Por César Guti

La reciente cancelación de visas estadounidenses a figuras de la vida pública mexicana abrió una discusión que va mucho más allá de un documento migratorio.

Estados Unidos afirma que una visa es un privilegio. Es cierto: cada nación determina quién puede ingresar a su territorio. Pero también existe un privilegio mucho mayor: tener una buena relación entre dos países vecinos, socios y profundamente interdependientes.

Por eso resulta legítimo preguntarnos si algunas de estas decisiones, además de su dimensión administrativa, están enviando mensajes de presión política hacia México.

Y aquí aparece algo preocupante: sectores de la derecha mexicana parecen haber encontrado en cada señal proveniente de Washington una narrativa para atacar al gobierno y a la Cuarta Transformación.

El problema del PRIAN está en México

El PAN y el PRI —el bloque que en el debate público suele nombrarse como PRIAN— parecen buscar afuera la fuerza política que han perdido dentro del país.

Su principal problema no es Morena ni Estados Unidos: es su creciente distancia con buena parte del pueblo mexicano, la falta de nuevos liderazgos y la incapacidad para construir una alternativa que genere esperanza.

Jorge Romero en el PAN y Alejandro “Alito” Moreno en el PRI difícilmente representan una renovación capaz de reconectar con una sociedad que cambió.

Ante la falta de propuestas atractivas, una parte de la oposición ha optado por el miedo, la confrontación y un discurso que profundiza la división. Pero México no necesita más odio entre mexicanos. México necesita más transformación.

Estados Unidos y México se necesitan

Hay algo que ninguna coyuntura política puede borrar: la enorme relación económica entre ambos países.

Durante el primer semestre de 2026, México exportó mercancías por un monto récord de 389 mil 723 millones de dólares, con un crecimiento anual de 24.6%, de acuerdo con el INEGI. En ese mismo periodo, el 84.16% de las exportaciones no petroleras tuvo como destino Estados Unidos.

Esto significa empleos, fábricas, inversiones y cadenas productivas a ambos lados de la frontera.

El T-MEC será fundamental para el futuro de esta relación. Frente al crecimiento económico, industrial y tecnológico de Asia, el verdadero desafío no debería ser dividir a Norteamérica, sino fortalecerla.

México, Estados Unidos y Canadá tienen la posibilidad de consolidar una de las regiones económicas más poderosas del planeta. Ahí deberían concentrarse nuestros esfuerzos.

Dialogar sin subordinarnos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que se puede mantener el diálogo con Estados Unidos defendiendo al mismo tiempo los intereses nacionales.

Y desde la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard ha construido una relación permanente y efectiva con sus contrapartes estadounidenses en momentos particularmente complejos para el comercio internacional y rumbo a la revisión del T-MEC.

Esa debería ser la ruta: cooperación sin subordinación, integración sin renunciar a nuestra soberanía y diálogo desde la dignidad.

También hay datos que contradicen muchas de las narrativas catastrofistas que durante años se construyeron alrededor de México. El peso llegó a cotizar en 17.02 unidades por dólar a mediados de agosto —e incluso perforó brevemente la marca de los 17 pesos, algo que no ocurría desde 2024, según cifras del Banco de México—, mientras las exportaciones alcanzan máximos históricos.

México tiene desafíos, sin duda. Pero también tiene fortalezas que no pueden ignorarse.

La gente entiende lo que está ocurriendo

La oposición comete un error si piensa que cada presión proveniente del exterior necesariamente se convertirá en desgaste para la transformación.

El pueblo mexicano tiene memoria, información y capacidad para formar su propio juicio. Y puede distinguir entre una oposición que propone una alternativa y otra que parece esperar que los problemas externos hagan el trabajo político que ella no ha podido realizar.

Ahí está posiblemente uno de los mayores riesgos para el PAN y el PRI rumbo a 2027. Incluso sus bastiones históricos estarán en disputa.

Querétaro será uno de ellos

Hoy sería equivocado afirmar que la elección está decidida. No lo está. Pero también sería un error pensar que Querétaro permanecerá políticamente inmóvil.

Cada vez existen mayores condiciones para que la transformación dispute espacios que durante décadas parecieron intocables.

Y si Morena logra construir unidad, organización, territorio y cercanía con la ciudadanía, la posibilidad de que Querétaro se pinte de guinda será cada vez más real.

Porque los bastiones no son eternos cuando cambia la conciencia de la gente.

Las visas podrán otorgarse o retirarse. Los gobiernos cambiarán y las coyunturas pasarán. Pero México y Estados Unidos seguirán siendo vecinos.

Por eso necesitamos construir una relación basada en respeto, comercio, prosperidad y soberanía.

Y dentro de nuestro país necesitamos algo todavía más importante: menos odio, menos división y más unidad nacional.

Porque México no necesita regresar al pasado. México necesita más transformación.

Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la posición editorial de LYPmultimedios.

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México frente a las crisis globales: la distancia ya no protege

Por Román André Martínez Bravo

¿Qué tan lejos está México de una crisis que ya lo tocó? La pregunta incomoda porque la respuesta obvia —muy lejos— es falsa.

En enero de este año, un comando estadounidense capturó al presidente de Venezuela en una operación que violó de manera flagrante el principio de no intervención. Meses antes y meses después, Irán vivió oleadas de protestas y represión que revelaron las tensiones estructurales de un régimen en crisis de legitimidad.

Ninguno de los dos episodios ocurrió en suelo mexicano. Y, sin embargo, ambos alteraron de forma directa el margen de maniobra diplomático del país, el costo de su financiamiento externo y la presión que Washington ejerce sobre su política de seguridad.

México sigue actuando como si la distancia geográfica equivaliera a irrelevancia estratégica. Ese es el error que esta columna quiere nombrar.

El espejismo de la distancia estratégica

Durante décadas, la clase política y buena parte de la academia mexicana operaron bajo un supuesto cómodo: lo que sucede lejos, se queda lejos.

Es un supuesto heredado de la Guerra Fría, cuando la Doctrina Estrada y el principio de autodeterminación de los pueblos permitían a México observar los conflictos ajenos desde una distancia prudente, casi ceremonial.

El problema es que ese mundo ya no existe. La fragmentación del orden internacional posterior a 1989 —el que Occidente diseñó a su imagen y llamó “orden basado en reglas”— ha dado paso a un sistema donde la distancia física dejó de proteger a nadie.

Un régimen que cae en Caracas reconfigura la oferta petrolera global. Una revuelta reprimida en Teherán reordena las alianzas energéticas de medio planeta. Y México, integrado en más del ochenta por ciento de su comercio exterior con Estados Unidos, no tiene la opción de mirar hacia otro lado.

La subestimación no es solo un error de percepción pública. Es un error de diseño institucional.

La política exterior mexicana sigue jerarquizando el continente americano como el único terreno de acción legítima, mientras trata los escenarios eurasiáticos con mayor cautela, ambigüedad o silencio, como han señalado analistas que han documentado esta asimetría.

Esa jerarquización no es ingenua: revela un cálculo de bajo riesgo que hoy resulta obsoleto. Cuando el tablero se fragmenta, no hay esquinas seguras.

De Caracas a Teherán: el mapa que México finge no ver

Tomemos el caso venezolano con la seriedad que merece. La detención de Nicolás Maduro no fue un episodio aislado de la política latinoamericana; fue la confirmación de que Washington está dispuesto a actuar unilateralmente cuando percibe una ventana de oportunidad, incluso a costa del derecho internacional.

El propio secretario general de la ONU advirtió que la operación sentaba un “peligroso precedente”. Ese precedente no quedó en Venezuela. Trump lo utilizó, casi de inmediato, como palanca retórica para presionar a México y Colombia con la posibilidad de “intervenciones” en materia de seguridad.

No hace falta que la amenaza se materialice para que produzca efectos: basta con que exista como posibilidad creíble para que condicione la negociación comercial, la cooperación en seguridad y el tono de cada encuentro bilateral.

El caso iraní opera en un registro distinto, pero con una lógica similar.

Las protestas y la represión en la República Islámica no son, como advierten especialistas en seguridad regional, “episodios aislados”, sino expresiones de tensiones estructurales dentro de un régimen cuya estrategia de supervivencia lleva más de cuatro décadas de rodaje.

Lo relevante para México no es Irán en sí mismo, sino lo que su inestabilidad implica para los precios energéticos, para las rutas marítimas del Mar Rojo —donde ya convergen los intereses de Somalilandia, Israel y Turquía, tema que esta columna abordó semanas atrás— y para la disposición de Washington a exigir alineamientos explícitos de sus socios comerciales en temas que antes se consideraban ajenos a la relación bilateral.

El hilo conductor es el mismo: la multipolaridad ampliada no distribuye el poder de forma ordenada entre bloques estables, sino que multiplica los puntos de fricción y, con ellos, los canales por los que la inestabilidad ajena termina golpeando la puerta mexicana.

El fin de una ficción cómoda

En Davos, a inicios de este año, el primer ministro canadiense Mark Carney ofreció una de las descripciones más honestas que ha dado un líder occidental sobre el momento actual.

Recordó que países como el suyo prosperaron durante décadas bajo un orden internacional basado en reglas que sabían, incluso entonces, parcialmente ficticio. Su advertencia a las potencias medias fue clara y punzante:

“Si no están en la mesa, están en el menú”.

La frase resume con precisión el dilema mexicano.

México no es una potencia menor: posee una de las economías más relevantes del mundo, una posición geográfica insustituible para el comercio norteamericano y una población que multiplica su peso demográfico frente a cualquiera de sus vecinos centroamericanos.

Pero actúa, en la práctica, como si su único activo geopolítico fuera la cercanía con Washington. Esa es una estrategia de supervivencia de corto plazo, no una estrategia de posicionamiento.

Y en un sistema donde, como advirtió Carney, el orden multilateral de posguerra fue construido “a imagen de Occidente” y hoy exige repartir agencia a los actores del Sur Global, quedarse fuera de esa redistribución tiene un costo que no se mide solo en pesos y centavos, sino en capacidad futura de negociación.

¿Multipolaridad real o transición sin destino?

Conviene, sin embargo, resistir la tentación de simplificar.

No todo analista coincide en que el mundo haya cruzado ya el umbral de la multipolaridad plena. El Índice Elcano de Presencia Global, en su edición más reciente, documenta que agrupaciones como los BRICS apenas han incrementado su peso relativo en las últimas décadas, y que la brecha entre el Norte y el Sur Global —excluyendo a China y Estados Unidos— se mantiene en niveles similares a los de los años noventa.

Otros análisis describen el momento actual como una “unipolaridad parcial en transición”, donde Washington conserva una ventaja militar de décadas sobre cualquier rival, incluida China, pese a su declive relativo.

Esta discusión académica no es un matiz decorativo: es el corazón del problema.

Si el mundo transita hacia una multipolaridad todavía inconclusa, la ventana para que potencias medias como México definan su posicionamiento sigue abierta. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente, y cada ciclo de indecisión reduce el número de asientos disponibles en la mesa que describía Carney.

La pasividad mexicana no es neutralidad: es una apuesta, probablemente involuntaria, a que el statu quo se sostendrá el tiempo suficiente para no tener que decidir nada.

El costo de subestimarse

Antonio Gramsci enseñó que la hegemonía no se sostiene únicamente por la fuerza, sino por el consentimiento fabricado de quienes la padecen.

México ha consentido, durante treinta años de integración norteamericana, un lugar subordinado en el diseño de las reglas que gobiernan su propia economía. Ese consentimiento tuvo una lógica defendible en los años noventa: el T-MEC —entonces TLCAN— ofrecía certidumbre a cambio de autonomía regulatoria.

Pero la lógica se agota cuando el propio Estados Unidos empieza a tratar esas reglas como negociables en función de su interés de seguridad inmediato, tal como ha ocurrido con la revisión del tratado en curso.

Joseph Stiglitz ha documentado con insistencia cómo la globalización, lejos de repartir beneficios de forma simétrica, tiende a capturar las ganancias en los centros de poder financiero mientras traslada los riesgos a la periferia.

México vive hoy una versión geopolítica de ese mismo patrón: absorbe el costo reputacional de la inestabilidad regional —la violencia asociada al narcotráfico, la presión migratoria, la porosidad fronteriza— sin capturar, a cambio, ninguna cuota real de influencia sobre las decisiones que Washington toma en Caracas, en Teherán o en el Mar Rojo.

Es una posición estructuralmente desventajosa, y ninguna cantidad de retórica sobre “buena vecindad” la corrige mientras el diseño institucional siga siendo el mismo.

La salida no es el aislacionismo ni la confrontación gratuita con Estados Unidos; sería una fantasía tan ingenua como la que hoy critico.

La salida es la construcción deliberada de capacidad: diversificación de socios comerciales más allá de Norteamérica, inversión sostenida en representación diplomática en regiones hoy desatendidas y una clase política dispuesta a leer la captura de un presidente venezolano o una revuelta en Teherán no como noticias internacionales lejanas, sino como información estratégica directamente relevante para las decisiones que se toman en Palacio Nacional.

Una mesa que se está armando sin nosotros

El mundo multipolar —pleno o en transición, da igual para efectos prácticos— se está configurando con o sin la participación activa de México.

Las potencias medias que están leyendo correctamente el momento no son necesariamente las más grandes, sino las que entendieron que la soberanía, hoy, se ejerce como capacidad de acción y no como retirada prudente.

India, Brasil y Sudáfrica han optado por construir agencia propia dentro del Sur Global, incluso cuando eso implica fricciones con Washington. México, en cambio, sigue esperando instrucciones.

La pregunta con la que abrí esta columna merece, entonces, una respuesta distinta a la que ofrecería el sentido común.

México no está lejos de las crisis que hoy remodelan el orden internacional: está exactamente donde siempre ha estado, pegado a la frontera de la potencia que más está usando esas crisis como palanca.

La distancia nunca fue el problema. La subestimación, sí.

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Por Román André Martínez Bravo

La diplomacia formal tiene comunicados, cumbres y acuerdos firmados a varias manos. Pero hay otro idioma, más frío y más preciso, con el que Washington habla cuando quiere hacerse escuchar sin decir una palabra: el estatus migratorio de quienes gobiernan al otro lado de la frontera.

En las últimas semanas, ese idioma se ha vuelto el verdadero termómetro de la relación bilateral, mucho más revelador que cualquier declaración conjunta.

El episodio más reciente llegó esta semana, cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación de su visa estadounidense. En una carta abierta dirigida al presidente Donald Trump, fechada en Teapa, Tabasco, López Beltrán atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quien calificó con el mote de “el quita visas”.

La calificó como un acto “político”, “politiquero” y “propagandístico”, y llegó a describirla como expresión de una “fobia conservadora” contra Morena y sus dirigentes. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a López Beltrán, al considerar la medida como un acto de “injerencia política”.

El caso, sin embargo, no es aislado ni excepcional: es apenas el más visible de una lista que ya supera los cincuenta políticos mexicanos —la mayoría de Morena— que han perdido su visa estadounidense desde 2025. Entre ellos figuran gobernadoras y gobernadores en funciones, como Marina del Pilar Ávila, en Baja California, y Alfonso Durazo, en Sonora, además de alcaldes de ciudades fronterizas y otros funcionarios de distintos niveles.

El Departamento de Estado no ha explicado las razones individuales de ninguno de estos casos, lo cual alimenta la percepción de que se trata de un instrumento discrecional, aplicado sin criterios públicos ni mecanismos claros de defensa.

Un instrumento de presión, no un trámite consular

Conviene no perder de vista lo obvio: cancelar una visa no es, en el fondo, un simple acto administrativo. Es una herramienta de política exterior que Washington ha usado históricamente contra gobiernos y personajes que considera adversarios o incómodos, normalmente reservada para funcionarios vinculados con corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos.

Lo distintivo del momento actual es la escala y el patrón: la medida se aplica de manera sistemática a una franja política identificable, sin que trascienda evidencia pública de delitos o faltas concretas.

Esto convierte al fenómeno en algo más cercano a una presión diplomática dirigida que a un ejercicio ordinario de control migratorio. La propia Sheinbaum lo planteó en esos términos al cuestionar que estas cancelaciones no se apliquen de manera uniforme entre países ni bajo estándares claros, sugiriendo que el criterio real es político antes que legal o de seguridad.

Vale la pena notar, además, el componente simbólico del gesto. Una visa cancelada no impide gobernar, legislar o hacer campaña dentro de México; su efecto es casi enteramente reputacional.

Al dirigirse contra figuras públicas y no contra ciudadanos comunes, Washington sabe que la noticia se propaga, que obliga a un pronunciamiento oficial y que coloca a cada afectado en la disyuntiva de mostrarse desafiante o conciliador ante su propia base política.

Es, en ese sentido, diplomacia dirigida tanto a Palacio Nacional como a la opinión pública mexicana.

El contexto que lo explica: la región como prioridad estratégica

Estas fricciones no ocurren en el vacío. Se inscriben en una redefinición más amplia de la política exterior estadounidense, que desde finales del año pasado colocó al hemisferio occidental como prioridad estratégica, con un enfoque explícito en control migratorio, combate a organizaciones criminales, seguridad de rutas marítimas y reordenamiento económico en torno al nearshoring.

La acción militar y coercitiva contra Venezuela es la manifestación más dura de esa doctrina. Pero la presión sobre funcionarios mexicanos es su versión más silenciosa y, en cierto sentido, más incómoda: no apunta a un régimen declarado como enemigo, sino a un gobierno con el que Estados Unidos mantiene una relación comercial y de seguridad profundamente entrelazada.

Ahí radica la paradoja central que enfrenta México. La integración económica con su vecino del norte —consolidada durante décadas y profundizada por el propio nearshoring que Washington promueve— limita severamente el margen de respuesta de México ante gestos que, en cualquier otra relación bilateral, podrían calificarse abiertamente como hostiles.

No es casual que la reacción del gobierno mexicano se haya mantenido, hasta ahora, en el terreno discursivo: declaraciones de respaldo, señalamientos de doble estándar, pero sin medidas recíprocas ni una ruptura del tono cooperativo en temas de seguridad y comercio.

Esa cautela no es debilidad gratuita; es cálculo, en un año en el que además se perfila la revisión del T-MEC como el asunto que definirá buena parte del futuro económico del país.

Esa misma cautela, sin embargo, tiene un costo político interno. Cada nueva cancelación refuerza, dentro de la narrativa oficial, la idea de un país sometido a presiones externas que no puede responder en espejo. Eso alimenta tanto el discurso soberanista del gobierno como las críticas de quienes ven en el silencio estratégico una forma de subordinación.

El reto para la diplomacia mexicana es sostener ambos registros a la vez: firmeza retórica hacia adentro y pragmatismo absoluto hacia afuera.

Lo que revela como termómetro bilateral

Si se le mira con distancia, el patrón de cancelaciones de visa funciona como un indicador más confiable que los comunicados oficiales sobre el verdadero estado de la relación.

Mientras las cumbres y los discursos hablan de “vecindad”, “cooperación” y “seguridad compartida”, la práctica consular sugiere una relación crecientemente asimétrica, en la que Washington se reserva el derecho de sancionar individualmente a la clase política mexicana sin necesidad de pasar por canales diplomáticos formales ni justificar sus decisiones ante la contraparte.

Para México, el reto no es solamente reactivo. Cada cancelación de visa erosiona, una tras otra, la capacidad de construir una relación basada en reglas predecibles. Además, traslada la incertidumbre desde el terreno comercial —donde existen mecanismos de resolución de disputas, como los del propio T-MEC— hacia el terreno personal y político, donde no existe ningún contrapeso institucional.

Es, en ese sentido, una forma de poder que opera fuera de los marcos que ambos países han construido durante treinta años de integración.

El riesgo de que se vuelva la nueva normalidad

El mayor peligro de este patrón no es el episodio aislado, sino su normalización. Cuando un instrumento excepcional se convierte en rutina —cincuenta casos y contando, sin criterios públicos ni respuesta institucional equivalente— deja de ser noticia para volverse parte del paisaje de la relación bilateral.

Eso tiene consecuencias de largo plazo: desincentiva la colaboración transfronteriza de funcionarios locales, introduce autocensura en gobernadores y alcaldes que dependen de vínculos con contrapartes estadounidenses, y traslada a terceros —empresarios, académicos, periodistas— la señal de que ningún actor mexicano está exento de convertirse en el próximo caso.

La pregunta de fondo, entonces, no es si México puede o no responder con símbolos equivalentes —evidentemente no tiene ese margen—, sino qué tanto puede permitirse que la relación bilateral se gestione, cada vez más, a través de decisiones administrativas unilaterales y opacas, mientras la agenda formal sigue hablando el lenguaje de la asociación estratégica.

Ese desfase entre el discurso y la práctica es, hoy, la clave geopolítica más honesta para entender el momento que vive México frente a su vecino del norte.

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Por Román André Martínez Bravo

Todo gobierno mexicano hereda un mismo lenguaje diplomático: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias. Son principios que datan de la Doctrina Estrada de 1930 y que quedaron inscritos en el artículo 89 constitucional.

Pero un lenguaje compartido no garantiza una misma práctica. Lo interesante de observar en la administración de Claudia Sheinbaum no es que repita esas fórmulas —todos los presidentes lo hacen—, sino cómo las está poniendo a prueba frente a una región cada vez más fracturada y frente a un vecino, Estados Unidos, que exige alineamiento antes que principios.

Una herencia con nombre propio

La presidenta ha insistido, en distintos foros internacionales, en que la política exterior mexicana representa una suerte de vanguardia moral: un país que defiende la soberanía de las naciones y rechaza el uso de la fuerza como método para resolver conflictos, en contraste con lo que describe como un mundo cada vez más militarizado.

Ha llegado a proponer, en cumbres de líderes progresistas, que el gasto militar global se redirija hacia la reforestación y el empleo en países pobres. Es un discurso que conecta explícitamente con el legado de Andrés Manuel López Obrador y con el concepto de “economía del bienestar” que él mismo promovió.

El problema de toda doctrina basada en principios universales es que, tarde o temprano, choca con casos concretos que exigen decisiones políticas, no solo declaraciones. Ahí es donde vale la pena mirar de cerca.

Los casos que ponen a prueba la doctrina

Tres episodios recientes ilustran la tensión entre principio y pragmatismo.

El primero es Ecuador. México rompió relaciones diplomáticas con ese país después de que autoridades ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un episodio que Sheinbaum ha calificado como un agravio directo a la soberanía nacional.

Aquí la doctrina no es ambigua: la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es uno de los pilares más antiguos del derecho internacional, y México aplicó el principio sin matices.

El segundo es Perú, con un matiz distinto. México restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Dina Boluarte esta misma semana, después de una ruptura previa motivada por el asilo que México otorgó a la expresidenta Betssy Chávez, condenada tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Sheinbaum ha explicado que la reconciliación se dio cuando quien ahora encabeza el gobierno peruano —Keiko Fujimori— tomó la iniciativa de llamar personalmente para resolver el diferendo, y que un salvoconducto para Chávez estaría disponible en cuanto ella pueda salir del país.

La presidenta ha subrayado que México debe sostener relaciones diplomáticas con el mundo más allá de la orientación política de los gobiernos. Esa frase, en realidad, describe bastante bien el pragmatismo detrás de la doctrina: los principios se sostienen, pero las relaciones se negocian caso por caso.

El tercero es la relación con Cuba y Venezuela, hacia donde México continúa enviando ayuda humanitaria pese a las presiones de Washington para aislar a ambos gobiernos.

Aquí la autodeterminación de los pueblos se invoca de forma más ideológica que jurídica, y es el punto donde más críticas recibe la doctrina desde sectores que la acusan de aplicarse de forma selectiva: firme frente a Ecuador, flexible frente a Perú y condescendiente frente a La Habana y Caracas.

El verdadero examen: diversificar sin romper con Washington

La aplicación más estratégica de la doctrina, sin embargo, no está en los principios declarativos, sino en una decisión estructural: diversificar alianzas mientras se gestiona la dependencia comercial con Estados Unidos.

La Cancillería mexicana ha impulsado en meses recientes una comisión binacional con Brasil que busca ampliar la cooperación energética y tecnológica, incluida una posible alianza entre Pemex y Petrobras, además del acompañamiento diplomático que Brasil ofrece a México en Perú.

En un entorno donde casi el 83% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense, construir relaciones alternativas en América Latina ya no es un gesto retórico de solidaridad regional: es una cobertura de riesgo.

Y es aquí donde la doctrina enfrenta su límite más evidente. Toda la arquitectura discursiva de no intervención y soberanía convive, en la práctica diaria del gobierno, con una negociación mucho más dura y silenciosa: la revisión del T-MEC.

Washington presiona por cambiar reglas de origen, ha impuesto aranceles bajo distintas figuras legales y empuja el concepto de “seguridad económica”: un término que ni siquiera existía cuando se firmó el tratado original. México ha optado por no confrontar abiertamente estas exigencias con el mismo lenguaje de soberanía que utiliza frente a Ecuador o Venezuela.

Frente a Washington, la doctrina se vuelve notablemente más cautelosa.

La doctrina como equilibrio, no como dogma

Leída en conjunto, la política exterior de Sheinbaum no funciona como un catálogo rígido de principios aplicados por igual en cualquier circunstancia. Funciona, más bien, como un equilibrio calculado: firmeza retórica y jurídica donde el costo político es bajo —Ecuador y foros multilaterales—; flexibilidad pragmática donde conviene reconstruir puentes —Perú—; acompañamiento ideológico donde hay afinidad histórica —Cuba y Venezuela—; y cautela estratégica donde el interés económico es demasiado grande para arriesgarlo —Estados Unidos—.

Esto no necesariamente es una contradicción ni una debilidad. Ningún país de tamaño medio, con una economía tan integrada a la de su vecino del norte, puede permitirse una política exterior puramente principista.

Lo que sí vale la pena observar, semana con semana, es hasta dónde llega el margen real de esos principios cuando se enfrentan a un interlocutor —Washington— que no juega bajo las mismas reglas.

La doctrina Sheinbaum, más que una novedad, es la versión 2026 de un viejo dilema mexicano: cómo sostener la soberanía discursiva sin poner en riesgo la dependencia estructural que define, en los hechos, buena parte de la política exterior del país.

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La fractura no comenzó en el subsuelo, sino dentro de la Cuarta Transformación. Al convertir el fracking de prohibición política en posibilidad técnica, Claudia Sheinbaum empieza a construir un proyecto propio, aunque para hacerlo deba abandonar una promesa electoral y enfrentar a la corriente ambientalista de Morena.

Por: Rodrigo Vissuet

Artículo de opinión

El informe presentado este jueves en la mañanera no autorizó definitivamente el fracking en México. Conviene comenzar por esa precisión porque la crítica pierde fuerza cuando parte de una afirmación incorrecta.

El comité de 54 especialistas convocado por Claudia Sheinbaum descartó la fractura hidráulica en la cuenca Tampico-Misantla, entre Veracruz y Tamaulipas, y condicionó cualquier avance en las cuencas de Burgos y Sabina-Burro-Picachos a una cadena de comprobaciones: primero debe existir agua salada suficiente; después debe demostrarse que hay gas comercialmente aprovechable; posteriormente tendrá que evaluarse su rentabilidad y, finalmente, realizar consultas públicas en los territorios involucrados.

No es todavía un permiso para perforar. Pero sí es algo políticamente más profundo: el gobierno dejó de preguntar si México debe rechazar el fracking y comenzó a estudiar bajo qué condiciones podría realizarlo.

Ahí está la ruptura.

De la prohibición política a la posibilidad tecnocrática

Andrés Manuel López Obrador convirtió el rechazo al fracking en una frontera identitaria de su gobierno. La Comisión Nacional del Agua sostuvo en 2020 que durante su administración no se entregarían concesiones de aguas nacionales para fracturamiento hidráulico. En 2024, el expresidente propuso elevar su prohibición a la Constitución, como parte de su paquete de reformas ambientales.

Pero hay que corregir otra imprecisión que ha circulado en la opinión pública: López Obrador no dejó un decreto que prohibiera legalmente el fracking en todo México. Hubo una negativa política y administrativa a otorgar nuevas autorizaciones, así como una iniciativa constitucional que no se consolidó como prohibición general. Incluso la Alianza Mexicana contra el Fracking advirtió durante aquel sexenio que la promesa presidencial no había sido convertida en una barrera jurídica suficiente.

El obradorismo congeló la técnica, pero no la sepultó. Sheinbaum está aprovechando esa fragilidad legal para descongelarla.

El giro, por tanto, es de 180 grados, no de 360: la Presidenta pasa del rechazo que defendió como candidata a una apertura condicionada por criterios científicos, económicos y de soberanía energética.

Durante su campaña de 2024, Sheinbaum incluyó entre sus compromisos que no se permitiría la exploración de hidrocarburos mediante fracking. Ahora sostiene que los avances tecnológicos obligan a revisar aquella posición. La contradicción no puede cubrirse con el eufemismo de “gas no convencional” ni con una acumulación de batas blancas alrededor del proyecto.

El “fracking seguro” es una promesa, no una evidencia

El comité científico introdujo límites importantes. Rechazó intervenir Tampico-Misantla por sus condiciones sociales y ambientales, prohibió utilizar agua dulce y exigió investigar primero la disponibilidad de agua salada. Sheinbaum aseguró que adoptará esas recomendaciones y que, si no se encuentra ese recurso, la explotación será descartada, de acuerdo con la información divulgada sobre el dictamen de los especialistas.

Las restricciones son relevantes, pero no convierten automáticamente la fractura hidráulica en una actividad segura.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos revisó más de mil 200 fuentes científicas y concluyó que las operaciones asociadas al fracking pueden afectar los recursos de agua potable. Entre los riesgos identificó derrames, pozos con integridad mecánica deficiente, descargas de aguas residuales insuficientemente tratadas y almacenamiento en depósitos sin revestimiento, según su evaluación científica.

Utilizar agua salada resuelve parcialmente la disputa por el consumo de agua dulce, pero no elimina el problema de los residuos. El líquido que regresa a la superficie puede contener sales, hidrocarburos, metales y sustancias empleadas durante el proceso. Debe transportarse, tratarse, reciclarse o confinarse. Cada una de esas etapas abre una vía de riesgo.

La actividad sísmica también exige precisión. El Servicio Geológico de Estados Unidos explica que la mayoría de los sismos inducidos no son provocados directamente por la fractura de la roca, sino por la inyección profunda y prolongada de las aguas residuales generadas por la industria. Eso no exonera al fracking: coloca el peligro en una parte distinta de la misma cadena extractiva. El USGS reconoce que la disposición de esos fluidos puede elevar la presión subterránea y activar fallas geológicas.

En salud pública tampoco hay sustento para prometer riesgo cero. El Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental de Estados Unidos resume investigaciones que han encontrado asociaciones entre la proximidad a explotaciones no convencionales y exacerbaciones de asma, resultados adversos del embarazo y exposición a contaminantes atmosféricos. Son asociaciones epidemiológicas que requieren estudiar cada territorio, pero resultan suficientes para rechazar la ligereza de llamar “segura” a una industria antes de conocer sus emplazamientos, sustancias y sistemas de vigilancia. NIEHS

La ciencia puede reducir incertidumbres. No puede emitir certificados de inocuidad por decisión presidencial.

La soberanía construida sobre otra dependencia

El argumento más poderoso de Sheinbaum es real: México importa alrededor de 75 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Texas. Buena parte de la electricidad, la industria y las cadenas manufactureras dependen de ese suministro. Una interrupción, conflicto comercial o aumento de precios exhibiría la vulnerabilidad nacional.

Pero sustituir gas importado por gas extraído mediante tecnología, financiamiento y servicios privados extranjeros podría cambiar una dependencia por otra.

Pemex no cuenta con el capital, la experiencia operativa ni la situación financiera para desarrollar por sí solo una industria de fracking a gran escala. Por ello, el gobierno ha planteado esquemas de inversión mixta y se ha explorado un fideicomiso capaz de atraer recursos privados sin cargar los proyectos directamente sobre el balance de la petrolera.

La pregunta ya no es solamente si México tiene gas, sino quién financiará su extracción, quién asumirá las pérdidas si los pozos no resultan rentables y quién pagará la remediación ambiental cuando terminen las operaciones.

BlackRock: coincidencias que exigen transparencia

El nombre de BlackRock apareció porque Claudia Sheinbaum recibió el 7 de abril a Larry Fink, director de la administradora de activos, y a directivos de Global Infrastructure Partners. Un día después, el gobierno anunció su estrategia para explotar gas no convencional.

La proximidad temporal resulta políticamente incómoda, pero no demuestra que BlackRock haya dictado la decisión. Sheinbaum aseguró que en la reunión no se alcanzó ningún acuerdo particular, según informó La Jornada.

Tampoco es una empresa ajena al negocio gasífero mexicano. En 2015, BlackRock y First Reserve adquirieron participaciones en Los Ramones II, infraestructura destinada a transportar hacia México gas procedente de Eagle Ford, una de las principales regiones estadounidenses de hidrocarburos de lutitas. La operación fue anunciada por la propia administradora.

Esto no prueba una conspiración ni acredita que BlackRock vaya a participar en los futuros pozos mexicanos. Sí obliga a transparentar las reuniones, propuestas financieras, posibles beneficiarios y vehículos de inversión. Cuando una política pública puede abrir un mercado de miles de millones de dólares, la confianza no se construye pidiendo que nadie sospeche: se construye publicando documentos.

El gabinete obradorista tendrá que elegir

La apertura al fracking también es una prueba para los cuadros heredados del sexenio anterior. El gabinete de Sheinbaum conserva figuras formadas o fortalecidas bajo López Obrador, mientras Morena mantiene una base militante que asumió el rechazo a la fractura hidráulica como parte de su identidad.

La primera resistencia ya existía. Un grupo de legisladores de Morena y PT, entre ellos Manuel Vázquez Arellano y Xóchitl Zagal, impulsó una iniciativa constitucional contra el fracking respaldada por alrededor de 50 diputados. En sentido contrario, senadores morenistas cerraron filas con la Presidenta y Ricardo Monreal definió el viraje como una expresión de “pragmatismo gubernamental”.

La llamada operación cicatriz parece haber comenzado antes del dictamen. El gobierno encapsuló la decisión en un comité científico, trasladó la discusión del terreno ideológico al técnico y permitió que la dirigencia legislativa justificara la rectificación como una respuesta responsable a la dependencia energética.

No es previsible una rebelión abierta del gabinete. La tradición presidencialista y la disciplina de Morena empujarán a los antiguos obradoristas a guardar silencio o adoptar el nuevo discurso. Pero ese silencio también tendrá significado: mostrará que la lealtad al gobierno en funciones pesa más que la defensa de una bandera heredada.

El nacimiento de una presidencia propia

El sheinbaumismo no rompe por completo con el obradorismo. Conserva sus programas sociales, su narrativa de soberanía, su centralidad estatal y buena parte de su estructura política. Sin embargo, en el fracking aparece una diferencia decisiva de método.

López Obrador resolvía ciertos debates mediante fronteras políticas: “no” al fracking. Sheinbaum desarma esa frontera, convoca expertos, establece condiciones y convierte el antiguo tabú en una posibilidad administrada.

La decisión final todavía puede ser negativa. Los estudios podrían demostrar que no existe suficiente agua salada, que las reservas no son rentables o que los riesgos sociales son inaceptables. Pero la puerta que López Obrador mantuvo cerrada ya fue abierta.

La verdadera prueba será saber si los científicos y las comunidades tienen poder efectivo para detener el proyecto o si su participación servirá solamente para legitimar una decisión tomada de antemano.

El sheinbaumismo comienza donde termina la obediencia automática al legado de su antecesor. El problema es que su primera gran declaración de autonomía podría quedar escrita no en una nueva política de transición energética, sino en pozos, residuos tóxicos y acuíferos puestos a prueba.

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La civilización mexicana: una herencia milenaria que sigue viva

Por Román André Martínez Bravo

Cuando se habla de “civilización mexicana”, es común pensar únicamente en el periodo posterior a la Conquista, como si la historia del país hubiera comenzado con la llegada de los españoles. Esa mirada, además de incompleta, reduce la profundidad de un territorio que, mucho antes del siglo XVI, fue cuna de un extraordinario mosaico de culturas que alcanzaron niveles de desarrollo comparables a los de las grandes civilizaciones del mundo antiguo.

Egipto junto al Nilo, Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, China a orillas del río Amarillo o Grecia en el Mediterráneo suelen aparecer como referentes obligados cuando pensamos en los orígenes de la civilización. Sin embargo, de manera paralela y sin contacto alguno con esos pueblos, en Mesoamérica se gestaron sociedades igualmente complejas: olmecas, mayas, teotihuacanos, toltecas y mexicas, entre muchas otras.

El propósito de esta reflexión no es idealizar el pasado ni convertirlo en postal arqueológica, sino ofrecer un panorama de las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano, destacar sus principales aportaciones y contrastarlas con ejemplos de otras civilizaciones del mundo antiguo, para comprender mejor tanto sus similitudes como su singularidad.

¿Qué entendemos por civilización?

Antes de abordar el caso mexicano, conviene precisar el concepto. Los historiadores suelen coincidir en que una civilización se distingue de otras formas de organización social por poseer, entre otros rasgos, asentamientos urbanos permanentes; agricultura excedentaria capaz de sostener población no dedicada a la producción de alimentos; estructura social jerarquizada; sistemas religiosos institucionalizados; arquitectura monumental; algún sistema de escritura o registro; y conocimientos especializados en astronomía, matemáticas o ingeniería.

Bajo estos criterios, Mesoamérica —la región cultural que abarca gran parte del actual México y Centroamérica— cumple sobradamente los requisitos para ser considerada una de las cunas independientes de la civilización, al lado de Mesopotamia, Egipto, el valle del Indo y China.

Reconocer esto importa porque cambia la manera en que México se mira a sí mismo. No somos únicamente herederos de una historia colonial ni de un Estado moderno construido en el siglo XIX. Somos también continuidad de sociedades que pensaron el cosmos, organizaron ciudades, desarrollaron calendarios, resolvieron problemas agrícolas, construyeron sistemas políticos y produjeron formas complejas de arte, religión y conocimiento.

Los olmecas: la cultura madre

La civilización olmeca, asentada principalmente en las actuales costas del Golfo de México —Veracruz y Tabasco— entre aproximadamente 1200 y 400 a.C., es considerada por muchos especialistas la “cultura madre” de Mesoamérica, en un papel comparable al que jugó Sumeria para Mesopotamia.

Los olmecas desarrollaron un sistema de creencias religiosas, un calendario incipiente y un estilo artístico cuyo ejemplo más célebre son las colosales cabezas de piedra. Su influencia sería decisiva en las culturas mesoamericanas posteriores.

Así como los sumerios sentaron las bases de la escritura cuneiforme que después perfeccionarían acadios y babilonios, los olmecas heredaron a sus sucesores nociones religiosas, artísticas y posiblemente los primeros glifos que, con el tiempo, derivarían en sistemas de escritura más elaborados, como el maya.

Pensar a los olmecas de esta manera permite entender que Mesoamérica no fue una suma de culturas aisladas, sino una continuidad histórica donde cada civilización recibió, transformó y proyectó elementos de las anteriores.

Los mayas: ciencia, escritura y monumentalidad

Si Egipto nos legó una de las civilizaciones más admiradas por su dominio de la astronomía, la geometría y la escritura jeroglífica, los mayas —desarrollados en el sureste de México, Guatemala, Belice y Honduras entre el 2000 a.C. y el siglo XVI— representan un logro intelectual equiparable.

Los mayas crearon uno de los sistemas de escritura más completos de la América precolombina, con cientos de glifos capaces de registrar historia dinástica, mitología y astronomía. Desarrollaron, además, un sistema numérico posicional que incluía el concepto de cero: un logro matemático que solo un puñado de civilizaciones antiguas, como la india, alcanzó de forma independiente.

Sus calendarios, de extraordinaria precisión, como el Calendario de Cuenta Larga, les permitían calcular ciclos astronómicos y eclipses. En este sentido, los mayas pueden compararse con los astrónomos babilonios, quienes también combinaron observación celeste y matemáticas para predecir fenómenos astronómicos con fines rituales y agrícolas.

Su arquitectura monumental, visible en ciudades como Palenque, Chichén Itzá o Calakmul, con pirámides escalonadas, palacios y observatorios, guarda paralelismos funcionales con los zigurats mesopotámicos y las pirámides egipcias. En todos esos casos, las estructuras colosales no eran solamente construcciones: eran expresiones de poder político, conocimiento técnico y vínculo con lo sagrado.

Teotihuacán: la primera gran metrópoli

Hacia el primer milenio de nuestra era, en el Altiplano Central mexicano floreció Teotihuacán, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con una población estimada de hasta 125 mil habitantes en su apogeo, entre los siglos V y VI d.C.

Su trazado urbano, organizado en torno a la Calzada de los Muertos y dominado por la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, revela una planificación comparable a la de ciudades como Roma o las capitales chinas de la dinastía Han.

Al igual que Roma proyectó su influencia cultural, comercial y arquitectónica sobre gran parte de Europa, Teotihuacán ejerció una influencia cultural y comercial que se extendió hasta la actual Guatemala. Sus redes de intercambio a larga distancia evidencian una sofisticación semejante a la de otras rutas comerciales del mundo antiguo, como la Ruta de la Seda china, que conectaba mercados y culturas separadas por miles de kilómetros.

Teotihuacán no fue únicamente una ciudad monumental. Fue una metrópoli organizada, influyente y profundamente simbólica. Un centro de poder que dejó una huella tan fuerte que incluso civilizaciones posteriores, como la mexica, la miraron como un lugar sagrado y fundacional.

Los toltecas y el legado guerrero

Tras la caída de Teotihuacán, hacia el siglo X d.C., emergió la cultura tolteca, con capital en Tula, Hidalgo. Los toltecas fueron recordados por civilizaciones posteriores —en particular por los mexicas— como un pueblo ejemplar, cuya sabiduría, destreza artesanal y poderío militar se convirtieron casi en mito fundacional.

Este fenómeno no es exclusivo de Mesoamérica. De manera similar, los griegos posteriores idealizaron a los micénicos como sus antepasados heroicos, inmortalizados en la épica homérica.

La mitificación del pasado para legitimar el presente es una constante en muchas civilizaciones humanas. Mesoamérica no fue la excepción. Los toltecas se convirtieron, para los mexicas, en símbolo de refinamiento, poder y origen prestigioso.

Los mexicas: el imperio final

La civilización mexica o azteca, que dominó el Altiplano Central desde el siglo XIV hasta la Conquista española en 1521, representa la culminación política y militar del mundo mesoamericano.

Su capital, México-Tenochtitlan, fundada sobre un islote del lago de Texcoco, sorprendió a los propios conquistadores españoles por su magnitud. Con más de 200 mil habitantes, superaba en tamaño a la mayoría de las ciudades europeas de la época, incluidas Madrid o Sevilla.

Su sistema de chinampas —islas artificiales de cultivo— constituyó una solución de ingeniería agrícola tan ingeniosa como los sistemas de canales e irrigación desarrollados en Mesopotamia o en el antiguo Egipto para aprovechar las crecidas del Nilo.

Asimismo, los mexicas construyeron un sofisticado sistema tributario y administrativo que les permitía controlar un vasto territorio multiétnico. En ese sentido, pueden compararse con el Imperio persa aqueménida, que organizó satrapías para gobernar pueblos diversos bajo una autoridad central, o con Roma, que administró sus provincias mediante gobernadores, redes de caminos y estructuras políticas de control.

Pero la grandeza mexica no debe entenderse solo desde su expansión militar. También debe leerse como la expresión final de una larga tradición mesoamericana que articuló ciudad, religión, comercio, agricultura, tributo y poder político.

Semejanzas y diferencias con otras civilizaciones del mundo

Al comparar estas civilizaciones mesoamericanas con las del Viejo Mundo aparecen patrones sorprendentes. En distintos continentes, sin contacto directo entre sí, los seres humanos encontraron soluciones parecidas a problemas semejantes: producir alimentos, organizar ciudades, legitimar el poder, registrar el tiempo, explicar el cosmos y construir sentido colectivo.

Tanto en Mesoamérica como en Egipto, Mesopotamia, China o la India se dio el paso de sociedades agrícolas a urbanas; el desarrollo de religiones politeístas con complejos panteones y prácticas rituales; la construcción de arquitectura monumental como expresión de poder y religiosidad; sistemas de escritura o registro numérico; y estructuras sociales estratificadas con élites sacerdotales o guerreras.

Sin embargo, también existen diferencias notables. A diferencia de las civilizaciones del Viejo Mundo, las mesoamericanas se desarrollaron sin animales de tiro, sin la rueda con fines prácticos, sin metalurgia del hierro y con una base alimentaria centrada en el maíz, en lugar del trigo o el arroz.

Estas limitaciones tecnológicas no impidieron, sin embargo, que alcanzaran logros astronómicos, matemáticos, agrícolas y arquitectónicos de primer orden. Al contrario: demuestran que la genialidad humana puede manifestarse por caminos muy distintos, según los recursos disponibles en cada región.

La civilización mexicana como síntesis

El México contemporáneo es heredero directo de este vasto legado prehispánico, fusionado tras la Conquista con la tradición hispánica europea para dar origen a una civilización mestiza singular.

Igual que la civilización griega influyó en Roma y esta, a su vez, sentó las bases de buena parte de la cultura occidental, las civilizaciones mesoamericanas heredaron conocimientos, mitos y tradiciones entre sí. Finalmente, esos legados fueron transmitidos, transformados por siglos de mestizaje, a la cultura mexicana actual.

Elementos tan cotidianos como la gastronomía basada en el maíz, el chile y el frijol; las lenguas indígenas que aún se hablan en el territorio; las fiestas patronales que combinan elementos católicos y prehispánicos; o los sitios arqueológicos que atraen a millones de visitantes cada año, son testimonio vivo de esa herencia milenaria.

México no es una identidad simple. Es una síntesis compleja, a veces armoniosa y a veces conflictiva, entre mundos distintos que terminaron produciendo una cultura profundamente original.

El guadalupanismo como puente entre dos mundos

Uno de los fenómenos que mejor ilustra la síntesis entre el pasado prehispánico y el presente mexicano es el culto guadalupano.

La aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 en el cerro del Tepeyac —lugar donde antiguamente se veneraba a la diosa madre Tonantzin— no fue un hecho aislado, sino el punto de encuentro entre la religiosidad indígena y la fe católica traída por los españoles.

Para el pueblo indígena, recién derrotado militarmente y con su cosmovisión en crisis, la Virgen morena ofreció un símbolo con el cual podía identificarse: una figura materna, protectora, que hablaba su lengua, el náhuatl, y que aparecía en un sitio sagrado para sus propios ancestros.

De esta manera, el guadalupanismo funcionó, desde sus orígenes, como un mecanismo de reconciliación simbólica entre dos civilizaciones que, de otro modo, habrían permanecido irreconciliables.

Este tipo de sincretismo religioso no es exclusivo de México. De forma similar, el cristianismo primitivo en Europa absorbió fiestas, templos y símbolos paganos preexistentes para facilitar su adopción entre los pueblos convertidos. También el islam, al expandirse, incorporó tradiciones locales de los territorios conquistados.

Lo distintivo del caso mexicano es que la Virgen de Guadalupe terminó por convertirse en algo más que un símbolo religioso. Es, hasta la fecha, uno de los referentes de identidad más compartidos por los mexicanos, independientemente de su nivel de fe o práctica religiosa. Además, ha sido invocada históricamente en momentos decisivos, como el inicio de la lucha de Independencia encabezada por Miguel Hidalgo, cuyo estandarte guadalupano se convirtió en emblema del movimiento insurgente.

Contrastes con el México actual

El México del siglo XXI es, en muchos sentidos, heredero directo y a la vez muy distinto de las civilizaciones que le dieron origen.

Donde antes existían ciudades-estado independientes con lenguas, dioses y sistemas de gobierno propios —como ocurría también entre las polis griegas—, hoy existe un Estado nacional unificado que reconoce oficialmente más de sesenta lenguas indígenas, vestigio directo de aquella diversidad.

Donde antes la cosmovisión giraba en torno al maíz como elemento sagrado, hoy la gastronomía mexicana, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, mantiene ese mismo ingrediente como columna vertebral de la identidad culinaria nacional.

Sin embargo, también existen tensiones profundas. Buena parte de la población indígena actual enfrenta condiciones de marginación y desigualdad que contrastan con el reconocimiento simbólico que el Estado hace del pasado prehispánico en monumentos, billetes, museos y discursos oficiales.

Ese contraste entre la exaltación del pasado indígena y la situación presente de los pueblos originarios no es exclusivo de México. También se observa en otros países con civilizaciones antiguas, como Egipto, Perú o India, donde el orgullo por un legado milenario no siempre se traduce en políticas efectivas hacia las comunidades que son sus herederas directas.

Ahí está una de las grandes contradicciones nacionales: México celebra su pasado indígena, pero no siempre honra con justicia a los pueblos indígenas vivos.

Cómo aprovechar esta herencia para fortalecer la identidad nacional

La riqueza civilizatoria de México —la suma de sus culturas prehispánicas, el sincretismo religioso encarnado en el guadalupanismo y el mestizaje que siguió a la Conquista— constituye un capital simbólico que el país puede aprovechar de manera más consciente para consolidar una identidad nacional incluyente.

En primer lugar, la enseñanza de la historia prehispánica en las escuelas puede ir más allá de la memorización de fechas y nombres. Tendría que transmitir el orgullo por logros científicos y culturales —como el concepto de cero maya o la ingeniería de las chinampas— que compiten en sofisticación con los de Egipto, Mesopotamia o China.

En segundo lugar, el culto guadalupano, al ser un símbolo compartido por millones de mexicanos más allá de credos y clases sociales, puede seguir funcionando como elemento de cohesión nacional, tal como lo ha hecho desde el siglo XVI, siempre que se le entienda como puente entre tradiciones y no como imposición de una sobre otra.

En tercer lugar, el reconocimiento efectivo —no solo discursivo— de las lenguas, las artes y las formas de organización comunitaria de los pueblos indígenas actuales permitiría que la identidad nacional no se construya únicamente evocando un pasado glorioso, sino honrando también a quienes son su continuidad viva en el presente.

Así como Grecia moderna reivindica su legado clásico impulsando el estudio, la conservación arqueológica y el turismo cultural, o como China ha integrado su milenaria civilización a su proyecto de identidad nacional contemporáneo, México tiene la oportunidad de convertir su extraordinaria pluralidad civilizatoria —prehispánica, colonial y mestiza— en el eje articulador de una identidad nacional que mire con orgullo su pasado sin dejar de atender las deudas históricas con sus pueblos originarios.

En conclusión

El estudio de las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano revela que México no es heredero de una sola cultura, sino de una sucesión de civilizaciones —olmeca, maya, teotihuacana, tolteca y mexica, entre otras— que, de manera independiente al resto del mundo, alcanzaron logros comparables a los de Egipto, Mesopotamia, China o Grecia en urbanización, astronomía, matemáticas, escritura y arquitectura monumental.

Comparar estas civilizaciones con sus contrapartes del Viejo Mundo no busca establecer una jerarquía entre ellas, sino subrayar un hecho fascinante: en distintos puntos del planeta, y sin conexión entre sí, el ser humano encontró soluciones sorprendentemente similares a los retos de organizar sociedades complejas.

Reconocer esta riqueza prehispánica, lejos de ser un ejercicio de nostalgia, resulta fundamental para comprender la identidad plural y profunda de la civilización mexicana actual.

A esta herencia se suma el papel articulador del guadalupanismo, que desde el siglo XVI ha servido como puente entre la espiritualidad indígena y la fe traída de Europa, y que continúa siendo uno de los símbolos más compartidos por los mexicanos.

Aprovechar de manera consciente ambos legados —el civilizatorio prehispánico y el sincrético guadalupano—, junto con un compromiso real hacia los pueblos indígenas contemporáneos, puede permitir a México construir una identidad nacional que no solo se enorgullezca de su pasado, sino que también honre y atienda a quienes son su continuidad viva en el presente.

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Por: Román André Martínez Bravo

México: potencia comercial, con fragilidad estratégica

¿De qué sirve ser el principal socio comercial de Estados Unidos si cada año hay que volver a demostrarlo? Esa es, en el fondo, la pregunta que atraviesa la revisión del T-MEC que México, Estados Unidos y Canadá negocian desde julio. El tratado no desapareció ni fue cancelado, pero tampoco fue renovado por un nuevo periodo largo: Washington decidió someterlo a revisiones anuales durante los próximos diez años. Ese cambio, aparentemente técnico, dice mucho sobre el verdadero lugar que ocupa México en la economía de Norteamérica: central, pero no del todo seguro.

Esta misma semana, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la tercera ronda de negociaciones bilaterales. Al término del encuentro, la mandataria informó avances en la revisión del tratado y en distintos acuerdos bilaterales. Horas antes había explicado el sentido del ejercicio con una frase que resume bien el momento que vive el país: «Es como una evaluación de hasta dónde vamos», señaló Sheinbaum sobre el propósito de la ronda de revisión con Washington. Detrás de esa frase hay una aspiración clara: que este primer año de revisión siente las bases para que, de aquí en adelante, el ejercicio se reduzca a confirmar lo ya acordado, en lugar de reabrir la negociación cada doce meses.

La fuerza comercial no garantiza autonomía

A primera vista, México parece estar en una posición envidiable. Su cercanía con Estados Unidos, la relocalización de cadenas de suministro y el interés de empresas extranjeras por instalarse en territorio mexicano han reforzado su papel como plataforma exportadora. La integración productiva con Norteamérica sostiene una relación comercial de enorme escala, sobre todo en manufactura, industria automotriz y componentes industriales.

El problema es que ese éxito comercial no se ha traducido en mayor autonomía estratégica. La economía mexicana sigue dependiendo del ciclo económico estadounidense y de decisiones que se toman fuera del país. Cada revisión del T-MEC, cada amenaza arancelaria, cada giro en la política comercial de Washington, altera de inmediato las expectativas de inversión en México. Esa dependencia no es solo comercial: es también política. Cuando un país basa buena parte de su crecimiento en un solo socio, su margen de negociación se reduce, y la pregunta relevante deja de ser si México exporta mucho, para convertirse en si está usando esa posición geográfica como ventaja estructural o si simplemente administra una relación asimétrica que lo deja expuesto.

El T-MEC como prueba de estrés

La revisión formal del tratado, que arrancó el 1 de julio, funciona hoy como una prueba de estrés para la economía mexicana. No se trata de un trámite menor: entre los temas más sensibles están las reglas de origen en la industria automotriz, la seguridad de las cadenas de suministro —un asunto que Washington vincula cada vez más con su propia estrategia de seguridad económica—, los minerales críticos, la propiedad intelectual y las restricciones vinculadas con la inversión china en la región.

Para México, el riesgo no está solo en perder acceso preferencial al mercado estadounidense, sino en que la negociación instale una lógica de revisión permanente que erosione la certidumbre para invertir. No todos los analistas leen ese riesgo de la misma manera. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, ha planteado una lectura más templada del proceso: «No nos preocupa que no se extienda este año», afirmó Serrano, para quien lo relevante es que quede clara la señal de que el tratado continuará vigente, algo que —sostiene— terminará beneficiando al país incluso sin una renovación inmediata.

Esa lectura contrasta con la de otros especialistas, para quienes las revisiones anuales no son un simple formalismo, sino una herramienta de presión negociadora que Washington puede usar para mantener a México y Canadá en un estado de incertidumbre calculada, precisamente porque esa incertidumbre desincentiva decisiones de inversión y profundiza la dependencia económica de la región respecto de Estados Unidos.

La diferencia entre ambas lecturas no es menor. Si la revisión anual se consolida como mecanismo permanente, México pasaría de negociar un tratado cada década a negociar, en la práctica, casi todos los años, con todo lo que eso implica para calendarios de inversión que suelen medirse en plazos de cinco o diez años. Instituciones financieras y calificadoras ya han empezado a ajustar sus proyecciones de crecimiento asumiendo que ese esquema de revisión continua se mantendrá al menos hasta 2028, lo que revela que el mercado ya está descontando el costo de la incertidumbre, incluso antes de que se resuelva el fondo de la negociación.

Crecimiento con límites

Los datos recientes confirman que México sigue siendo un actor relevante en el comercio internacional, pero también muestran que no ha resuelto su fragilidad de fondo: crecimiento insuficiente, productividad débil y una base industrial que depende demasiado del exterior. Firmas como Banorte y Grupo Coppel han advertido que, aun con expectativas de crecimiento algo mejores que las de hace unos meses, la economía seguirá operando por debajo de su potencial mientras dure el esquema de revisiones anuales. México puede exportar mucho, pero eso no significa que su poder económico interno se haya fortalecido al mismo ritmo.

Ese contraste importa porque en geoeconomía no basta con mover mercancías; también importa quién controla la tecnología, el financiamiento, la logística y los estándares regulatorios. Si México solo participa como eslabón de ensamblaje, seguirá siendo vulnerable a cualquier cambio en las cadenas globales de valor. Si, en cambio, logra avanzar hacia una política industrial más robusta, podría transformar su posición geográfica en una ventaja durable. La discusión sobre el T-MEC, entonces, no debe leerse únicamente como una disputa comercial: también refleja el debate sobre qué tipo de país quiere ser México en el nuevo orden económico. ¿Uno que se integra pasivamente a la economía estadounidense, o uno que usa esa integración para construir capacidades propias? Ahí está la diferencia entre ser corredor logístico y convertirse en potencia económica con voz propia.

El reto de la soberanía económica

Hablar de soberanía económica en México no significa promover el aislamiento. Significa reducir la vulnerabilidad frente a decisiones externas y ampliar el espacio para definir prioridades nacionales. En el contexto actual, eso exige diversificar mercados, fortalecer proveedores locales, invertir en innovación y consolidar sectores estratégicos que no dependan por completo de una sola relación comercial.

Ese margen de maniobra no se construye únicamente en la mesa de negociación con Washington. También se juega puertas adentro: en la capacidad del país para resolver sus propios cuellos de botella en energía, infraestructura logística y formación de capital humano, que hoy limitan qué tanto puede aprovechar México cualquier condición favorable que consiga en el T-MEC. De poco sirve ganar certidumbre arancelaria si, al mismo tiempo, persisten los obstáculos internos que frenan la inversión productiva.

La coyuntura de esta semana confirma que el país ya no puede entenderse solo como vecino de Estados Unidos, sino como pieza clave de una reconfiguración más amplia del comercio global. El nearshoring, la competencia tecnológica y la rivalidad geopolítica entre potencias han hecho que México gane visibilidad, pero también han elevado el costo de la improvisación. Si el país quiere convertir su potencia comercial en poder real, necesita una estrategia más clara: certidumbre regulatoria, infraestructura, energía competitiva, formación de talento y una política exterior económica más activa. Sin eso, México seguirá siendo indispensable para las cadenas de suministro, pero todavía incapaz de convertir esa importancia en influencia duradera.

La lección de esta semana es clara: México sí ocupa un lugar central en la geoeconomía regional, pero ese lugar sigue siendo frágil. El país exporta, atrae inversión y se ha vuelto indispensable para Norteamérica, pero todavía no ha logrado traducir esa centralidad en mayor autonomía estratégica. El T-MEC, en ese sentido, no es solo un tratado comercial: es el espejo donde se ve la verdadera posición de México en el mundo, y la revisión que hoy avanza en Palacio Nacional es apenas la primera de varias oportunidades para decidir qué reflejo queremos ver.

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Por Román André Martínez Bravo

Una anestesia colectiva

No hay ninguna ley de la naturaleza que diga que el mundo tenía que volverse, otra vez, un lugar de aranceles punitivos, presupuestos militares récord y minerales usados como rehenes geopolíticos. Fue una serie de decisiones políticas, tomadas por gobiernos concretos y defendidas por intereses concretos, la que nos trajo hasta aquí.

Y, sin embargo, la conversación pública trata este giro como si fuera clima: algo que simplemente sucede, se comenta y se soporta.

Ese es el verdadero problema. No solo la existencia de la guerra comercial, armamentista y económica, sino la velocidad con la que dejamos de indignarnos ante ella. Detrás de cada cifra récord hay ganadores muy identificables y perdedores mucho más numerosos. La normalización cumple exactamente la función de ocultar esa distancia.

Aranceles: proteccionismo vendido como emergencia permanente

Vale la pena recordar cómo empezó todo esto: no como una política comercial deliberada y debatida, sino como una sucesión de “emergencias nacionales” —fentanilo, migración, seguridad— usadas para justificar medidas que, en realidad, respondían a una agenda proteccionista de fondo.

Ese truco retórico funcionó. En cuestión de meses, aranceles que habrían sido impensables se volvieron rutina: China respondió a un arancel estadounidense del 104% con uno propio del 84%, y ambos países siguieron escalando hasta cifras que superaron el 200%, sin que ese nivel de ruptura comercial provocara una movilización política proporcional a su gravedad.

Lo más grave no es solo el monto de los gravámenes, sino quién termina pagándolos. Los aranceles no los pagan los gobiernos que los decretan como gesto de fuerza: los pagan, casi siempre, los consumidores, en forma de precios más altos, y las industrias exportadoras del lado más débil de la disputa.

Cuando Brasil fue golpeado con un arancel del 25% sobre buena parte de sus exportaciones a Estados Unidos, la medida afectó cerca de 11,200 millones de dólares en exportaciones brasileñas, equivalentes a casi 30% de todo lo que el país le vendía a su socio comercial. Todo ocurrió en un conflicto que además coincidió, no por casualidad, con el proceso judicial contra un expresidente aliado del gobierno estadounidense.

La política comercial se convirtió, sin ningún disimulo, en instrumento de presión política bilateral. Y aun así se sigue discutiendo en los medios de comunicación con agenda propia como si fuera únicamente un asunto de “estrategia económica”.

Mientras tanto, gobiernos que dicen defender a sus trabajadores replican la misma lógica: México aprobó incrementos arancelarios de hasta 50%, presentados como protección al empleo nacional, sin que se discuta con la misma intensidad el costo que esa represalia tendrá en la inflación y en las cadenas productivas que dependen de insumos importados.

El patrón se repite en ambos extremos del espectro político: el proteccionismo se anuncia como defensa de la soberanía, pero rara vez se explica quién absorbe la factura.

El rearme: el negocio más rentable de la desconfianza

Si hay un sector que no tiene motivos para lamentar este clima, es la industria armamentista.

El gasto militar mundial alcanzó en 2025 la cifra récord de 2.887 billones de dólares, un 2.9% más que el año anterior, y ya suma once años consecutivos de crecimiento ininterrumpido, con un aumento acumulado de 41% desde 2015. Se trata, según coinciden los propios analistas del sector, del gasto militar más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Detrás de estas cifras hay un desplazamiento de prioridades que rara vez se nombra con claridad: cada punto porcentual del PIB destinado a defensa es, por definición, un punto que no se destina a salud, educación o infraestructura.

España disparó su gasto militar un 50% en un solo año, una de las subidas más pronunciadas entre las potencias emergentes en la materia, mientras el debate público se concentró casi exclusivamente en si ese porcentaje era suficiente para cumplir compromisos con la OTAN, no en si era una prioridad social defendible.

Europa entera vivió el mayor incremento militar anual desde el fin de la Guerra Fría, presentado casi siempre como una respuesta defensiva inevitable y casi nunca como lo que también es: una transferencia masiva de recursos públicos hacia una industria que se beneficia directamente de la inestabilidad que dice contener.

La contradicción es evidente cuando se lee entre líneas en los propios informes especializados: incluso quienes documentan este rearme reconocen que nada obliga a que la tendencia continúe, salvo la decisión política de sostenerla. El llamado “dividendo de paz”, que siguió al fin de la Guerra Fría, no se perdió por accidente, sino porque se dejó de invertir en la diplomacia y el desarme que antes lo sostenían.

Guerra económica: el arma que no necesita declararse

La tercera parte de este tablero es quizá la más cínica, porque ni siquiera requiere el ritual formal de una declaración.

China ha demostrado que puede paralizar industrias enteras del otro lado del mundo restringiendo la exportación de minerales críticos. En 2025, esa presión interrumpió durante semanas la producción de misiles y radares de contratistas de defensa estadounidenses como Raytheon y Lockheed Martin.

Es decir: el mismo sistema que alimenta el rearme depende de insumos que pueden convertirse en arma de represalia en cualquier momento. Es un círculo que garantiza más gasto militar futuro “para reducir la dependencia”, en una espiral que se retroalimenta indefinidamente y que beneficia, otra vez, a quienes venden armamento y tecnología de sustitución.

No es el fin de la globalización: es su versión más desigual

Llamar a todo esto “el fin de la globalización” puede incluso ser una forma cómoda de describir el fenómeno, porque sugiere un proceso neutro, casi natural, sin responsables.

Sería más honesto decir que estamos viendo el fin de una globalización específica: la que, al menos, prometía beneficios compartidos a través del comercio. En su lugar, avanza una economía internacional organizada abiertamente alrededor de la fuerza: aranceles como arma de presión política, minerales como rehenes, ejércitos como garantía última de cualquier negociación.

Esto no es el repliegue del mundo hacia adentro. Es la reorganización del mundo alrededor de quien tiene más capacidad de imponer costos a los demás.

Lo que la normalización nos está costando

El daño más profundo de acostumbrarnos a esto no es económico: es democrático.

Cada vez que una escalada deja de generar indignación, se debilita el único mecanismo real de contención que ha funcionado en la historia reciente: la presión ciudadana y diplomática sobre los gobiernos antes de que las decisiones se vuelvan irreversibles.

Cuando un arancel del 25%, un bloqueo de minerales estratégicos o un aumento de dos dígitos en gasto militar se procesan como una nota más entre las noticias del día, se está renunciando por adelantado a exigir que alguien rinda cuentas por decisiones que sí tienen alternativa.

No hace falta resignarse a que esto sea irreversible. Los propios organismos que documentan el rearme insisten en que se trata de decisiones políticas, no de un destino inevitable.

La pregunta que debería ocupar el debate público no es cuánto va a seguir creciendo esta escalada, sino por qué hemos dejado de exigir que se detenga.

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Por Redacción LYP / Negocios

El litro de gasolina Magna sigue costando 23.99 pesos en México. Si esa cifra le suena igual que hace meses, es exactamente el punto: detrás de esa estabilidad hay una factura que sí se está moviendo, y no es pequeña. Mientras el Estrecho de Ormuz vuelve a estar bloqueado y los petroleros reciben ataques directos, el gobierno mexicano ya lleva gastados 20,000 millones de pesos para que ese conflicto, a 12,000 kilómetros de distancia, no se sienta todavía en la bomba de gasolina.

Lo que pasó esta semana en Ormuz

El 13 y 14 de julio, Estados Unidos reinstauró el bloqueo naval contra buques iraníes que transitan por el Estrecho de Ormuz —el corredor por el que pasa cerca de 20% del petróleo y gas natural licuado que se comercializa en el mundo— y exigió además un cobro del 20% sobre la carga que cruce esa ruta, cerca de 30 millones de dólares por superpetrolero. El tránsito diario de buques comerciales por la zona se desplomó de 25 a solo 12 embarcaciones en una semana. El 14 de julio, los petroleros Al Bahyah y Mombasa B fueron atacados cerca de la costa de Omán: dos tripulantes murieron en el primero y el segundo quedó dañado y fue abandonado. Según la Organización Marítima Internacional, van 56 incidentes contra embarcaciones y 17 muertes de tripulantes desde que se reactivó la crisis. Irán ya advirtió que también podría bloquear el Mar Rojo, una segunda ruta clave para las exportaciones de petróleo de la región.

La respuesta de los mercados fue inmediata: el 13 de julio el petróleo se disparó más de 9% en una sola sesión. La Mezcla Mexicana saltó 9.33% hasta 73.0 dólares por barril; el WTI subió 9.42% a 78.14 dólares, y el Brent, 9.25%, hasta 83.04 dólares. Este conflicto no es nuevo —se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán—, pero la escalada de esta semana es la más severa desde entonces.

Por qué a México no le ha llegado, todavía, a la bomba

La razón por la que el precio en el surtidor no se ha movido no es que el mercado internacional se haya calmado: es que el gobierno mexicano está pagando la diferencia. La presidenta Claudia Sheinbaum renovó, junto con empresarios gasolineros, el acuerdo para mantener la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro durante seis meses más, y el diésel con un tope cercano a los 27 pesos. El mecanismo detrás de ese acuerdo combina estímulos fiscales al IEPS —el impuesto especial sobre producción y servicios— con el compromiso de las gasolineras de no trasladar el alza internacional al consumidor. Sheinbaum confirmó que el gobierno ya ha destinado 20,000 millones de pesos a este esquema, explicando que ese gasto se compensa parcialmente con los mayores ingresos petroleros que recibe el Estado cuando sube el precio internacional del crudo.

La factura que sí está subiendo: las finanzas públicas

Aquí es donde conviene mirar más allá del surtidor. Fitch Ratings advirtió que la Secretaría de Hacienda estima una menor recaudación por IEPS a combustibles de 15,800 millones de pesos para 2026 —una cifra que, según la propia calificadora, podría quedarse corta dado que no se sabe cuánto va a durar el conflicto—, con un costo de los estímulos fiscales de alrededor de 5,000 millones de pesos semanales. El IEPS a combustibles representa, en condiciones normales, cerca de 13% de la Recaudación Federal Participable. Fitch recordó que un episodio similar, el conflicto Rusia-Ucrania de 2022, terminó costando 387,500 millones de pesos en estímulos fiscales, aunque en ese caso se compensó casi por completo con 394,100 millones de pesos en excedentes petroleros. La pregunta que no se puede responder todavía es si esta vez el balance va a cerrar tan parejo.

El escenario que preocupa a los analistas

James Salazar, subdirector de Análisis Económico de Kapital Grupo Financiero, ha señalado que si el conflicto se extiende más de dos meses, la inflación en México y Estados Unidos podría subir hasta cinco puntos porcentuales, lo que obligaría a Banxico y a la Reserva Federal a revisar su política de tasas. En un episodio previo de este mismo conflicto, ya se había registrado un mes en el que la gasolina en México subió 7.3% y el diésel 8.7%, pese a los topes de precio, y la inflación de la primera quincena de abril llegó a 4.53% anual, por encima del límite superior de la meta de Banxico, impulsada en parte por la gasolina premium —que no está cubierta por el acuerdo de precios— y la tensión con Irán. En cuanto al tipo de cambio, el propio Salazar ha estimado que el dólar podría mantenerse en un rango de 17.50 a 17.60 pesos mientras el conflicto continúe, con una recuperación rápida del peso si la situación se calma —justo el rango en el que se movió el tipo de cambio este mismo lunes.

Por qué importa para las empresas

Para cualquier empresa mexicana, la lectura correcta no es “la gasolina no ha subido, así que no hay problema”. Es que el gobierno está absorbiendo un costo que, si el conflicto se prolonga, tiene un límite fiscal, y que además ya se está filtrando por canales que el acuerdo de precios no cubre: la gasolina premium, el diésel de alto consumo industrial, y cualquier insumo importado cuyo costo de transporte marítimo dependa de rutas que pasan cerca de Ormuz o del Mar Rojo. Para sectores logísticos, manufactura de exportación y cualquier negocio con exposición a combustibles industriales, el riesgo relevante no es un gasolinazo de la noche a la mañana: es un choque de costos más lento, más disperso y más difícil de anticipar en el modelo financiero.

Para tesorería y planeación financiera, el otro punto de atención es la posibilidad de que Banxico tenga que ajustar su trayectoria de tasas si la inflación no subyacente —combustibles, frutas, verduras— empieza a contaminar las expectativas de inflación general, justo en un momento en que la economía ya enfrenta la incertidumbre de la revisión del T-MEC.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su empresa ya modeló qué pasa con su estructura de costos si el gobierno deja de poder sostener el tope de precios de los combustibles, o está asumiendo que la estabilidad actual en el surtidor es permanente?

La guerra en el Estrecho de Ormuz todavía no llega al tablero de precios de ninguna gasolinera mexicana. Pero ya llegó a las cuentas de Hacienda, y las cuentas de Hacienda, tarde o temprano, siempre llegan a las de las empresas.

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Por Redacción LYP / Negocios

La inflación ya no llega solo desde el supermercado, la nómina o el crédito bancario. En 2026 también llega desde una ruta marítima estrecha, vigilada por buques militares, atravesada por petroleros y convertida en termómetro de la ansiedad global.

El Estrecho de Hormuz volvió a poner nerviosos a los mercados.

Este lunes 13 de julio, Reuters reportó un aumento del petróleo en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. El Brent subió 3% hasta 78.22 dólares por barril, mientras el crudo estadounidense avanzó 2.4% a 73.75 dólares. La tensión también golpeó acciones tecnológicas, elevó rendimientos de bonos y reactivó temores de inflación global.

Para una empresa mexicana, la lectura superficial sería: “subió el petróleo”.
La lectura correcta es mucho más seria: subió el costo potencial de operar en un mundo más inseguro.

Porque cuando se encarece el petróleo, no solo se mueve una pantalla de commodities en Londres o Nueva York. Se mueven rutas logísticas, seguros marítimos, costos de transporte, diésel, petroquímicos, empaques, fertilizantes, expectativas inflacionarias, tasas de interés y presupuestos empresariales.

La geopolítica ya no es un tema lejano para diplomáticos. Es una variable de flujo de efectivo.

Hormuz: el cuello de botella que puede entrar a tu estado de resultados

El Estrecho de Hormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Su importancia no está en su tamaño, sino en su función: conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y permite la salida de una parte relevante del petróleo y gas natural licuado que consume el mundo.

El conflicto actual elevó la percepción de riesgo sobre ese corredor. Reuters informó que, tras nuevos ataques a embarcaciones cerca de Hormuz, autoridades marítimas elevaron el nivel de amenaza a “severo”; entre los incidentes recientes se reportaron daños a un buque de crudo saudí y afectaciones a un tanquero de gas natural licuado de Qatar.

Ese dato no debe leerse solo como nota internacional.

Debe leerse como advertencia empresarial.

Cada vez que un corredor energético se vuelve más peligroso, el mercado agrega una prima de riesgo. Esa prima puede aparecer en el precio del barril, en seguros de transporte, en fletes, en tiempos de entrega, en costos financieros y en la disponibilidad de insumos.

Para México, que aunque produce petróleo también importa combustibles, maquinaria, componentes, químicos, plásticos, fertilizantes, tecnología y bienes intermedios, el riesgo no se queda en Medio Oriente. Puede viajar por la cadena de costos hasta llegar a una planta, una tienda, una flotilla o un centro logístico.

La nueva inflación no siempre nace en casa

México llega a esta semana con una inflación general más controlada. Reuters reportó que la inflación anual mexicana bajó a 3.37% en junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, mientras la inflación subyacente se ubicó en 4.03%, todavía por encima del objetivo puntual de Banxico.

Ese contexto vuelve más delicado el choque petrolero.

Porque una economía puede celebrar una inflación general más baja y, al mismo tiempo, seguir expuesta a presiones externas que encarezcan transporte, energía, materias primas o expectativas financieras.

La inflación geopolítica funciona así: no necesita que la demanda interna se dispare. No necesita que los consumidores compren más. No necesita que las empresas mexicanas estén en plena expansión. Basta con que una ruta estratégica se vuelva insegura para que el mercado reacomode precios.

Y cuando eso ocurre, el impacto puede sentirse en cascada.

Primero sube el petróleo.
Después suben los costos logísticos.
Luego se presionan combustibles, fletes, empaques, insumos y márgenes.
Finalmente, las empresas deciden si absorben el golpe, suben precios o posponen inversión.

Esa es la parte que los titulares de mercado no siempre explican.

El petróleo ya no es solo energía: es estructura de costos

Para la alta dirección, el petróleo debe entenderse como una variable transversal.

En industria, puede afectar transporte de insumos, operación de flotillas, costos de proveedores, empaques derivados de petroquímicos y electricidad indirecta.

En comercio, puede presionar distribución, última milla, inventarios y precios finales.

En agroindustria, puede pegar por fertilizantes, transporte refrigerado, maquinaria y costos de exportación.

En inmobiliario industrial, puede afectar construcción, acero, cemento, logística de materiales y decisiones de ocupación de naves.

En turismo, puede llegar por tarifas aéreas, transporte terrestre, paquetes, alimentos y operación hotelera.

En empresas familiares y PyMEs, puede aparecer de manera menos sofisticada pero más dolorosa: el mismo camión cuesta más, el proveedor sube el precio, el margen se estrecha y el cliente no siempre acepta pagar más.

Por eso, el petróleo no debe analizarse como un dato de mercado. Debe analizarse como un sistema de transmisión.

Mercados nerviosos: el segundo canal de impacto

La presión no viene solo por el barril.

Reuters reportó que la nueva tensión en el Golfo golpeó a las acciones tecnológicas, presionó los futuros del Nasdaq y elevó rendimientos de bonos estadounidenses, con el bono a dos años alcanzando 4.2393%, su nivel más alto desde inicios de 2025.

¿Por qué eso importa para una empresa mexicana?

Porque los rendimientos de bonos estadounidenses son una referencia central para el costo global del dinero. Si los mercados creen que el petróleo puede reactivar inflación, también pueden asumir que la Reserva Federal tendrá menos espacio para relajar tasas. Y si la tasa global permanece alta, el financiamiento corporativo se vuelve más selectivo.

Traducido a lenguaje de empresa: una crisis energética puede terminar afectando créditos, deuda, tipo de cambio, valuaciones, inversión y apetito de riesgo.

La empresa que no exporta petróleo también puede pagar la factura.

México frente al choque: menor inflación, pero no menor vulnerabilidad

El gobierno mexicano ha buscado mostrar fortaleza frente a los pronósticos externos. Reuters reportó que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que México espera superar las proyecciones del FMI, después de que el organismo redujo su estimación de crecimiento para 2026 de 1.6% a 1.2%, en parte por factores globales como el choque energético asociado a tensiones en el Golfo Pérsico.

Esa discusión es clave.

México puede tener mejores fundamentos que otros países, pero no opera aislado. Una empresa mexicana no decide precios, inventarios o inversión en un laboratorio nacional. Decide en una economía conectada a Estados Unidos, al dólar, a cadenas globales, al T-MEC, al precio de energía y al costo del financiamiento.

El riesgo de la semana no es que México entre automáticamente en crisis por el petróleo. Esa lectura sería exagerada.

El riesgo real es más sutil: que la combinación de energía, inflación externa, tasas globales y nerviosismo financiero vuelva más difícil tomar decisiones de expansión.

El costo invisible: seguros, fletes y tiempos

Uno de los errores más comunes al analizar crisis energéticas es mirar solo el precio del barril.

Pero en una empresa, el costo no llega únicamente como petróleo. Llega como fricción.

Si una ruta marítima se vuelve más peligrosa, suben seguros. Si suben seguros, suben fletes. Si suben fletes, suben costos de importación. Si los embarques tardan más, crecen inventarios de seguridad. Si se elevan inventarios, se inmoviliza capital de trabajo. Si se inmoviliza capital, se reduce liquidez.

Reuters Breakingviews planteó que los barcos que cruzan Hormuz enfrentan una especie de “peaje de facto”: no necesariamente un cobro formal, sino costos más altos por riesgo, seguros y operación en una zona insegura.

Ese es el tipo de concepto que debe importar a directivos.

Porque una empresa puede no ver “Hormuz” en su contabilidad, pero sí verá flete más caro, proveedor más lento, financiamiento de inventario más pesado o margen más débil.

La geopolítica se esconde en la cuenta de gastos.

Qué empresas deben revisar números esta semana

No todas las empresas están expuestas de la misma manera. Pero algunas deberían revisar escenarios de inmediato.

Primero, las empresas con flotillas propias o alta dependencia de transporte terrestre. Si el combustible sube o se vuelve más volátil, el margen puede erosionarse rápido.

Segundo, las compañías que importan insumos, maquinaria, refacciones, químicos, plásticos, empaques o componentes industriales. Aunque no compren petróleo, pueden comprar productos que lo incorporan.

Tercero, las empresas agroindustriales. Fertilizantes, transporte y energía hacen que los choques petroleros se transmitan con fuerza al sector.

Cuarto, los exportadores. Un aumento en costos logísticos puede reducir competitividad si el precio final no puede ajustarse.

Quinto, desarrolladores inmobiliarios e industriales. El costo de materiales, maquinaria, transporte y crédito puede modificar la rentabilidad de proyectos.

Sexto, empresas con deuda o planes de financiamiento. Si el choque energético complica la trayectoria de tasas, el crédito barato puede tardar más en llegar.

El dilema empresarial: subir precios o absorber costos

Cuando sube un costo externo, la empresa enfrenta una pregunta incómoda: ¿lo traslado al cliente o lo absorbo?

Subir precios protege margen, pero puede reducir demanda. Absorber costos protege ventas, pero puede debilitar rentabilidad. La decisión no debe tomarse por intuición, sino por sensibilidad de mercado.

Una empresa sofisticada debería saber qué productos pueden ajustar precio, qué clientes son más sensibles, qué contratos permiten indexación, qué costos pueden negociarse, qué rutas pueden optimizarse y qué márgenes ya no tienen espacio para absorber impactos.

La alta dirección debe dejar de reaccionar tarde.

El choque petrolero no siempre exige subir precios al día siguiente. Pero sí exige construir escenarios antes de que el proveedor mande la nueva lista.

De la eficiencia a la resiliencia

Durante años, muchas empresas buscaron eficiencia: inventarios bajos, proveedores concentrados, logística ajustada, costos mínimos y operaciones sin grasa.

Esa eficiencia funciona en tiempos estables.

Pero en tiempos de choques geopolíticos, la eficiencia extrema puede volverse fragilidad.

La empresa de 2026 necesita combinar eficiencia con resiliencia. Tener proveedores alternos. Revisar rutas. Negociar contratos con cláusulas claras. Medir exposición a combustibles. Controlar inventarios críticos. Evaluar coberturas cuando sea viable. Profesionalizar compras. Digitalizar costos. Y, sobre todo, dejar de pensar que los riesgos internacionales no afectan al negocio local.

Un estudio reciente sobre resiliencia marítima energética subraya que las interrupciones en cuellos de botella como Hormuz no deben analizarse como eventos aislados, sino como riesgos correlacionados que pueden afectar rutas, inventarios, infraestructura y continuidad de suministro.

Ese enfoque debería llegar a los consejos de administración mexicanos.

La pregunta ya no es: “¿cuánto me cuesta hoy?”
La pregunta es: “¿cuánto aguanta mi empresa si el costo cambia durante tres meses?”

La conversación que debe tener el consejo directivo

El petróleo no es solo un precio. Es una señal.

Señal de inflación posible.
Señal de tensión geopolítica.
Señal de menor visibilidad para bancos centrales.
Señal de costos logísticos más altos.
Señal de mercados más nerviosos.
Señal de que la planeación empresarial necesita escenarios, no deseos.

La empresa mexicana no debe sobrerreaccionar. Pero tampoco debe minimizar.

En un año marcado por revisión del T-MEC, tasas todavía relevantes, competencia industrial, transformación tecnológica y cautela de inversión, un choque petrolero puede ser el factor que complique decisiones que ya venían delicadas.

La geopolítica no siempre toca la puerta vestida de crisis. A veces llega como un aumento de flete, una cobertura más cara, un proveedor que retrasa entregas o un banco que endurece condiciones.

Y ahí está el punto central: la nueva inflación geopolítica no siempre aparece primero en el INPC. Aparece primero en el presupuesto operativo.

Por qué importa para las empresas

Porque el conflicto alrededor de Hormuz puede convertirse en una presión indirecta sobre costos, crédito, logística e inversión. Para México, el riesgo no es solo petrolero; es empresarial. Las compañías que revisen escenarios, proveedores, transporte, precios y flujo de efectivo estarán mejor preparadas que aquellas que esperen a que el mercado les traduzca la crisis en facturas.

La pregunta para el consejo directivo

Si el petróleo se mantiene volátil durante las próximas ocho semanas, ¿qué parte de nuestro modelo de costos quedaría expuesta primero?

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