El plantel pertenece al CONAFE, cuyas reglas impiden que estado y municipio intervengan directamente

Por: Redacción de LYPmultimedios

Corregidora, Qro., 18 de agosto de 2026.— Hay un problema administrativo que se vuelve muy concreto cuando se trata de sillas rotas frente a niños de un año: el salón de educación inicial de la comunidad de Purísima de la Cueva pertenece al Consejo Nacional de Fomento Educativo, un organismo federal cuyas reglas de operación impiden que el municipio o el gobierno estatal intervengan directamente en sus instalaciones.

Ese vacío fue el que una colecta ciudadana terminó llenando, según informó el diputado local Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano.

Cómo empezó

La iniciativa surgió durante una actividad por el Día de las Madres a la que acudieron el legislador, la regidora Eli Olvera y Jair Miquel, del municipio de Corregidora. Al conocer las condiciones del salón donde se atiende a niñas y niños de uno a tres años, Ospital Carrera se comprometió a rehabilitarlo y convocó a una colecta.

La respuesta permitió adquirir mobiliario nuevo, material didáctico y pintura, además de sustituir las sillas rotas que representaban un riesgo para los pequeños.

“A esta iniciativa se sumaron muchas personas que, aunque no pudieron acudir a la jornada, decidieron aportar, así como la CATEM que encabeza Erick Osornio y la Fundación ‘Rise and Roots’, de Sandra Ortiz”, detalló el diputado.

El municipio de Corregidora participó con personal de Servicios Públicos y se comprometió a rehabilitar los baños antes del inicio del ciclo escolar, en septiembre.

Qué es el CONAFE y por qué importa la distinción

El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado de la SEP, creado en 1971 para llevar educación a pequeñas localidades rurales. Opera precisamente donde el sistema regular no llega: comunidades de alta y muy alta marginación, sin escuela convencional.

Su servicio de educación inicial atiende a niñas y niños de cero a tres años once meses, y se gestiona a solicitud de las madres, padres y cuidadores de la propia localidad.

Esa naturaleza jurídica —federal y descentralizada— es la que explica el punto que planteó Ospital Carrera: el plantel no está bajo administración estatal ni municipal, por lo que ninguno de esos órdenes de gobierno puede aplicar recursos propios directamente sobre el inmueble.

El dato presupuestal que da contexto

El legislador atribuyó la situación al “abandono” del CONAFE y del gobierno federal. Es una caracterización política, y como tal se consigna. Pero conviene aportar el dato verificable que la rodea, porque va en ambas direcciones.

Por un lado: el presupuesto 2026 para los servicios comunitarios que coordina el CONAFE se redujo 13.7%, es decir, 787.1 millones de pesos menos, según el análisis del presupuesto educativo elaborado por México Evalúa. Ese estudio advierte que la disminución resulta preocupante en términos de equidad, precisamente porque estas modalidades atienden a la población en mayor vulnerabilidad.

Por otro: el gasto en educación básica en su conjunto creció 6.1% en términos reales respecto a 2025, y la SEP reportó un incremento global de 7.2% en su presupuesto, con una expansión significativa en becas y transferencias directas.

Los especialistas que analizaron esas cifras describieron la combinación como una contradicción: se amplía la cobertura de apoyos económicos mientras se debilita la oferta formativa que sostiene la permanencia escolar en las comunidades más aisladas.

Purísima de la Cueva es, en pequeño, ese debate.

El vacío que la ley no resuelve

Más allá del monto, este caso ilumina un problema estructural poco discutido: cuando un plantel federal necesita mantenimiento y el recurso federal no llega, no existe una vía legal expedita para que el municipio o el estado lo cubran, aun teniendo disposición para hacerlo.

Es una limitación de diseño, no de voluntad. Y explica por qué la solución terminó siendo una colecta vecinal, un sindicato, una fundación privada y una cuadrilla municipal de Servicios Públicos trabajando alrededor de una regla que ninguno de ellos puede modificar.

El planteamiento del legislador

“Primero están las niñas y los niños. Aquí se acaban los colores y se acaban los partidos”, expresó Ospital Carrera. “Lo único por lo que deberían preocuparse los pequeños es por divertirse, aprender en la escuela y ser felices. Y eso es lo que hoy nos suma a todos: darles un espacio digno.”

Lo que sigue

Los baños del plantel deberán quedar rehabilitados antes del arranque del ciclo escolar en septiembre, conforme al compromiso asumido por el municipio de Corregidora.

Queda pendiente conocer cuántos planteles del CONAFE operan en Querétaro y en qué condiciones se encuentran: es el dato que permitiría saber si Purísima de la Cueva es un caso aislado o la muestra de un rezago más amplio en las comunidades donde este organismo es la única presencia educativa.

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El predial es un impuesto municipal, así que se paga en el portal oficial del municipio donde está tu propiedad, con tu clave catastral. En la capital se paga en municipiodequeretaro.gob.mx; en San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, cada uno tiene su propio portal. Los mayores descuentos son en enero y febrero de cada año.

¿Qué es el predial y quién debe pagarlo?

El impuesto predial es una contribución anual y obligatoria que paga toda persona propietaria de un bien inmueble —casa, departamento, terreno o local— al municipio donde se ubica. Su monto se calcula sobre el valor catastral de la propiedad, que actualiza cada año la autoridad catastral, y lo recauda cada municipio para financiar servicios públicos y obra.

El punto más importante de entender: el predial es municipal, no estatal. Querétaro capital, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués son municipios independientes, con su propia tesorería y su propio portal. Si tu propiedad está en Corregidora, no puedes pagarla en el portal de la capital. Y si tienes inmuebles en dos municipios, pagas en cada uno por separado.

¿En qué portal oficial pago según mi municipio?

Usa solo el portal oficial de tu municipio (dominio .gob.mx). Estos son los verificados:

Los demás municipios (Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Colón, Cadereyta, Ezequiel Montes, Huimilpan, etc.) tienen su propio sitio .gob.mx; búscalo siempre desde el portal oficial del ayuntamiento, no desde anuncios ni buscadores.

¿Cómo consulto y pago mi predial en línea?

El proceso es muy parecido en todos los municipios:

1. Entra al portal oficial de tu municipio (revisa que la URL termine en .gob.mx).
2. Busca la sección de predial o “consulta de adeudo / línea de captura”.
3. Ingresa tu clave catastral (y, en la capital, las 4 primeras letras del nombre del propietario).
4. Revisa tu estado de cuenta: importe a pagar, periodo y vigencia.
5. Paga en línea con tarjeta de crédito o débito (en la capital, excepto American Express) o por transferencia SPEI; o genera tu línea de captura / pase a caja para pagar en banco o tienda.
6. Descarga tu recibo oficial. En la capital, el recibo de pagos hechos en banco o tienda se puede descargar unas 24 horas después; el CFDI se solicita por los canales oficiales del municipio.

¿Qué necesito para pagar?

• En línea: basta la clave catastral (en la capital, 15 dígitos, más las 4 letras del nombre). La encuentras en recibos de años anteriores o en tu escritura.
• Si no tienes la clave: puedes solicitarla o consultarla de forma presencial en la oficina de catastro/tesorería, con identificación oficial y las escrituras del inmueble.
• Presencial: identificación oficial y, según el caso, comprobante de domicilio y datos del predio.

¿Cuáles son los descuentos por pronto pago?

Todos los municipios aplican descuentos por pago anticipado en los primeros meses del año, que van bajando mes a mes: el mayor descuento es en enero, algo menor en febrero, y a partir de marzo se paga sin descuento (y con recargos si hay adeudo). Los porcentajes cambian cada año y por municipio. Como referencia, en 2026 fueron:

Además del pronto pago, hay descuentos para grupos específicos que suelen mantenerse todo el año: personas adultas mayores, pensionadas, jubiladas, con discapacidad y (en algunos municipios) viudas o madres solteras, presentando identificación. En Corregidora, por ejemplo, el programa “Tu ciudad contigo” ofrece 50% de descuento en el predial para jubilados, pensionados, personas con credencial INAPAM y personas con discapacidad; y hay descuentos “verdes” por paneles solares, calentadores solares o azoteas verdes. El Marqués ofrece opciones a meses sin intereses en ventanillas municipales. Confirma los porcentajes vigentes cada enero en el portal oficial de tu municipio, porque cambian.

¿Dónde pago si prefiero hacerlo en persona?

Cada municipio tiene puntos de cobro autorizados:

• Querétaro capital: bancos (Banorte, Scotiabank, Santander, BBVA, Citibanamex, BanBajío) y tiendas (OXXO, Super Q, Soriana, La Comer, Fresko, City Market y más), con tu línea de captura o código de barras. También en las delegaciones municipales.
• Corregidora: cajas municipales en CAM El Pueblito, CAM Candiles, Delegación Santa Bárbara y el C4, además de OXXO, Banco Azteca, BanBajío y BBVA. Dudas: call center 442 101 5101 y WhatsApp 442 154 7659.
• El Marqués: 13 centros de pago, entre ellos las delegaciones de Chichimequillas, La Griega y El Colorado, más Centro Municipal, Presidencia Municipal (La Cañada), Zibatá, Zákia y otros; también con la app oficial o el QR del pase a caja. Dudas: 442 238 8400.
• San Juan del Río: tesorería municipal, en Blvd. Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción, C.P. 76803.

¿Qué pasa si no pago el predial?

El adeudo genera recargos que se acumulan mes a mes. Además, tener predial pendiente bloquea trámites notarialescomo escrituraciones, cambios de propietario o créditos hipotecarios sobre el inmueble. En casos de adeudos antiguos, el municipio puede iniciar un procedimiento de ejecución fiscal. Pagar en enero o febrero, cuando hay descuento, es la forma más barata de cumplir.

¿Cómo evito fraudes al pagar el predial?

Es uno de los trámites con más sitios falsos. Para no caer:

• Paga solo en el portal oficial de tu municipio, cuyo dominio termina en .gob.mx. Escribe la dirección tú mismo o llega desde el sitio oficial del ayuntamiento; no desde anuncios ni resultados patrocinados.
• Desconfía de páginas que piden una “comisión por gestionar” tu predial, que no son .gob.mx, o que prometen descuentos distintos a los oficiales.
• Si pagas en banco o tienda, hazlo con la línea de captura o el código de barras que generó el portal oficial, y conserva tu comprobante.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿El predial se paga en el gobierno del estado? No. Es un impuesto municipal. Se paga en el municipio donde está tu propiedad, en su portal oficial.

¿Qué necesito para pagar en línea? Tu clave catastral. En la capital, además, las 4 primeras letras del nombre del propietario. La clave viene en recibos anteriores o en tu escritura.

¿Cuándo conviene pagar para ahorrar? En enero, que tiene el mayor descuento; febrero es algo menor. Desde marzo se paga sin descuento.

¿Puedo pagar el predial de Corregidora o El Marqués en el portal de la capital? No. Cada municipio es independiente y tiene su propio portal. Debes pagar en el de tu municipio.

¿Hay descuento para adultos mayores o pensionados? Sí. Varios municipios ofrecen descuentos todo el año para adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad, presentando identificación (en Corregidora, hasta 50%).

¿Qué pasa si dejo de pagar el predial? Se acumulan recargos, se bloquean trámites notariales del inmueble y, en casos extremos, puede haber ejecución fiscal.

¿Cómo sé que un portal de pago es el oficial? Su dominio termina en .gob.mx y lo encuentras desde el sitio oficial del ayuntamiento. Nunca pagues en sitios que cobran comisión por “tramitarlo”.

ACTUALIZADO

7 de agosto de 2026 · Próxima revisión: enero de 2027 (nueva Ley de Ingresos y nuevos porcentajes de descuento por municipio).

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Por: Redacción de LYPmultimedios

Corregidora, Querétaro, 24 de julio de 2026.— En Corregidora, uno de los municipios utilizados habitualmente como escaparate de crecimiento y calidad de vida, cientos de jóvenes todavía dependen de conseguir un lugar en una camioneta gubernamental para ejercer un derecho elemental: llegar a la escuela.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado abrió la recepción de documentos para el programa de Transporte Escolar, que actualmente opera seis unidades en la demarcación y traslada a 585 estudiantes de 18 comunidades hacia cinco planteles.

Cada día, esos vehículos recorren cerca de mil 300 kilómetros.

El secretario Luis Nava presentó el programa como una herramienta para impedir que el costo y la distancia obliguen a niñas, niños y jóvenes a abandonar sus estudios.

El apoyo es necesario.

También es evidencia de una desigualdad más profunda: el territorio creció, las zonas habitacionales se expandieron y las escuelas se concentraron, pero la movilidad pública no avanzó al mismo ritmo para garantizar que todas las personas pudieran llegar a ellas.

El transporte escolar corrige parcialmente ese problema.

No lo resuelve.

Cuando asistir depende de que exista un lugar disponible

El programa estatal define el transporte como un servicio gratuito para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que habitan en comunidades o zonas periurbanas.

Los recorridos tienen puntos, horarios, rutas y destinos preestablecidos. Las personas interesadas deben presentar documentos y consultar si existe disponibilidad en su zona. 

Esa última condición es central.

El derecho a la educación existe para todas y todos. El asiento en la unidad, no.

Cuando la posibilidad de asistir regularmente depende de un espacio disponible, el Estado no está garantizando todavía una cobertura universal. Está administrando lugares limitados entre una población con necesidades mayores.

El boletín celebra que 585 estudiantes reciben el apoyo, pero no informa:

• Cuántas personas solicitaron ingresar.
• Cuántas quedaron fuera.
• Qué comunidades no tienen ruta.
• Cuánto deben caminar para llegar al punto de ascenso.
• Cuántas abandonaron la escuela antes de obtener un lugar.
• Qué criterio se utiliza cuando la demanda supera la capacidad.

Sin esos datos, el número de beneficiarios funciona como una cifra positiva, pero incompleta.

Saber cuántas personas suben a las unidades importa.

Saber cuántas permanecen esperando importa más para evaluar el tamaño real de la exclusión.

El propio diagnóstico dejó en blanco el presupuesto

La crítica más contundente no proviene de la oposición ni de una organización externa.

Aparece en el diagnóstico elaborado por la propia SEDESOQ para 2026.

El documento identifica que 126 mil 581 estudiantes en situación de pobreza, dentro de los 18 municipios, forman parte de la población potencial que enfrenta dificultades de acceso físico a los centros escolares.

Sin embargo, cuando llega el momento de precisar la población objetivo, el presupuesto disponible y la cantidad de estudiantes que podrán ser atendidos en 2026, los espacios aparecen vacíos. 

La omisión es grave porque impide responder preguntas básicas de política pública:

• ¿Cuánto cuesta el programa?
• ¿Cuántas personas pretende atender?
• ¿Qué porcentaje de la necesidad cubrirá?
• ¿Cuánto cuesta cada traslado?
• ¿Cuánto aumentará la cobertura respecto del año anterior?
• ¿Cuál es la meta al cierre de la administración?

Un programa social no debería pedir confianza donde debe ofrecer números.

La ausencia de presupuesto y meta dentro de su propio diagnóstico debilita la rendición de cuentas y vuelve difícil distinguir una política sostenida de una operación dependiente de decisiones anuales.

El Gobierno reconoce que no alcanza para todos

El diagnóstico también admite que los programas municipales de transporte complementan al estatal porque este último no cubre a toda la población que enfrenta dificultades para llegar a sus escuelas.

Corregidora opera desde mayo de 2025 su propio esquema, denominado A Paso Firme Rumbo a Clases.

Comenzó con 12 unidades equipadas con GPS, cámaras conectadas al centro de seguridad y credenciales que notifican a madres, padres o tutores cuando el estudiante aborda o desciende. El Gobierno municipal reportó posteriormente cobertura en 31 localidades y nueve planteles.

La coexistencia de dos programas confirma que la necesidad rebasa a una sola dependencia.

También crea riesgos:

• Padrones separados.
• Requisitos distintos.
• Rutas duplicadas.
• Comunidades atendidas por ambos gobiernos y otras por ninguno.
• Falta de claridad sobre qué autoridad debe responder.
• Datos incompatibles para medir resultados.

La coordinación no puede limitarse a afirmar que los esquemas son “complementarios”.

El Estado y el municipio deberían publicar un solo mapa de cobertura que muestre todas las unidades, planteles, rutas, horarios, lugares disponibles y comunidades desatendidas.

Para una familia no importa qué logotipo aparece en la camioneta.

Importa que exista una ruta y que el servicio no desaparezca por una disputa administrativa o presupuestal.

Corregidora presume escolaridad, pero perdió a 785 estudiantes

Los discursos oficiales suelen presentar a Corregidora como uno de los municipios con mejores indicadores de escolaridad y calidad de vida.

Esa narrativa convive con otro dato: durante el ciclo 2023-2024, 785 estudiantes abandonaron la educación media superior, una tasa de 8.24%.

La cifra no significa que las 785 personas dejaron las aulas exclusivamente por falta de transporte.

El abandono puede relacionarse con necesidad de trabajar, falta de ingresos, reprobación, violencia, embarazo, responsabilidades de cuidado, problemas familiares, salud mental o falta de expectativas.

Pero el diagnóstico oficial reconoce que los costos de traslado, materiales e internet profundizan la desigualdad y pueden separar a jóvenes de su trayectoria educativa.

Por ello, el Gobierno no debería afirmar que el transporte reduce la deserción únicamente porque ese sea el objetivo del programa.

Necesita probarlo.

Hasta ahora no se han publicado datos que comparen:

• Asistencia antes y después del apoyo.
• Permanencia de las personas beneficiarias.
• Tasa de abandono entre quienes reciben transporte.
• Tasa de abandono entre quienes solicitaron y no obtuvieron lugar.
• Diferencias entre comunidades con ruta y comunidades sin servicio.
• Cantidad de estudiantes que concluyeron el ciclo.

Sin esa evaluación, “evitar la deserción” sigue siendo una intención, no un resultado comprobado.

El programa atiende la consecuencia de una planeación desigual

La necesidad de recorrer mil 300 kilómetros diarios no solo habla del compromiso de los operadores.

También revela cómo se ha organizado el territorio.

Las comunidades y colonias periféricas crecen lejos de planteles, servicios y rutas de transporte suficientemente frecuentes o accesibles.

Las familias terminan absorbiendo el costo de esa planeación mediante:

• Más tiempo de traslado.
• Pasajes suburbanos elevados.
• Caminatas prolongadas.
• Dependencia del automóvil.
• Horarios incompatibles.
• Riesgos para adolescentes que viajan de madrugada o de noche.

El programa municipal estimó que algunas familias podían gastar hasta mil 80 pesos mensuales por estudiante y reconoció que había zonas donde el transporte suburbano resultaba caro o no pasaba en los horarios requeridos.

El transporte escolar representa un alivio.

Pero la política de fondo debería evitar que cada nueva colonia o comunidad dependa de un programa social para conectarse con la educación.

Eso exige:

• Más planteles en zonas con crecimiento.
• Transporte público regular y asequible.
• Rutas metropolitanas que conecten comunidades.
• Tarifas estudiantiles realmente accesibles.
• Planeación urbana vinculada con educación.
• Infraestructura peatonal segura.
• Opciones para personas con discapacidad.

Una camioneta puede llevar a 19 estudiantes.

Una red pública bien diseñada puede transformar la movilidad de toda una comunidad.

“Apoyo” no debería significar discrecionalidad

El lenguaje institucional describe a las personas usuarias como beneficiarias de un apoyo social.

Esa formulación puede producir la idea de que recibir transporte es una concesión gubernamental y no una respuesta a una obligación pública.

La educación es un derecho.

Cuando la distancia, la pobreza o la falta de rutas impiden ejercerlo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en la familia.

El Estado debe establecer reglas transparentes que garanticen:

• Criterios públicos de ingreso.
• Prioridad para quienes enfrentan mayor distancia y pobreza.
• Continuidad durante todo el ciclo.
• Renovación sin trámites innecesarios.
• Protección de datos.
• Mecanismos de inconformidad.
• Alternativas cuando una unidad está llena.
• Información accesible y cercana.

La página estatal enumera documentos, pero obliga a las familias a llamar para conocer si existe disponibilidad en su zona. 

En 2026, una política pública debería ofrecer un mapa consultable, rutas actualizadas, capacidad restante y fechas claras.

La incertidumbre administrativa también excluye.

Se necesitan rutas seguras, pero también accesibles

Las unidades municipales incorporan herramientas de seguridad: videovigilancia, GPS, credenciales y notificaciones para tutores. Es una respuesta positiva frente a riesgos de traslado.

No obstante, la seguridad no puede reducirse a monitoreo tecnológico.

Debe incluir:

• Cinturones funcionales.
• Mantenimiento verificable.
• Seguros vigentes.
• Conductores con jornadas laborales dignas.
• Protocolos frente al acoso.
• Atención de emergencias.
• Paradas iluminadas.
• Acceso para estudiantes con discapacidad.
• Horarios compatibles con todos los turnos.
• Protección de los datos generados por GPS y cámaras.

El boletín estatal no explica si las seis unidades de su programa cuentan con sistemas equivalentes ni cómo se supervisa su operación.

Tampoco informa si existen vehículos adaptados para sillas de ruedas o acompañamiento para estudiantes con necesidades específicas.

Un servicio no es incluyente únicamente porque sea gratuito.

Debe poder utilizarse en condiciones dignas por quienes enfrentan mayores barreras.

Luis Nava debe informar más que kilómetros

El boletín presenta tres indicadores principales:

• 585 estudiantes.
• Mil 300 kilómetros diarios.
• Seis unidades.

Son datos operativos.

No son todavía indicadores de impacto.

Recorrer más kilómetros no necesariamente significa atender mejor. Puede significar rutas excesivamente largas, dispersión territorial o falta de planteles cercanos.

El secretario de Desarrollo Social debería presentar periódicamente:

• Presupuesto ejercido.
• Costo por unidad y estudiante.
• Demanda no atendida.
• Incidentes y fallas.
• Puntualidad.
• Días sin servicio.
• Permanencia escolar.
• Resultados por comunidad.
• Evaluación de las familias.
• Renovación y antigüedad de los vehículos.

La comunicación gubernamental convierte frecuentemente la operación cotidiana en logro político.

Pero transportar estudiantes no debería depender de una ceremonia de recepción de documentos ni de una narrativa personal alrededor del funcionario en turno.

Debe ser una política institucional, evaluable y garantizada.

El transporte escolar es necesario porque algo más falló

El programa merece continuar.

También merece crecer.

Para las 585 personas atendidas, puede significar ahorro, seguridad y la posibilidad concreta de permanecer en las aulas.

Pero reconocer su utilidad no obliga a aceptar sin cuestionamientos la manera en que se presenta.

El transporte escolar existe porque el acceso a la educación sigue determinado por el lugar donde se nace, el ingreso familiar y la capacidad para pagar el camino.

Es una solución valiosa frente a una desigualdad que no debería haberse normalizado.

La administración estatal puede presumir cuántos kilómetros recorren sus unidades.

La evaluación pública debe preguntar cuántos estudiantes siguen caminando, pagando tarifas imposibles o abandonando sus estudios porque no consiguieron un asiento.

El éxito no llegará cuando todas las camionetas estén llenas.

Llegará cuando ninguna persona tenga que elegir entre pagar el traslado, recortar comida o dejar la escuela.

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Por: Redacción de LYPmultimedios
Corregidora, Qro., 25 de junio de 2026.— El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, presentó en Corregidora la iniciativa de Ley de Paternidad, una propuesta que busca otorgar 12 semanas de permiso con goce de sueldo a los padres después del nacimiento o adopción de sus hijas e hijos.

La iniciativa no solo plantea una modificación laboral: abre una disputa política sobre el modelo de sociedad que quieren construir los partidos. Para Ospital, mientras Acción Nacional empuja una agenda centrada en el castigo, Movimiento Ciudadano busca ampliar derechos, desmontar estereotipos de género y reconocer que la crianza no debe recaer únicamente en las mujeres.

El legislador acudió a la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora acompañado de la regidora emecista Elizabeth Olvera, con el objetivo de presentar formalmente la propuesta y pedir que el municipio se convierta en punta de lanza para discutir y aprobar esta política pública.

“Qué mejor que sea este municipio punta de lanza en aprobar esta iniciativa de 12 semanas de permiso para los padres, después del nacimiento o adopción de los hijos”, expresó Ospital.

El punto más fuerte del planteamiento está en la corresponsabilidad familiar. La licencia de paternidad no se plantea como un privilegio ni como vacaciones, sino como una herramienta para que los hombres participen desde el inicio en los cuidados, el acompañamiento y la crianza de sus hijas e hijos.

Durante su intervención, Ospital marcó una diferencia directa entre las agendas del PAN y Movimiento Ciudadano. Aseguró que Acción Nacional impulsa propuestas de corte punitivo, mientras que MC busca colocar en el centro la ampliación de derechos.

“Aquí, el PAN pugna por iniciativas punitivistas, iniciativas de más cárcel para quien cometa un delito, de bajar la edad de los delincuentes, una agenda de la derecha en este país; y nosotros como MC, tenemos una agenda de ampliación de derechos, que tiene que ver con quitar estereotipos de género, eliminar estos roles impuestos desde la normalidad”, afirmó.

La declaración coloca a la paternidad en un terreno político más amplio: el de los cuidados como derecho y no como carga privada. En México, las tareas de crianza, acompañamiento y trabajo doméstico han sido históricamente asignadas a las mujeres, lo que profundiza desigualdades laborales, económicas y sociales.

La regidora Eli Olvera respaldó el sentido de la iniciativa y subrayó que el cuidado de las hijas e hijos no debe estar únicamente a cargo de las mujeres. Su posicionamiento refuerza una idea central de la propuesta: la igualdad también se construye cuando los hombres tienen condiciones legales para cuidar.

La iniciativa busca que los padres puedan acompañar las primeras semanas de vida o adaptación familiar tras una adopción, etapa clave para construir vínculos, apoyar a la madre o persona cuidadora principal y asumir responsabilidades desde el inicio.

El debate también toca una dimensión cultural profunda. Si las leyes solo reconocen a las mujeres como cuidadoras, el Estado termina reproduciendo el mismo estereotipo que dice combatir. En cambio, ampliar licencias de paternidad puede enviar un mensaje institucional distinto: cuidar también es responsabilidad de los hombres.

Ospital pidió que la iniciativa no sea congelada y que, por el contrario, sea discutida por las autoridades municipales. El legislador reconoció que algunos sectores pueden verla como un asunto económico, debido a la necesidad de suplir temporalmente las funciones del trabajador que tome el permiso.

Sin embargo, sostuvo que para Movimiento Ciudadano el fondo no es administrativo, sino de derechos. “Para nosotros, para Movimiento Ciudadano, es un tema de derechos, de cultura, de borrar estereotipos en la norma, es un asunto de cambios culturales”, puntualizó.

La propuesta llega a un municipio clave de la zona metropolitana de Querétaro, donde las discusiones sobre familia, trabajo, igualdad y derechos laborales adquieren relevancia en un contexto de crecimiento urbano, presión económica y transformación de los hogares.

El planteamiento de MC busca que Corregidora se sume a una ruta más amplia para extender este modelo a otros municipios del estado. De aprobarse, la medida colocaría a los ayuntamientos frente a una pregunta concreta: si exigen familias más presentes, también deben construir condiciones laborales para que esa presencia sea posible.

La discusión de la Ley de Paternidad puede convertirse en una de las batallas simbólicas más importantes de la agenda local de derechos. No por su tamaño burocrático, sino por lo que representa: pasar de una política que solo castiga conductas a una política que reorganiza la vida cotidiana desde la igualdad.

En el fondo, la propuesta deja una conversación pública difícil de esquivar: la paternidad no puede seguir siendo tratada como acompañamiento secundario. Si se busca una sociedad más equitativa, los padres también deben tener tiempo, derecho y obligación de cuidar.

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Por Redacción LYPmultimedios

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (27 de mayo de 2026). – Legislar sobre seguridad pública siempre implica caminar sobre la delgada línea que divide la exigencia de orden con la preservación de los derechos fundamentales. Cuando esta ecuación involucra a menores de edad, el reto adquiere dimensiones éticas, jurídicas y sociales de máxima complejidad.

En un escenario de madurez institucional y diálogo republicano que contrasta con la polarización de los últimos días, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz (Morena), recibió de manos del presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala (PAN), una propuesta clave en la materia: la “Iniciativa Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a delitos de alto impacto cometidos por adolescentes”.

El acto protocolario contó con el acompañamiento de una nutrida representación de legisladores, destacando el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Guillermo Vega Guerrero, así como las diputadas Verónica Galicia y Juliana Hernández, y los legisladores Antonio Zapata, Gerardo Ángeles, Mauricio Cárdenas y Enrique Correa.

Frenar la impunidad sin criminalizar a la juventud

La iniciativa entregada por el alcalde Josué Guerrero busca dotar al Estado y a los 18 municipios de herramientas jurídicas más eficientes para actuar y responder ante delitos de extrema violencia perpetrados por adolescentes. El debate de fondo no es menor: el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos organizados se ha convertido en una problemática nacional que requiere una redefinición de los esquemas de prevención y sanción penal.

No obstante, la propuesta de Corregidora se cuida de no caer en la retórica de la simple mano dura o en la estigmatización de los sectores jóvenes vulnerables.

“Esta iniciativa no busca criminalizar a las juventudes. Lo que busca es proteger a las familias queretanas, evitar que la impunidad se normalice y cerrar de manera definitiva los espacios de operación que el crimen organizado encuentra en este sector de la población”, enfatizó el alcalde Guerrero Trápala, coincidiendo en la urgencia de mantener un enfoque prioritario de reinserción social y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Menos redes sociales, más debate parlamentario

Más allá de los alcances técnicos de la iniciativa, la entrega del documento sirvió para que el presidente del Congreso local, Sinuhé Piedragil, pusiera sobre la mesa una pertinente reflexión sobre las formas de hacer política en la actualidad.

El diputado morenista defendió la necesidad de rescatar el valor de la tribuna parlamentaria como el foro legítimo y natural para la confrontación constructiva de ideas, lamentando la tendencia de algunos actores políticos de trasladar los debates de interés público a la superficialidad de las plataformas digitales o las batallas mediáticas unilaterales.

“La representación es un acto público de frente al pueblo y es en la tribuna en donde se manifiestan y defienden las diferentes posiciones. Es ahí donde la ciudadanía quiere vernos, dirimiendo temas trascendentes para la entidad, y no en las redes sociales o en los medios de comunicación”, sostuvo Piedragil Ortiz.

El alcalde Josué Guerrero respaldó este llamado, coincidiendo en que el intercambio de ideas respetuoso, apegado a la Ley Orgánica de la Legislatura, es el único camino viable para construir soluciones sólidas.

La recepción de esta iniciativa abre una conversación fundamental para Querétaro: ¿cómo estructurar un sistema de justicia especializada para adolescentes que sea verdaderamente disuasivo contra la violencia extrema sin descuidar el tejido educativo y de oportunidades que evita que los jóvenes se unan a las filas delictivas? Al canalizar este debate directamente a la tribuna, el Congreso y el municipio de Corregidora envían una señal de civilidad institucional, demostrando que la seguridad del estado está por encima de las divisiones partidistas.

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REPORTAJE ESPECIAL | LYPmultimedios.tv

Por: Mateo Vargas | Unidad de Investigación Política

El cierre del relleno sanitario en el Ejido de Lourdes reveló una fractura profunda en la política local: mientras grupos externos lucraban con el enojo social montando campamentos, una maniobra jurídica silenciosa basada en el Artículo 4º Constitucional logró la suspensión de la concesión. La paradoja: la regidora que resolvió la crisis hoy enfrenta el “fuego amigo” de su propio partido.

CORREGIDORA, QRO. — Hay dos formas de hacer política frente a una crisis ambiental: gritar frente a la puerta cerrada o encontrar la llave jurídica para abrirla. En Corregidora, el conflicto por el relleno sanitario operado por la empresa FSO 3, S.A. DE C.V. se había convertido no solo en una bomba de tiempo sanitaria para las familias de Praderas y Lomas de Lourdes, sino en un jugoso botín para el activismo de aparador.

Durante semanas, la narrativa pública estuvo dominada por el ruido. Personajes ajenos al municipio —los mismos que montan campamentos en el Congreso del Estado o en el semidesierto queretano— encontraron en la pestilencia del Ejido de Lourdes el escenario perfecto para alimentar sus proyectos personales. Su estrategia: la confrontación sistemática. Su resultado: cero toneladas de basura detenidas.

Sin embargo, los documentos oficiales del Ayuntamiento de Corregidora, obtenidos y analizados por LYPmultimedios, cuentan una historia radicalmente distinta. La verdadera caída del Título de Concesión 01/2026 no se gestó en un plantón, sino en los escritorios de las Comisiones Unidas y mediante una arquitectura legal que hoy tiene a la regidora de Morena, Azhar Mayet Méndez Rodríguez, en el centro de un irracional linchamiento interno. Su aparente “delito” político fue pactar con la ley y negociar con la administración en turno para dar resultados.

LA CRONOLOGÍA DE LA EFICACIA

Para entender cómo se desactiva una crisis de esta magnitud, hay que seguir el rastro de papel, no los gritos de la plaza.

El 29 de enero de 2026, el Cabildo había ratificado el servicio de disposición de residuos a favor de FSO 3, S.A. DE C.V. Para abril, la situación en el Ejido de Lourdes ya era insostenible. Olores, tránsito pesado y un riesgo inminente para la salud pública encendieron las alarmas.

Mientras las cámaras apuntaban a la protesta callejera, el 24 de abril de 2026, la regidora Mayet Méndez solicitó formalmente a la Secretaría del Ayuntamiento la información técnica de la concesión. El objetivo no era ideológico, era pericial: documentar el incumplimiento de las normas ambientales.

El golpe maestro llegó el 7 de mayo. Méndez, en conjunto con el regidor Alfredo Mendoza Ugalde (Comisión de Protección Civil), presentó un Estudio Técnico-Jurídico ante el Comité de Adquisiciones que fue lapidario. No apelaron al chantaje político, apelaron a la Constitución.

“La postura que hoy se presenta no parte de una decisión ideológica ni de confrontación política… El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano”, dictaba el documento presentado a las Comisiones Unidas el 12 de mayo.

El texto introdujo un concepto letal para cualquier empresa contaminante: el principio precautorio. El Ayuntamiento estaba obligado a intervenir antes de que el daño a niñas, niños y adultos mayores fuera irreversible. El expediente oficial demostró que la operación era “materialmente inviable” debido a la falta de estabilidad social en la zona.

EL PACTO INSTITUCIONAL (Y LA “TRAICIÓN” QUE NO FUE)

El 14 de mayo de 2026 marcó un hito en la política de Corregidora. En un oficio dirigido al Presidente Municipal, Josué Guerrero Trápala, y al Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Rafael Montoya Bolaños, la regidora Méndez reconoció la apertura institucional de la administración panista.

El alcalde escuchó a la ciudadanía no a través de la coacción, sino a través del cabildo. Las fuerzas políticas votaron a favor de iniciar el procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción y suspender el relleno sanitario. El Estado de Derecho funcionó.

Pero en la política de la polarización, los acuerdos son vistos como traición. Sectores radicales de su propio partido (Morena) desataron una campaña de linchamiento contra Mayet Méndez. Para el monopolio de la pureza ideológica, que la regidora haya logrado la suspensión mediante el diálogo institucional con un alcalde de oposición es una afrenta. Preferían el conflicto eterno a la solución pactada.

En su propio pronunciamiento, Méndez desnudó la miseria de esta grilla: “Esto nos habla de que no son necesarias las agresiones, la desinformación, los protagonismos (…) de personas que creen detentar el monopolio de las causas sociales (…) pero que no resuelven absolutamente nada”.

EL VEREDICTO DE LOS HECHOS

El periodismo de investigación exige separar los hechos de la propaganda. El análisis de LYPmultimedios concluye que el linchamiento contra Mayet Méndez es una reacción visceral de quienes perdieron su bandera de protesta.

A la regidora se le acusa de “traición al partido”, pero los documentos prueban su lealtad al mandato más fundamental de un servidor público: resolver. Acorraló jurídicamente a una concesión fallida, protegió a los habitantes de Praderas y Lomas de Lourdes, y le recordó a la clase política que las verdaderas batallas no se ganan acampando frente a los problemas, sino legislando para eliminarlos.

Corregidora respira hoy un aire más limpio. Y eso, en el crudo balance del servicio público, vale mucho más que los aplausos de la estridencia.

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