Por: Redacción de LYPmultimedios
Corregidora, Qro., 25 de junio de 2026.— El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, presentó en Corregidora la iniciativa de Ley de Paternidad, una propuesta que busca otorgar 12 semanas de permiso con goce de sueldo a los padres después del nacimiento o adopción de sus hijas e hijos.

La iniciativa no solo plantea una modificación laboral: abre una disputa política sobre el modelo de sociedad que quieren construir los partidos. Para Ospital, mientras Acción Nacional empuja una agenda centrada en el castigo, Movimiento Ciudadano busca ampliar derechos, desmontar estereotipos de género y reconocer que la crianza no debe recaer únicamente en las mujeres.

El legislador acudió a la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora acompañado de la regidora emecista Elizabeth Olvera, con el objetivo de presentar formalmente la propuesta y pedir que el municipio se convierta en punta de lanza para discutir y aprobar esta política pública.

“Qué mejor que sea este municipio punta de lanza en aprobar esta iniciativa de 12 semanas de permiso para los padres, después del nacimiento o adopción de los hijos”, expresó Ospital.

El punto más fuerte del planteamiento está en la corresponsabilidad familiar. La licencia de paternidad no se plantea como un privilegio ni como vacaciones, sino como una herramienta para que los hombres participen desde el inicio en los cuidados, el acompañamiento y la crianza de sus hijas e hijos.

Durante su intervención, Ospital marcó una diferencia directa entre las agendas del PAN y Movimiento Ciudadano. Aseguró que Acción Nacional impulsa propuestas de corte punitivo, mientras que MC busca colocar en el centro la ampliación de derechos.

“Aquí, el PAN pugna por iniciativas punitivistas, iniciativas de más cárcel para quien cometa un delito, de bajar la edad de los delincuentes, una agenda de la derecha en este país; y nosotros como MC, tenemos una agenda de ampliación de derechos, que tiene que ver con quitar estereotipos de género, eliminar estos roles impuestos desde la normalidad”, afirmó.

La declaración coloca a la paternidad en un terreno político más amplio: el de los cuidados como derecho y no como carga privada. En México, las tareas de crianza, acompañamiento y trabajo doméstico han sido históricamente asignadas a las mujeres, lo que profundiza desigualdades laborales, económicas y sociales.

La regidora Eli Olvera respaldó el sentido de la iniciativa y subrayó que el cuidado de las hijas e hijos no debe estar únicamente a cargo de las mujeres. Su posicionamiento refuerza una idea central de la propuesta: la igualdad también se construye cuando los hombres tienen condiciones legales para cuidar.

La iniciativa busca que los padres puedan acompañar las primeras semanas de vida o adaptación familiar tras una adopción, etapa clave para construir vínculos, apoyar a la madre o persona cuidadora principal y asumir responsabilidades desde el inicio.

El debate también toca una dimensión cultural profunda. Si las leyes solo reconocen a las mujeres como cuidadoras, el Estado termina reproduciendo el mismo estereotipo que dice combatir. En cambio, ampliar licencias de paternidad puede enviar un mensaje institucional distinto: cuidar también es responsabilidad de los hombres.

Ospital pidió que la iniciativa no sea congelada y que, por el contrario, sea discutida por las autoridades municipales. El legislador reconoció que algunos sectores pueden verla como un asunto económico, debido a la necesidad de suplir temporalmente las funciones del trabajador que tome el permiso.

Sin embargo, sostuvo que para Movimiento Ciudadano el fondo no es administrativo, sino de derechos. “Para nosotros, para Movimiento Ciudadano, es un tema de derechos, de cultura, de borrar estereotipos en la norma, es un asunto de cambios culturales”, puntualizó.

La propuesta llega a un municipio clave de la zona metropolitana de Querétaro, donde las discusiones sobre familia, trabajo, igualdad y derechos laborales adquieren relevancia en un contexto de crecimiento urbano, presión económica y transformación de los hogares.

El planteamiento de MC busca que Corregidora se sume a una ruta más amplia para extender este modelo a otros municipios del estado. De aprobarse, la medida colocaría a los ayuntamientos frente a una pregunta concreta: si exigen familias más presentes, también deben construir condiciones laborales para que esa presencia sea posible.

La discusión de la Ley de Paternidad puede convertirse en una de las batallas simbólicas más importantes de la agenda local de derechos. No por su tamaño burocrático, sino por lo que representa: pasar de una política que solo castiga conductas a una política que reorganiza la vida cotidiana desde la igualdad.

En el fondo, la propuesta deja una conversación pública difícil de esquivar: la paternidad no puede seguir siendo tratada como acompañamiento secundario. Si se busca una sociedad más equitativa, los padres también deben tener tiempo, derecho y obligación de cuidar.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (27 de mayo de 2026). – Legislar sobre seguridad pública siempre implica caminar sobre la delgada línea que divide la exigencia de orden con la preservación de los derechos fundamentales. Cuando esta ecuación involucra a menores de edad, el reto adquiere dimensiones éticas, jurídicas y sociales de máxima complejidad.

En un escenario de madurez institucional y diálogo republicano que contrasta con la polarización de los últimos días, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz (Morena), recibió de manos del presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala (PAN), una propuesta clave en la materia: la “Iniciativa Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a delitos de alto impacto cometidos por adolescentes”.

El acto protocolario contó con el acompañamiento de una nutrida representación de legisladores, destacando el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Guillermo Vega Guerrero, así como las diputadas Verónica Galicia y Juliana Hernández, y los legisladores Antonio Zapata, Gerardo Ángeles, Mauricio Cárdenas y Enrique Correa.

Frenar la impunidad sin criminalizar a la juventud

La iniciativa entregada por el alcalde Josué Guerrero busca dotar al Estado y a los 18 municipios de herramientas jurídicas más eficientes para actuar y responder ante delitos de extrema violencia perpetrados por adolescentes. El debate de fondo no es menor: el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos organizados se ha convertido en una problemática nacional que requiere una redefinición de los esquemas de prevención y sanción penal.

No obstante, la propuesta de Corregidora se cuida de no caer en la retórica de la simple mano dura o en la estigmatización de los sectores jóvenes vulnerables.

“Esta iniciativa no busca criminalizar a las juventudes. Lo que busca es proteger a las familias queretanas, evitar que la impunidad se normalice y cerrar de manera definitiva los espacios de operación que el crimen organizado encuentra en este sector de la población”, enfatizó el alcalde Guerrero Trápala, coincidiendo en la urgencia de mantener un enfoque prioritario de reinserción social y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Menos redes sociales, más debate parlamentario

Más allá de los alcances técnicos de la iniciativa, la entrega del documento sirvió para que el presidente del Congreso local, Sinuhé Piedragil, pusiera sobre la mesa una pertinente reflexión sobre las formas de hacer política en la actualidad.

El diputado morenista defendió la necesidad de rescatar el valor de la tribuna parlamentaria como el foro legítimo y natural para la confrontación constructiva de ideas, lamentando la tendencia de algunos actores políticos de trasladar los debates de interés público a la superficialidad de las plataformas digitales o las batallas mediáticas unilaterales.

“La representación es un acto público de frente al pueblo y es en la tribuna en donde se manifiestan y defienden las diferentes posiciones. Es ahí donde la ciudadanía quiere vernos, dirimiendo temas trascendentes para la entidad, y no en las redes sociales o en los medios de comunicación”, sostuvo Piedragil Ortiz.

El alcalde Josué Guerrero respaldó este llamado, coincidiendo en que el intercambio de ideas respetuoso, apegado a la Ley Orgánica de la Legislatura, es el único camino viable para construir soluciones sólidas.

La recepción de esta iniciativa abre una conversación fundamental para Querétaro: ¿cómo estructurar un sistema de justicia especializada para adolescentes que sea verdaderamente disuasivo contra la violencia extrema sin descuidar el tejido educativo y de oportunidades que evita que los jóvenes se unan a las filas delictivas? Al canalizar este debate directamente a la tribuna, el Congreso y el municipio de Corregidora envían una señal de civilidad institucional, demostrando que la seguridad del estado está por encima de las divisiones partidistas.

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REPORTAJE ESPECIAL | LYPmultimedios.tv

Por: Mateo Vargas | Unidad de Investigación Política

El cierre del relleno sanitario en el Ejido de Lourdes reveló una fractura profunda en la política local: mientras grupos externos lucraban con el enojo social montando campamentos, una maniobra jurídica silenciosa basada en el Artículo 4º Constitucional logró la suspensión de la concesión. La paradoja: la regidora que resolvió la crisis hoy enfrenta el “fuego amigo” de su propio partido.

CORREGIDORA, QRO. — Hay dos formas de hacer política frente a una crisis ambiental: gritar frente a la puerta cerrada o encontrar la llave jurídica para abrirla. En Corregidora, el conflicto por el relleno sanitario operado por la empresa FSO 3, S.A. DE C.V. se había convertido no solo en una bomba de tiempo sanitaria para las familias de Praderas y Lomas de Lourdes, sino en un jugoso botín para el activismo de aparador.

Durante semanas, la narrativa pública estuvo dominada por el ruido. Personajes ajenos al municipio —los mismos que montan campamentos en el Congreso del Estado o en el semidesierto queretano— encontraron en la pestilencia del Ejido de Lourdes el escenario perfecto para alimentar sus proyectos personales. Su estrategia: la confrontación sistemática. Su resultado: cero toneladas de basura detenidas.

Sin embargo, los documentos oficiales del Ayuntamiento de Corregidora, obtenidos y analizados por LYPmultimedios, cuentan una historia radicalmente distinta. La verdadera caída del Título de Concesión 01/2026 no se gestó en un plantón, sino en los escritorios de las Comisiones Unidas y mediante una arquitectura legal que hoy tiene a la regidora de Morena, Azhar Mayet Méndez Rodríguez, en el centro de un irracional linchamiento interno. Su aparente “delito” político fue pactar con la ley y negociar con la administración en turno para dar resultados.

LA CRONOLOGÍA DE LA EFICACIA

Para entender cómo se desactiva una crisis de esta magnitud, hay que seguir el rastro de papel, no los gritos de la plaza.

El 29 de enero de 2026, el Cabildo había ratificado el servicio de disposición de residuos a favor de FSO 3, S.A. DE C.V. Para abril, la situación en el Ejido de Lourdes ya era insostenible. Olores, tránsito pesado y un riesgo inminente para la salud pública encendieron las alarmas.

Mientras las cámaras apuntaban a la protesta callejera, el 24 de abril de 2026, la regidora Mayet Méndez solicitó formalmente a la Secretaría del Ayuntamiento la información técnica de la concesión. El objetivo no era ideológico, era pericial: documentar el incumplimiento de las normas ambientales.

El golpe maestro llegó el 7 de mayo. Méndez, en conjunto con el regidor Alfredo Mendoza Ugalde (Comisión de Protección Civil), presentó un Estudio Técnico-Jurídico ante el Comité de Adquisiciones que fue lapidario. No apelaron al chantaje político, apelaron a la Constitución.

“La postura que hoy se presenta no parte de una decisión ideológica ni de confrontación política… El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano”, dictaba el documento presentado a las Comisiones Unidas el 12 de mayo.

El texto introdujo un concepto letal para cualquier empresa contaminante: el principio precautorio. El Ayuntamiento estaba obligado a intervenir antes de que el daño a niñas, niños y adultos mayores fuera irreversible. El expediente oficial demostró que la operación era “materialmente inviable” debido a la falta de estabilidad social en la zona.

EL PACTO INSTITUCIONAL (Y LA “TRAICIÓN” QUE NO FUE)

El 14 de mayo de 2026 marcó un hito en la política de Corregidora. En un oficio dirigido al Presidente Municipal, Josué Guerrero Trápala, y al Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Rafael Montoya Bolaños, la regidora Méndez reconoció la apertura institucional de la administración panista.

El alcalde escuchó a la ciudadanía no a través de la coacción, sino a través del cabildo. Las fuerzas políticas votaron a favor de iniciar el procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción y suspender el relleno sanitario. El Estado de Derecho funcionó.

Pero en la política de la polarización, los acuerdos son vistos como traición. Sectores radicales de su propio partido (Morena) desataron una campaña de linchamiento contra Mayet Méndez. Para el monopolio de la pureza ideológica, que la regidora haya logrado la suspensión mediante el diálogo institucional con un alcalde de oposición es una afrenta. Preferían el conflicto eterno a la solución pactada.

En su propio pronunciamiento, Méndez desnudó la miseria de esta grilla: “Esto nos habla de que no son necesarias las agresiones, la desinformación, los protagonismos (…) de personas que creen detentar el monopolio de las causas sociales (…) pero que no resuelven absolutamente nada”.

EL VEREDICTO DE LOS HECHOS

El periodismo de investigación exige separar los hechos de la propaganda. El análisis de LYPmultimedios concluye que el linchamiento contra Mayet Méndez es una reacción visceral de quienes perdieron su bandera de protesta.

A la regidora se le acusa de “traición al partido”, pero los documentos prueban su lealtad al mandato más fundamental de un servidor público: resolver. Acorraló jurídicamente a una concesión fallida, protegió a los habitantes de Praderas y Lomas de Lourdes, y le recordó a la clase política que las verdaderas batallas no se ganan acampando frente a los problemas, sino legislando para eliminarlos.

Corregidora respira hoy un aire más limpio. Y eso, en el crudo balance del servicio público, vale mucho más que los aplausos de la estridencia.

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