Por Sofía Peña, periodista de negocios LYP

Cuando Grupo Gigante informó esta semana a la Bolsa Mexicana de Valores que sus subsidiarias inmobiliarias habían contratado un crédito de hasta 3,500 millones de pesos con Banco Inbursa, la lectura inmediata en el mercado fue casi automática: el conglomerado que preside Ángel Losada está juntando el dinero para comprar La Casa de Toño, y Carlos Slim lo está financiando.

La aritmética invita a pensarlo. Gigante necesitaría alrededor de 200 millones de dólares en crédito bancario para cerrar una operación valuada en más de 400 millones, y 3,500 millones de pesos equivalen a unos 206 millones de dólares. Encaja demasiado bien.

Pero el documento entregado a la BMV desmonta esa lectura. Y lo que revela en su lugar es más interesante.

Lo que dice el desglose

Del crédito total, 3,141 millones 725,919.49 pesos se destinan a refinanciar créditos que las subsidiarias ya mantenían con Banco Inbursa, Banco Santander México y HSBC México.

Solo 358 millones 274,080.51 pesos corresponden a deuda nueva, y su destino declarado es capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Traducido a dólares: alrededor de 21 millones de dinero fresco. No 206. Y muy lejos de los 200 millones que se necesitarían para la adquisición.

Es decir: este crédito, por sí mismo, no puede pagar La Casa de Toño. Quien lo esté leyendo así está leyendo mal el documento.

Lo que sí hace, y por qué importa

Ahora bien, que no financie la compra no significa que sea irrelevante para ella. Los términos de la operación dicen bastante.

El plazo es de 84 meses —siete años— con un periodo de gracia de 24 meses para las amortizaciones de capital. Eso significa que durante los próximos dos años Gigante pagará intereses, pero no capital, sobre una deuda inmobiliaria de más de 3,100 millones de pesos. Es liberación directa de flujo de efectivo en el periodo exacto en que una adquisición grande exigiría caja.

Consolidó tres acreedores en uno. Antes tenía deuda repartida entre Inbursa, Santander y HSBC. Ahora responde ante un solo banco. Eso simplifica la estructura, elimina la necesidad de negociar dispensas con múltiples instituciones y reduce el riesgo de que una cláusula cruzada complique una operación corporativa mayor.

Puso seis inmuebles como garantía. La operación contempla la liberación de las garantías de los créditos preexistentes y el otorgamiento de garantías reales a favor de Banco Inbursa: hipotecas en primer lugar y grado sobre seis inmuebles, más prenda sobre los derechos de cobro derivados de los contratos de arrendamiento de esas propiedades. Las acreditadas —Gigante Grupo Inmobiliario, Controinmuebles, Covilla y Arbokel— responden solidariamente entre sí, y otras dos subsidiarias de la misma división asumen la misma obligación.

La tasa es variable, referenciada a la TIIE de Fondeo más un margen aplicable.

Puesto en términos simples: Gigante hipotecó seis edificios y se dio dos años sin pagar capital. No consiguió el dinero de la compra. Consiguió tiempo y espacio de balance, que es lo que se necesita antes de una compra.

El hueco que sigue abierto

Y aquí está la pregunta que ninguna cobertura ha formulado: si este crédito no financia la adquisición, ¿de dónde sale el resto?

Los números del comprador son públicos. Al cierre del primer trimestre de 2026, Grupo Gigante tenía alrededor de 3,400 millones de pesos en efectivo y equivalentes, unos 194 millones de dólares. Frente a una operación de más de 400 millones, la brecha ronda los 200 millones de dólares. Con este crédito, esa brecha prácticamente no se movió.

Lo que sugiere que, si la compra avanza, falta al menos un movimiento de financiamiento más por anunciarse. Ese es el dato que conviene vigilar en los próximos comunicados a la BMV.

Dónde está parada la operación

Conviene recordar el estado formal del expediente, porque la distancia entre lo que se reporta y lo que la empresa ha confirmado es considerable.

En julio, Bloomberg reportó que los propietarios de La Casa de Toño contrataron a BBVA México como asesor financiero exclusivo para explorar alternativas estratégicas, incluida la venta, en una operación que podría superar los 400 millones de dólares e incluiría 81 sucursales. El objetivo del vendedor sería obtener capital para expandirse hacia Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones de México.

El 23 de julio, Grupo Gigante confirmó a la BMV que participa, a través de su división de Restaurantes, en la evaluación inicial y preliminar de una posible adquisición. Su comunicado fue deliberadamente acotado: no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes, ni ha acordado precio o contraprestación alguna, “por lo que no existe certeza de que la operación llegará a concretarse”.

Desde entonces, la empresa no ha confirmado públicamente que el crédito de Inbursa tenga relación alguna con la adquisición. El comunicado del crédito no menciona la compra, y el de la compra no menciona financiamiento. Son dos documentos separados, y esta redacción no tiene elementos para unirlos más allá de la coincidencia temporal y de la lógica financiera.

Lo que sí reportó Roberto Aguilar, columnista de El Heraldo de México, es que la mitad del valor de la operación se pagaría con recursos propios de Gigante y el resto —alrededor de 200 millones de dólares— con créditos bancarios, sin que se haya detallado la composición de ese plan.

Por qué Gigante la quiere

La lógica estratégica de la compra sí es clara y está documentada. Grupo Gigante lleva una década reduciendo su dependencia del retail —Office Depot, Petco, RadioShack— para convertir los restaurantes en motor de crecimiento. Al cierre del primer trimestre de 2026, la división restaurantera representaba 26% de los ingresos consolidados.

El problema es la velocidad. Entre enero y marzo, los ingresos del grupo crecieron apenas 0.2%, hasta 8,743 millones de pesos. Sumar las 81 unidades de La Casa de Toño aceleraría el negocio restaurantero hasta 50% de una sola vez, junto a Toks, Panda Express, Shake Shack y El Farolito. Es crecimiento inorgánico comprado, no construido.

El contrapunto: tres analistas con reservas

No todo el mercado ve la operación con entusiasmo, y conviene registrarlo:

Carlos Hermosillo, analista independiente, señaló que para una compra de ese tamaño Gigante tendría que recurrir a financiamiento adicional o a un aumento de capital para conservar una posición financiera sana.

Carlos Hernández, director de Vardez Capital, coincidió en que una operación así difícilmente se realizaría solo con el efectivo disponible, pues implicaría consumir una parte importante de la liquidez.

Marisol Huerta, analista independiente, dijo en entrevista con El CEO que la valuación podría estar sobrevaluada. El múltiplo que circula equivale a más de ocho veces las ganancias ajustadas de la cadena.

Para dimensionar la liquidez del sector: Alsea tenía casi 5,500 millones de pesos en efectivo al 30 de junio, y Corporación Mexicana de Restaurantes 98.8 millones al primer trimestre.

Por qué importa para las empresas

Este expediente es un caso de estudio útil sobre preparación de balance antes de una adquisición, y las lecciones aplican a cualquier empresa que contemple crecimiento inorgánico.

Primero: el refinanciamiento es una herramienta de adquisición, aunque no financie la adquisición. Un periodo de gracia de 24 meses sobre capital libera flujo operativo justo cuando se necesita para servir deuda nueva. Consolidar acreedores elimina fricción en las autorizaciones. Ninguno de esos movimientos aparece como “financiamiento de compra”, pero ambos la habilitan.

Segundo: los activos inmobiliarios son la palanca silenciosa. Gigante tiene una división inmobiliaria con propiedades arrendadas y flujos de renta predecibles. Eso le permitió hipotecar seis inmuebles y pignorar sus derechos de cobro para conseguir condiciones que su división restaurantera, por sí sola, difícilmente obtendría. Para empresas familiares con patrimonio inmobiliario, es una estructura replicable.

Tercero: el costo del dinero sigue alto. La tasa está referenciada a TIIE de Fondeo más margen, y Banxico mantiene su tasa de referencia en 6.50% sin recortes previstos en el horizonte del consenso. Cualquier empresa que apalanque una adquisición hoy lo hace en un entorno de crédito caro, y ese costo debe caber en el modelo.

La pregunta para el consejo directivo

Si su empresa evalúa una adquisición en los próximos veinticuatro meses, ¿ya revisó qué activos podría refinanciar para liberar flujo, y cuánto tiempo tomaría esa reestructura antes de que la oportunidad de compra aparezca?

Grupo Gigante no consiguió esta semana el dinero para comprar La Casa de Toño. Consiguió dos años sin pagar capital, un solo acreedor en lugar de tres y seis inmuebles convertidos en garantía. Es el tipo de movimiento que no genera titulares y que suele preceder a los que sí. La compra puede concretarse o no —la propia empresa insiste en que no hay nada firmado—, pero el balance ya está siendo acomodado para que quepa.

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Por Sofía Peña, periodista de negocios LYP

Hay dos titulares sobre el mismo tema que circularon con cuatro semanas de diferencia y que parecen contradecirse. El primero, en julio: los aranceles mexicanos funcionan, las importaciones desde Asia caen 23.2%. El segundo, esta semana: las importaciones mexicanas desde Asia se disparan 43% hasta un récord histórico de 189,471 millones de dólares.

Los dos son correctos. Y leerlos juntos revela algo que ninguno de los dos dice por separado: el muro arancelario que México construyó a finales de 2025 sí detuvo lo que se propuso detener. El problema es que la avalancha entró por otro lado.

El muro y lo que efectivamente frenó

En diciembre de 2025, el Senado aprobó —con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones— un decreto que impuso aranceles de entre 5% y 50% a más de 1,400 productos provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio con México. La lista abarcó vehículos ligeros, autopartes, textiles, calzado, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, acero, aluminio, remolques, papel, motocicletas, vidrio, perfumes y cosméticos.

Los datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior muestran que la medida operó. Entre enero y mayo de 2026, las importaciones correspondientes a las 1,463 fracciones arancelarias incluidas en el decreto, provenientes de países sin TLC, cayeron de 15,383 millones de dólares a 11,808 millones: una reducción de 23.2%.

El ajuste por sector es contundente. Los remolques se desplomaron 54.5%. Las autopartes cayeron 39.5%, unos 909 millones de dólares menos. El calzado retrocedió 37.9%. Los productos siderúrgicos bajaron 30%. Los vehículos ligeros encabezaron la reducción en términos monetarios, con 1,180 millones de dólares menos, equivalentes a 29.7%. Y China, principal proveedor de esas mercancías, redujo sus envíos 28.4%, de 10,099 a 7,228 millones de dólares.

En sus propios términos, la política funcionó.

La avalancha que entró por otro lado

Ahora la otra cifra. Al cierre del primer semestre, las importaciones totales de México desde Asia alcanzaron 189,471 millones de dólares, un incremento anual de 43% y un récord absoluto en los registros oficiales.

Y dentro de ese total, un dato que no había ocurrido nunca: las compras a China, Taiwán, Vietnam y Malasia sumaron 138,720 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Estados Unidos se ubicaron en 130,458 millones. Por primera vez, México le compró más a un grupo de economías emergentes asiáticas que a su principal socio comercial.

El caso taiwanés es el que mejor explica el fenómeno. Las importaciones desde la isla pasaron de 14,613 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a 43,915 millones en el mismo periodo de 2026: un salto de 200.53%, sin precedente. Vietnam duplicó su cifra, de 9,057 a 18,405 millones.

¿Qué compró México de Taiwán? Circuitos integrados electrónicos, y partes y accesorios de máquinas para ensamblaje.

Por qué el muro no sirvió contra esto

Aquí está el punto que define la nota. El decreto de diciembre gravó zapatos, muebles, juguetes, remolques y vehículos ligeros: bienes de consumo y productos terminados que compiten con producción nacional. La lógica era proteger a la industria mexicana de mercancía barata.

Pero el flujo que explotó en 2026 no es de bienes de consumo. Son componentes electrónicos y semiconductores para la cadena de inteligencia artificial. México no los produce, no puede sustituirlos y, por lo tanto, no tiene incentivo alguno para gravarlos: hacerlo encarecería a las mismas plantas exportadoras que los ensamblan.

La proporción lo dice todo. El universo completo de mercancías cubiertas por el decreto, provenientes de países sin TLC, sumó 11,808 millones de dólares en cinco meses. Las importaciones asiáticas totales del semestre fueron 189,471 millones. El muro cubre una fracción menor del flujo.

Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, lo formuló con precisión al evaluar el decreto: las cifras muestran que el aumento de los aranceles está modificando los flujos comerciales, aunque no necesariamente implica una menor demanda de insumos. Y añadió la advertencia que hoy resulta central: el impacto definitivo de la estrategia dependerá de las reglas de origen que resulten de la renegociación del T-MEC, porque serán ésas las que definan cuánto contenido importado puede incorporarse a los productos fabricados en México sin perder el acceso preferencial.

Lo que esto significa para el “récord exportador”

México cerró el mejor primer semestre exportador de su historia: 389,723 millones de dólares, un alza de 24.6%. Pero las importaciones subieron 22% en el mismo periodo, hasta 379,866 millones, y 79.9% de ellas fueron bienes de uso intermedio.

Dos economistas pusieron el matiz sobre la mesa. Daniel Zaga, socio economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, señaló que las exportaciones subieron 24% pero las importaciones subieron casi lo mismo, y describió el mecanismo: la relocalización de las exportaciones chinas está pasando por el sudeste asiático, y de ahí van directo a Estados Unidos o pasan vía México, en algunos casos con cierto valor agregado.

Mario Correa, expresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, atribuyó buena parte del repunte a que empresas estadounidenses aceleraron importaciones para construir inventarios ante los vaivenes de la política comercial. Advirtió que el impulso podría ser de corta duración y que una porción relevante corresponde a ensamblaje final en México de componentes asiáticos, es decir, exportaciones de menor valor agregado.

Eso explica la anomalía del semestre: las manufacturas no automotrices crecieron 37.6%, su mayor avance desde que hay registro, mientras las exportaciones automotrices —el sector con mayor integración de proveeduría nacional— avanzaron apenas 1%.

La carrera que México está perdiendo

Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos completan el cuadro. En el primer semestre, Estados Unidos importó bienes mexicanos por 298,157 millones de dólares, un alza de 13% que mantiene a México como su principal proveedor con 17.1% de participación. Pero las exportaciones taiwanesas a ese mercado crecieron 67%, hasta 136,614 millones, y las vietnamitas 40%, hasta 123,194 millones.

En productos de alta tecnología —los que alimentan centros de datos, IA y telecomunicaciones— Taiwán ya superó a México: 117,068 millones contra 98,335 millones. Y el déficit comercial estadounidense con Vietnam (114,000 millones) y con Taiwán (107,200 millones) ya es mayor que el que mantiene con México (102,600 millones).

Hay una razón estructural detrás. Michael Waugh, economista de la Reserva Federal de Minneapolis, calcula que alrededor de 69% de las importaciones vinculadas con inteligencia artificial está exento de aranceles y enfrenta una tasa efectiva de 4.5%, frente a 12.1% para los demás bienes. Las economías más señaladas en el discurso arancelario resultaron las grandes ganadoras del comercio con Estados Unidos.

Lo que Washington quiere ahora, y por qué apretó en julio

Este es el contexto que faltaba para entender el arancel de 10% que Estados Unidos impuso a México el 23 de julio bajo la Sección 301, con el argumento de aplicación laxa contra el trabajo forzoso.

Washington está apuntando a los países que se aprovechan de las ventajas del T-MEC sin haberlo firmado —el free-riding— y quiere que México lo acompañe. En su encuentro con Jamieson Greer, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a fortalecer la relación bilateral y hacer frente a ese aprovechamiento indebido, con énfasis en robustecer la manufactura de América del Norte y reforzar las cadenas regionales de suministro.

Y el 1 de agosto, Estados Unidos vetó importaciones de 43 empresas chinas por presunto uso de trabajo forzoso.

Leído así, el arancel de julio deja de parecer una medida laboral aislada. Es una palanca en una negociación sobre reglas de origen y triangulación, y llega justo cuando las cifras muestran a México comprando en Asia más que nunca.

El dato que llega el viernes

Este viernes 21 de agosto el INEGI publica el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, el indicador que mide exactamente cuánto de las exportaciones mexicanas es valor generado en México y cuánto es contenido importado que solo pasa por el país.

Es la prueba empírica de la tesis de Deloitte y del IMEF. Y es el número que va a determinar cuánta razón tiene Washington en su reclamo.

Por qué importa para las empresas

Para cualquier empresa manufacturera de exportación, la conclusión operativa es directa: el riesgo dejó de estar en el arancel y pasó a estar en la trazabilidad. Si las reglas de origen se endurecen en la negociación del T-MEC —que es hacia donde apunta todo—, la variable crítica no será cuánto cuesta importar un componente asiático, sino si ese componente descalifica al producto final del trato preferencial.

Para el sector automotriz y de autopartes, el mensaje del semestre es ambivalente. Creció apenas 1% mientras el resto de la manufactura crecía 37.6%, pero es justamente el sector con mayor integración de proveeduría regional. Si el criterio de acceso preferencial se vuelve más estricto, el sector que hoy parece rezagado es el que llega mejor preparado.

Para el Bajío, y particularmente para Querétaro —que concentra cerca de 8% de la producción nacional de autopartes—, la pregunta se vuelve local y urgente: cuánto contenido efectivamente queretano tienen las cadenas instaladas en el estado. No es casualidad que el gobierno estatal haya puesto el 15 de agosto la integración de proveeduría local en el centro de su discurso, ni que SEDESU haya reconvertido su tradicional Expo Encuentro en un Encuentro Industrial orientado a proveeduría estratégica. La conversación nacional sobre valor agregado tiene una versión regional que todavía nadie ha medido.

La pregunta para el consejo directivo

Si mañana el umbral de contenido regional subiera diez puntos, ¿su empresa sabe qué porcentaje de sus insumos son de origen asiático y cuáles podría sustituir con proveeduría de América del Norte, con qué costo y en qué plazo?

México construyó un muro arancelario en diciembre y funcionó: la mercancía que se propuso frenar, se frenó. Pero mientras se levantaba ese muro contra zapatos, muebles y remolques, entraban por la puerta abierta 43,915 millones de dólares en circuitos integrados taiwaneses que ninguna política industrial mexicana puede sustituir en el corto plazo. El país no tiene un problema de aranceles. Tiene un problema de capacidades. Y la diferencia entre ambas cosas es lo que se va a negociar en Washington en septiembre.

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Por Sofía Peña, periodista de negocios LYP

Hay una cuenta que explica el futuro industrial de Querétaro mejor que cualquier anuncio de inversión, y cabe en dos cifras. La primera: el estado tiene 186 megawatts de capacidad instalada en centros de datos, la mayor concentración del país. La segunda: solo 18 de los centros de datos que ya operaban en la entidad habían solicitado al CENACE —el operador de la red nacional— 540 megawatts de potencia.

Casi el triple de lo que hay instalado. Y esa solicitud no incluye los proyectos que siguen anunciándose.

Esta es la revisión de qué tan real es ese techo, qué está construyendo la CFE para levantarlo y por qué el fracking que se discutió la semana pasada en Palacio Nacional no es la respuesta, aunque a primera vista lo parezca.

Lo que Querétaro construyó

El estado no llegó aquí por accidente. Su corredor tecnológico atrajo más de 15,000 millones de dólares en inversiones en los últimos cuatro años, ocupa el sexto lugar en América en infraestructura de colocación digital y el decimocuarto a nivel mundial en capacidad energética destinada a este segmento. Los 186 megawatts instalados lo colocan como el centro neurálgico de la infraestructura digital mexicana.

Conviene señalar una imprecisión que circula: las cifras sobre qué porcentaje del mercado nacional concentra Querétaro varían entre 65% y 80% según la fuente y la metodología —capacidad instalada, oferta de colocación o número de instalaciones no son lo mismo—. Cualquiera de esas cifras confirma el liderazgo, pero no son intercambiables.

Lo que no varía es la aritmética de la demanda. Y ahí es donde aparece la tensión.

Lo que la CFE ya conectó este año

La respuesta de la Comisión Federal de Electricidad no ha sido retórica. Hay obra energizada y fechada.

21 de marzo de 2026, Colón. La CFE modernizó el equipo de la Subestación San Ildefonso, con lo que la línea de 115,000 volts que conecta la subestación El Sauz con San Ildefonso aumentó su capacidad de transmisión de 140 a 180 megawatts. Cuarenta megawatts adicionales para el Centro-Bajío, en el municipio donde se concentra buena parte del desarrollo industrial reciente del estado.

4 de julio de 2026, Querétaro. Quedó energizada la Línea Particular de 400,000 volts que conecta la Subestación Querétaro Potencia con el Parque Industrialix, destinada a suministrar al centro de datos O’DATA, con una carga contratada de 150 megawatts. La obra forma parte de los proyectos instruidos a la compañía Ammper y se documentó en el boletín CFE-BP-117/vf.

Sobre este último dato hay una precisión que conviene hacer, porque se replicó con error en varias coberturas: el boletín consignó la carga como “150,000 Watts”, cifra que equivale a 0.15 megawatts y que sería absurda para un centro de datos. La lectura correcta —confirmada por reportes especializados del sector— es 150 megawatts. El detalle importa porque la diferencia entre ambas cifras es de mil veces.

Solo esas dos obras suman 190 megawatts de capacidad incorporada durante 2026. Más que todo lo instalado en data centers hasta ahora.

Lo que viene en el papel

Los proyectos de media y alta tensión que la CFE contempla para el entorno de Querétaro —nuevas líneas y subestaciones— añadirían hasta 800 megawatts adicionales de capacidad de transmisión una vez operados. A escala nacional, el plan de la comisión incluye más de 6,500 kilómetros de líneas nuevas al 2030.

Hay además un proyecto privado de gran escala en marcha: una inversión superior a los 3,000 millones de dólares que aspira a ofrecer hasta 300 megawatts de capacidad de TI para hiperescalares y grandes proveedores cloud, apoyado en expansiones de subestaciones y líneas que ya permitieron energizar 200 megawatts, con la mira puesta en 400 en fases posteriores.

Puestos los números en orden: 540 megawatts solicitados contra 800 megawatts planeados. En el papel, la cuenta cierra. El problema no es la suma; es el calendario y el nivel de voltaje donde ocurre el cuello de botella.

Por qué el fracking no resuelve esto

La semana pasada, el 6 de agosto, el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional —54 especialistas convocados desde abril, con participación de investigadores de la UNAM— presentó en la conferencia matutina diez recomendaciones sobre la extracción de gas mediante fracturación hidráulica. La lectura pública fue inmediata: varios titulares afirmaron que la presidenta había avalado el fracking.

Conviene precisar tres cosas, porque de ellas depende si esto tiene o no relación con la energía que necesita Querétaro.

Primero: no hay autorización. Claudia Sheinbaum señaló expresamente que el gobierno no ha tomado una decisión para autorizar la explotación de gas mediante esta técnica, y que la etapa corresponde únicamente a la evaluación científica y técnica de los yacimientos. Se comprometió a publicar los estudios en un micrositio y a informar avances cada dos meses; el siguiente reporte sería en octubre, y primero se determinará si en las zonas señaladas existe agua salada para iniciar los procesos. Reuters, citando cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones, reportó que Pemex podría iniciar proyectos piloto tan pronto como en septiembre de 2026.

Segundo: la geografía no coincide. Las zonas recomendadas son la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, y la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León. Están a más de 700 kilómetros de Querétaro.

Tercero, y decisivo: es gas, no electricidad. El objetivo declarado es reducir la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos, un tema de soberanía energética y de balanza comercial. Para que ese gas se convierta en electricidad disponible en un parque industrial queretano tendría que atravesar toda la cadena: extracción, procesamiento, transporte por ducto, generación en centrales de ciclo combinado y transmisión. Son años, y cada eslabón es una obra distinta.

Pero hay una razón más específica por la que no aplica, y la explicó bien el sector inmobiliario industrial: el problema de Querétaro no es de generación, es de distribución. Rodrigo Villaseñor, socio fundador de SITE Solución Inmobiliaria, ha señalado que el estado recibe múltiples líneas de alta tensión por su ubicación en el centro del país, lo que garantiza disponibilidad en ese nivel; el cuello de botella está en la media tensión, que es justamente donde se conectan los parques industriales.

Es decir: aunque mañana hubiera gas de sobra y generación adicional, la restricción seguiría en el último tramo. Más generación no descongestiona una red de distribución saturada. Eso se resuelve con subestaciones y líneas nuevas —exactamente lo que la CFE está construyendo—, no con pozos en Coahuila.

Conviene registrar, además, que la discusión sobre fracking está lejos de cerrarse: el 16 de junio, 178 especialistas de México y otros catorce países publicaron un pronunciamiento advirtiendo impactos acumulativos sobre agua, salud y clima, y una treintena de organizaciones encabezadas por la Alianza Mexicana contra el Fracking rechazó el anuncio recordando el compromiso 87 de campaña. Es un debate abierto, con implicaciones hídricas serias en una región del país que ya enfrenta estrés por agua.

La pregunta que sí importa para Querétaro

Si los 800 megawatts planeados cubren en el papel los 540 solicitados, la variable crítica deja de ser cuánta capacidad se anuncia y pasa a ser cuándo se energiza y en qué nivel de voltaje.

Las dos obras de este año dan una referencia útil. La modernización de San Ildefonso sumó 40 megawatts a una línea de 115 kV. La línea de O’DATA entregó 150 megawatts, pero lo hizo a 400 kV y como línea particular, es decir, construida para un cliente específico y de escala hiperescalar. Ese modelo funciona para quien puede pagar una acometida dedicada en alta tensión. No resuelve al proveedor de autopartes que necesita conectarse en media tensión dentro de un parque ya existente.

Ahí está la tensión de fondo que ningún anuncio de megawatts resuelve por sí solo: la infraestructura que se está construyendo atiende primero a quien llega con capital para financiar su propia conexión. La red compartida —la que usan las PyMEs y la manufactura tradicional— avanza a otro ritmo.

Por qué importa para las empresas

Para cualquier empresa que evalúe instalarse o expandirse en Querétaro, este cuadro cambia la pregunta operativa. No es si hay energía en el estado —la hay, y se está sumando—, sino a qué nivel de voltaje, en qué corredor y con qué plazo comprometido por escrito.

Para los sectores de manufactura tradicional, autopartes y proveeduría especializada, hay un elemento de competencia que conviene tener presente: están disputando capacidad de red con centros de datos cuya solicitud individual puede equivaler al consumo de un parque industrial completo. Esa competencia no es hipotética; ya está registrada en las solicitudes al CENACE.

Para el sector inmobiliario industrial y los desarrolladores, la conclusión operativa es que la capacidad eléctrica dejó de ser un servicio y se convirtió en un activo diferenciador. Quien tiene subestación propia o acometida dedicada tiene un producto distinto al de quien depende de la red compartida, y eso debería reflejarse en el precio y en el contrato.

Y para quien está haciendo planeación de mediano plazo: el fracking no debe entrar en el modelo. No hay decisión tomada, no hay calendario, la geografía no corresponde y el mecanismo de transmisión a la red queretana no está definido. Cualquier supuesto que dependa de esa vía es especulación.

La pregunta para el consejo directivo

Su proyecto en Querétaro, ¿requiere conexión en alta tensión con acometida dedicada, o depende de la red de media tensión compartida? Y si es lo segundo, ¿tiene un plazo de energización comprometido por escrito o solo una confirmación verbal de disponibilidad?

Querétaro quiere ser la capital de la nube en México y tiene argumentos para lograrlo: la infraestructura instalada, la inversión atraída y la posición geográfica están ahí. Lo que decide el desenlace no es la ambición, sino una cuenta que se resuelve subestación por subestación. Dieciocho centros de datos ya pidieron casi el triple de lo que todo el estado tiene conectado. La CFE está construyendo la respuesta. La pregunta que ninguna cifra contesta todavía es si va a llegar al ritmo que la demanda ya comprometió.

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Por Redacción LYP / Negocios

Un director de operaciones que evalúa instalarse en Querétaro va a escuchar tres versiones del mismo mercado, y las tres van a ser ciertas. Le van a decir que hay energía disponible. Le van a decir que la red está saturada. Le van a decir que el gobierno acelera los trámites de los proyectos prioritarios. Ninguno de sus interlocutores le estará mintiendo: cada uno le está describiendo el mercado desde el lugar donde tiene su capital.

Este es el mapa de quiénes son, qué modelo opera cada uno y por qué eso determina lo que le van a contar.

EL QUE CONSTRUYE Y OPERA · Construye Industrial

En 2019, en el municipio de Colón, a 4.5 kilómetros del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, arrancó la construcción de lo que iba a ser el noveno parque industrial de ese municipio. El corte de listón lo encabezó el alcalde Alejandro Ochoa Valencia junto a Benjamín Mizrahi, director general de Construye Industrial; Jaime Mizrahi, presidente de Grupo Carrera Corporación; Chema Mizrahi, y Elías Jamus y José Lati, socios de Carrera Corporación. El proyecto se llamó Kaizen.

La compañía tiene más de cuatro décadas de trayectoria y una historia de escalamiento: empezó desarrollando naves industriales de pequeña escala en el Estado de México y se convirtió en un actor central del crecimiento industrial del Bajío. Alejandro Kahan, que la propia empresa presenta como coordinador comercial de Construye Industrial —aunque una publicación del sector lo identificó como director comercial de Kaizen Industrial Park Querétaro—, describió el punto de inflexión: con la expansión hacia Querétaro empezaron a hacer parques mucho más grandes y a construir naves triple A, con mayores estándares de diseño y operación, orientadas a clientes de perfil internacional y alto requerimiento técnico.

El modelo: integración vertical completa. La empresa adquiere el terreno, financia los proyectos con capital propio, supervisa la construcción y administra la operación del parque. Sin intermediarios. En palabras de Kahan, un cliente puede llegar con un requerimiento y recibir una solución llave en mano, desde la gestoría legal hasta una nave completamente operativa.

El activo político: Kaizen City está afiliado a la iniciativa Hecho en México, una designación que lo reconoce como proyecto prioritario y que —según reportan funcionarios y desarrolladores— facilita el acceso a infraestructura y a procesos gubernamentales. Ese es un dato que ningún competidor puede replicar por vía comercial.

Los números, y su matiz: al arranque de obra se anunció una inversión de 8,000 millones de pesos sobre más de 520,000 metros cuadrados de terreno, con 70% destinado a uso industrial y la previsión de albergar más de 450 compañías al concluir sus cuatro etapas, con 1,500 empleos fijos. En 2026, Kahan reportó más de 500,000 metros cuadrados y más de 150 empresas atraídas al estado. La comparación merece cuidado: se trata de un desarrollo por etapas que sigue en construcción, no de una meta vencida. Pero la brecha entre lo proyectado y lo alcanzado es exactamente el tipo de dato que un inversionista debería poder consultar con corte anual.

EL QUE DESARROLLA Y ARRIENDA · FINSA

FINSA no nació en el Bajío. Fue fundada en 1977 en Matamoros, Tamaulipas, y hoy la preside y dirige Sergio Argüelles González. Es, con diferencia, el jugador de mayor escala institucional de los tres: opera 22 parques industriales en nueve entidades —Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California—, ha desarrollado cerca de 12 millones de metros cuadrados de propiedades industriales y administra uno de los portafolios de arrendamiento más grandes de América Latina, con 3.3 millones de metros cuadrados y alrededor de 400 compañías instaladas. En 2024 anticipó llegar a 26 parques.

Su perfil de cliente explica su lectura del mercado: Albertina Leal, vicepresidenta de Comunicación y Estrategia Corporativa de la firma, precisó que 85% de sus clientes son extranjeros y todos se dedican a la exportación.

En Querétaro: llegó hace cerca de tres décadas con su primer parque; en 2013 estableció FINSA Querétaro II en el submercado del aeropuerto; y en febrero de 2023 inauguró el tercero, de 73 hectáreas, con capacidad para 22 compañías y una proyección de 19,500 empleos directos e indirectos. A poco más de un año de iniciada la construcción ya tenía comprometido 38% del desarrollo.

Mariana Rivera, directora comercial de FINSA en Bajío, actualizó el estado del portafolio en 2026: Finsa 1 con 87 hectáreas, Finsa 2 con 28 hectáreas en la zona aeropuerto y Finsa 3 en la salida a San Luis Potosí, con 73 hectáreas y 70% de ocupación. Su descripción del modelo es precisa: FINSA es un desarrollador industrial, pero también cuenta con un brazo que hace los arrendamientos, y todo lo hacen a través de sus propias empresas.

El dato que nadie más ofreció: Rivera es la única de los tres que puso una cifra concreta sobre la mesa energética. Señaló que cuentan con una subestación eléctrica de 30 megawatts, con posibilidad de ampliarse otros 30 adicionales, y añadió una distinción relevante: la demanda final depende del tipo de empresa, porque no es lo mismo atender manufactura —cuyo consumo puede optimizarse e incluso apoyarse con esquemas de energías renovables— que incorporar centros de datos, que requieren mayor carga eléctrica constante.

Ahí está la clave de por qué su diagnóstico difiere del de un consultor: FINSA no depende exclusivamente de la red pública para su oferta. Tiene infraestructura propia que ofrecer.

Un movimiento que conviene registrar: en julio de 2024, quien aparecía como director comercial de FINSA Bajío en declaraciones públicas era Héctor Salas. En 2026, el cargo lo ocupa Mariana Rivera. Es un relevo en una posición clave del mercado industrial más disputado del centro del país, y no se cubrió en su momento.

EL QUE NO TIENE NADA QUE VENDERLE · SITE Solución Inmobiliaria

SITE es el más pequeño de los tres y, por eso mismo, el más interesante. Es una consultora inmobiliaria especializada en los sectores industrial, comercial y corporativo, con más de 20 años de experiencia y una plantilla que los directorios corporativos ubican en torno a 22 personas, con oficina en Pie de la Cuesta 104, en la ciudad de Querétaro. Sus servicios son localización y selección de propiedades, estudios de mercado, representación de proyectos y estrategias de comercialización, para usuarios finales, desarrolladores e inversionistas.

En los directorios corporativos aparecen como responsables de decisión Antonio Matas Llergo —con antecedente profesional en Cushman & Wakefield— y J. Rodrigo Villaseñor Zepeda.

Lo que distingue su diagnóstico: SITE no posee suelo industrial. No tiene naves que colocar ni subestaciones que ofrecer. Y es precisamente el único de los tres actores cuyo diagnóstico público sobre la energía en Querétaro es abiertamente incómodo.

Rodrigo Villaseñor explicó que Querétaro está en una zona estratégica y favorecida porque recibe múltiples líneas de alta tensión al estar en el centro del país, lo que garantiza disponibilidad en ese nivel. Pero de inmediato marcó el problema: está en la distribución, particularmente en la media tensión, que es donde se conectan los parques industriales. Y añadió la frase más citable del sector: hace diez años esto no era un tema, y hoy desarrollar un proyecto únicamente con CFE implica incertidumbre en tiempos, aun teniendo los permisos en papel.

Otro socio de la firma, identificado en la misma publicación como Sergio Pérez, profundizó: el área urbana de Querétaro se alimenta de dos termoeléctricas —una cerca de la carretera hacia Ciudad de México y otra en San Luis de la Paz—, que entre ambas tienen más capacidad de la que se está generando, pero el gran reto es la distribución, porque en media tensión está completamente saturada. Y precisó el costo: conectar una subestación a una red de 100,000 voltios en lugar de 32,000 implica una inversión considerablemente mayor.

También de SITE proviene la observación que mejor resume el posicionamiento de Querétaro frente a Guanajuato: no es el estado más barato, pero ofrece más garantías, estabilidad y certidumbre.

Las tres verdades, y por qué difieren

Si se colocan los tres diagnósticos uno junto al otro, el patrón es nítido:

Ninguno miente. Cada uno describe con precisión el mercado desde donde está parado. El desarrollador con subestación propia observa un problema resuelto porque lo resolvió con su capital. El desarrollador con estatus de proyecto prioritario ve trámites que avanzan porque los suyos avanzan. El consultor que no posee un metro cuadrado observa la red pública tal como está, porque no tiene nada que compense su saturación.

La lección operativa para quien evalúa instalarse: la pregunta correcta no es “¿hay energía en Querétaro?”, sino “¿quién me está respondiendo esa pregunta y qué tiene que venderme?”.

Por qué importa para las empresas

Para un consejo directivo que evalúa el Bajío, este mapa cambia la mecánica del análisis de sitio. Consultar solo a desarrolladores produce un retrato sistemáticamente optimista de la infraestructura, no por mala fe sino por estructura de incentivos: quien tiene una subestación propia la incluye en su oferta y, con razón, la presenta como ventaja. Consultar solo a consultores produce el retrato inverso, porque su valor está en identificar riesgos que el cliente no ve.

La ruta más segura es contrastar ambas fuentes y exigir, en cualquier caso, que el compromiso de capacidad eléctrica quede por escrito con plazo, no como declaración comercial.

Hay un segundo punto, de orden estructural: dos de los tres actores resolvieron su acceso a infraestructura por vías que no están disponibles para cualquiera —capital propio suficiente para construir una subestación, o una designación gubernamental de proyecto prioritario—. Para una PyME proveedora que no puede hacer ninguna de las dos cosas, la red pública es la única opción, y ahí el diagnóstico de saturación en media tensión aplica en su totalidad.

La pregunta para el consejo directivo

Cuando su equipo evaluó la disponibilidad de energía en el sitio que están considerando, ¿la respuesta vino de alguien que tiene un terreno que colocarles, y quedó por escrito con un plazo comprometido?

En Querétaro operan más de 200 parques industriales y hay tres formas distintas de llegar a uno: comprándole a quien lo construyó, arrendándole a quien lo opera, o pagándole a quien no tiene ninguno para que le diga cuál conviene. Los tres modelos son legítimos y los tres describen el mismo mercado. La diferencia está en que solo uno de ellos no tiene un metro cuadrado que venderle. Ese dato, por sí solo, ya es información de mercado.

Nota de transparencia editorial

Este perfil se construyó íntegramente con fuentes públicas: comunicados corporativos, coberturas de prensa especializada, sitios oficiales de las empresas y directorios corporativos. No hubo entrevistas directas.

Quedan preguntas abiertas que solo los protagonistas pueden responder, y esta redacción se las plantea públicamente:

A Construye Industrial y a Alejandro Kahan: el proyecto original de Kaizen City preveía más de 450 compañías al concluir sus cuatro etapas. ¿En qué etapa se encuentra hoy el desarrollo, cuál es el calendario de las restantes, y qué implicó en la práctica la designación como proyecto prioritario de Hecho en México en términos de tiempos de gestión?

A FINSA y a Mariana Rivera: ¿cuánto tardó la construcción de la subestación de 30 megawatts desde la solicitud hasta la energización, y bajo qué condiciones se activaría la ampliación de los 30 adicionales? ¿Qué motivó el relevo en la dirección comercial del Bajío?

A SITE, a Antonio Matas Llergo y a Rodrigo Villaseñor: de los proyectos que han asesorado en los últimos veinticuatro meses, ¿cuántos se retrasaron o cambiaron de ubicación específicamente por la conexión de media tensión, y cuál es el plazo real que hoy manejan entre solicitud y energización en Querétaro?

LYP Negocios mantiene abierto el espacio para sus respuestas, sin condiciones.

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Por Redacción LYP / Negocios

La conversación se repite en cada consejo directivo que evalúa el Bajío: Querétaro tiene mejor talento, Guanajuato tiene mejor precio. Es una de esas frases que todos aceptan sin verificar. Así que la verificamos, con las cifras de mercado del primer trimestre de 2026 y un escenario concreto: una planta de 5,000 metros cuadrados con 100 empleados.

El resultado confirma la mitad del dicho y desmiente la parte que importa. Querétaro efectivamente es más caro. Pero la diferencia no está donde casi todos la buscan, y el factor que realmente decide la ubicación no aparece en ninguna de las dos columnas.

Renta: Guanajuato gana por 16%

Según los reportes de Colliers y Solili para el primer trimestre de 2026, la renta industrial promedio se ubicó en 6.03 dólares por metro cuadrado al mes en Querétaro y 5.19 dólares en Guanajuato. San Luis Potosí quedó en medio, con 5.63 dólares. Los tres están por debajo del promedio nacional de 7.41 dólares, que creció 7% anual.

Aplicado al escenario:

Al tipo de cambio actual, unos 877,000 pesos al año. Es dinero, pero es la parte negociable de la ecuación: un contrato de arrendamiento a cinco o diez años se discute.

Nómina: la brecha que casi nadie mide

Aquí está el dato que cambia el cálculo. El salario promedio diario registrado ante el IMSS en Querétaro llegó a 718 pesos en abril de 2026, un incremento de 5.4% respecto al cuatrimestre anterior que lo colocó 8% por encima del promedio nacional de 664 pesos. Guanajuato, en cambio, reportó 589.01 pesos diarios en mayo de 2026 —17,681 pesos mensuales—, lo que lo ubica en el lugar 20 nacional.

La diferencia es de 129 pesos diarios por trabajador, un 22%.

Es decir: la brecha salarial cuesta más de cinco veces lo que cuesta la brecha de renta. Y a diferencia del arrendamiento, la nómina no se renegocia a la baja.

Una precisión metodológica necesaria: ambos son promedios estatales de todos los sectores registrados ante el IMSS, no cifras específicas de manufactura, y corresponden a meses distintos —abril para Querétaro, mayo para Guanajuato—. Sirven para dimensionar el orden de magnitud de la diferencia, no como presupuesto. Cualquier decisión real necesita un estudio salarial del municipio y el perfil específico que se va a contratar.

Lo que el precio compra en cada estado

Guanajuato tiene el clúster automotriz más grande del país: General Motors en Silao, Honda en Celaya, Mazda en Salamanca y Toyota en Apaseo el Grande, con la red de proveedores Tier 1 y Tier 2 que eso arrastra. Opera 47 parques industriales, y en enero de 2026 concentró 52% de la demanda industrial de todo el Bajío contra 38% de Querétaro. Su inventario alcanzó 18.5 millones de metros cuadrados en el primer trimestre. Si su operación es proveeduría automotriz, la proximidad al cliente vale más que cualquier ahorro de renta.

Querétaro juega otro partido. Su inventario es menor —13.5 millones de metros cuadrados—, pero su absorción del primer trimestre fue de 287,000 metros cuadrados y la superficie nueva se triplicó, de 102,600 metros cuadrados en el primer trimestre de 2025 a 284,900 en el de 2026. Su especialización es aeronáutica, manufactura de precisión y ahora centros de datos, con la zona del aeropuerto consolidándose como polo de parques de alta especificación.

Hay un dato que ayuda a explicar el premium salarial: entre los operadores de instalaciones y maquinaria industrial, Querétaro registra la tasa de informalidad más baja del país, 0.35% —295 de 84,600 trabajadores—. Se paga más, pero se contrata en un mercado formalizado, con menor rotación hacia la economía informal.

Querétaro también desarrolló algo que Guanajuato no tiene con la misma densidad: microparques industriales con módulos desde 250 metros cuadrados, diseñados para proveedores pequeños de grandes manufactureras. Para una PyME que necesita presencia sin comprometer una nave completa, esa oferta no existe en todos lados.

El costo que nadie pone en la hoja de cálculo

Y aquí está el punto que puede invalidar todo el ejercicio anterior. Rodrigo Villaseñor, socio fundador de SITE Solución Inmobiliaria, explicó que Querétaro recibe múltiples líneas de alta tensión por su ubicación en el centro del país, lo que garantiza disponibilidad en ese nivel. El problema, precisó, está en la distribución, particularmente en la media tensión, que es justamente donde se conectan los parques industriales.

Sergio Pérez, otro especialista del sector, lo dimensionó: el área urbana de Querétaro se alimenta de dos termoeléctricas —una cerca de la carretera a Ciudad de México y otra en San Luis de la Paz— que entre ambas tienen más capacidad de la que se genera actualmente, pero la media tensión está completamente saturada. Conectar una subestación a una red de 100,000 voltios en lugar de 32,000 implica una inversión considerablemente mayor.

La frase de Villaseñor que debería estar en la primera diapositiva de cualquier análisis de sitio: hace diez años esto no era tema, y hoy desarrollar un proyecto únicamente con CFE implica incertidumbre en tiempos, aun teniendo los permisos en papel.

Traducido: usted puede firmar un arrendamiento excelente, contratar personal calificado y tener sus permisos completos, y aun así no poder arrancar en la fecha comprometida porque la conexión no llega. Ese riesgo no aparece en ninguna tabla comparativa de rentas.

El agua: la regla cambió y no todos se enteraron

El segundo factor que dejó de ser trámite. Con la nueva legislación en materia de pozos, ya no es posible ejecutar proyectos que dependan de concesiones heredadas: ahora es el gobierno quien determina la asignación de esos derechos. Antes, comprar un terreno con concesión de agua incluida era una vía habitual para resolver el suministro; hoy esa ruta está cerrada.

Para industrias de alto consumo hídrico —alimentos, bebidas, química, semiconductores— esto reordena por completo el análisis de sitio. Conagua y las asociaciones de parques industriales (AMPIP, ADI, CANADEVI, AMEFIBRA) han estado trabajando en las normas reglamentarias derivadas de la Ley General del Agua y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales publicadas el 11 de diciembre, precisamente para dar reglas claras al uso del recurso en proyectos industriales.

La disponibilidad: el factor tiempo

Un elemento más para el calendario. La vacancia industrial ronda 4.8% en Querétaro y 3.5% en el Bajío en su conjunto —niveles bajos que limitan las opciones de instalación inmediata, especialmente en corredores consolidados—. Buena parte de los espacios en construcción se coloca antes de concluirse. Para Querétaro, el sector anticipa incrementos de renta de entre 5% y 10% durante 2026, sobre un crecimiento promedio cercano a 6% anual en los últimos cinco años.

Los especialistas del mercado son claros en un punto: para fabricantes extranjeros que evalúan el Bajío, la planificación anticipada de nueve a doce meses ya es un requisito operativo, no una recomendación.

Por qué importa para las empresas

El comparativo de renta y nómina es útil para dimensionar, pero peligroso si se toma como criterio único. La diferencia total del escenario planteado —unos 5.6 millones de pesos anuales entre ambos estados— puede evaporarse en un solo trimestre de retraso en el arranque de operaciones por una conexión eléctrica que no llegó, o en el sobrecosto de conectar a una tensión más alta de la prevista.

La secuencia correcta de preguntas, según lo que reportan los propios desarrolladores, es inversa a la que se usa normalmente. Primero: ¿hay capacidad de media tensión disponible en ese corredor específico y en qué plazo real? Segundo: ¿el terreno tiene agua asignada bajo el nuevo marco, no heredada? Tercero: ¿existe la mano de obra con el perfil que necesito en ese municipio? Y hasta el final, la renta por metro cuadrado, que es lo único de la lista que se negocia.

Para PyMEs proveedoras, hay una vía intermedia que conviene tener en el radar: los microparques queretanos con módulos desde 250 metros cuadrados permiten presencia física cerca del cliente sin el compromiso de una nave completa.

La pregunta para el consejo directivo

En su último análisis de sitio, ¿la primera pregunta fue el precio por metro cuadrado o la capacidad real de conexión eléctrica en ese corredor específico, con plazo comprometido por escrito?

Querétaro es más caro. Los números lo confirman: 16% más en renta, 22% más en nómina. Pero quien elige por esa comparación está optimizando la variable equivocada. La renta se negocia, la nómina se paga todos los días y la conexión a la red, sencillamente, o está o no está. Y esa última es la única de las tres que puede dejar una planta terminada, pagada y sin poder encender.

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Por Redacción LYP / Negocios

El titular que circuló durante todo el lunes fue una historia de resistencia: las remesas crecieron 3.1% en el primer semestre pese a las redadas, las deportaciones y el impuesto de Trump. El dato es correcto y la lectura tiene fundamento. Pero en el mismo reporte de Banxico hay una cifra que apunta en dirección opuesta y que casi ninguna cobertura recogió: durante ese mismo semestre, el número de operaciones cayó 1.8% anual, hasta 75.9 millones de envíos.

Es decir, no están enviando más personas. Están enviando menos personas, cantidades mayores.

Lo que reportó Banxico

Los ingresos por remesas sumaron 30,759 millones de dólares entre enero y junio de 2026, 917 millones de dólares más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 29,842 millones. Solo en junio, el ingreso mensual fue de 5,472 millones de dólares, una expansión anual de 4.2% originada en 12.97 millones de transacciones, con un envío promedio de 422 dólares.

La composición de ese crecimiento es donde está la nota. En junio, el número de operaciones aumentó apenas 0.4%, mientras el monto promedio subió 3.8%, unos 16 dólares más que un año antes. En el acumulado del semestre la brecha se abre todavía más: el envío promedio creció 5%, de 386 a 405 dólares, mientras las operaciones retrocedieron 1.8%.

Prácticamente todo el crecimiento vino del tamaño del envío, no de la cantidad de personas enviando.

El dato de junio, en su contexto real

Hay un segundo elemento que conviene precisar. Aunque el 4.2% de junio suena sólido, se trata del menor dinamismo registrado para ese mes desde junio de 2019, si se excluye la caída de 15.6% observada el año pasado. A tasa mensual, además, las remesas bajaron 2.4% frente a mayo —un descenso que tiene explicación estacional, pues mayo concentra los envíos por el Día de las Madres—, pero con un matiz que pesa: cuatro de los seis meses del año han registrado variaciones mensuales negativas.

El punto de comparación de fondo tampoco puede omitirse. En 2025, México recibió 61,791 millones de dólares en remesas, una caída de 4.6% que rompió once años consecutivos de crecimiento. El repunte de 2026 se mide, entonces, contra un año de contracción, no contra una base récord.

Por qué sube el monto y bajan los envíos

Banxico no ofrece una interpretación causal en su reporte, y conviene no atribuirle una. Pero el contexto documentado permite plantear hipótesis razonables.

Desde el 1 de enero de 2026 está vigente un impuesto de 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja e instrumentos similares, anunciado por el gobierno estadounidense en junio de 2025. El gobierno mexicano lo ha considerado una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación, y la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa de reembolso para los connacionales que acrediten haberlo pagado. Analistas de BBVA Research —Marco Lara, Juan José Li y Carlos Serrano— señalaron que el gravamen apenas ha tenido repercusiones medibles hasta ahora, pero advirtieron que lo determinante será cómo el Departamento del Tesoro y el sistema financiero estadounidense implementen las medidas que limitan el acceso de población no documentada a servicios financieros.

Un impuesto por transacción genera un incentivo claro: consolidar envíos. En lugar de mandar tres veces al mes, mandar una vez con el monto acumulado. Eso explicaría, al menos parcialmente, la combinación de menos operaciones con montos mayores.

La otra hipótesis es más directa y más difícil de medir: si el endurecimiento migratorio reduce el número de mexicanos que trabajan en Estados Unidos —los connacionales representan cerca de la mitad de los aproximadamente once millones de inmigrantes indocumentados en ese país—, la base de remitentes se contrae, aunque quienes permanecen envíen más. Ninguna de las dos explicaciones excluye a la otra, y ambas requieren más datos para confirmarse.

Lo que sí está documentado es un cambio en los canales: 99.2% de los ingresos del semestre llegó por transferencia electrónica, y de ese monto, 53.3% se depositó directamente en cuentas bancarias mientras 46.7% se cobró en efectivo. Las remesas entregadas en efectivo o especie representaron apenas 0.6% del total.

Por qué importa para las empresas

Las remesas equivalen a cerca de 4% del PIB mexicano y colocan al país como el segundo mayor receptor del mundo, solo detrás de India. Pero su relevancia para las empresas no está en el agregado macroeconómico, sino en su distribución: son ingreso directo al gasto corriente de hogares en estados y municipios específicos, muchos de ellos con alta dependencia de este flujo.

Si el número de hogares receptores se está reduciendo —que es lo que sugiere la caída en operaciones— mientras el monto por hogar aumenta, el efecto sobre el consumo no es neutro. Un mismo total de dólares repartido entre menos familias significa más ingreso para algunas y cero para otras, con un impacto desigual sobre el comercio local, los servicios y la vivienda en las regiones receptoras.

Este dato adquiere más peso leído junto con lo que ya sabemos de la semana pasada. El PIB del segundo trimestre creció 1.5% impulsado por el consumo, y Moody’s advirtió que ese consumo se está financiando con crédito que crece más rápido que la capacidad de pago de los hogares. Si a un mercado interno apoyado en deuda se le suma una base de remitentes que se contrae, las empresas de consumo tienen dos soportes de demanda mostrando fatiga al mismo tiempo, aunque ninguno de los dos aparezca todavía en los titulares.

Para el sector financiero hay una lectura adicional: con más de la mitad de los recursos depositándose en cuentas bancarias, la bancarización del receptor de remesas sigue avanzando, y con ella la oportunidad de productos de crédito, ahorro y seguros dirigidos a ese segmento. Pero es el mismo segmento sobre el que Moody’s identificó mayor riesgo de deterioro crediticio.

La pregunta para el consejo directivo

Si su empresa opera en regiones con alta recepción de remesas, ¿su análisis de demanda distingue entre el monto total que llega y el número de hogares que lo reciben, o está tratando ambas variables como si se movieran juntas?

Las remesas crecieron. Es cierto y merece decirse sin matices defensivos: pese a un impuesto, pese a las redadas y pese a la presión migratoria, siguen llegando más dólares que el año pasado. Pero los envían menos manos. Y esa diferencia —entre un flujo que crece y una base que se estrecha— es la que va a determinar si el próximo semestre confirma la resistencia o revela que lo que estamos midiendo es el esfuerzo redoblado de quienes todavía pueden mandar.

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Mientras crecen las demandas contra empresas de inteligencia artificial por su impacto en la salud mental de menores, el gobierno mexicano abre en agosto una consulta nacional. Querétaro, primer estado en regular el celular en las aulas, se volvió el laboratorio de esa discusión.

Por: Redacción de LYPmultimedios

Querétaro, Qro., 4 de agosto de 2026.— Empezó como ayuda para la tarea. En varios de los expedientes judiciales que hoy sacuden a la industria de la inteligencia artificial se repite ese mismo punto de partida: un adolescente abre un chatbot para una duda escolar y, semanas después, lo ha convertido en su confidente principal. La conversación que en México apenas arranca —el primer foro nacional es el 19 de agosto, en Nuevo León— llega tarde a una discusión que en Estados Unidos ya pasó de las columnas de opinión a los tribunales, con acuerdos económicos y una comparación incómoda de por medio: la de las tabacaleras.

Qué está pasando: una ola de demandas, no un caso aislado

El foco está en las plataformas de “compañía” conversacional. A inicios de 2026, Character.AI y Google acordaron liquidar cinco demandas por muerte presentadas por familias de adolescentes que murieron tras usar sus bots. No fue un episodio único: Kentucky se convirtió el 8 de enero de 2026 en el primer estado en demandar a una empresa de chatbots, por verificación de edad deficiente y exposición de menores a contenido dañino, y alrededor del 1 de junio Florida presentó la primera demanda a nivel de fiscal general contra OpenAI por los riesgos de ChatGPT para la salud mental. Especialistas legales trazan un paralelismo directo con los litigios contra la industria del tabaco.

La presión no es solo judicial. En el Congreso estadounidense, el GUARD Act —de los senadores Josh Hawley y Richard Blumenthal— exigiría verificar la edad de los usuarios y prohibiría los “compañeros” de IA a menores de edad. Y desde septiembre de 2025 la Comisión Federal de Comercio abrió una indagatoria a siete empresas de chatbots sobre cómo miden y vigilan los efectos de esta tecnología en niños y adolescentes.

Cómo funciona realmente: el diseño que premia el enganche

Aquí está lo que no aparece en los comunicados corporativos. Estos productos no “sienten” ni “quieren” nada; son modelos de lenguaje optimizados para sostener la conversación el mayor tiempo posible. Un chatbot de compañía funciona como una casa de espejos que casi siempre te da la razón: recuerda lo que dijiste, valida lo que sientes y adopta una personalidad diseñada para que quieras volver. Ese mismo diseño que maximiza el tiempo de uso es el que, según los expedientes, falla cuando más importa.

Los documentos judiciales identificaron vacíos sistémicos: ausencia de protocolos de escalamiento cuando un usuario expresaba ideación suicida, falta de verificación real de edad y ausencia de aviso a padres o a personal clínico. La pregunta editorial no es si la IA “quiso” hacer daño, sino por qué un sistema entrenado para retener la atención de un menor no estaba igual de entrenado para soltarla y pedir ayuda cuando había una crisis.

En qué etapa está: regulación y litigio al mismo tiempo

Conviene no exagerar ni minimizar. No estamos ante una tecnología prohibida ni ante un veredicto que siente precedente definitivo: los acuerdos se firmaron sin admisión de responsabilidad y con términos confidenciales, de modo que ni siquiera existe una referencia pública de cuánto vale este tipo de daño. Lo que sí hay es un patrón —varios productos, varios estados, varias edades— que empujó a legisladores y reguladores a moverse antes de que los tribunales resuelvan el fondo.

Qué cambia para una familia del Bajío: Querétaro ya se adelantó

Este es el punto donde la noticia global aterriza en casa. En 2025, Querétaro se convirtió en el primer estado del país en regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. La medida —conocida localmente como “Ley Kuri“— nació con datos incómodos del propio estado: más del 70% de los menores en Querétaro tiene al menos una red social, quienes han sufrido ciberacoso la usan más de seis horas al día, y el 45% de los jóvenes queretanos manifestó desánimo o angustia en el último año.

La federación tomó nota: en julio de 2026, el titular de la SEP, Mario Delgado, reconoció a Querétaro como pionero nacional en la regulación de dispositivos en las aulas. El gobierno estatal presentó además evidencia preliminar —de un centro de la Universidad de Washington— según la cual el 40% de los alumnos percibe mejoras académicas tras la aplicación de la ley. Es un dato prometedor, pero conviene leerlo con cautela: es un estudio preliminar presentado por la propia autoridad que impulsó la medida, no una evaluación independiente revisada por pares.

Para una madre o un padre del Bajío, la traducción práctica es directa: la escuela ya es un espacio parcialmente regulado, pero el chatbot no vive en el aula, vive en la recámara. La restricción del celular en clase no toca lo que ocurre a las once de la noche en una conversación privada con una IA.

Quién regula —y quién queda fuera

A nivel nacional, el marco está a medio construir. México llegó al segundo semestre de 2026 sin Ley General de Inteligencia Artificial; el Congreso cerró el periodo ordinario sin dictaminarla, y la regulación opera de forma fragmentada mediante reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor —contra la clonación de voz e imagen— y a la Ley Federal del Trabajo —sobre transparencia de algoritmos—.

La apuesta del gobierno federal es una consulta antes que un decreto. La SEP realizará tres foros nacionales: el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, cuyas conclusiones servirán de base para una iniciativa que se enviará al Congreso. El planteamiento oficial no es prohibir, sino regular con base en evidencia y trasladar la responsabilidad a las plataformas cuyos algoritmos están diseñados para generar adicción, no a los menores. El contexto que justifica la prisa lo aportó la UNESCO: una de cada tres personas conectadas a internet en el mundo es menor de edad, y a marzo de 2026 el 58% de los países ya había implementado alguna regulación.

Falta la pregunta que este beat siempre hace: quién queda fuera. El 90% de los adolescentes mexicanos ya está conectado, pero la brecha digital tiene geografía e ingreso. Una consulta con universidades y especialistas puede producir buenas recomendaciones y, aun así, no llegar a la familia rural sin conectividad estable ni a la que no tiene un adulto disponible para supervisar ocho horas de pantalla. Ninguno de los tres foros regionales se realiza en el Bajío, pese a que Querétaro es el estado que más lejos ha llevado el tema.

Qué falta por saberse

Tres cosas que este medio seguirá vigilando: si la iniciativa federal responsabiliza de verdad a las plataformas o se queda en educación digital para padres; si la evaluación de la “Ley Kuri” resiste una revisión independiente o se queda en cifra de campaña; y si la eventual ley distingue entre una red social, un buscador con IA y un chatbot de compañía —porque no son lo mismo y regular a los tres con la misma vara sería tan inútil como no regular ninguno.

Mientras tanto, la herramienta que empezó ayudando con la tarea sigue disponible, sin verificación de edad seria, en el teléfono de la mayoría de los adolescentes de la región. La escuela ya cerró esa puerta unas horas al día. La casa, todavía no.

Esta nota aborda salud mental y conducta suicida. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo en México: SAPTEL, 55 5259-8121 (24 horas), y la Línea de la Vida, 800 911 2000. En emergencia, 911.

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Por Redacción LYP / Negocios

El jueves pasado, el INEGI publicó el mejor dato trimestral de la economía mexicana desde 2020: el PIB creció 1.5% respecto al trimestre anterior y 2.1% anual, muy por encima del 1.6% que anticipaba el consenso de analistas. La presidenta Claudia Sheinbaum lo celebró desde Palacio Nacional y atribuyó el resultado al avance de las actividades primarias y terciarias, es decir, al campo y a los servicios.

Tres días antes, Moody’s Ratings había publicado un reporte que casi nadie leyó junto con esa cifra. Y leídos en conjunto, ambos documentos cuentan una historia distinta a la del titular: buena parte del consumo que empujó el mejor trimestre en seis años no salió del ingreso de los hogares. Salió del crédito.

Lo que dice Moody’s

En su análisis sobre la calidad de los activos bancarios en América Latina, publicado el 27 de julio, la calificadora documentó que la deuda de los hogares mexicanos pasó de representar 16.2% del PIB en 2023 a 17.4% en 2025. En paralelo, los castigos de cartera en crédito al consumo aumentaron casi 100 puntos base en los últimos tres años, hasta ubicarse en 8% en mayo de 2026.

El diagnóstico de la firma es explícito: la expansión del crédito ha sido más rápida que la mejora en la capacidad de pago de los acreditados, en un entorno de menor crecimiento económico, desaceleración del empleo formal y salarios con menor ritmo de avance. Felipe Carvallo, vicepresidente senior y analista de instituciones financieras de Moody’s, lo resumió así: aumentó el endeudamiento de los mexicanos en un momento complicado, y eso es lo que preocupa hacia adelante. Agregó un dato de contexto que dimensiona el fenómeno: el crecimiento del crédito al consumo alcanzó niveles que no se observaban desde 2015.

De cara al cierre de 2026, la calificadora anticipa que la calidad de los activos seguirá bajo presión por el débil crecimiento, un mercado laboral más moderado y tasas de interés que permanecen elevadas.

Los números de la CNBV confirman el diagnóstico

La advertencia de Moody’s no es una proyección abstracta. Los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya muestran el deterioro:

• El índice de morosidad de la cartera de consumo de la banca se ubicó en 3.35% al cierre de mayo, su nivel más alto para un mismo mes desde 2021.
• En tarjetas de crédito, la morosidad llegó a 3.51%, el dato más alto en 19 meses.
• La cartera vencida de créditos al consumo alcanzó 61,695 millones de pesos en abril de 2026, máximo histórico para un mes comparable, un crecimiento nominal de 35.4% frente a abril de 2025.
• Solo en tarjetas de crédito, el impago sumó 24,018 millones de pesos, 48.2% más que un año antes.

Al mismo tiempo, el número de plásticos vigentes llegó a 45.8 millones al cierre de abril, la cifra más alta registrada para ese mes. Es decir: más tarjetas en circulación, más saldo vencido y morosidad en máximos de varios años, todo simultáneamente.

El mecanismo: qué está pasando dentro del hogar

Banxico ofreció, en su Reporte de Estabilidad Financiera, la pieza que explica cómo funciona esto en la práctica. El banco central identificó que la expansión del crédito personal se explica por un mayor otorgamiento a clientes de mayores ingresos, mientras que el aumento del crédito de nómina se concentra entre acreditados de menores percepciones.

Esa distinción importa más de lo que parece. El crédito de nómina —el que crece entre quienes ganan menos— no suele destinarse a bienes duraderos ni a inversión: es liquidez para sostener el gasto corriente cuando el ingreso no alcanza. Cuando la inflación acumulada comprime el poder adquisitivo y los gastos fijos no ceden, las tarjetas y los préstamos de nómina son el primer recurso del hogar y, por lo mismo, el primero en reflejar deterioro.

Traducido a la lectura del PIB: una parte del consumo que el INEGI registró como crecimiento en el segundo trimestre es, en los libros de la banca, un pasivo de los hogares que todavía no se paga.

El contrapunto: no todo el sistema está igual

Sería impreciso —y alarmista— presentar esto como una crisis bancaria en gestación. Hay tres matices que conviene sostener con la misma firmeza que la advertencia.

Primero, Moody’s fue clara en que la cartera corporativa mantiene un desempeño sólido, con niveles estables de préstamos morosos. Las grandes empresas mexicanas siguen beneficiándose de ingresos diversificados y acceso a mercados de capitales. El problema está en los hogares, no en el crédito empresarial.

Segundo, los grandes bancos muestran indicadores notablemente mejores que el promedio del sistema. BBVA México reportó un índice de morosidad de 1.7% a junio de 2026, frente al 2.3% del sistema bancario a mayo, con un índice de cobertura de cartera etapa 3 de 195.2%. El banco colocó más de 1.5 millones de tarjetas nuevas en el semestre —19% de ellas primer crédito para esas personas— y 1.4 millones de créditos al consumo.

Tercero, México mantiene un nivel de endeudamiento de los hogares relativamente bajo frente a otros países de la región. Moody’s identificó deterioros más marcados en Brasil, presiones persistentes en Chile y afectación por lento crecimiento en Colombia.

El elemento que cambia el perfil de riesgo

Hay un factor que ninguna comparación histórica captura del todo: quién está otorgando el crédito nuevo. Moody’s señaló que las fintechs, neobancos y Sociedades Financieras Populares están transformando el mercado al ampliar el acceso al financiamiento, pero también modificando el perfil de riesgo de las carteras, especialmente entre prestatarios de menores ingresos. Las Sofipos ya concentran 3% del mercado de préstamos personales, prácticamente el doble que hace dos años, en una tendencia que la calificadora compara con lo ocurrido con los bancos digitales en Brasil.

El dato más revelador sobre este punto vino de un análisis del sector: si se descuentan los saldos reportados por neobancos que comenzaron a informar a la CNBV en 2025 y 2026, el crecimiento real anual del crédito al consumo en el primer trimestre baja de 7.3% a 6.2%. Es decir, parte del dinamismo visible del consumo proviene de jugadores digitales nuevos, no de una aceleración pareja de la banca tradicional. Y ese segmento no tiene historial de comportamiento a través de un ciclo económico completo.

Por qué importa para las empresas

Para el sector financiero, la lectura es de gestión de riesgo: el deterioro se concentra en carteras de consumo no garantizado y en instituciones enfocadas en clientes de menores ingresos. Moody’s anticipa criterios de otorgamiento más selectivos durante el resto del año, lo que implica menor colocación y márgenes bajo presión en ese segmento.

Para las empresas de consumo, retail y servicios —las que más celebraron el dato del PIB— la advertencia es de sostenibilidad de la demanda. Si una porción relevante de las ventas del segundo trimestre se financió con crédito de hogares cuya capacidad de pago se está estrechando, y si la banca endurece el otorgamiento como anticipa Moody’s, esa demanda no se repite automáticamente en el tercero y cuarto trimestre. Cualquier proyección del segundo semestre construida sobre la extrapolación del 1.5% trimestral debería incorporar ese matiz.

Para las áreas de crédito y cobranza de cualquier empresa que venda a plazos o financie a sus clientes finales —automotriz, mueblería, electrónica, servicios por suscripción— los indicadores de la CNBV son una señal adelantada: la morosidad en máximos desde 2021 no se queda en la banca, se traslada a toda la cadena de crédito al consumidor.

Y para tesorería: con la decisión de política monetaria de Banxico programada para este jueves 6 de agosto, el escenario de tasas elevadas que Moody’s identifica como uno de los factores de presión sigue vigente. La inflación subyacente en 3.95% no le da al banco central margen para aliviar ese costo en el corto plazo.

La pregunta para el consejo directivo

Si una parte de las ventas de su empresa en el segundo trimestre se financió con crédito al consumo, ¿su proyección del segundo semestre asume que ese financiamiento seguirá disponible en las mismas condiciones, o ya incorporó un escenario de otorgamiento más restrictivo?

México tuvo su mejor trimestre en seis años y merece reconocerse. Pero el consumo que lo impulsó tiene, en los libros de la banca, una contraparte que crece más rápido: 61,695 millones de pesos en cartera vencida, morosidad en máximos desde 2021 y un endeudamiento de los hogares que avanza por delante de su capacidad de pago. El dato del PIB mide lo que se gastó. El reporte de Moody’s mide lo que todavía se debe. Ambos son ciertos, y solo uno de los dos aparecerá en la próxima conferencia matutina.

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Por Redacción LYP / Negocios

El titular era irresistible y circuló solo: la inflación en México cayó a 3.10% anual, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Es un dato real, verificado y celebrable. Pero si un director financiero leyó esa cifra y concluyó que el crédito está por abaratarse en los próximos meses, conviene que revise el resto del boletín. Porque en el mismo documento, el INEGI publicó otro número que apunta exactamente en dirección contraria, y que explica por qué Banxico va a seguir donde está.

La cifra que se leyó y la que no

En la primera quincena de julio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel de 145.091 puntos, con un aumento de apenas 0.07% respecto a la quincena previa —contra 0.15% en el mismo periodo de 2025—. Con eso, la inflación general anual se ubicó en 3.10%, octava quincena consecutiva de desaceleración y por debajo incluso del 3.12% que anticipaban los analistas.

Hasta ahí, la nota que publicó todo el mundo. Lo que casi no se reportó es la composición. Según el boletín del INEGI, el índice subyacente registró un aumento anual de 3.95%, mientras que el no subyacente creció apenas 0.21%. Un año antes, esas cifras eran 4.25% y 1.24%, respectivamente.

Léalo otra vez, porque el detalle no es menor: la inflación subyacente está por encima de la inflación general. No es un matiz técnico, es una inversión que cambia por completo la lectura del dato.

Por qué esa inversión lo cambia todo

El índice subyacente excluye los bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado. Es decir, deja fuera frutas, verduras, productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Es la medida que los bancos centrales usan para distinguir entre una baja de precios estructural y una baja coyuntural que puede revertirse en cualquier momento. Banxico vigila la subyacente, no el titular.

Y lo que la composición de julio revela es que prácticamente toda la desaceleración del índice general vino del componente volátil. A tasa quincenal, el no subyacente descendió 0.23%: los precios de frutas y verduras cayeron 1.50%, con el jitomate como el producto que más contuvo el índice, con una baja de 13.18%. En sentido opuesto, y por temporada vacacional, el transporte aéreo subió 12.44%.

Traducido: la inflación en México bajó a mínimos de cinco años, en buena medida, porque hubo buena cosecha.

El otro factor que casi nadie conectó

Hay un segundo componente dentro del índice no subyacente que merece atención especial: los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron apenas 0.03% quincenal. Esa cifra, prácticamente plana, no es casualidad ni resultado de las condiciones del mercado internacional. Es el reflejo estadístico de una decisión de política pública.

El gobierno federal mantiene un acuerdo con los empresarios gasolineros para conservar la gasolina Magna en 23.99 pesos por litro, sostenido con estímulos fiscales al IEPS que, de acuerdo con lo informado por la propia presidencia, ya suman 20,000 millones de pesos. Es decir: mientras el crudo internacional se sacudía por la crisis del Estrecho de Ormuz, el componente energético del índice de precios mexicano se mantuvo prácticamente inmóvil porque el Estado está pagando la diferencia.

Dicho de otro modo, una parte del 3.10% que se celebró la semana pasada está financiada con recursos públicos. Y ese subsidio, como advirtió Fitch Ratings, tiene un costo fiscal creciente y una duración que nadie ha garantizado.

La buena noticia que sí es estructural

Sería injusto quedarse solo en la advertencia, porque hay una mejora real en el dato y conviene reconocerla con la misma precisión. La inflación subyacente viene cayendo de forma sostenida a lo largo del año: fue de 4.47% en la primera quincena de enero, 4.27% en la primera de abril, 4.12% en la primera de junio y ahora 3.95%. Es la primera vez en el año que rompe el umbral del 4%, el límite superior del rango de tolerancia de Banxico, cuyo objetivo permanente es de 3% con un margen de un punto porcentual.

Eso significa que el componente estructural de los precios sí está cediendo. Pero lo hace lentamente, y a 3.95% sigue instalado en el borde superior del rango, no en el centro del objetivo.

Por qué Banxico no va a moverse

Con ese cuadro, la decisión del banco central se explica sola. Banxico mantuvo la tasa de referencia en 6.50% en su reunión más reciente y señaló que hacia adelante sería apropiado conservarla en ese nivel, tras un largo periodo de recortes. La encuesta más reciente de Citi confirma que la mayoría de los especialistas no anticipa cambios en la política monetaria ni en 2026 ni en 2027, con la tasa de fondeo esperada en 6.50% para el cierre de ambos años. Analistas del sector señalan además que el nivel actual de la tasa objetivo se ubica dentro del rango estimado de neutralidad, y que un panorama todavía retador para la inflación, sumado al riesgo de estrechar demasiado el diferencial frente a la Reserva Federal, hacen suponer que no habrá ajustes en lo que resta del año.

Ese último punto se vuelve especialmente relevante hoy: la Fed sesionó ayer y anuncia su decisión de política monetaria esta tarde. Cualquier movimiento que estreche el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos presiona al peso y reduce todavía más el margen de maniobra de Banxico, con independencia de lo que digan los precios del jitomate.

Por qué importa para las empresas

Para cualquier dirección financiera, la conclusión operativa es directa: el costo del dinero en México no va a bajar en el horizonte que anticipa el mercado. Una empresa que haya construido su plan de financiamiento del segundo semestre —o su presupuesto de 2027— asumiendo que la caída de la inflación general se traduciría en recortes de tasa está trabajando con un supuesto que ni Banxico ni el consenso de analistas respaldan.

Hay un segundo efecto, menos evidente. Con la inflación general en 3.10% y la tasa de referencia en 6.50%, la tasa real ronda los 3.4 puntos porcentuales. Es un nivel restrictivo, que encarece el crédito empresarial en términos reales justo cuando el crecimiento económico se proyecta débil. Para empresas apalancadas o con planes de expansión que dependan de deuda, esa combinación —crédito caro y demanda floja— es el escenario que hay que modelar, no el de un ciclo de recortes que aún no aparece en ninguna proyección seria.

Y para las áreas de compras y planeación de costos: la estabilidad en el precio de los combustibles que hoy abarata sus operaciones es una decisión de política pública con costo fiscal creciente, no una condición de mercado. Conviene tener un escenario alternativo por si ese acuerdo se ajusta.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su plan de financiamiento para lo que resta de 2026 y para 2027 asume un abaratamiento del crédito que ni Banxico ni el consenso de analistas están anticipando, y qué tan expuesta queda su estructura de costos si el tope a los combustibles deja de sostenerse?

Cierre

La inflación en México está en su nivel más bajo en más de cinco años. Es cierto, y es una buena noticia. Pero bajó porque hubo jitomate barato y porque el Estado está pagando por que la gasolina no suba. La inflación que Banxico vigila —la que sí depende de la estructura de la economía y no de la cosecha ni del presupuesto— está en 3.95%, apenas debajo del techo de tolerancia. Por eso la tasa se queda donde está. Y por eso el crédito de su empresa, también.

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Por Redacción LYP / Negocios

El jueves 23 de julio, minutos después de que Claudia Sheinbaum recibiera en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Washington anunció un arancel de 10% a las importaciones mexicanas. La lectura política se escribió sola y dominó las redes durante 48 horas: la reunión no había servido de nada. Es una lectura entendible, oportuna y equivocada en lo esencial. Porque lo que ocurrió esa tarde no fue un aumento de aranceles. Fue algo más incómodo y más difícil de resolver: un cambio en las reglas de la prueba.

Lo que efectivamente se anunció

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles de entre 10% y 12.5% a 60 economías que, en conjunto, representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses. El fundamento es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, invocada tras una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 que concluyó que esos socios comerciales no imponen ni aplican de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

México quedó en el escalón más bajo: 10%, la tasa reservada a las economías que ya cuentan con prohibiciones formales contra el trabajo forzoso —categoría en la que el país entra, precisamente, por los compromisos que asumió en el T-MEC—. En ese mismo grupo están Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Argentina, India, Malasia y Guatemala. Varias decenas de países quedaron en el escalón de 12.5%. La medida entró en vigor el viernes 24 de julio, en el momento exacto en que expiraban los aranceles vigentes bajo la Sección 122. Greer defendió la decisión señalando que Estados Unidos mantiene esa prohibición desde hace casi un siglo y la aplica con rigor.

Por qué el gobierno mexicano dice que no cambia nada

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió a acotar el alcance el mismo jueves, y su argumento es técnicamente correcto: la tasa efectiva que paga México no se movió. Ese 10% ya existía para las mercancías que no cumplen con las reglas de origen del tratado; lo único que cambió es el fundamento legal que lo sostiene. La Secretaría de Economía, tras consultas directas con la USTR, precisó que las mercancías que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan exentas del arancel adicional, lo que ampara alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense —Ebrard habló de “más del 80%”—.

Hasta ahí, la versión oficial se sostiene. El problema es que se detiene justo antes de la parte que importa.

Lo que sí cambió, y casi nadie explicó

El cambio de fundamento no es un tecnicismo de abogados de comercio exterior. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), lo señaló con claridad: el principal cambio no está en el porcentaje, sino en que las empresas deberán demostrar que los materiales, insumos y componentes que utilizan en sus productos no provienen de cadenas relacionadas con trabajo forzoso.

Ahí está la nota. Bajo la Sección 122, el arancel era una tarifa: se pagaba o no se pagaba según el origen. Bajo la Sección 301 por trabajo forzoso, el arancel viene acompañado de una exigencia documental sobre la trazabilidad de la cadena de suministro completa. Y el señalamiento estadounidense no acusa a las empresas mexicanas de recurrir a esas prácticas: cuestiona la capacidad de México para impedir que mercancías elaboradas en esas condiciones —en terceros países— entren al territorio nacional y después se exporten a Estados Unidos. Es decir, expone a empresas que cumplen la ley mexicana al escrutinio sobre proveedores que quizá ni siquiera conocen a fondo.

Hay un segundo elemento, más estructural: este tipo de aranceles, fundados en criterios laborales o ambientales, son considerablemente más difíciles de impugnar que los aranceles convencionales, tanto por los países afectados como por los importadores. México pierde, con este cambio, una parte de su margen de defensa jurídica. Bloomberg apuntó, además, que la acción representa el mayor esfuerzo hasta ahora de la administración Trump por reconstruir un muro arancelario que la Suprema Corte había debilitado.

El costo que sí es cuantificable

El sector privado mexicano vio venir esto y lo peleó. En una carta fechada el 6 de julio y dirigida a Greer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidieron a la USTR excluir a México de cualquier arancel derivado de la Sección 301, con independencia de su situación de cumplimiento del T-MEC. Su argumento central fue la ausencia total de evidencia.

Los números que presentaron dimensionan lo que está en juego. Las exportaciones mexicanas de bienes a Estados Unidos sumaron aproximadamente 534,900 millones de dólares en 2025. De ese total, los bienes que no cumplen con el T-MEC se estiman en 75,000 millones de dólares. Aplicar 10% sobre esa base significa alrededor de 7,500 millones de dólares anuales en aranceles sobre mercancías sin ninguna conexión documentada con el trabajo forzoso. Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de la Secretaría de Economía, sostuvo durante las audiencias de julio que la medida es injustificada porque no existe evidencia de importaciones con trabajo forzoso que entren a Estados Unidos vía México. Los organismos empresariales propusieron una alternativa concreta: cooperación reforzada en la aplicación de la ley, intercambio de información e investigaciones focalizadas, en lugar de una medida arancelaria amplia. La USTR resolvió sin incorporar esos argumentos.

Lo que viene

La tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC concluyó el 23 de julio en la Ciudad de México, con acuerdo de una cuarta etapa en septiembre en Washington. La Concamin ya fijó su prioridad para esa mesa: fortalecer el valor agregado de las exportaciones mexicanas, un planteamiento que gana peso con este cambio, porque a mayor contenido regional, menor exposición al arancel. Queda pendiente, además, otra investigación bajo la misma Sección 301 sobre capacidad manufacturera excedente de los socios comerciales de Estados Unidos; no está claro cuándo se publicarán sus resultados ni si los aranceles que deriven de ella se acumularían a los ya impuestos.

Por qué importa para las empresas

Para el 15% de las exportaciones mexicanas que no califican como T-MEC, el golpe es directo y ya está cuantificado: 7,500 millones de dólares anuales. Pero el efecto más profundo alcanza también al 85% que sí califica, porque instala una exigencia nueva de trazabilidad documental sobre toda la cadena de proveeduría. Una empresa puede tener su certificación de origen T-MEC perfectamente en regla y, aun así, no saber con precisión de dónde provienen los insumos de tercer o cuarto nivel de sus propios proveedores. Esa brecha, que hasta el jueves era irrelevante desde el punto de vista arancelario, ahora es un riesgo de cumplimiento.

Los sectores con mayor exposición son los que dependen de insumos asiáticos: electrónica, textiles, autopartes y manufactura ligera. Para ellos, el cálculo estratégico cambia de manera concreta: aumentar el contenido regional deja de ser solo una vía para calificar al trato preferencial del T-MEC y se convierte también en una forma de blindarse frente a un régimen que exige demostrar el origen limpio de cada componente. Es, paradójicamente, el mismo objetivo que Washington persigue en la mesa de reglas de origen, ahora perseguido por otra vía.

La pregunta para el consejo directivo

¿Su empresa puede documentar hoy, con evidencia auditable, el origen de los insumos de sus proveedores de segundo y tercer nivel, o está asumiendo que la certificación de origen T-MEC es suficiente para el escenario que entró en vigor el viernes?

México pasó la semana discutiendo si el arancel del 10% era un desaire diplomático o un trámite sin consecuencias. Era ninguna de las dos cosas. El arancel no subió: lo que subió es lo que México y sus empresas tienen que demostrar, y en qué terreno legal tienen que demostrarlo. Los aranceles se negocian. Las cargas de la prueba se documentan, empresa por empresa, proveedor por proveedor. Y esa segunda tarea no la resuelve ninguna ronda bilateral en septiembre.

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