuvo que, si existen señalamientos por posibles delitos, deben presentarse pruebas. Afirmó que defender la soberanía no implica romper la relación bilateral con Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticas mexicanas tiene un componente político y puede convertirse en una forma de injerencia en los asuntos internos del país, luego de conocerse que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, perdió su visa para ingresar a Estados Unidos.

López Beltrán confirmó públicamente la revocación y cuestionó las razones de la decisión. La Embajada de Estados Unidos en México declinó comentar sobre el caso, debido a las reglas de confidencialidad que rigen los registros de visas.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum sostuvo que Washington no ha presentado públicamente pruebas contra López Beltrán y diferenció una decisión migratoria estadounidense de la existencia de elementos suficientes para iniciar una investigación penal en México.

“No hay nada contra el hijo del expresidente López Obrador y si la hubiera, no vamos a encubrir a nadie si cometió un delito. Pero no vamos a abrir una investigación porque se quite una visa a alguien”, señaló.

Sheinbaum: si existen pruebas, deben presentarse

La mandataria sostuvo que su posición no implica otorgar protección política a integrantes de Morena o personas vinculadas con el movimiento que encabeza.

Aseguró que, si las autoridades mexicanas recibieran información que sustentara la posible participación de algún político en un delito, correspondería actuar conforme a la ley.

Sheinbaum afirmó tener confianza en las investigaciones encabezadas por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y reiteró que su gobierno no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito.

El punto central de su cuestionamiento se dirigió hacia el uso de las cancelaciones de visas cuando éstas alcanzan a figuras políticamente expuestas sin que, paralelamente, se conozcan públicamente acusaciones o pruebas en su contra.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho a lo que le llaman personas políticamente expuestas tiene un sentido político, más que de seguridad porque no es parejo a todos los países”, afirmó.

Reuters y AP confirmaron este viernes la revocación de la visa de López Beltrán y señalaron que el episodio ocurre en un contexto de medidas estadounidenses que han alcanzado a distintas figuras políticas mexicanas.

Soberanía sin romper la relación con Estados Unidos

Sheinbaum buscó separar sus críticas de un posible deterioro general de la relación bilateral.

La presidenta afirmó que México debe mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, pero bajo un principio de coordinación entre países soberanos.

“Busco siempre la mejor relación posible con Estados Unidos, por mi pueblo, por mi patria y porque así debe ser, pero no voy a agachar la cabeza tampoco”, sostuvo.

Para la mandataria, cuestionar una decisión del gobierno estadounidense no equivale a buscar una confrontación diplomática.

“No se va a censurar a nadie, pero se le pide respeto al gobierno de Estados Unidos. Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México”, afirmó.

El episodio abre así una discusión que rebasa la situación migratoria individual de López Beltrán: hasta dónde puede llegar Estados Unidos en sus decisiones sobre figuras políticas mexicanas sin que éstas sean interpretadas como instrumentos de presión política.

Al mismo tiempo, Estados Unidos conserva la facultad soberana de determinar quién puede ingresar a su territorio y mantiene bajo confidencialidad las razones de determinadas decisiones consulares.

Sheinbaum cuestiona las gestiones de políticos mexicanos en Washington

La presidenta amplió sus críticas hacia integrantes de la oposición que han acudido a Estados Unidos para denunciar al gobierno mexicano o solicitar acciones de autoridades estadounidenses.

Mencionó específicamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha realizado distintas visitas a Washington y recientemente presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres integrantes del Instituto Nacional Electoral, en medio de su confrontación política con Morena.

Sheinbaum calificó estas acciones como contrarias a la defensa de la soberanía y cuestionó que las disputas políticas internas busquen resolverse mediante la intervención de autoridades extranjeras.

La mandataria recurrió además a referencias históricas para comparar esas conductas con sectores conservadores del siglo XIX que buscaron respaldo extranjero para intervenir en la vida política mexicana.

Una nueva tensión en la relación México-EU

La controversia ocurre en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una relación intensa en asuntos como seguridad, migración, comercio y combate al tráfico de drogas.

Para Sheinbaum, cooperación no significa subordinación.

Su gobierno sostiene que cualquier señalamiento contra funcionarios o políticos mexicanos debe acompañarse de información que permita actuar a las instituciones nacionales.

La posición presidencial plantea dos principios que deberán coexistir en una relación bilateral particularmente compleja: Estados Unidos tiene facultades para decidir sobre el ingreso de extranjeros a su territorio, mientras México tiene derecho a exigir que cualquier acusación penal contra sus ciudadanos o autoridades esté sustentada en pruebas y se procese mediante los canales institucionales correspondientes.

En el caso específico de Andrés Manuel López Beltrán, hasta este viernes no se ha hecho pública evidencia estadounidense que lo vincule con la comisión de algún delito. La revocación de su visa, por sí misma, tampoco constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal.

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La emergencia por el sismo de magnitud 7.4 mantiene operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Colombia señaló inicialmente que no requería más personal extranjero especializado, aunque posteriormente definió necesidades de asistencia internacional en hospitales de campaña, agua, alimentos y otros insumos.

Bogotá, Colombia. La cifra de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia aumentó a al menos 224, mientras las autoridades y organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda, atención a personas heridas y evaluación de daños en las regiones más afectadas.

El desastre ha dejado además miles de personas lesionadas, viviendas destruidas y severas afectaciones en infraestructura. La dimensión definitiva de la emergencia todavía no se conoce, debido a que existen comunidades de difícil acceso y continúan las labores de remoción de escombros.

Cali, en Valle del Cauca, y Pereira, en Risaralda, se encuentran entre las ciudades con mayor número de víctimas y daños. En Chocó, municipios cercanos al epicentro, entre ellos San José del Palmar, también enfrentan una situación crítica.

Colombia limita inicialmente la llegada de rescatistas extranjeros

En medio de la emergencia surgió una controversia sobre la gestión de la ayuda internacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que las autoridades colombianas comunicaron que sus equipos de rescate, personal médico y demás cuerpos de emergencia ya se encontraban desplegados, por lo que en ese momento no requerían apoyo adicional de personal extranjero.

Esto no significó un rechazo general a toda la asistencia internacional.

La posición comunicada inicialmente estuvo dirigida principalmente a la incorporación de más equipos extranjeros de rescate, mientras Colombia manifestó necesidades relacionadas con recursos económicos e insumos humanitarios.

Posteriormente, la Cancillería colombiana agradeció las ofertas de apoyo internacional y detalló prioridades como hospitales de campaña, kits de alimentación, elementos de aseo y hábitat, insumos para agua, saneamiento e higiene, así como artículos de cocina y menaje.

También anunció la llegada de los primeros vuelos con ayuda humanitaria.

La evolución de estas decisiones muestra que la respuesta internacional se encuentra en proceso de coordinación y que las necesidades pueden modificarse conforme las autoridades evalúan la magnitud del desastre.

Cali y Pereira concentran parte de la emergencia

Las operaciones de rescate continúan especialmente en Cali y Pereira, donde se registraron colapsos de edificios y graves afectaciones a viviendas.

En Cali permanece además la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

La remoción de escombros avanza en condiciones complejas. Derrumbes bloquearon carreteras y dificultaron el acceso a algunas de las comunidades afectadas, mientras otras zonas enfrentan interrupciones de energía, agua potable y telecomunicaciones.

Esta situación ha complicado tanto el ingreso de suministros como la consolidación de un balance definitivo de víctimas.

Chocó enfrenta dificultades de acceso

La situación también resulta crítica en el departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro.

Habitantes de localidades como San José del Palmar han reportado severos daños en viviendas e infraestructura.

La vulnerabilidad histórica de algunas comunidades del litoral Pacífico añade otro componente a la emergencia: garantizar que la respuesta no se concentre únicamente en las grandes ciudades y que los recursos alcancen a poblaciones rurales y comunidades tradicionalmente rezagadas.

La atención de un desastre de esta magnitud implica no solamente rescatar personas entre los escombros, sino restablecer agua, electricidad, comunicaciones, atención médica, movilidad y condiciones mínimas de alojamiento.

Gobierno declara emergencia económica y social

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias del terremoto.

El mandatario anunció apoyos para las personas que perdieron sus viviendas, comenzando con subsidios de arrendamiento mientras se avanza hacia una etapa posterior de reconstrucción.

También planteó subsidios temporales para el pago de servicios públicos en las zonas afectadas.

“Tengan un poco de paciencia, estamos trabajando a marchas forzadas para lograr superar la tragedia. No los voy a abandonar”, expresó durante una visita a Pereira.

La coordinación gubernamental, bajo escrutinio

La gestión de la emergencia ha generado cuestionamientos políticos.

Legisladores del Pacto Histórico han señalado posibles problemas de coordinación durante los primeros días del nuevo gobierno y han relacionado parte de las dificultades con la ausencia de un proceso de transición con la administración del expresidente Gustavo Petro.

Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos de la oposición y no permiten establecer, por sí mismas, que los problemas registrados durante la emergencia sean consecuencia directa de la transición política.

La respuesta del Estado deberá evaluarse a partir de elementos verificables: velocidad de los rescates, capacidad para llegar a comunidades aisladas, coordinación institucional, distribución de recursos y transparencia sobre las necesidades de asistencia.

Ayuda internacional comienza a movilizarse

Distintos países han expresado su disposición para apoyar a Colombia.

Estados Unidos anunció recursos económicos para atender la emergencia, mientras otros gobiernos ofrecieron personal especializado, insumos y asistencia logística.

México también preparó personal militar especializado para apoyar las operaciones en caso de que las autoridades colombianas requirieran su despliegue.

La respuesta internacional deberá coordinarse con las necesidades determinadas por Colombia para evitar duplicidades y dirigir los recursos hacia las zonas donde resulten más necesarios.

Una emergencia cuyo balance continúa abierto

El terremoto ha dejado una crisis humanitaria que todavía se encuentra en evolución.

La cifra de 224 personas fallecidas constituye un balance provisional y podría cambiar conforme avancen las operaciones de búsqueda y las autoridades logren acceder a las comunidades más afectadas.

Más allá de la discusión política sobre la respuesta gubernamental, la prioridad permanece en localizar a quienes siguen desaparecidos, atender a las personas heridas y garantizar agua, alimentación, refugio y servicios médicos a las poblaciones damnificadas.

Las próximas horas serán determinantes para conocer la dimensión real de la tragedia y para evaluar la capacidad de Colombia de articular sus recursos nacionales con la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.

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Bogotá, Colombia. El número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto aumentó a al menos 169, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas y comunidades afectadas en distintas regiones del país.

El balance de la tragedia ha cambiado rápidamente conforme los organismos de emergencia acceden a las zonas dañadas. Durante el lunes se habían reportado 132 personas fallecidas, 570 heridas y 188 desaparecidas, además de graves afectaciones en viviendas, edificios públicos e infraestructura.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y fue percibido en una amplia extensión del territorio colombiano.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, mientras ciudades como Cali, Pereira y Manizales reportaron daños de consideración.

Búsqueda de sobrevivientes continúa

Las operaciones de emergencia se concentran en la búsqueda y rescate de personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

En Cali, las autoridades habían reportado 188 personas desaparecidas, además de edificios colapsados y miles de viviendas afectadas.

La magnitud de los daños también ha complicado las comunicaciones y el acceso a algunas localidades. Derrumbes sobre carreteras, interrupciones en los servicios de energía y agua y problemas de conectividad dificultan tanto la evaluación de las afectaciones como la llegada de ayuda.

El balance, por ello, permanece abierto y puede continuar modificándose conforme avancen las operaciones de búsqueda.

Un terremoto sentido en buena parte de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano registró numerosos reportes ciudadanos procedentes de diferentes regiones después del movimiento principal.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7.4 y tuvo como epicentro la región de San José del Palmar, en Chocó. La sacudida fue percibida con fuerza en el litoral Pacífico y el Eje Cafetero.

Las imágenes difundidas desde las zonas afectadas muestran daños en viviendas, edificios y vialidades, mientras organismos de emergencia mantienen evaluaciones estructurales para determinar qué inmuebles pueden seguir siendo utilizados.

También se mantiene vigilancia ante posibles réplicas.

Gobierno declara emergencia nacional

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró el estado de emergencia nacional y puso en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta gubernamental.

El mandatario señaló que la prioridad es localizar y rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

De la Espriella se trasladó primero al departamento del Chocó y posteriormente a Cali, mientras integrantes de su gobierno fueron enviados a otras regiones afectadas.

El Ejecutivo anunció además apoyos para las familias que perdieron sus viviendas y medidas destinadas a acelerar la llegada de recursos a las comunidades damnificadas.

La gestión de la emergencia, bajo escrutinio

El terremoto ocurre apenas días después del inicio del nuevo gobierno colombiano y representa su primera gran emergencia nacional.

La diferencia entre los balances difundidos durante las primeras horas evidenció las dificultades para consolidar información procedente de las múltiples regiones afectadas. El lunes, mientras el gobierno federal reportaba 111 fallecimientos en uno de sus cortes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales elevaba posteriormente el balance a 132.

La respuesta institucional y la capacidad de coordinación del nuevo gobierno estarán bajo escrutinio conforme avance la emergencia. Sin embargo, las diferencias entre balances preliminares no permiten, por sí mismas, atribuir responsabilidades políticas: en desastres de esta magnitud las cifras suelen cambiar conforme los equipos ingresan a las zonas afectadas.

Lo que sí resulta central es la capacidad del Estado para coordinar rescates, mantener información pública verificable y garantizar que los recursos lleguen con rapidez a las personas damnificadas.

La emergencia entra ahora en una etapa crítica

Colombia enfrenta simultáneamente la búsqueda de sobrevivientes, la atención de cientos de personas heridas, la evaluación de miles de viviendas y la recuperación de infraestructura esencial.

El aislamiento parcial de algunas comunidades representa otro desafío. Las afectaciones carreteras y las interrupciones de servicios pueden dificultar el ingreso de maquinaria, equipos médicos, alimentos y agua potable.

La ayuda internacional comenzó también a movilizarse ante la dimensión del desastre.

En las próximas horas, la prioridad seguirá concentrada en localizar personas desaparecidas y acceder a comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

La cifra de víctimas, desaparecidos y daños materiales continúa en actualización.

Más allá de los números, la emergencia representa miles de familias que buscan a sus seres queridos, personas que han perdido sus hogares y comunidades que deberán enfrentar un proceso de recuperación que apenas comienza.

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En medio de la emergencia nacional por el terremoto que golpeó a Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un giro de alto impacto en su política exterior: retiró el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y respaldó la soberanía israelí sobre el territorio sirio ocupado desde 1967.

En plena tragedia por el terremoto que sacudió a Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió dar un giro profundo en su política exterior: reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y la de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexado unilateralmente en 1981.

La decisión marca una ruptura con la política exterior del gobierno anterior de Gustavo Petro, que había restablecido el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 2022 y había roto relaciones diplomáticas con Israel en 2024 por la guerra en Gaza.

Respecto al Sáhara Occidental, la Cancillería colombiana informó que el país congelará sus relaciones con la RASD y no mantendrá contactos políticos ni diplomáticos con esta entidad. La medida también implica que Colombia no impulsará intercambio de misiones ni respaldo a la RASD en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

“Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sáhara Occidental y, en ese contexto, la posición del Gobierno de Colombia será congelar las relaciones con la RASD a partir de la fecha”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

La Cancillería defendió que la decisión busca revitalizar la relación con Marruecos, país al que describió como aliado de Colombia desde hace casi 50 años. Según el comunicado, la nueva dinámica bilateral se apoyará en cooperación comercial, promoción de inversiones, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico, así como en el fortalecimiento de la conectividad atlántica entre ambos países.

Sin embargo, el giro no es menor. El Sáhara Occidental continúa siendo uno de los conflictos de descolonización más prolongados del mundo. Naciones Unidas lo mantiene en su lista de territorios no autónomos, mientras Marruecos controla la mayor parte del territorio y el Frente Polisario reclama el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Colombia también respalda a Israel sobre los Altos del Golán

El gobierno colombiano también reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel durante la guerra de 1967 y anexado de manera unilateral en 1981.

La Cancillería sostuvo que el control israelí sobre esa zona es estratégico para la seguridad de Israel ante la persistente inestabilidad en Medio Oriente y vinculó su decisión con las amenazas regionales que se intensificaron tras los ataques del 7 de octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció la decisión y la calificó como “histórica”. También afirmó que el reconocimiento fue resultado del encuentro que sostuvo con De la Espriella en Barranquilla y adelantó que buscará que otros países se sumen a Estados Unidos y Colombia en el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el territorio.

El anuncio colombiano se produjo días después de que Bogotá y Tel Aviv restablecieron relaciones diplomáticas, suspendidas en mayo de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro por el conflicto en Gaza.

La decisión, sin embargo, entra en tensión con la posición mayoritaria de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró en 1981 que la decisión de Israel de imponer sus leyes, jurisdicción y administración sobre los Altos del Golán era nula y sin efecto jurídico internacional.

Un giro diplomático en medio de la emergencia

El momento político del anuncio también genera debate. Colombia atraviesa una emergencia nacional tras el terremoto que dejó decenas de personas fallecidas, daños en infraestructura y una movilización urgente de recursos públicos.

En ese contexto, el gobierno de De la Espriella abrió dos frentes diplomáticos sensibles: por un lado, se alinea con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental; por otro, se suma al reducido grupo de países que reconocen la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

La decisión confirma el viraje internacional del nuevo gobierno colombiano hacia una política exterior más cercana a Marruecos, Israel y Estados Unidos, y más distante de las posiciones que sostuvo Gustavo Petro en torno a Palestina, el Sáhara Occidental y los gobiernos del sur global.

Más allá del comunicado oficial, el fondo del debate es claro: Colombia está redefiniendo su lugar en el tablero internacional justo cuando enfrenta una tragedia interna. Y lo hace tomando postura sobre dos territorios cuya soberanía sigue siendo objeto de disputa, ocupación o revisión en el derecho internacional.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitó una reunión urgente con autoridades agrícolas de Estados Unidos para restablecer las exportaciones de aguacate. La estrategia contempla reforzar la seguridad en Michoacán y coordinar acciones con productores y autoridades estadounidenses.

Ciudad de México. El Gobierno de México solicitó una reunión con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y las áreas de inspección sanitaria de ese país para buscar la pronta reanudación de las exportaciones de aguacate, luego de que fueran suspendidas por motivos de seguridad relacionados con amenazas contra funcionarios estadounidenses en Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la petición ya fue realizada a través de la embajada de Estados Unidos en México y expresó su confianza en que el diálogo permita restablecer las exportaciones en el corto plazo.

Gobierno federal presenta plan de acción

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que sostuvo una reunión con representantes de una de las principales asociaciones de productores de aguacate de Michoacán para diseñar una estrategia conjunta que atienda las preocupaciones planteadas por las autoridades estadounidenses.

Según indicó, el plan contempla acciones para fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar el desarrollo de las labores de inspección necesarias para el comercio internacional del producto.

“Esperamos que muy pronto se reanude. Ha ocurrido en otras ocasiones y creemos que el plan de acción será aceptado”, señaló.

Refuerzan seguridad en Michoacán

Como parte de la estrategia, Sheinbaum informó que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana y Agricultura y Desarrollo Rural a coordinar las acciones necesarias para atender la situación.

Asimismo, anunció que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en distintas zonas de Michoacán donde las autoridades consideran necesario reforzar la seguridad.

La presidenta recordó que recientemente se enviaron más elementos federales a Uruapan y señaló que también se fortalecerá la vigilancia en otras regiones del estado, además de continuar con los operativos que han derivado en diversas detenciones.

Buscan minimizar el impacto económico

Sheinbaum consideró que, si la suspensión se mantiene por un periodo corto, las afectaciones económicas para el sector aguacatero podrían ser limitadas.

El objetivo del Gobierno federal, explicó, es restablecer cuanto antes las condiciones que permitan reactivar las exportaciones hacia el principal mercado internacional del aguacate mexicano.

Un producto estratégico para México

México es el principal productor y exportador de aguacate del mundo, y Estados Unidos representa su mercado de exportación más importante.

Las inspecciones fitosanitarias realizadas por personal del USDA son un requisito indispensable para que el fruto pueda ingresar al mercado estadounidense, por lo que cualquier suspensión en estas actividades tiene efectos directos sobre la cadena de exportación.

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas y técnicas entre ambos países, el Gobierno mexicano mantiene el diálogo con productores y autoridades estadounidenses con el objetivo de restablecer el comercio lo antes posible.

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El documental “Apu” iniciará este miércoles su recorrido ante el público con su estreno en Expo Agua Santiago 2026, un encuentro que reúne a especialistas, instituciones y organizaciones para dialogar sobre la seguridad hídrica y la conservación de los ecosistemas de montaña.

La producción propone una mirada íntima sobre la identidad y la memoria de los pueblos originarios a través de la historia de una mujer quechua que, tras abandonar su comunidad cuando era niña, emprende un viaje hacia el Cerro El Plomo para reencontrarse con su madre, su pasado y sus raíces.

El Cerro El Plomo, un símbolo de la cosmovisión andina

A lo largo del documental, la montaña deja de ser únicamente un escenario natural para convertirse en un espacio donde convergen la espiritualidad, el patrimonio cultural y la relación histórica entre las comunidades andinas y el agua.

Durante siglos, los Apus han sido considerados por los pueblos originarios como espíritus protectores de las montañas y guardianes del equilibrio entre la naturaleza y la vida.

En Chile, el Cerro El Plomo fue uno de los principales santuarios de altura del Imperio Inca y continúa siendo un referente cultural y espiritual para diversas comunidades indígenas de los Andes.

Dos años de producción para contar una historia de memoria

El proyecto requirió dos años de trabajo y la participación de un equipo integrado por 22 personas, combinando cine documental, memoria histórica y patrimonio cultural.

La película cuenta además con música original de la cantautora chilena Camila Moreno, cuya composición acompaña el recorrido emocional de la protagonista.

Antes de su estreno comercial, “Apu” recibió reconocimiento en el Festival de Cine de Montaña Lo Valdés, donde obtuvo los premios a Mejor Película, Mejor Guion y el Premio del Público.

Una historia que conecta cultura y medio ambiente

El director del documental, Matt Maynard, destacó que el proyecto busca aportar una nueva narrativa sobre la relación entre las montañas, el agua y la memoria viva del pueblo quechua.

“Queremos agradecer especialmente a Aguas Andinas, que creyó en este proyecto desde el primer día y lo hizo posible como una contribución al relato del agua, las montañas y la memoria viva quechua de los Andes chilenos. Mañana comienza el recorrido público de Apu. Creemos profundamente que esta historia humana y sencilla llegará muy, muy lejos”, expresó el cineasta.

Cine para reflexionar sobre el futuro de los ecosistemas

El estreno de “Apu” se enmarca en un espacio dedicado a uno de los principales desafíos ambientales de la región: la protección del agua y de los ecosistemas de montaña frente al cambio climático y la presión sobre los recursos naturales.

Desde esa perspectiva, el documental propone una reflexión sobre la importancia de preservar no solo los paisajes andinos, sino también el conocimiento, la memoria y las tradiciones de los pueblos originarios que históricamente han mantenido una relación estrecha con estos territorios.

Más que una historia personal, “Apu” plantea un diálogo entre identidad, patrimonio cultural y naturaleza, recordando que la conservación del agua y de las montañas también implica preservar las comunidades y los saberes que han dado significado a estos espacios durante siglos.

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La final del Mundial también fue un escenario diplomático; la presencia de Claudia Sheinbaum reabre el debate sobre la representación política de las mujeres

La presidenta de México participó en la ceremonia de premiación junto a líderes de América del Norte y autoridades de la FIFA. Su presencia institucional abrió una conversación sobre diplomacia, representación del Estado y el tratamiento mediático de un momento con alto contenido simbólico.

Más allá del triunfo de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo, la ceremonia de premiación dejó una imagen que trascendió el ámbito deportivo y colocó a la política internacional en el centro de la conversación pública.

Sobre el escenario estuvieron Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Mark Carney, primer ministro de Canadá; y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, representando a los tres países anfitriones del Mundial y al organismo rector del futbol internacional.

En su conferencia matutina posterior al encuentro, Sheinbaum explicó que su asistencia respondió al carácter institucional de la ceremonia y subrayó la importancia de mantener los espacios de coordinación entre los países de América del Norte. También comentó que la presencia de los mandatarios durante la final formó parte de la agenda protocolaria del evento, en contraste con otros actos de la competencia, lo que reforzó el carácter diplomático de la clausura del torneo.

La escena reunió, en un mismo espacio, a los principales representantes de los tres gobiernos que organizaron la Copa del Mundo, en un contexto marcado por desafíos compartidos en materia de comercio, migración, seguridad y cooperación regional.

Una mujer presidenta en el centro de la representación internacional

La imagen adquirió además un significado histórico para México.

Por primera vez, una mujer presidenta representó al Estado mexicano durante la ceremonia de premiación de una Copa del Mundo masculina, compartiendo el escenario con algunos de los principales liderazgos políticos internacionales.

Durante el protocolo oficial, Claudia Sheinbaum entregó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, saludó a futbolistas, cuerpo arbitral y autoridades deportivas, manteniendo una participación institucional y apegada al protocolo.

Más allá de las diferencias políticas que pueda generar su administración, diversos analistas han señalado que la representación internacional de una jefa de Estado constituye una dimensión distinta a la evaluación cotidiana del gobierno, al expresar la presencia institucional de México ante la comunidad internacional.

La imagen también fue interpretada por distintos sectores como un reflejo del avance democrático en la participación política de las mujeres, particularmente en un contexto internacional donde persisten discursos conservadores que cuestionan o buscan limitar derechos políticos conquistados durante las últimas décadas.

Para millones de mexicanas, la presencia de una mujer ocupando un espacio históricamente reservado para hombres representó un símbolo de igualdad sustantiva y de transformación en las estructuras tradicionales del poder.

La conversación también llegó a los medios

La participación de la presidenta mexicana durante la premiación generó una intensa conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron la cobertura realizada por distintos medios de comunicación.

Entre las transmisiones que concentraron críticas estuvo la de TV Azteca, cuyos comentaristas fueron señalados por diversos usuarios por dedicar escasa atención a la presencia protocolaria de Claudia Sheinbaum durante la ceremonia, pese a que las imágenes internacionales mostraban su participación en distintos momentos del acto oficial.

Las opiniones dividieron a la audiencia entre quienes consideraron que la transmisión ejercía una postura editorial crítica y quienes sostuvieron que la cobertura minimizó un hecho de evidente relevancia institucional.

El debate volvió a colocar sobre la mesa una discusión recurrente sobre los límites entre la línea editorial, la crítica política y la obligación periodística de informar con equilibrio sobre acontecimientos de interés público.

Diplomacia, representación y poder simbólico

La final del Mundial confirmó que los grandes eventos deportivos se han convertido también en espacios de diplomacia internacional, donde los gestos, las presencias y las imágenes proyectan mensajes políticos que trascienden el resultado dentro de la cancha.

En ese contexto, la presencia de Claudia Sheinbaum no sólo representó a un gobierno, sino al Estado mexicano como uno de los países anfitriones del torneo.

Su participación dejó una de las imágenes más significativas de la jornada: una mujer presidenta ocupando, con naturalidad y legitimidad democrática, un lugar entre los principales líderes de América del Norte en uno de los escenarios con mayor audiencia global.

Más allá de las diferencias partidistas, la escena abrió una conversación sobre el papel de las mujeres en los espacios de decisión, la representación institucional de México en el exterior y la manera en que los medios narran los símbolos del poder en una democracia cada vez más diversa.

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Ciudad de México, 15 de julio de 2026.— Con los himnos de ambos países de fondo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, cerraron hoy una reunión de una hora con quince minutos que dejó, más allá del protocolo, un resultado concreto: México formalizó su respaldo al protocolo de neutralidad permanente del Canal de Panamá, la vía interoceánica que ambos mandatarios describieron como una herramienta estratégica para el comercio mundial.

Comercio, seguridad y una agenda de diez temas

“El encuentro que hoy celebramos permitirá profundizar y relanzar nuestra cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad, el turismo, la educación y la innovación”, afirmó Sheinbaum en el mensaje conjunto a medios. La mandataria subrayó que el crecimiento económico “adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas y en mayor oportunidad de derechos para nuestra sociedad”.

La visita, que inició el martes con la llegada de Mulino y su delegación —recibida por el canciller Roberto Velasco—, incluyó reuniones con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar operaciones en territorio panameño, y la exploración de una posible adhesión de Panamá a un acuerdo de cooperación aeroespacial para América Latina y el Caribe, un tema con eco directo en estados con vocación industrial como Querétaro, cuyo gobierno sostuvo esta misma semana un encuentro paralelo con la cancillería panameña para explorar oportunidades de colaboración económica.

El Canal, la soberanía y una región que busca hablar con una sola voz

Mulino reivindicó a México y Panamá como “dos naciones puente”: una que conecta Norteamérica con América Latina, la otra que conecta el Atlántico con el Pacífico. Agradeció el respaldo mexicano a la neutralidad del Canal y llamó a que más países de la región se sumen a ese protocolo, al considerar que este tipo de mecanismos “brindan certeza ante escenarios internacionales de incertidumbre”. Ambos mandatarios coincidieron también en reforzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como espacio de diálogo regional. “Reafirmamos la importancia de fortalecer la CELAC como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países”, señaló Sheinbaum.

Una biofábrica en Chiapas, con técnica panameña

Uno de los agradecimientos más específicos de la presidenta mexicana fue hacia la cooperación técnica de Panamá en el combate al gusano barrenador del ganado, una plaga que ha obligado a México a reforzar sus protocolos sanitarios en los últimos meses. Sheinbaum destacó la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas —construida con inversión conjunta de México y Estados Unidos, con capacidad proyectada de hasta 100 millones de moscas estériles semanales para finales de este año—, cuyo modelo de control biológico retoma directamente la experiencia de la planta de Pacora, en Panamá. Es, en los hechos, una cooperación de tres países: la infraestructura y el financiamiento vinieron de México y Estados Unidos; el conocimiento técnico que la hace funcionar, de Panamá.

El cierre: una amistad declarada en primera persona

Mulino cerró su intervención con un mensaje directo a la ciudadanía mexicana: “Señora Presidenta, mexicanas y mexicanos. Quiero decirles que pueden contar con Panamá, una nación hermana. Conmigo, señora Presidenta, tiene un amigo nuevo, en lo personal, como presidente, para lo que podamos trabajar y para lo que usted necesite desde Panamá, ahí está el Presidente Mulino, su amigo, para echar para delante lo que tengamos que hacer”.

Del lado mexicano, la reunión contó con la participación de integrantes del gabinete federal de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores, además de funcionarios vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec —el proyecto mexicano que, en cierto sentido, busca replicar a menor escala la lógica logística que ha hecho de Panamá un punto clave del comercio mundial—. Lo que sigue, ahora, es traducir los diez temas de la agenda bilateral en acuerdos específicos con montos, plazos y responsables, algo que ninguno de los dos mandatarios detalló todavía en su mensaje conjunto.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 13 de julio de 2026.— Una situación migratoria irregular no cancela el derecho a la vida. Tampoco convierte una muerte bajo custodia en un trámite administrativo ni permite que un operativo termine sin una investigación independiente.

Con ese reclamo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó este lunes a partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana a cerrar filas frente a las posibles violaciones de derechos humanos cometidas contra connacionales en Estados Unidos.

El pronunciamiento acompañó el anuncio de acciones legales por 17 personas mexicanas fallecidas en casos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.

De acuerdo con el registro presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de las muertes ocurrieron mientras las personas se encontraban bajo custodia en centros de detención migratoria y tres durante operativos de la agencia.

“Hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos”, expresó Sheinbaum.

México pasa del reclamo diplomático a la vía judicial

La decisión representa una escalada en la respuesta mexicana.

El Gobierno federal informó que recurrirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales de Estados Unidos para solicitar investigaciones penales contra quien resulte responsable. También prepara acciones civiles relacionadas con compañías privadas encargadas de operar algunos centros de detención migratoria.

El canciller Roberto Velasco explicó previamente que México decidió avanzar más allá de los canales diplomáticos después de solicitar información y esclarecimiento a las autoridades estadounidenses. De acuerdo con Reuters, la estrategia también contempla demandas contra operadores privados de centros donde han muerto personas mexicanas.

Velasco, quien encabeza actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, sobre las acciones penales y civiles que impulsaría el Gobierno mexicano. Ambos cargos están confirmados por las instituciones correspondientes.

Al cierre de esta nota, la información pública disponible indicaba que las denuncias serían presentadas durante este lunes, pero todavía no se encontraba disponible un acuse que permitiera conocer ante qué fiscalías fue radicado cada expediente, bajo qué figura jurídica y con qué número de caso.

La cifra no puede convertirse en una sentencia automática

El dato de 17 personas fallecidas exige una investigación rigurosa, pero no permite afirmar que todos los casos sean idénticos ni que la responsabilidad penal esté ya determinada.

Morir bajo custodia de una institución genera una obligación reforzada de explicación. La autoridad controla la movilidad, alimentación, atención médica, seguridad y acceso al exterior de la persona detenida. Por ello, debe documentar qué ocurrió, qué atención se proporcionó y si existieron omisiones evitables.

En los fallecimientos ocurridos durante operativos, las investigaciones deben determinar si el uso de la fuerza fue necesario, proporcional y compatible con la legislación estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que haya aumentado la tasa de muertes dentro del sistema de detención y aseguró que las personas bajo custodia reciben debido proceso, alimentos, agua y atención médica. Esa postura oficial no resuelve los expedientes individuales ni sustituye las investigaciones solicitadas por México.

La exigencia responsable no consiste en dictar culpabilidades desde una conferencia. Consiste en impedir que la propia agencia señalada sea la única encargada de explicar lo ocurrido.

Lorenzo Salgado: el caso que elevó la tensión

La respuesta mexicana cobró mayor intensidad después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años que fue baleado el 7 de julio durante un operativo migratorio en Houston, Texas.

Las versiones sobre el hecho son contradictorias.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Salgado intentó evadir el arresto y utilizó su vehículo de manera que puso en peligro a agentes. Testigos que viajaban con él rechazaron esa versión y aseguraron que ningún integrante de ICE estaba en riesgo cuando ocurrió el disparo. El instituto forense del condado Harris clasificó la causa como homicidio por herida de arma de fuego; en términos forenses, esa categoría describe la acción de otra persona, pero no determina automáticamente que exista responsabilidad criminal.

Además, el director interino de ICE reconoció que Salgado no era el objetivo principal del operativo, mientras autoridades locales comenzaron a reunir elementos para esclarecer la actuación del agente.

El caso resume la razón por la que la transparencia es indispensable: cuando las versiones oficiales y testimoniales se contradicen, la respuesta no puede ser propaganda de uno u otro gobierno. Debe ser evidencia.

El estatus migratorio no disminuye los derechos humanos

La narrativa que criminaliza a las personas migrantes suele presentar la deportación, la detención e incluso la muerte como consecuencias naturales de haber ingresado o permanecido sin autorización en otro país.

No lo son.

Una falta migratoria no elimina el derecho a recibir atención médica, informar a la familia, consultar a un abogado, solicitar asistencia consular y permanecer a salvo mientras se encuentra bajo control de una autoridad.

Quienes migran suelen trabajar en la agricultura, construcción, cuidado de personas, limpieza, restaurantes, fábricas y servicios que sostienen una parte importante de la economía estadounidense. Su aportación no desaparece cuando cambia el discurso político ni cuando una administración endurece sus controles.

La defensa de sus derechos tampoco debería depender de si tienen documentos, de cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos o de si resultan útiles para una narrativa electoral.

El llamado a la unidad también es una jugada política

Sheinbaum pidió que todos los partidos representados en la Comisión Permanente del Congreso manifiesten su rechazo a las posibles violaciones de derechos humanos.

La convocatoria tiene una dimensión legítima: la protección de connacionales en el extranjero debería trascender las diferencias partidistas.

Pero también produce un efecto político.

El mensaje coloca a la oposición ante una decisión incómoda: acompañar el pronunciamiento del Gobierno y permitir que Sheinbaum encabece la narrativa de defensa nacional, o distanciarse y correr el riesgo de parecer indiferente frente a las muertes de personas mexicanas.

La respuesta democrática no debería consistir en rechazar el llamado por provenir del oficialismo ni en firmar un respaldo sin exigir resultados.

El Congreso puede acompañar la defensa de las víctimas y, al mismo tiempo, pedir información periódica sobre las denuncias, la asistencia a las familias, los recursos destinados a litigios y las respuestas de las autoridades estadounidenses.

La solidaridad nacional no significa entregar un cheque en blanco al Ejecutivo. Significa convertir una causa compartida en una política sometida a vigilancia pública.

Defender a los migrantes sin romper la relación bilateral

Sheinbaum subrayó que las acciones legales no buscan provocar un conflicto con Estados Unidos, país con el que México mantiene una relación profunda en comercio, seguridad, migración y vida fronteriza.

La afirmación intenta sostener un equilibrio complejo: cooperar con Washington en asuntos estratégicos y, al mismo tiempo, confrontar a sus instituciones cuando existan indicios de abusos.

La cooperación no exige silencio.

De hecho, una relación bilateral madura debería permitir que México cuestione la actuación de ICE sin que cada reclamo sea interpretado como hostilidad y que Estados Unidos solicite evidencia cuando observe posibles violaciones en territorio mexicano.

La diplomacia pierde legitimidad cuando se utiliza únicamente para evitar tensiones. Su función también es proteger personas, exigir información y abrir caminos jurídicos cuando las conversaciones políticas no producen respuestas.

Las familias necesitan algo más que indignación

Detrás del número 17 existen familias que necesitan conocer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de sus seres queridos.

Necesitan expedientes médicos, videos, testimonios, reportes de los agentes, autopsias independientes, acceso a abogados y explicaciones sobre posibles retrasos en la atención.

También requieren que los consulados mexicanos informen con claridad:

• Qué acompañamiento jurídico recibirán.
• Qué gastos cubrirá el Gobierno mexicano.
• En qué fiscalía se encuentra cada caso.
• Qué autoridad estadounidense investiga.
• Si existen acciones civiles contra los centros privados.
• Qué mecanismos de reparación pueden solicitar.
• Cómo se protegerán sus datos y su seguridad.

La muerte de una persona migrante no puede terminar reducida a una estadística utilizada durante una conferencia y olvidada cuando el tema abandona los titulares.

El examen será obtener justicia, no solamente unidad

El llamado presidencial puede generar una posición común dentro de México. Pero el verdadero desafío está del otro lado de la frontera.

Las denuncias deberán cumplir las reglas de cada jurisdicción estadounidense, identificar posibles responsables y enfrentar instituciones con recursos jurídicos amplios. Las acciones civiles contra empresas privadas también necesitarán demostrar negligencias, incumplimientos y una relación concreta entre las condiciones de detención y cada fallecimiento.

México tendrá que informar incluso cuando los resultados no sean inmediatos o favorables.

La rendición de cuentas exige evitar dos extremos: convertir cada muerte en prueba automática de una política criminal o aceptar sin cuestionamientos la versión de la agencia que tenía a las personas bajo su control.

Diecisiete muertes no pueden quedar atrapadas entre dos gobiernos que defienden sus respectivas narrativas.

Sheinbaum pidió que México alce la voz. Ahora la SRE deberá demostrar que esa voz puede convertirse en expedientes, investigaciones, reparación para las familias y garantías de que ninguna persona sea tratada como prescindible por no tener un documento migratorio.

Porque una frontera puede separar territorios. No debería separar a una persona de sus derechos.

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