La doctrina del monopolio, y por qué su ejemplo estrella terminó en un tribunal

Por: Redacción de LYPmultimedios

Querétaro, 24 de agosto de 2026.— El 12 de septiembre de 2014, The Wall Street Journal publicó en su sección de fin de semana un ensayo con un título que parecía diseñado para irritar: “Competition Is for Losers” —competir es de perdedores.

Su autor no era un provocador de redes sociales. Era Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir, primer inversionista externo de Facebook. El texto era un adelanto de Zero to One, el libro que se convertiría en manual de cabecera de Silicon Valley.

La frase que lo ordena todo aparece sin rodeos: “En realidad, el capitalismo y la competencia son opuestos.”

Esta es la tercera entrega de nuestra serie sobre sus ideas. En la primera documentamos su tesis de que la libertad y la democracia son incompatibles. En la segunda, el sistema que su empresa construyó para el gobierno estadounidense. Esta entrega explica la lógica que conecta a ambas.

La tesis, en sus propias palabras

El argumento de Thiel es breve y perfectamente coherente consigo mismo:

“El capitalismo se basa en la acumulación de capital, pero bajo competencia perfecta todas las ganancias se disipan compitiendo.”

De ahí se desprende lo demás. Si competir destruye la ganancia, entonces:

“Solo una cosa puede permitir que un negocio trascienda la lucha brutal y cotidiana por la supervivencia: las ganancias monopólicas.”

Y por tanto:

“El monopolio es la condición de todo negocio exitoso.”

Thiel cierra su libro con una versión invertida de la primera línea de Anna Karenina: “Todas las empresas felices son diferentes: cada una gana un monopolio resolviendo un problema único. Todas las empresas fracasadas son iguales: no lograron escapar de la competencia.”

Nótese el verbo. Escapar. Es el mismo que usó en 2009 para hablar de la política.

La mentira que van en las dos direcciones

Hay un pasaje del ensayo que resulta más útil que polémico, y conviene reconocerlo: Thiel explica que casi ninguna empresa dice la verdad sobre su posición de mercado, y que las mentiras corren en sentidos opuestos.

Los monopolios ocultan su dominio para evitar el escrutinio regulatorio: exageran el poder de competidores que apenas existen y definen su mercado de la manera más amplia posible.

Los no monopolios hacen lo contrario: definen su mercado tan estrechamente que parecen únicos. Su ejemplo es memorable: si abres el único restaurante de comida británica en Palo Alto, puedes decirte que dominas el mercado de la comida británica en Palo Alto. Pero compites contra todos los restaurantes de la ciudad, y probablemente quiebres.

Es una observación afilada sobre cómo las empresas construyen relatos. Y explica, de paso, por qué las tecnológicas insisten tanto en que el mercado es “ferozmente competitivo” cada vez que un regulador se acerca.

El monopolio bueno, según él

Thiel anticipa la objeción evidente —que las ganancias del monopolista salen del bolsillo de alguien— y responde con una analogía de juego de mesa.

En un mundo estático, dice, el monopolista es apenas un rentista. Como en el Monopoly: las escrituras cambian de mano, pero el tablero nunca cambia; no hay manera de ganar inventando un mejor tipo de desarrollo.

Pero el mundo real no es estático. En un mundo donde se pueden inventar cosas nuevas, sostiene, el “monopolio creativo” agrega categorías enteras de abundancia. Y agrega el argumento que sedujo a una generación de fundadores:

“Un monopolio como Google es diferente. Como no tiene que preocuparse por competir con nadie, tiene mayor latitud para preocuparse por sus trabajadores, sus productos y su impacto en el mundo.”

Es decir: la ganancia monopólica financia la ética, la investigación de largo plazo y los salarios altos. La competencia, en cambio, obliga a recortar todo eso para sobrevivir al siguiente trimestre.

Donde el argumento sí funciona

Sería deshonesto presentar esta doctrina como un disparate. No lo es, y parte de su influencia se explica porque describe bien algo real.

Es cierto que la diferenciación vence a la imitación. Es cierto que los mercados de margen cero son brutales —basta ver las aerolíneas: decenas de competidores, vuelos baratos, quiebras recurrentes y un servicio que nadie defiende. Es cierto que la pregunta “¿qué puedo hacer que nadie más pueda hacer?” es más productiva que “¿cómo le gano a mi rival haciendo lo mismo?”.

Y es cierto que las ganancias extraordinarias financian apuestas de largo plazo que una empresa asfixiada por el margen jamás podría intentar.

Como consejo para un fundador, la tesis tiene mérito. El problema empieza cuando deja de ser consejo empresarial y se vuelve filosofía social.

Donde se rompe

Primero: su ejemplo estrella terminó en un tribunal. En 2024, un juez federal estadounidense determinó que Google —el paradigma del “monopolio creativo” del ensayo— constituye un monopolio ilegal. La empresa que Thiel presentó como prueba de que la dominación de mercado beneficia a todos fue declarada infractora de la ley antimonopolio.

Segundo: la evidencia sobre concentración apunta al lado contrario. Un cuerpo creciente de investigación económica vincula la concentración de mercado con salarios más débiles, menor inversión y menos dinamismo empresarial —es decir, con lo opuesto a lo que la tesis promete.

Tercero: la contradicción interna. El ensayista Marco D’Eramo la formuló en New Left Review con precisión: en un mercado sin regulación, el monopolio no es la alternativa a la competencia sino su resultado inevitable. Competir produce ganadores y perdedores; el ganador acumula ventaja hasta que domina. Por eso, en la protohistoria capitalista de cada país, surgen monopolios. Y por eso los Estados tuvieron que inventar leyes antimonopolio. D’Eramo agrega el remate: apenas se consolidan, los monopolios dejan de innovar y viven de la renta —justo lo que Thiel dice que no ocurre.

Cuarto, y es la crítica más aguda: viene de la derecha. El Mises Institute, tradición austriaca y férreamente promercado, señaló que el título del ensayo es engañoso. Lo que Thiel ataca no es la competencia real, sino la “competencia perfecta”: un modelo teórico neoclásico donde empresas idénticas y minúsculas no hacen nada ni ganan nada. Un mundo que no existe.

Y las conductas que Thiel elogia —innovar, crear valor, superar a los rivales, aumentar ventas— son, en la definición austriaca, exactamente competencia. Dicho de otro modo: derribó un espantapájaros y anunció la muerte del granjero.

El puente con la segunda entrega

Aquí las tres entregas de esta serie convergen.

En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos adjudicó a Palantir el desarrollo de ImmigrationOS sin licitación. La justificación oficial señaló que existía una necesidad urgente y que la empresa era “la única fuente” capaz de entregarlo, porque sus sistemas ya estaban integrados en la infraestructura del organismo.

Léalo con el ensayo en la mano. Es la doctrina en su forma más pura: una posición de mercado donde ningún competidor puede entrar, con un cliente que no puede irse, y ganancias sostenidas que no dependen de ganar una comparación de precios.

Pero hay una diferencia decisiva con el “monopolio creativo” que el texto celebra. El monopolio de Google, con todos sus problemas legales, se construyó ganando usuarios. El de Palantir con ICE se construyó con una firma del Estado: exactamente el poder político del que Thiel dijo, en 2009, que había que escapar.

El hombre que escribió que competir es de perdedores no venció a sus competidores en ese contrato. Consiguió que la autoridad declarara que no había ninguno.

Por qué esto se discute en México y en Querétaro

Hay dos razones locales, y ninguna requiere forzar el ángulo.

La primera es institucional. México acaba de rediseñar por completo su arquitectura antimonopolio: el 16 de octubre de 2025 entró en funciones la Comisión Nacional Antimonopolio, en sustitución de la COFECE, ahora como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía. Cualquiera que sea la valoración de esa reforma —y hay lecturas encontradas—, el debate de fondo es el mismo que plantea el ensayo de 2014: cuánta concentración de mercado tolera una economía antes de que el consumidor pague la cuenta.

La segunda es queretana y más concreta. Hace apenas dos semanas, Querétaro fue sede del Primer Congreso Nacional de Clústers, donde la secretaria de la Red Nacional de Clústers de la Industria Automotriz resumió el modelo con una frase que es, punto por punto, la inversión de la tesis de Thiel: “construir confianza en donde antes había competencia.”

Un clúster hace exactamente lo contrario de escapar. Reúne a empresas que compiten en el mercado para que colaboren en formación de talento, certificaciones y proveeduría —de modo que las pequeñas puedan entrar a las cadenas de valor de las grandes, en lugar de ser expulsadas de ellas.

Son dos filosofías industriales incompatibles. Una dice que el objetivo es quedarse solo. La otra, que el objetivo es que quepan más. Querétaro construyó su clúster aeroespacial —más de ochenta empresas— con la segunda.

Lo que queda

Thiel escribió que “la historia del progreso es una historia de mejores monopolios reemplazando a los establecidos”. Es una frase brillante y, mirada de cerca, extraña: describe un proceso de reemplazo continuo que solo puede ocurrir si alguien logra entrar. Es decir, si existe competencia.

La doctrina que enseñó a una generación de fundadores a huir de los rivales depende, para funcionar, de que los rivales sigan apareciendo.

En la próxima entrega: El profeta del fin del mundo. Las cuatro conferencias sobre el Anticristo que Thiel impartió en San Francisco, a 200 dólares el boleto y sin teléfonos en la sala, y la paradoja que las recorre: teme un gobierno mundial que use el miedo para consolidar el control, mientras construye la tecnología que lo haría posible.

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México frente a las crisis globales: la distancia ya no protege

Por Román André Martínez Bravo

¿Qué tan lejos está México de una crisis que ya lo tocó? La pregunta incomoda porque la respuesta obvia —muy lejos— es falsa.

En enero de este año, un comando estadounidense capturó al presidente de Venezuela en una operación que violó de manera flagrante el principio de no intervención. Meses antes y meses después, Irán vivió oleadas de protestas y represión que revelaron las tensiones estructurales de un régimen en crisis de legitimidad.

Ninguno de los dos episodios ocurrió en suelo mexicano. Y, sin embargo, ambos alteraron de forma directa el margen de maniobra diplomático del país, el costo de su financiamiento externo y la presión que Washington ejerce sobre su política de seguridad.

México sigue actuando como si la distancia geográfica equivaliera a irrelevancia estratégica. Ese es el error que esta columna quiere nombrar.

El espejismo de la distancia estratégica

Durante décadas, la clase política y buena parte de la academia mexicana operaron bajo un supuesto cómodo: lo que sucede lejos, se queda lejos.

Es un supuesto heredado de la Guerra Fría, cuando la Doctrina Estrada y el principio de autodeterminación de los pueblos permitían a México observar los conflictos ajenos desde una distancia prudente, casi ceremonial.

El problema es que ese mundo ya no existe. La fragmentación del orden internacional posterior a 1989 —el que Occidente diseñó a su imagen y llamó “orden basado en reglas”— ha dado paso a un sistema donde la distancia física dejó de proteger a nadie.

Un régimen que cae en Caracas reconfigura la oferta petrolera global. Una revuelta reprimida en Teherán reordena las alianzas energéticas de medio planeta. Y México, integrado en más del ochenta por ciento de su comercio exterior con Estados Unidos, no tiene la opción de mirar hacia otro lado.

La subestimación no es solo un error de percepción pública. Es un error de diseño institucional.

La política exterior mexicana sigue jerarquizando el continente americano como el único terreno de acción legítima, mientras trata los escenarios eurasiáticos con mayor cautela, ambigüedad o silencio, como han señalado analistas que han documentado esta asimetría.

Esa jerarquización no es ingenua: revela un cálculo de bajo riesgo que hoy resulta obsoleto. Cuando el tablero se fragmenta, no hay esquinas seguras.

De Caracas a Teherán: el mapa que México finge no ver

Tomemos el caso venezolano con la seriedad que merece. La detención de Nicolás Maduro no fue un episodio aislado de la política latinoamericana; fue la confirmación de que Washington está dispuesto a actuar unilateralmente cuando percibe una ventana de oportunidad, incluso a costa del derecho internacional.

El propio secretario general de la ONU advirtió que la operación sentaba un “peligroso precedente”. Ese precedente no quedó en Venezuela. Trump lo utilizó, casi de inmediato, como palanca retórica para presionar a México y Colombia con la posibilidad de “intervenciones” en materia de seguridad.

No hace falta que la amenaza se materialice para que produzca efectos: basta con que exista como posibilidad creíble para que condicione la negociación comercial, la cooperación en seguridad y el tono de cada encuentro bilateral.

El caso iraní opera en un registro distinto, pero con una lógica similar.

Las protestas y la represión en la República Islámica no son, como advierten especialistas en seguridad regional, “episodios aislados”, sino expresiones de tensiones estructurales dentro de un régimen cuya estrategia de supervivencia lleva más de cuatro décadas de rodaje.

Lo relevante para México no es Irán en sí mismo, sino lo que su inestabilidad implica para los precios energéticos, para las rutas marítimas del Mar Rojo —donde ya convergen los intereses de Somalilandia, Israel y Turquía, tema que esta columna abordó semanas atrás— y para la disposición de Washington a exigir alineamientos explícitos de sus socios comerciales en temas que antes se consideraban ajenos a la relación bilateral.

El hilo conductor es el mismo: la multipolaridad ampliada no distribuye el poder de forma ordenada entre bloques estables, sino que multiplica los puntos de fricción y, con ellos, los canales por los que la inestabilidad ajena termina golpeando la puerta mexicana.

El fin de una ficción cómoda

En Davos, a inicios de este año, el primer ministro canadiense Mark Carney ofreció una de las descripciones más honestas que ha dado un líder occidental sobre el momento actual.

Recordó que países como el suyo prosperaron durante décadas bajo un orden internacional basado en reglas que sabían, incluso entonces, parcialmente ficticio. Su advertencia a las potencias medias fue clara y punzante:

“Si no están en la mesa, están en el menú”.

La frase resume con precisión el dilema mexicano.

México no es una potencia menor: posee una de las economías más relevantes del mundo, una posición geográfica insustituible para el comercio norteamericano y una población que multiplica su peso demográfico frente a cualquiera de sus vecinos centroamericanos.

Pero actúa, en la práctica, como si su único activo geopolítico fuera la cercanía con Washington. Esa es una estrategia de supervivencia de corto plazo, no una estrategia de posicionamiento.

Y en un sistema donde, como advirtió Carney, el orden multilateral de posguerra fue construido “a imagen de Occidente” y hoy exige repartir agencia a los actores del Sur Global, quedarse fuera de esa redistribución tiene un costo que no se mide solo en pesos y centavos, sino en capacidad futura de negociación.

¿Multipolaridad real o transición sin destino?

Conviene, sin embargo, resistir la tentación de simplificar.

No todo analista coincide en que el mundo haya cruzado ya el umbral de la multipolaridad plena. El Índice Elcano de Presencia Global, en su edición más reciente, documenta que agrupaciones como los BRICS apenas han incrementado su peso relativo en las últimas décadas, y que la brecha entre el Norte y el Sur Global —excluyendo a China y Estados Unidos— se mantiene en niveles similares a los de los años noventa.

Otros análisis describen el momento actual como una “unipolaridad parcial en transición”, donde Washington conserva una ventaja militar de décadas sobre cualquier rival, incluida China, pese a su declive relativo.

Esta discusión académica no es un matiz decorativo: es el corazón del problema.

Si el mundo transita hacia una multipolaridad todavía inconclusa, la ventana para que potencias medias como México definan su posicionamiento sigue abierta. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente, y cada ciclo de indecisión reduce el número de asientos disponibles en la mesa que describía Carney.

La pasividad mexicana no es neutralidad: es una apuesta, probablemente involuntaria, a que el statu quo se sostendrá el tiempo suficiente para no tener que decidir nada.

El costo de subestimarse

Antonio Gramsci enseñó que la hegemonía no se sostiene únicamente por la fuerza, sino por el consentimiento fabricado de quienes la padecen.

México ha consentido, durante treinta años de integración norteamericana, un lugar subordinado en el diseño de las reglas que gobiernan su propia economía. Ese consentimiento tuvo una lógica defendible en los años noventa: el T-MEC —entonces TLCAN— ofrecía certidumbre a cambio de autonomía regulatoria.

Pero la lógica se agota cuando el propio Estados Unidos empieza a tratar esas reglas como negociables en función de su interés de seguridad inmediato, tal como ha ocurrido con la revisión del tratado en curso.

Joseph Stiglitz ha documentado con insistencia cómo la globalización, lejos de repartir beneficios de forma simétrica, tiende a capturar las ganancias en los centros de poder financiero mientras traslada los riesgos a la periferia.

México vive hoy una versión geopolítica de ese mismo patrón: absorbe el costo reputacional de la inestabilidad regional —la violencia asociada al narcotráfico, la presión migratoria, la porosidad fronteriza— sin capturar, a cambio, ninguna cuota real de influencia sobre las decisiones que Washington toma en Caracas, en Teherán o en el Mar Rojo.

Es una posición estructuralmente desventajosa, y ninguna cantidad de retórica sobre “buena vecindad” la corrige mientras el diseño institucional siga siendo el mismo.

La salida no es el aislacionismo ni la confrontación gratuita con Estados Unidos; sería una fantasía tan ingenua como la que hoy critico.

La salida es la construcción deliberada de capacidad: diversificación de socios comerciales más allá de Norteamérica, inversión sostenida en representación diplomática en regiones hoy desatendidas y una clase política dispuesta a leer la captura de un presidente venezolano o una revuelta en Teherán no como noticias internacionales lejanas, sino como información estratégica directamente relevante para las decisiones que se toman en Palacio Nacional.

Una mesa que se está armando sin nosotros

El mundo multipolar —pleno o en transición, da igual para efectos prácticos— se está configurando con o sin la participación activa de México.

Las potencias medias que están leyendo correctamente el momento no son necesariamente las más grandes, sino las que entendieron que la soberanía, hoy, se ejerce como capacidad de acción y no como retirada prudente.

India, Brasil y Sudáfrica han optado por construir agencia propia dentro del Sur Global, incluso cuando eso implica fricciones con Washington. México, en cambio, sigue esperando instrucciones.

La pregunta con la que abrí esta columna merece, entonces, una respuesta distinta a la que ofrecería el sentido común.

México no está lejos de las crisis que hoy remodelan el orden internacional: está exactamente donde siempre ha estado, pegado a la frontera de la potencia que más está usando esas crisis como palanca.

La distancia nunca fue el problema. La subestimación, sí.

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Cerimedo levantó gobiernos con granjas de bots. Cayó por un teléfono celular

Por: Rodrigo Vissuet

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 23 de agosto de 2026.— El hombre que construyó ejércitos de cuentas falsas para instalar presidentes en cuatro países cayó por el aparato más obvio de todos: su propio teléfono.

Entre los mensajes que la Fiscalía boliviana extrajo del celular de Fernando Cerimedo hay uno que, según reportó Página/12 con confirmación fiscal, aparece guardado en el bloc de notas: “nos vendió Nadia”. Hay otro, en un chat, donde un interlocutor identificado con las iniciales ECG le pregunta: “¿les digo que la busquen ahí?”. Y minutos después, a la misma hora del ataque: “hermano, en este momento le dispararon, está herida”.

El abogado de la víctima presentó ante el juez un chat donde se habla de “eliminarla”.

El viernes 21 de agosto, tras una audiencia de más de seis horas, el juez Wilson Espada rechazó las cuatro impugnaciones de la defensa, validó la incorporación de esos mensajes y ordenó 180 días de prisión preventiva en Palmasola, la cárcel más grande de Bolivia.

Lo que ocurrió esa noche

Nadia Beller Delgado, abogada y activista boliviana de 33 años, llegó la noche del lunes 17 de agosto a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según su declaración, había sido contactada por WhatsApp por un supuesto informante que le ofrecía datos sobre un caso vinculado a Evo Morales. Ella había desistido de ir; dijo que su pareja la convenció, asegurándole que tendría custodios armados.

No los hubo. Dos hombres llegaron en motocicleta con cascos y chalecos azules idénticos a los de repartidores de una aplicación de entregas. Le dispararon a menos de un metro. Recibió impactos en clavícula, hombro, brazo y costado. Le robaron la cartera y el celular. Escaparon en una moto distinta a la que habían usado para llegar.

Beller sobrevivió porque se hizo la muerta. “Si no fingía estar muerta, me remataban”, declaró desde la clínica Las Américas.

Estaba embarazada. Cerimedo, en su declaración ante la Fiscalía, reconoció que la relación se mantenía hasta ese mismo día y que dos jornadas antes la había acompañado a una clínica por malestares.

Fue detenido horas después en el aeropuerto Viru Viru cuando abordaba un vuelo a Buenos Aires. Su defensa sostiene que iba a socorrerla. Ante la Policía, se acogió a su derecho a guardar silencio.

Quién es el detenido

Cerimedo no es un consultor cualquiera. Es, probablemente, el operador digital más influyente de la derecha latinoamericana de la última década.

Fundó La Derecha Diario, el portal que se convirtió en el principal amplificador libertario en el continente. Dirige Numen, agencia de “campañas negativas” —el término es suyo— y admitió públicamente haber comandado un ejército de “miles” de trolls en la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia argentina en 2023. En una entrevista de mayo de ese año dijo que se “inmolaría” por Milei.

Su trayectoria cruza el continente:

Brasil. Fue indiciado por la Policía Federal en la investigación sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, por la difusión de informes falsos sobre las urnas electrónicas. Posteriormente fue eximido.

Chile. Operó entre 2020 y 2022 durante el proceso constituyente, con campañas negativas y granjas de bots documentadas por medios locales.

Honduras. Se atribuyó públicamente haber instalado al actual gobierno derechista mediante denuncias de fraude que, según reportes periodísticos, nunca se acreditaron.

Bolivia. Llegó como estratega de campaña de Rodrigo Paz. Terminó con oficina propia en el Palacio de Gobierno.

El poder invisible: lo que reveló el vicepresidente

El testimonio más demoledor no vino de la oposición boliviana, sino del vicepresidente en funciones, Edmand Lara, expolicía distanciado de Paz desde el inicio de la gestión.

Lara describió una estructura de poder sin registro administrativo alguno:

“Tenía un cargo, pero no figuraba en ninguna planilla, no tenía ningún memorando. Nunca supimos de dónde se le pagaba.”

Y detalló su alcance: “Tenía una oficina en el propio Palacio de Gobierno, muy cerca del Presidente. Además de ser asesor personal, daba órdenes a los ministros y les daba directrices sobre lo que tenían que hacer y decir.”

El dato que mejor mide esa influencia lo aportó el propio vicepresidente sobre sí mismo: “Cerimedo estuvo en las dos únicas reuniones de Gabinete en las cuales me dejaron participar como vicepresidente. Él participaba más que el vicepresidente que fue electo democráticamente.”

Según Lara, los ministros debían consultar con el consultor argentino antes de llegar al presidente. “Cerimedo era el puente.” También afirmó que le escribía los discursos y le indicaba qué decir ante la prensa.

Lara desestimó de manera categórica la hipótesis de un autoatentado con fines políticos, y sostuvo que las pericias del celular acreditan contactos con los autores materiales antes, durante y después del ataque.

Añadió un elemento personal: dijo que en febrero canceló un viaje a Ecuador tras ser advertido de que allí atentarían contra su vida, y que la persona que hizo llegar esa advertencia fue la propia Nadia Beller.

El gobierno de Paz negó que Cerimedo tuviera vínculo laboral formal. Lara respondió desafiando al presidente a un careo: “Estoy dispuesto a un careo, un cara a cara, que me diga que es mentira que Fernando Cerimedo era su asesor. Cuando las papas queman, Rodrigo Paz se lava las manos.”

Las acusaciones de la víctima, y sus límites

Desde la cama del hospital, Beller ha concedido entrevistas a medios argentinos y bolivianos en las que formuló señalamientos de enorme alcance político. Es indispensable precisar su naturaleza: son su relato de lo que Cerimedo le habría dicho durante ocho meses de relación. Testimonio de referencia, no prueba documental. Ella misma ha dicho que conserva grabaciones, sin haberlas exhibido públicamente.

Con ese encuadre, lo que sostuvo:

Que Cerimedo le dijo que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia argentina, estaba involucrada en la corrupción investigada en el caso ANDIS. Que él y su esposa, Natalia Basil —exfuncionaria de esa agencia— filtraron los audios del extitular Diego Spagnuolo “para que el caso no quedara impune”. Que Cerimedo se alejó de Milei porque su entorno estaba “demasiado podrido” y decía que ese gobierno “se iba a caer”.

Que su vínculo más estrecho en el gabinete argentino era con la ministra Patricia Bullrich, con quien “coordinaba cuestiones de seguridad”. Que participó en “una campaña para anular a la vicepresidenta” Victoria Villarruel.

Que recibía dinero de presuntos hechos de corrupción del gobierno de Paz y lo movía a Argentina mediante empresas. Que decía facturar 800 mil dólares mensuales. Que en el departamento que compartían había dinero en cajones y en maletas.

Ninguna de estas afirmaciones ha sido acreditada. Ninguna de las personas mencionadas ha sido imputada por estos hechos. La diputada argentina Marcela Pagano solicitó formalmente a la Justicia que Beller declare en la causa ANDIS y aporte las grabaciones que dice poseer. Esa sería la vía para verificarlas.

Beller también denunció haber presentado antes denuncias por violencia de género contra Cerimedo que no prosperaron en la justicia boliviana, y advirtió que el gobierno de ese país “está fingiendo interés en el caso”: “Del hospital me negaban hablar con la prensa y me dan nula protección.”

La granja de bots

Mientras avanzaba la audiencia, la Fiscalía allanó un inmueble de Cerimedo en La Paz. Encontró, según reportes oficiales, grandes sumas en bolivianos, dólares y euros, y equipos tecnológicos que conformaban una granja de bots destinada a manipular tendencias en redes sociales.

Es el hallazgo más significativo desde el punto de vista del interés público, porque no toca a una persona sino a un método. La infraestructura material de la manipulación digital —servidores, dispositivos, cuentas automatizadas— rara vez queda al descubierto. Aquí quedó, incautada y bajo peritaje.

Las causas abiertas contra Cerimedo son ya tres: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y presunto lavado de activos.

La reacción en Buenos Aires

El gobierno argentino se distanció con velocidad. El canciller Pablo Quirno declaró: “El Gobierno argentino no tiene opinión sobre el caso. Es un ciudadano argentino que está en el exterior y está a disposición de la justicia boliviana. En este momento no es asesor de Milei y hace mucho tiempo que no es asesor.”

Ese “hace mucho tiempo” tiene un contrapeso documental: registros oficiales de acceso a la Casa Rosada, publicados por el medio argentino elDiarioAR, consignan que Cerimedo ingresó más de diez veces entre diciembre de 2023 y junio de 2024.

Milei, por su parte, difundió en redes mensajes que promovían la hipótesis de un autoatentado vinculado a Evo Morales, y en un discurso posterior arremetió contra Brasil, México, el Partido Demócrata estadounidense y el Partido Socialista español, a los que acusó de sostener una campaña “antiargentina”.

El vicepresidente boliviano calificó esa intervención como “una irresponsabilidad y una intromisión en la Justicia boliviana”.

La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel publicó en X un mensaje escueto, compartiendo un post de 2024 en el que Cerimedo la cuestionaba: “Qué rápido envejeció todo.”

Lo que no está probado, y conviene decirlo

Circulan dos versiones que este medio no puede sostener y que conviene señalar expresamente.

La primera: que el gobierno de Estados Unidos esté gestionando la liberación de Cerimedo. No existe registro público de ninguna acción del Departamento de Estado, de su embajada en La Paz o de cualquier instancia oficial estadounidense sobre este caso. Lo que sí hay son advertencias internas: el vicepresidente Lara alertó que Cerimedo podría beneficiarse de privilegios judiciales —“En mi país, el que tiene poder y plata queda impune”— y Evo Morales pronosticó su liberación argumentando que “sabe todas las barbaridades” del gobierno de Paz. Son valoraciones políticas de actores interesados, no hechos verificados.

La segunda: la hipótesis del autoatentado, promovida desde sectores oficialistas argentinos. El vicepresidente boliviano la desestimó apoyándose en las pericias del expediente. Tampoco existe elemento público que la sostenga.

Por qué esto importa en México

Hay tres razones concretas, y ninguna requiere especulación.

La primera es el método. El modelo que Cerimedo perfeccionó —granjas de bots, campañas negativas, un portal propio para lavar la información, denuncias de fraude sin sustento— no es una anomalía argentina. Es una tecnología política exportable, y su operador la desplegó en al menos cinco países. México ha tenido y tendrá procesos electorales expuestos a exactamente ese repertorio. Lo incautado en La Paz permite, por primera vez, ver la maquinaria por dentro.

La segunda es la advertencia sobre el poder sin registro. El hallazgo más inquietante del caso no es criminal sino institucional: un extranjero sin nombramiento, sin memorándum, sin planilla y sin fuente de pago conocida daba órdenes a ministros de un Estado soberano. Esa figura —el asesor que no existe en papel pero decide— es un riesgo de cualquier sistema presidencial, no de uno solo.

La tercera es directa. Milei incluyó a México en su lista de responsables de una supuesta campaña en su contra, en pleno escándalo. Cuando un jefe de Estado vecino nombra al país como adversario en medio de una crisis judicial propia, deja de ser noticia internacional y se vuelve cobertura nacional.

Lo que sigue

Cerimedo permanecerá en Palmasola mientras avanza la investigación, salvo que la medida sea revisada. La Fiscalía debe acreditar ahora, ante un tribunal, lo que hasta hoy son indicios: las pericias telefónicas, las cámaras del hotel, los testimonios que lo ubican en las inmediaciones y el rastreo de las transferencias que se le atribuyen.

Su defensa impugnó la cadena de custodia del celular y calificó el proceso como “un show político”.

Dos personas fueron detenidas como presuntos autores materiales del ataque.

El vicepresidente Lara anunció que evalúa impulsar una comisión especial en la Asamblea Legislativa para reconstruir los nexos políticos y económicos del consultor en Bolivia.

Y Nadia Beller sigue internada, siguiendo las audiencias desde una pantalla de teléfono, en un país donde ella misma dice no tener protección.

Un hombre que hizo carrera fabricando versiones enfrenta ahora un procedimiento donde las versiones no bastan: hacen falta pruebas. Es, para el oficio que ejerció, la ironía más precisa posible.

Si tú o alguien cercano vive violencia de género, en México la Línea de las Mujeres 911 y el 800 108 4053 ofrecen atención gratuita y confidencial las 24 horas.

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ImmigrationOS: la infraestructura que decide a quién deportan primero

Por: Rodrigo Vissuet

San Juan del Río, Qro. 17 de agosto de 2026.— Hay un documento público en el sistema federal de contrataciones de Estados Unidos con el número 70CTD022FR000170. Es la justificación con la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas explica por qué contrató a una empresa sin licitación, sin competencia y con urgencia.

En ese documento aparece una frase que describe con precisión burocrática lo que el sistema hace: “ciclo de vida migratorio de extremo a extremo, desde la identificación hasta la expulsión.”

La empresa es Palantir. Su cofundador y presidente del consejo es Peter Thiel, el mismo que en 2009 escribió que la libertad y la democracia ya no eran compatibles. Esta es la segunda entrega de nuestra serie sobre sus ideas, y toca el punto donde dejan de ser ideas.

La cifra que circuló y la cifra real

En abril de 2025, la prensa internacional reportó que ICE había otorgado a Palantir un contrato de 30 millones de dólares. Ese número se quedó en el imaginario público, pero es apenas el primer piso del edificio.

El desglose verificable:

• 29.8 millones de dólares — contrato del 17 de abril de 2025 para desarrollar el prototipo de ImmigrationOS, con entrega el 25 de septiembre de ese año.
• 29.9 millones de dólares — segunda orden otorgada el 25 de septiembre de 2025 para renovación de licencias, operación y mantenimiento adaptativo del mismo sistema.
• Más de 145 millones de dólares — valor acumulado del contrato matriz de gestión de casos sobre el que ImmigrationOS se construyó.
• Más de 900 millones de dólares — total de contratos federales que Palantir ha obtenido desde el inicio de la actual administración, según registros públicos obtenidos por The New York Times.

Y un dato de procedimiento que importa tanto como las cifras: el contrato se adjudicó sin licitación. ICE argumentó en su justificación que existía una necesidad “urgente e imperiosa” y que Palantir era “la única fuente” capaz de entregarlo a tiempo, porque “los sistemas de Palantir ya están ingiriendo y procesando datos de múltiples fuentes de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional y externas”.

Traducido: la empresa está tan integrada en la infraestructura del organismo que ningún competidor podría alcanzarla. En el lenguaje de la industria eso se llama vendor lock-in —dependencia de proveedor único. En el lenguaje del ensayo de 2009, se parece bastante a un monopolio.

Las tres funciones, según el propio contrato

El documento oficial enumera qué debe hacer el sistema. Son tres capacidades:

1. Priorización de objetivos y aplicación de la ley. El contrato habla de “agilizar las operaciones de selección y aprehensión”. El sistema jerarquiza a quién buscar primero. Las categorías prioritarias que menciona son “criminales violentos”, “afiliados de organizaciones criminales transnacionales conocidas” y —esta es la que cambia todo— personas que excedieron la vigencia de su visa.

2. Seguimiento de la autodeportación. El contrato exige “visibilidad casi en tiempo real” sobre las personas que abandonan el país por cuenta propia, para “informar la política” y reportar con exactitud las salidas.

3. Gestión del ciclo de vida migratorio. El proceso completo, “de la identificación a la expulsión”, con “mayor eficiencia en la logística de deportación, minimizando tiempo y gasto de recursos”.

El detalle que debería importarle a cualquier mexicano con visa

Volvamos a la primera categoría. En la legislación estadounidense, exceder la vigencia de una visa ha sido tradicionalmente una falta administrativa, no un delito. Sin embargo, en el contrato aparece listada junto a “criminales violentos” y miembros de organizaciones criminales transnacionales como prioridad del sistema.

No estamos hablando de una interpretación: es el texto del documento. Y significa que la persona que se quedó unas semanas más de lo permitido después de visitar a su familia queda categorizada, para efectos operativos del sistema, en la misma cola de prioridad que alguien acusado de un delito violento.

De dónde saca los datos

ImmigrationOS no genera información nueva. Su función es unir la que ya existe en bases de datos separadas. Según los registros contractuales y los reportes de organizaciones especializadas, el sistema integra:

• Registros de pasaportes
• Archivos del Seguro Social
• Datos fiscales del servicio de recaudación
• Lectores automáticos de placas vehiculares
• Bases de datos de agencias federales de investigación
• Registros de visas estudiantiles
• Información de corredores de datos privados

A eso se suma una herramienta complementaria llamada ELITE —Identificación Mejorada de Pistas y Focalización para Aplicación de la Ley—, que según reportes públicos ubica objetivos en un mapa digital, arma expedientes individuales y les asigna “puntajes de confianza” sobre la exactitud del domicilio.

Un puntaje de confianza sobre dónde vive una persona. Ese es el nivel de granularidad del sistema.

La Unión Americana de Libertades Civiles, que sigue a Palantir desde 2011, documentó que estas herramientas “forman la columna vertebral del régimen de deportación masiva de ICE”.

Lo que dijeron desde adentro de Silicon Valley

Aquí es donde la historia deja de ser solo contractual.

Cuando se conoció el contrato, Paul Graham —fundador de Y Combinator, la incubadora más influyente del sector tecnológico— escribió públicamente: “Es un momento muy emocionante en la tecnología ahora mismo. Si eres un programador de primer nivel, hay muchísimos otros lugares donde puedes ir a trabajar en lugar de la empresa que está construyendo la infraestructura del Estado policial.”

La respuesta de Palantir llegó de Ted Mabrey, su director global comercial, quien defendió a la compañía recordando que su trabajo con Seguridad Nacional comenzó tras el asesinato del agente Jaime Zapata a manos de los Zetas, en una operación llamada “Héroe Caído”. Su argumento fue: “Cuando hay personas vivas por lo que construiste, y otras muertas porque lo que construiste no era todavía suficientemente bueno, uno…”

Es un argumento que merece registrarse completo, porque es el mejor que la empresa tiene y porque tiene fondo real: Palantir empezó a trabajar con el gobierno estadounidense en 2011, bajo una administración demócrata, y el asesinato de Zapata ocurrió en territorio mexicano.

En mayo de 2025, trece exempleados de Palantir firmaron una carta abierta con una valoración distinta: “Las empresas están apaciguando a la administración, suprimiendo la disidencia y alineándose con su agenda xenófoba, sexista y oligárquica.”

El conflicto de interés documentado

Un elemento que las organizaciones civiles han señalado y que conviene consignar con precisión: Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de la administración estadounidense, mantiene una participación financiera sustancial en Palantir, según reportó el American Immigration Council.

No es una acusación de ilegalidad. Es un hecho registrado que describe cómo se solapan la decisión política y el beneficio corporativo en este caso concreto.

Lo que ya no se limita a migrantes

En diciembre de 2025, nuevos registros contractuales revelaron que Palantir construye también una plataforma tecnológica para el servicio de Ciudadanía e Inmigración —la agencia que otorga beneficios migratorios, no la que los persigue. Es decir, el mismo proveedor que opera el sistema de expulsión ahora participa en el sistema que decide quién obtiene residencia o ciudadanía.

Organizaciones de libertades civiles han advertido un riesgo estructural: nada en el diseño técnico del sistema limita su uso a personas sin documentos. La arquitectura que rastrea a un migrante puede rastrear a cualquiera.

La línea que conecta con 2009

En la primera entrega documentamos que Thiel escribió: “la gran tarea para los libertarios es encontrar una vía de escape de la política en todas sus formas”, y que identificó tres territorios donde construirla —el ciberespacio, el espacio exterior y el mar.

Diecisiete años después, el ciberespacio dejó de ser una vía de escape de la política. Se convirtió en el instrumento con el que un gobierno ejerce una de sus funciones más coercitivas: decidir quién puede quedarse en el país y quién debe irse, y en qué orden.

Hay una diferencia importante que este medio no va a omitir: Thiel cofundó Palantir y preside su consejo, pero no dirige su operación diaria ni firma sus contratos. Atribuirle cada decisión de la empresa sería inexacto.

Lo que sí es exacto es esto: el hombre que escribió que había que escapar de la política construyó, en cambio, una de las herramientas de poder estatal más precisas de este siglo. No la usó para huir del Estado. Se la vendió.

En la próxima entrega: Competir es de perdedores. La tesis de Zero to One que enseña a Silicon Valley que el capitalismo y la competencia son opuestos, y por qué esa idea explica tanto el éxito de Palantir como el contrato sin licitación que acabamos de describir.

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Con apoyo del PECDA 2025, la bailarina desarrolló una temporada profesional con presentaciones en Rumania e Italia e intercambios artísticos en Serbia y Egipto

Santiago de Querétaro, Qro., 13 de agosto de 2026.— La bailarina queretana Ana Elia Lira llevó su formación a escenarios internacionales mediante una temporada que incluyó 12 funciones de El Cascanueces en Rumania, una presentación de Don Quijote en Italia e intercambios culturales con instituciones de Serbia y Egipto.

El recorrido formó parte de su proyecto “Programa de entrenamiento profesional de Danza en la Compañía Internacional de Ballet de Musaica”, seleccionado en el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025.

Aunque el boletín institucional presenta el recorrido como una gira por Europa, Egipto se encuentra en el noreste de África. En términos geográficos, se trató de una temporada internacional desarrollada en tres países europeos —Rumania, Italia y Serbia— y uno africano.

El apoyo público permitió a Lira incorporarse a un proceso de formación y práctica escénica con la International Ballet Company Messapica, una agrupación con sede en la región italiana de Apulia que reúne a jóvenes intérpretes de distintas nacionalidades. El directorio de la compañía incluye a una bailarina mexicana identificada como “Anna Elia”.

Doce funciones de El Cascanueces

Uno de los momentos centrales de la experiencia fue su participación en una temporada de El Cascanueces en Rumania, donde interpretó el papel solista del Rey Ratón durante 12 funciones.

El personaje representa al antagonista de la obra y participa en uno de sus pasajes dramáticos más reconocibles: el enfrentamiento entre el Cascanueces, los soldados de juguete y el ejército de ratones. Su interpretación exige presencia escénica, precisión técnica y capacidad actoral, además del trabajo físico propio del ballet clásico.

Lira también formó parte del ensamble en las danzas árabes, el “Vals de las flores” y la escena de los copos de nieve, lo que le permitió transitar entre una responsabilidad solista y el trabajo coordinado del cuerpo de baile.

“Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi trayectoria”, señaló la artista, quien atribuyó parte de su preparación a la formación recibida en Querétaro con las maestras Deniza Kuznechonkova y Consuelo Dueñas Uribe.

De Rumania a Italia, Serbia y Egipto

La temporada incluyó una función de Don Quijote en Brindisi, Italia. Esta obra, inspirada libremente en episodios de la novela de Miguel de Cervantes, es una de las producciones más exigentes y vistosas del repertorio clásico.

El sitio de la International Ballet Company Messapica presenta a la agrupación como una plataforma de formación profesional con sede en Mesagne, provincia de Brindisi, e incluye Don Quijote dentro de su programación.

Además de las funciones, Lira participó en dos intercambios culturales: uno con la National Foundation for Dance, en Belgrado, Serbia, y otro con la Ópera de El Cairo, en Egipto.

El comunicado no precisa las fechas, duración ni actividades específicas de ambos encuentros. Estos datos permitirían dimensionar si se trató de clases, residencias, ensayos, presentaciones o sesiones de vinculación profesional. Lo confirmado por la información institucional es su integración a la ruta formativa del proyecto apoyado.

Una trayectoria que cruza danza y comunicación

Ana Elia Lira también es licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro. Esa formación académica acompaña una trayectoria artística construida en el ballet y ampliada ahora mediante la experiencia internacional.

La bailarina consideró que la temporada le permitió fortalecer su técnica, probarse en un contexto profesional y adquirir una comprensión más amplia del trabajo escénico.

“Puedo decir que hoy soy una artista mucho más completa. Viví experiencias invaluables; me probé a mí misma la artista que soy y me siento muy orgullosa por poner en alto el nombre de Querétaro, de quienes me formaron, del jurado y de las instituciones que me otorgaron el premio”, expresó.

Más allá del lenguaje celebratorio, el resultado ofrece un ejemplo concreto de movilidad artística: un estímulo concedido en Querétaro facilitó que una intérprete se integrara a una compañía multicultural, asumiera responsabilidades escénicas y estableciera contacto con instituciones extranjeras.

El papel del financiamiento público

El PECDA opera desde 1993 mediante la colaboración entre la Secretaría de Cultura federal, las entidades federativas y la sociedad civil. Su finalidad es impulsar la creación, interpretación, investigación y promoción cultural mediante apoyos económicos otorgados a través de convocatorias estatales.

El programa atiende disciplinas como danza, música, teatro, literatura, artes visuales, patrimonio cultural y medios audiovisuales. De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, también busca contribuir a la profesionalización de creadores e intérpretes.

Lira definió el estímulo como una oportunidad para convertir años de preparación en experiencia profesional y reconocimiento artístico.

La relevancia del apoyo, sin embargo, no reside únicamente en financiar un viaje. Su utilidad pública debe medirse mediante los resultados del proyecto, la formación adquirida y la manera en que ese conocimiento regresa a la comunidad artística que contribuyó a financiarlo.

El boletín no informa el monto recibido por la bailarina ni las actividades de retribución social previstas en el proyecto. La difusión de esos elementos permitiría valorar con mayor precisión la inversión pública y conocer cómo la experiencia internacional se compartirá con estudiantes, compañías o audiencias de Querétaro.

La temporada de Ana Elia Lira muestra que los estímulos culturales pueden abrir puertas difíciles de alcanzar mediante recursos individuales. También recuerda que el apoyo a las artes no termina con la entrega económica: requiere seguimiento, difusión de resultados y condiciones para que el aprendizaje obtenido fortalezca el ecosistema cultural local.

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El día que un multimillonario escribió que había que escapar de la política

Por: Redacción de LYPmultimedios

San Juan del Río, Qro. 13 de agosto de 2026.— El 13 de abril de 2009, un inversionista de 41 años que había cofundado PayPal y puesto el primer dinero externo en Facebook publicó un ensayo en la revista del Instituto Cato. No era una entrevista malinterpretada ni una frase capturada fuera de contexto. Era un texto firmado, editado y publicado por decisión propia.

En el tercer párrafo escribió la frase que aún define su pensamiento: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles.”

Diecisiete años después, el autor de esa línea —Peter Thiel— tiene un socio en la vicepresidencia de Estados Unidos, una empresa que decide a quién deporta ese país, propiedades en Buenos Aires y reuniones privadas con presidentes sudamericanos. Esta serie de seis entregas examina sus ideas. Empezamos por la que las ordena a todas.

Qué dice exactamente el ensayo

The Education of a Libertarian es, en su superficie, la crónica de una desilusión. Thiel narra su paso por Stanford, su fe juvenil en el debate político y su conclusión de que ese camino no lleva a ningún lado.

Su argumento central no es que la democracia funcione mal, sino que funciona exactamente como debe y por eso resulta incompatible con lo que él entiende por libertad. La razón que ofrece es aritmética, y es la parte del ensayo que menos se cita:

“Desde 1920, el vasto incremento de beneficiarios de asistencia social y la extensión del sufragio a las mujeres —dos electorados notoriamente difíciles para los libertarios— han convertido la noción de ‘democracia capitalista’ en un oxímoron.”

Conviene leer eso despacio. No dice que la democracia sea imperfecta. Dice que dos ampliaciones históricas del derecho al voto —el sufragio femenino y la incorporación política de los pobres— volvieron imposible el proyecto que él defiende. La conclusión lógica de esa premisa no es reformar la democracia: es dejar de intentarlo.

Y eso es precisamente lo que propone. En sus palabras, “la gran tarea para los libertarios es encontrar una vía de escape de la política en todas sus formas”. Describe una “carrera mortal” entre política y tecnología en la que el premio es la libertad humana, y sostiene que la meta del activismo libertario no debe ser ganar en política, sino escapar de ella.

Las tres salidas de emergencia

El ensayo no se queda en el diagnóstico. Thiel enumera tres territorios donde, según él, podría construirse un espacio libre del alcance de los votantes: el ciberespacio, el espacio exterior y el mar.

No eran metáforas. En los años siguientes financió el Seasteading Institute, un proyecto para construir plataformas habitables en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier Estado. En el mismo ensayo dedica un pasaje a desear suerte a Patri Friedman —nieto de Milton Friedman y fundador de ese instituto— en lo que llama “su extraordinario experimento”, y cierra con una frase que hoy se lee distinto: “El destino de nuestro mundo puede depender del esfuerzo de una sola persona que construya o propague la maquinaria de libertad que hace al mundo seguro para el capitalismo.”

Una sola persona. No un parlamento, no un electorado: una persona.

La corrección que no corrigió

El pasaje sobre el sufragio femenino provocó una reacción inmediata. Thiel publicó una aclaración —que la propia revista anexó al ensayo original— en la que sostuvo que se trataba de “una observación estadística común sobre patrones de voto que suele llamarse la brecha de género”.

Es una defensa parcial y vale registrarla con precisión: la brecha de género en el voto es, en efecto, un fenómeno medido por la ciencia política. Lo que la aclaración no toca es el uso que le da en el texto. Una cosa es constatar que hombres y mujeres votan distinto; otra es enumerar esa diferencia entre las causas por las que la democracia dejó de ser compatible con la libertad. El primer enunciado es una descripción; el segundo, un juicio sobre quién debería decidir.

Del ensayo a la doctrina

Cinco años después, en Zero to One, Thiel trasladó la misma lógica al terreno empresarial con una tesis igual de frontal: “el capitalismo y la competencia son opuestos”, y “la competencia es para perdedores porque destruye las ganancias”. Su defensa del monopolio —que analizaremos en la tercera entrega— sostiene que solo las empresas libres de competidores acumulan las ganancias necesarias para financiar innovación de largo plazo.

Hay una simetría difícil de pasar por alto entre ambas ideas. En política, la pluralidad de votantes es el obstáculo. En economía, la pluralidad de competidores es el obstáculo. En los dos casos, la solución consiste en escapar de la disputa: construir un espacio donde nadie más pueda intervenir.

El eco que no buscó, pero que llegó

Aquí es necesario un matiz que este medio no va a omitir. Thiel no fundó ningún movimiento político ni ha suscrito públicamente las tesis más extremas que se le atribuyen por asociación.

Pero el registro documental muestra que su ensayo fue una de las piedras fundacionales de algo más grande. El filósofo Nick Land, en The Dark Enlightenment —el texto que da nombre y sistema al movimiento neorreaccionario—, cita expresamente la discusión de Cato Unbound de abril de 2009, donde Thiel y otros libertarios expresaron su escepticismo sobre la compatibilidad entre libertad y democracia. Land articula en ese ensayo el pensamiento de Curtis Yarvin, el de Thiel —”sobre todo en The Education of a Libertarian“— y el paleolibertarismo de Hans-Hermann Hoppe.

Es decir: el propio movimiento identifica ese texto como una de sus fuentes. Que Thiel lo haya pretendido o no es otra discusión, y la abordaremos en la quinta entrega.

Por qué esto importa aquí

Un ensayo de 2009 sería una curiosidad intelectual si su autor no hubiera dedicado los años siguientes a construir las herramientas de las que hablaba.

Hoy Palantir —la empresa que cofundó— opera la plataforma con la que el gobierno estadounidense identifica y prioriza a quién deportar. Founders Fund, su fondo, financió a los ideólogos del neorreaccionarismo. Y en abril de este año, Thiel se instaló temporalmente en Buenos Aires, compró tierras en Uruguay y se reunió con dos presidentes sudamericanos, uno de ellos en un encuentro que no apareció en ninguna agenda oficial.

La pregunta que abre esta serie no es si Thiel es un villano de historieta. Es más simple y más incómoda: cuando alguien escribe que la democracia y la libertad son incompatibles, y luego pasa quince años construyendo tecnología, financiando políticos y comprando propiedades en países donde gobiernan sus aliados, ¿qué está haciendo exactamente?

Su propio ensayo ofrece la respuesta que él daría: buscar una salida.

En la próxima entrega: La máquina de deportar. Cómo funciona ImmigrationOS, el sistema de 30 millones de dólares que Palantir construyó para ICE, qué datos recolecta, y por qué trece de sus propios exempleados firmaron una carta en contra.

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La emergencia por el sismo de magnitud 7.4 mantiene operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Colombia señaló inicialmente que no requería más personal extranjero especializado, aunque posteriormente definió necesidades de asistencia internacional en hospitales de campaña, agua, alimentos y otros insumos.

Bogotá, Colombia. La cifra de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia aumentó a al menos 224, mientras las autoridades y organismos de emergencia continúan las labores de búsqueda, atención a personas heridas y evaluación de daños en las regiones más afectadas.

El desastre ha dejado además miles de personas lesionadas, viviendas destruidas y severas afectaciones en infraestructura. La dimensión definitiva de la emergencia todavía no se conoce, debido a que existen comunidades de difícil acceso y continúan las labores de remoción de escombros.

Cali, en Valle del Cauca, y Pereira, en Risaralda, se encuentran entre las ciudades con mayor número de víctimas y daños. En Chocó, municipios cercanos al epicentro, entre ellos San José del Palmar, también enfrentan una situación crítica.

Colombia limita inicialmente la llegada de rescatistas extranjeros

En medio de la emergencia surgió una controversia sobre la gestión de la ayuda internacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que las autoridades colombianas comunicaron que sus equipos de rescate, personal médico y demás cuerpos de emergencia ya se encontraban desplegados, por lo que en ese momento no requerían apoyo adicional de personal extranjero.

Esto no significó un rechazo general a toda la asistencia internacional.

La posición comunicada inicialmente estuvo dirigida principalmente a la incorporación de más equipos extranjeros de rescate, mientras Colombia manifestó necesidades relacionadas con recursos económicos e insumos humanitarios.

Posteriormente, la Cancillería colombiana agradeció las ofertas de apoyo internacional y detalló prioridades como hospitales de campaña, kits de alimentación, elementos de aseo y hábitat, insumos para agua, saneamiento e higiene, así como artículos de cocina y menaje.

También anunció la llegada de los primeros vuelos con ayuda humanitaria.

La evolución de estas decisiones muestra que la respuesta internacional se encuentra en proceso de coordinación y que las necesidades pueden modificarse conforme las autoridades evalúan la magnitud del desastre.

Cali y Pereira concentran parte de la emergencia

Las operaciones de rescate continúan especialmente en Cali y Pereira, donde se registraron colapsos de edificios y graves afectaciones a viviendas.

En Cali permanece además la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

La remoción de escombros avanza en condiciones complejas. Derrumbes bloquearon carreteras y dificultaron el acceso a algunas de las comunidades afectadas, mientras otras zonas enfrentan interrupciones de energía, agua potable y telecomunicaciones.

Esta situación ha complicado tanto el ingreso de suministros como la consolidación de un balance definitivo de víctimas.

Chocó enfrenta dificultades de acceso

La situación también resulta crítica en el departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro.

Habitantes de localidades como San José del Palmar han reportado severos daños en viviendas e infraestructura.

La vulnerabilidad histórica de algunas comunidades del litoral Pacífico añade otro componente a la emergencia: garantizar que la respuesta no se concentre únicamente en las grandes ciudades y que los recursos alcancen a poblaciones rurales y comunidades tradicionalmente rezagadas.

La atención de un desastre de esta magnitud implica no solamente rescatar personas entre los escombros, sino restablecer agua, electricidad, comunicaciones, atención médica, movilidad y condiciones mínimas de alojamiento.

Gobierno declara emergencia económica y social

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decretó medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias del terremoto.

El mandatario anunció apoyos para las personas que perdieron sus viviendas, comenzando con subsidios de arrendamiento mientras se avanza hacia una etapa posterior de reconstrucción.

También planteó subsidios temporales para el pago de servicios públicos en las zonas afectadas.

“Tengan un poco de paciencia, estamos trabajando a marchas forzadas para lograr superar la tragedia. No los voy a abandonar”, expresó durante una visita a Pereira.

La coordinación gubernamental, bajo escrutinio

La gestión de la emergencia ha generado cuestionamientos políticos.

Legisladores del Pacto Histórico han señalado posibles problemas de coordinación durante los primeros días del nuevo gobierno y han relacionado parte de las dificultades con la ausencia de un proceso de transición con la administración del expresidente Gustavo Petro.

Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos de la oposición y no permiten establecer, por sí mismas, que los problemas registrados durante la emergencia sean consecuencia directa de la transición política.

La respuesta del Estado deberá evaluarse a partir de elementos verificables: velocidad de los rescates, capacidad para llegar a comunidades aisladas, coordinación institucional, distribución de recursos y transparencia sobre las necesidades de asistencia.

Ayuda internacional comienza a movilizarse

Distintos países han expresado su disposición para apoyar a Colombia.

Estados Unidos anunció recursos económicos para atender la emergencia, mientras otros gobiernos ofrecieron personal especializado, insumos y asistencia logística.

México también preparó personal militar especializado para apoyar las operaciones en caso de que las autoridades colombianas requirieran su despliegue.

La respuesta internacional deberá coordinarse con las necesidades determinadas por Colombia para evitar duplicidades y dirigir los recursos hacia las zonas donde resulten más necesarios.

Una emergencia cuyo balance continúa abierto

El terremoto ha dejado una crisis humanitaria que todavía se encuentra en evolución.

La cifra de 224 personas fallecidas constituye un balance provisional y podría cambiar conforme avancen las operaciones de búsqueda y las autoridades logren acceder a las comunidades más afectadas.

Más allá de la discusión política sobre la respuesta gubernamental, la prioridad permanece en localizar a quienes siguen desaparecidos, atender a las personas heridas y garantizar agua, alimentación, refugio y servicios médicos a las poblaciones damnificadas.

Las próximas horas serán determinantes para conocer la dimensión real de la tragedia y para evaluar la capacidad de Colombia de articular sus recursos nacionales con la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.

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Bogotá, Colombia. El número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto aumentó a al menos 169, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas y comunidades afectadas en distintas regiones del país.

El balance de la tragedia ha cambiado rápidamente conforme los organismos de emergencia acceden a las zonas dañadas. Durante el lunes se habían reportado 132 personas fallecidas, 570 heridas y 188 desaparecidas, además de graves afectaciones en viviendas, edificios públicos e infraestructura.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y fue percibido en una amplia extensión del territorio colombiano.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, mientras ciudades como Cali, Pereira y Manizales reportaron daños de consideración.

Búsqueda de sobrevivientes continúa

Las operaciones de emergencia se concentran en la búsqueda y rescate de personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

En Cali, las autoridades habían reportado 188 personas desaparecidas, además de edificios colapsados y miles de viviendas afectadas.

La magnitud de los daños también ha complicado las comunicaciones y el acceso a algunas localidades. Derrumbes sobre carreteras, interrupciones en los servicios de energía y agua y problemas de conectividad dificultan tanto la evaluación de las afectaciones como la llegada de ayuda.

El balance, por ello, permanece abierto y puede continuar modificándose conforme avancen las operaciones de búsqueda.

Un terremoto sentido en buena parte de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano registró numerosos reportes ciudadanos procedentes de diferentes regiones después del movimiento principal.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7.4 y tuvo como epicentro la región de San José del Palmar, en Chocó. La sacudida fue percibida con fuerza en el litoral Pacífico y el Eje Cafetero.

Las imágenes difundidas desde las zonas afectadas muestran daños en viviendas, edificios y vialidades, mientras organismos de emergencia mantienen evaluaciones estructurales para determinar qué inmuebles pueden seguir siendo utilizados.

También se mantiene vigilancia ante posibles réplicas.

Gobierno declara emergencia nacional

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró el estado de emergencia nacional y puso en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta gubernamental.

El mandatario señaló que la prioridad es localizar y rescatar a las personas que permanecen bajo los escombros.

De la Espriella se trasladó primero al departamento del Chocó y posteriormente a Cali, mientras integrantes de su gobierno fueron enviados a otras regiones afectadas.

El Ejecutivo anunció además apoyos para las familias que perdieron sus viviendas y medidas destinadas a acelerar la llegada de recursos a las comunidades damnificadas.

La gestión de la emergencia, bajo escrutinio

El terremoto ocurre apenas días después del inicio del nuevo gobierno colombiano y representa su primera gran emergencia nacional.

La diferencia entre los balances difundidos durante las primeras horas evidenció las dificultades para consolidar información procedente de las múltiples regiones afectadas. El lunes, mientras el gobierno federal reportaba 111 fallecimientos en uno de sus cortes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales elevaba posteriormente el balance a 132.

La respuesta institucional y la capacidad de coordinación del nuevo gobierno estarán bajo escrutinio conforme avance la emergencia. Sin embargo, las diferencias entre balances preliminares no permiten, por sí mismas, atribuir responsabilidades políticas: en desastres de esta magnitud las cifras suelen cambiar conforme los equipos ingresan a las zonas afectadas.

Lo que sí resulta central es la capacidad del Estado para coordinar rescates, mantener información pública verificable y garantizar que los recursos lleguen con rapidez a las personas damnificadas.

La emergencia entra ahora en una etapa crítica

Colombia enfrenta simultáneamente la búsqueda de sobrevivientes, la atención de cientos de personas heridas, la evaluación de miles de viviendas y la recuperación de infraestructura esencial.

El aislamiento parcial de algunas comunidades representa otro desafío. Las afectaciones carreteras y las interrupciones de servicios pueden dificultar el ingreso de maquinaria, equipos médicos, alimentos y agua potable.

La ayuda internacional comenzó también a movilizarse ante la dimensión del desastre.

En las próximas horas, la prioridad seguirá concentrada en localizar personas desaparecidas y acceder a comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

La cifra de víctimas, desaparecidos y daños materiales continúa en actualización.

Más allá de los números, la emergencia representa miles de familias que buscan a sus seres queridos, personas que han perdido sus hogares y comunidades que deberán enfrentar un proceso de recuperación que apenas comienza.

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En medio de la emergencia nacional por el terremoto que golpeó a Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un giro de alto impacto en su política exterior: retiró el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y respaldó la soberanía israelí sobre el territorio sirio ocupado desde 1967.

En plena tragedia por el terremoto que sacudió a Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió dar un giro profundo en su política exterior: reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y la de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexado unilateralmente en 1981.

La decisión marca una ruptura con la política exterior del gobierno anterior de Gustavo Petro, que había restablecido el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en 2022 y había roto relaciones diplomáticas con Israel en 2024 por la guerra en Gaza.

Respecto al Sáhara Occidental, la Cancillería colombiana informó que el país congelará sus relaciones con la RASD y no mantendrá contactos políticos ni diplomáticos con esta entidad. La medida también implica que Colombia no impulsará intercambio de misiones ni respaldo a la RASD en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

“Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sáhara Occidental y, en ese contexto, la posición del Gobierno de Colombia será congelar las relaciones con la RASD a partir de la fecha”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

La Cancillería defendió que la decisión busca revitalizar la relación con Marruecos, país al que describió como aliado de Colombia desde hace casi 50 años. Según el comunicado, la nueva dinámica bilateral se apoyará en cooperación comercial, promoción de inversiones, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico, así como en el fortalecimiento de la conectividad atlántica entre ambos países.

Sin embargo, el giro no es menor. El Sáhara Occidental continúa siendo uno de los conflictos de descolonización más prolongados del mundo. Naciones Unidas lo mantiene en su lista de territorios no autónomos, mientras Marruecos controla la mayor parte del territorio y el Frente Polisario reclama el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Colombia también respalda a Israel sobre los Altos del Golán

El gobierno colombiano también reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel durante la guerra de 1967 y anexado de manera unilateral en 1981.

La Cancillería sostuvo que el control israelí sobre esa zona es estratégico para la seguridad de Israel ante la persistente inestabilidad en Medio Oriente y vinculó su decisión con las amenazas regionales que se intensificaron tras los ataques del 7 de octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció la decisión y la calificó como “histórica”. También afirmó que el reconocimiento fue resultado del encuentro que sostuvo con De la Espriella en Barranquilla y adelantó que buscará que otros países se sumen a Estados Unidos y Colombia en el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el territorio.

El anuncio colombiano se produjo días después de que Bogotá y Tel Aviv restablecieron relaciones diplomáticas, suspendidas en mayo de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro por el conflicto en Gaza.

La decisión, sin embargo, entra en tensión con la posición mayoritaria de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró en 1981 que la decisión de Israel de imponer sus leyes, jurisdicción y administración sobre los Altos del Golán era nula y sin efecto jurídico internacional.

Un giro diplomático en medio de la emergencia

El momento político del anuncio también genera debate. Colombia atraviesa una emergencia nacional tras el terremoto que dejó decenas de personas fallecidas, daños en infraestructura y una movilización urgente de recursos públicos.

En ese contexto, el gobierno de De la Espriella abrió dos frentes diplomáticos sensibles: por un lado, se alinea con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental; por otro, se suma al reducido grupo de países que reconocen la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

La decisión confirma el viraje internacional del nuevo gobierno colombiano hacia una política exterior más cercana a Marruecos, Israel y Estados Unidos, y más distante de las posiciones que sostuvo Gustavo Petro en torno a Palestina, el Sáhara Occidental y los gobiernos del sur global.

Más allá del comunicado oficial, el fondo del debate es claro: Colombia está redefiniendo su lugar en el tablero internacional justo cuando enfrenta una tragedia interna. Y lo hace tomando postura sobre dos territorios cuya soberanía sigue siendo objeto de disputa, ocupación o revisión en el derecho internacional.

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Por Román André Martínez Bravo

Todo gobierno mexicano hereda un mismo lenguaje diplomático: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Son principios que datan de la Doctrina Estrada de 1930 y que quedaron inscritos en el artículo 89 constitucional.

Pero un lenguaje compartido no garantiza una misma práctica. Lo interesante de observar en la administración de Claudia Sheinbaum no es que repita esas fórmulas —todos los presidentes lo hacen—, sino cómo las está poniendo a prueba frente a una región cada vez más fracturada y frente a un vecino, Estados Unidos, que exige alineamiento antes que principios.

Una herencia con nombre propio

La presidenta ha insistido, en distintos foros internacionales, en que la política exterior mexicana representa una suerte de vanguardia moral: un país que defiende la soberanía de las naciones y rechaza el uso de la fuerza como método para resolver conflictos, en contraste con lo que describe como un mundo cada vez más militarizado.

Ha llegado a proponer, en cumbres de líderes progresistas, que el gasto militar global se redirija hacia la reforestación y el empleo en países pobres. Es un discurso que conecta explícitamente con el legado de Andrés Manuel López Obrador y con el concepto de “economía del bienestar” que él mismo promovió.

El problema de toda doctrina basada en principios universales es que, tarde o temprano, choca con casos concretos que exigen decisiones políticas, no solo declaraciones. Ahí es donde vale la pena mirar de cerca.

Los casos que ponen a prueba la doctrina

Tres episodios recientes ilustran la tensión entre principio y pragmatismo.

El primero es Ecuador. México rompió relaciones diplomáticas con ese país después de que autoridades ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un episodio que Sheinbaum ha calificado como un agravio directo a la soberanía nacional.

Aquí la doctrina no es ambigua: la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es uno de los pilares más antiguos del derecho internacional, y México aplicó el principio sin matices.

El segundo es Perú, con un matiz distinto. México restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Dina Boluarte esta misma semana, después de una ruptura previa motivada por el asilo que México otorgó a la expresidenta Betssy Chávez, condenada tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Sheinbaum ha explicado que la reconciliación se dio cuando quien ahora encabeza el gobierno peruano —Keiko Fujimori— tomó la iniciativa de llamar personalmente para resolver el diferendo, y que un salvoconducto para Chávez estaría disponible en cuanto ella pueda salir del país.

La presidenta ha subrayado que México debe sostener relaciones diplomáticas con el mundo más allá de la orientación política de los gobiernos. Esa frase, en realidad, describe bastante bien el pragmatismo detrás de la doctrina: los principios se sostienen, pero las relaciones se negocian caso por caso.

El tercero es la relación con Cuba y Venezuela, hacia donde México continúa enviando ayuda humanitaria pese a las presiones de Washington para aislar a ambos gobiernos.

Aquí la autodeterminación de los pueblos se invoca de forma más ideológica que jurídica, y es el punto donde más críticas recibe la doctrina desde sectores que la acusan de aplicarse de forma selectiva: firme frente a Ecuador, flexible frente a Perú y condescendiente frente a La Habana y Caracas.

El verdadero examen: diversificar sin romper con Washington

La aplicación más estratégica de la doctrina, sin embargo, no está en los principios declarativos, sino en una decisión estructural: diversificar alianzas mientras se gestiona la dependencia comercial con Estados Unidos.

La Cancillería mexicana ha impulsado en meses recientes una comisión binacional con Brasil que busca ampliar la cooperación energética y tecnológica, incluida una posible alianza entre Pemex y Petrobras, además del acompañamiento diplomático que Brasil ofrece a México en Perú.

En un entorno donde casi el 83% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, construir relaciones alternativas en América Latina ya no es un gesto retórico de solidaridad regional: es una cobertura de riesgo.

Y es aquí donde la doctrina enfrenta su límite más evidente. Toda la arquitectura discursiva de no intervención y soberanía convive, en la práctica diaria del gobierno, con una negociación mucho más dura y silenciosa: la revisión del T-MEC.

Washington presiona por cambiar reglas de origen, ha impuesto aranceles bajo distintas figuras legales y empuja el concepto de “seguridad económica”: un término que ni siquiera existía cuando se firmó el tratado original. México ha optado por no confrontar abiertamente estas exigencias con el mismo lenguaje de soberanía que utiliza frente a Ecuador o Venezuela.

Frente a Washington, la doctrina se vuelve notablemente más cautelosa.

La doctrina como equilibrio, no como dogma

Leída en conjunto, la política exterior de Sheinbaum no funciona como un catálogo rígido de principios aplicados por igual en cualquier circunstancia. Funciona, más bien, como un equilibrio calculado: firmeza retórica y jurídica donde el costo político es bajo —Ecuador y foros multilaterales—; flexibilidad pragmática donde conviene reconstruir puentes —Perú—; acompañamiento ideológico donde hay afinidad histórica —Cuba y Venezuela—; y cautela estratégica donde el interés económico es demasiado grande para arriesgarlo —Estados Unidos—.

Esto no necesariamente es una contradicción ni una debilidad. Ningún país de tamaño medio, con una economía tan integrada a la de su vecino del norte, puede permitirse una política exterior puramente principista.

Lo que sí vale la pena observar, semana con semana, es hasta dónde llega el margen real de esos principios cuando se enfrentan a un interlocutor —Washington— que no juega bajo las mismas reglas.

La doctrina Sheinbaum, más que una novedad, es la versión 2026 de un viejo dilema mexicano: cómo sostener la soberanía discursiva sin poner en riesgo la dependencia estructural que define, en los hechos, buena parte de la política exterior del país.

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